Sentencia de Tutela nº 638/99 de Corte Constitucional, 31 de Agosto de 1999

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RESUMEN

Der. A la educacion. Menor sordo que cursa sus estudios en colegio privado. Solicitud de interprete pagado por el estado. Negada.

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Sentencia T-638/99

DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental

A través de su extensa jurisprudencia esta Corporación le ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 Superiores, pues "en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona."

EDUCACION-Es un servicio público con una función social

En consonancia con su condición de derecho fundamental, la educación, por expreso mandato constitucional, es también un servicio público que cumple una función social. Ello supone, además del compromiso de satisfacer en forma continua y permanente una necesidad de carácter general, el deber estatal de asegurar el adecuado cubrimiento del servicio y velar por el adecuado cumplimiento de sus fines.

SERVICIO DE EDUCACION-Responsabilidad compartida

La obligación de garantizar y promover el servicio educativo no recae exclusivamente en el Estado; a este propósito también se suman la sociedad y la familia. Esta responsabilidad compartida encuentra sentido, precisamente, en la función social que cumple el servicio de educación y que lo identifica como un derecho-deber que compromete a todos los sectores que participan en su ejecución.

FAMILIA-Primer responsable en educación de hijos menores

PROCESO EDUCATIVO-Responsabilidad de la comunidad

La responsabilidad de la comunidad en el proceso educativo, fundado por demás en el principio constitucional de solidaridad que exige de los ciudadanos un compromiso con las causas humanitarias y con la realización de urgentes tareas sociales que demanden su participación, está circunscrito a su fomento, protección y defensa. Como actividad de fomento y promoción, el propio orden jurídico autoriza a los particulares para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de enseñanza y para fundar establecimientos educativos, difiriendo en la ley el señalamiento de las condiciones que orientan su creación y gestión.

SERVICIO DE EDUCACION-Responsabilidad del Estado

La participación de la familia y la sociedad en la educación, no compromete la obligación que la propia Carta ha confiado al Estado para regular, controlar y vigilar la prestación de este servicio público; esto es, la responsabilidad de garantizar, de acuerdo con las posibilidades presupuestales y operativas, su cubrimiento en forma eficiente y continua en todo el territorio nacional, para lo cual el propio ordenamiento Superior le ha impuesto a las autoridades del orden nacional y territorial, el deber de destinar gran parte de los recursos del situado fiscal en aras de respaldar su financiamiento y ejecución.

EDUCACION ESPECIAL-Limitaciones auditivas

EDUCACION ESPECIAL-Lengua manual

MINISTERIO DE EDUCACION-Coordinación de formación y reconocimiento de intérpretes en lengua manual colombiana

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS-Funciones

ENTIDADES TERRITORIALES-Políticas locales respecto a educación especial para personas con disminución auditiva

PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO-Capacitación de personas con limitaciones auditivas

Referencia: Expediente T-208852

Peticionaria: Jeaneth Guerrero de Meléndrez.

Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal.

Magistrado Ponente:

Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Alfredo Beltrán Sierra y Antonio Barrera Carbonell, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de tutela radicado bajo el número T-208852, adelantado por la ciudadana Jeaneth Guerrero de Meléndrez, contra la Gobernación de Cundinamarca.

ANTECEDENTES

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional, mediante Auto del 15 de Febrero de 1999, decidió seleccionar para su revisión la acción de tutela de la referencia.

De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

Solicitud

La demandante Jeaneth Guerrero de Meléndrez, actuando en nombre y representación de su hijo menor de edad, Jorge Enrique Contreras Contreras, quien sufre de sordera profunda, solicita la protección de su derecho fundamental a la educación, presuntamente vulnerado por la Gobernación de Cundinamarca.

Hechos

Relata la actora que debido a ciertas complicaciones sufridas durante el parto, su hijo, Geovani Andrés Meléndrez Guerrero, quien en la actualidad cuenta con 15 años de edad, sufre de sordera profunda, entendiendo como tal, según lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley 324 de 1996, la "pérdida auditiva mayor de noventa (90) decibeles que le impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada".

