Sentencia de Tutela nº 411/92 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 43556699

Sentencia de Tutela nº 411/92 de Corte Constitucional, 17 de Junio de 1992

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RESUMEN

Derecho al ambiente sano. Persona juridica como titular de accion de tutela. Molino granarroz ltda. Negada

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Sentencia No. T-411/92

ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/DERECHOS FUNDAMENTALES

Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas y b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.

DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente.

REF: Expediente Nº T-785

Peticionario: José Felipe Tello Varón.

Procedencia: Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta).

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Santafé de Bogotá, D.C., junio diecisiete (17) de mil novecientos noventa y dos (1992).

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez,

EN NOMBRE DEL PUEBLO

Y

POR MANDATO DE LA CONSTITUCION

Ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-785, adelantada por José Felipe Tello Varón.

I. ANTECEDENTES

Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1.991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para su revisión la acción de tutela de la referencia.

Realizado el reparto, correspondió a esta Sala la revisión de la sentencia identificada como T-785, la cual entró a Despacho el día 18 de marzo de 1992.

Siguiendo los lineamientos del artículo 34 del Decreto 2591 de 1.991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión.

  1. Solicitud.

    José Felipe Tello Varón, en su doble condición de representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda. y de persona natural, presentó ante el Juez de Instrucción Criminal de Granada (Meta) una acción de tutela, fundamentándose para ello en los siguientes hechos:

    La actividad del Molino que originó la tutela fue la relacionada con el manejo de los desechos de materias primas, específicamente la cascarilla de arroz que era abandonada y luego quemada. Ello producía grandes cantidades de ceniza, dando origen a problemas pulmonares y respiratorios en los habitantes de los lugares aledaños al Molino.

    Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde del Municipio de Granada ordenó el sellamiento del Molino, por dos motivos: primero por considerar que su actividad atentaba contra la salud y el bienestar de la comunidad y segundo por no poseer licencia de funcionamiento. El Alcalde apoyó su decisión en la contaminación del medio ambiente que producía la quema de la cascarilla. Así mismo se basó el Alcalde en una supuesta comunicación de protesta que los habitantes del barrio suscribieron y le enviaron, pero cuyas firmas fueron cuestionadas.

    El Molino GRANARROZ se encuentra ubicado en una zona calificada como "agroindustrial"; así lo dispuso en el Acuerdo Nº 005 de diciembre 4 de 1.990, artículo 7º, el Concejo Municipal. Sin embargo, a pesar de la calificación de dicha zona, a su alrededor se encuentran dos barrios residenciales.

    Durante el trámite de la tutela el Alcalde ordenó la reapertura y levantamiento de los sellos del Molino, pero con amenazas de volverlo a cerrar. Es por ello que el actor insiste en su petición tutelar, consistente en solicitar al Juez de Tutela que ordene al Alcalde Municipal de Granada que se abstenga de disponer el sellamiento del Molino Granarroz, debido a la cantidad de perjuicios y daños que esta medida genera a la empresa.

    A la solicitud de tutela el accionante presentó como anexos:

  2. Constancia de fecha 23 de diciembre de 1.991 de la Inspección Segunda Penal Municipal de Granada.

  3. Resolución Administrativa Nº 122 de diciembre 23 de 1991.

  4. Certificado sin número de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

    La solicitud de tutela cita como fundamento normativo el artículo 25 de la Constitución Política , relativo al derecho al trabajo.

  5. Fallo del Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (providencia de febrero 12 de 1.992).

    En primera y única instancia, el Juzgado de Instrucción no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por José Felipe Tello Varón.

    El Juzgado en mención practicó las siguientes pruebas: ratificación y ampliación de la queja presentada por José Felipe Tello Varón; declaraciones del Alcalde Municipal de Granada Alfonso Parada Pardo; de Carlos Alberto Barrera González, habitante del barrio San Juan Bosco; allegó al expediente copia de la Resolución Nº 01032 de septiembre 5 de 1.990, emanada del Inderena; oficio del 12 de febrero de 1.992 del Cuerpo de Bomberos de Granada; y el Acuerdo Nº 005 del 4 de diciembre de 1992 del Concejo Municipal de Granada.

    Los siguientes fueron los argumentos del Juzgado de Instrucción Criminal para denegar la solicitud:

  6. El accionante con el proceso buscaba únicamente el levantamiento de los sellos impuestos por orden del Alcalde y, consecuencialmente, el reinicio de labores. Ahora, como ello se produjo con anterioridad al fallo, la decisión versaría exclusivamente entonces en la indemnización de perjuicios en caso de que fueran procedentes, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 2591/91.

  7. No existía en este caso violación del derecho al trabajo, en la medida que el interés social debe primar sobre el interés particular, y por ende, concluye el Juzgado, no sería procedente la indemnización de perjuicios.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

  1. Legitimidad del accionante.

    En este aparte, se estudiarán la competencia y la tutela ejercida por persona jurídica.

    1.1. Competencia.

    Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para dictar Sentencia de Revisión del fallo proferido por el Juzgado 1º de Instrucción Criminal de Granada (Meta), con fundamento en los artículos 86, 241-9 de la Constitución y el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991.

  2. Tutela ejercida por persona jurídica.

    El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá acción de tutela, así:

    "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales" (subrayas y negrillas fuera del texto).

    El artículo 10º del Decreto 2591 de 1.991 establece:

    "La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante..." (subrayas y negrillas fuera del texto).

    En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas, a saber: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del código civil ).

    1. Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (artículo 74 del código civil ).

    2. La persona jurídica: el artículo 633 del código civil las define de la siguiente manera:

      "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extra judicialmente".

      Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción.

      Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros.

      Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes.

      En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para...

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