Sostiene que a la edad de dos años ingresó al menor en el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) donde, además de recibir estimulación temprana y terapia del lenguaje, le adaptaron unos audífonos que utilizó por espacio de diez años, tiempo después del cual le fueron retirados por cuanto nunca pudo identificar los ruidos que escuchaba.

Según afirma, hasta el año de 1996 el menor adelantó los estudios de educación primaria en el Instituto Colombiano para la Audición y el Lenguaje -ICAL-, entidad que lo instruyó en el lenguaje de señas por ser éste el método de aprendizaje más idóneo en personas sordas.

Ante la necesidad de continuar con sus estudios secundarios, en el año de 1997 la actora matriculó al menor en el "Liceo Español Pérez Galdós" ubicado en el municipio de Tenjo (Cundinamarca), establecimiento que, no obstante vincular ocasionalmente a personas con problemas auditivos, es en realidad una institución privada para alumnos oyentes, circunstancia que la obligó, en compañía de otros tres padres de familia cuyos hijos padecen el mismo problema, a contratar un interprete en lenguaje de señas como complemento a su proceso educativo. Sostiene que "[e]n desarrollo de este proceso, la intérprete traduce en lenguaje de señas a los cuatro niños sordos, las clases que dicta un profesor oyente a alumnos en su mayoría oyentes".

Dado los buenos resultados académicos obtenidos por el menor, para el mismo año en que éste ingresó y para el siguiente (1998), la institución educativa le otorgó sendas becas, situación que, según afirma la demandante, se mantendrá para el año lectivo de 1999 cuando Geovani Andres ingrese al octavo (8°) grado.

No obstante lo anterior, la demandante afirma que: "A pesar de que mi hijo, por su rendimiento académico, haya sido beneficiado con la beca que ha ganado en la totalidad de años que ha cursado en el Liceo Pérez Galdós, el salario que gano en mi condición de secretaria de una oficina de abogados se destina casi por completo, a cubrir la totalidad de los gastos que implica la educación de mi hijo, debido en gran medida al sobrecosto que debo asumir al tener que contratar una intérprete que se constituye en un elemento esencial sin el cual el proceso educativo de mi hijo no sería completo, razón por la cual nos vemos obligados a llevar una vida de limitaciones constantes, al punto que tuve que endeudarme para poder cubrir los pagos correspondientes a los mencionados costos de educación, situación que es para mi insostenible en el futuro inmediato."

Señala que por intermedio del rector del colegio, y con fundamento en las Leyes 115 de 1994, 324 de 1996 y 361 de 1997, las cuales protegen a la población sorda y le imponen al Estado el deber de facilitar su acceso a la educación, le solicitó a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá -Secretaría de Educación- que nombrara un interprete en lenguaje de señas para acompañar el proceso educativo de los menores que se encontraban matriculados en el "Liceo Español Pérez Galdós", solicitud que fue atendida informándole que dicho establecimiento educativo se encontraba ubicado fuera de su jurisdicción y, en consecuencia, no le correspondía a ella asignar el intérprete.

La misma petición elevó a la Gobernación de Cundinamarca -Secretaría de Educación-, la cual le informó que en el plan educativo del departamento estaba prevista la atención a personas discapacitadas, pero que las acciones a este respecto se centraban en la capacitación de maestros en lenguaje de señas, ofrecimiento que hizo a los docentes del "Liceo Pérez Galdós" pero que fue rechazado por sus directivas arguyendo que se trataba de un establecimiento para personas oyentes.

En esta medida, la demandante considera que la Gobernación de Cundinamarca ha violado el derecho a la educación de su hijo, desconociendo las normas constitucionales y legales que protegen especialmente a la población discapacitada.

  1. Pretensiones

    Con base en los hechos relacionados, la actora solicita que se le ordene a la Gobernación de Cundinamarca la designación de un intérprete que acompañe el proceso educativo de su menor hijo Geovani Andres Meléndrez Guerrero.

    1. ACTUACION JUDICIAL

  2. Primera instancia

    El Juzgado 26 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, luego de ordenar y practicar algunas pruebas, en proveído del 29 de enero de 1999, denegó el amparo de tutela solicitado por considerar que la Gobernación de Cundinamarca no está vulnerando el derecho...

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