Sentencia de Constitucionalidad nº 1495/00 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2000

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RESUMEN

Ley 25 de 1992. Art. 6, num. 8. Desarrollo incs. 9, 10, 11 y 12 de la constitucion politica. Causal de nulidad. Separacion de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por mas de dos años. Eleccion de causal objetiva o subjetiva para la disolucion del vinculo matrimonial. Exequible.

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Sentencia C-1495/00

MATRIMONIO-Es un contrato

MATRIMONIO-No imposición de convivencia

DIVORCIO-Causales subjetivas de disolución/DIVORCIO-Causales objetivas de disolución

DIVORCIO SANCION-Contencioso

El divorcio sanción es contencioso, porque para acceder a la disolución del vínculo el actor debe probar que el demandado incurrió en la causal prevista en la ley y éste, como sujeto pasivo de la contienda, puede entrar a demostrar, con la plenitud de las formas procesales, que no incurrió en los hechos atribuidos o que no fue el gestor de la conducta. En este caso el juez debe entrar a valorar lo probado y resolver si absuelve al demandado o si decreta la disolución, porque quien persigue una sanción, no puede obtenerla si no logra demostrar que el otro se hizo acreedor a ella.

DIVORCIO-Separación de hecho

DIVORCIO-Responsabilidad en interrupción de vida en común

DIVORCIO-Efectos patrimoniales de la disolución

DIVORCIO-Responsabilidad en separación de hecho

Referencia: expediente D-2958

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992.

Actor: Ramón Alberto Lozada de la Cruz.

Magistrado Ponente:

Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil (2000).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

  1. ANTECEDENTES

El ciudadano Ramón Alberto Lozada de la Cruz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la expresión "o de hecho" que hace parte del numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992 que reformó el artículo 154 del Código Civil .

Cumplidos los trámites legales propios de la acción impetrada se entra a decidir sobre la petición del actor.

NORMA DEMANDADA

El siguiente es el texto de la disposición demandada, según publicación en el Diario Oficial N° 40.693, para mayor claridad se subraya lo demandado.

" LEY 25 DE 1992

( diciembre 17)

por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política

Artículo 6: El artículo 154 del Código Civil , modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años ."

  1. LA DEMANDA

    El ciudadado Ramón Alberto Lozada De La Cruz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la expresión "o de hecho" que hace parte del numeral 8° del artículo 154 del Código Civil , tal como quedó reformado por el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, porque considera que desconoce los artículos , , , 29 y 42 de la Constitución Política .

    Para fundamentar la pretensión incoada el actor sostiene que la separación de cuerpos de hecho se ha entendido como la "interrupción de la vida conyugal, sin que se distingan modalidades ni responsabilidades"; por tanto, afirma que es lo mismo, para efectos de la disposición controvertida, que la interrupción de la vida conyugal se genere por acuerdo de los cónyuges, por la decisión unilateral de quien abandona el hogar conyugal o porque alguno de los consortes resuelve impedir la convivencia. También encuentra equivalente que la interrupción de la vida en común se origine en la imposibidad física de convivir, como en los casos de "secuestro, hospitalización, detención o residencia en otro lugar por razones de estudio o trabajo", de uno de los cónyuges.

    Así interpretada considera el actor que la disposición que controvierte desconoce el artículo 2º de la Constitución Política , porque no se puede garantizar un orden justo cuando las autoridades autorizan a quien impidió la convivencia instaurar la acción de divorcio, porque se protege al conyuge incumplido y se desampara al consorte inocente, sin reparar en quién es la víctima y sin tener en cuenta que el culpable es el que se beneficia de la situación que el mismo provocó.

    Sostiene que de nada le sirve al cónyuge inocente demandar en reconvención, porque de todas maneras se declara el divorcio castigando injustamente a quien no dio lugar a los hechos y premiando al que incumplió sus obligaciones, sin entrar a considerar las pretensiones del demandado.

    Afirma que la expresión demandada desconoce el artículo 4º de la Constitucional Política, por cuanto es deber de los nacionales y extranjeros residentes en Colombia acatar las leyes y, la disposición controvertida autoriza el desconocimiento de los artículos 113 y 178 del Código Civil . Estima que, desde la expedición del numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, la convivencia de los cónyuges dejó de ser una obligación y el ser recibido en la casa del otro ya no es un derecho, en razon de que el consorte que no quiere convivir simplemente abandona el hogar conyugal o se rehusa a recibir en el suyo a su cónyuge, sin que en su decisión incida el deseo conjunto de convivir o separarse, habida cuenta de que la norma en comento somete la conviviencia a la potestad de cualquiera de ellos.

    Estima que la expresión en comento quebranta el artículo 6° de la Constitución Política , porque los particulares que infringen las leyes deben ser responsabilizados de su conducta y al permitirse el divorcio por el solo hecho de la separación, no solo se derogó la obligación de los esposos de vivir juntos, sino que se exoneró de responsabilidad al que abandonó el hogar conyugal o ha impedido la convivencia.

    Asimismo considera que la expresión "o de hecho", que hace parte del numeral 8° del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, quebranta el artículo 29 de la Constitución Política , porque basta que la separación de hecho hubiere perdurado por más de dos años para que el divorcio se decrete, sin que para el efecto importe la defensa esgriminada por el demandado. Que por lo anterior carecen de importancia el ejercicio del derecho de defensa de éste así pueda justificar su ausencia del hogar, por razones de salud, secuestro, pena privativa de la libertad, trabajo o estudio, porque la causal no admite modalidades, no considera imputaciones, ni permite establecer responsabilidades.

    Por lo anterior afirma que como probada la interrupción de la vida en común durante dos años, el juez tiene que declarar el divorcio, sin que para el efecto interese lo que hubiese alegado el cónyuge demandado, bien podría afirmarse que se trata de una contención sin opositor, porque no se puede afirmar que se reconoce el derecho de defensa de quien comparece, cuando su intervención no se tiene en cuenta.

    Considera que la expresión en estudio quebranta el artículo 42 de la Constitución Política , porque, de conformidad con esta norma, "la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Y que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto reciproco entre todos sus integrantes"; empero, conceptúa que la disposición demandada permite la terminación del matrimonio por la voluntad de uno de los cónyuges, autoriza a cada uno de los esposos para resolver qué obligaciones cumple y cuáles desconoce y confiere, a quien infringió la obligación de convivencia, la posibilidad de invocar, en compensación a su incumplimiento, la disolución del vínculo.

    Además arguye que "la norma demandada ha derogado implícitamente todas las demás causales de divorcio consagradas en la ley, puesto que con justa causa o sin ella, lo más sencillo es abandonar el hogar conyugal. Al cabo de dos años instaurar el proceso de divorcio, el cual necesariamente, va a ser decretado y así se evitan problemas probatorios y situaciones engorrosas".

    Para concluir solicita que, en el evento de no prosperar la pretensión de inconstitucionalidad, se mantenga la disposición acusada en el ordenamiento, empero que se condicione su constitucionalidad a que la expresión "separación de hecho" se entienda como "interrupción de la vida conyugal por conformidad de las partes, sin que medie instancia judicial, siendo inexequible cualquiera otra interpretación"( Negrilla en el texto).

    En la oportunidad concedida para las intervenciones de ley, el actor adicionó su escrito, exponiendo sus conclusiones, que dice apoyarlas en las sentencias C-239 de 1994, C-174 de 1996, C-659 -sin más información- y C-080 de 1995, de esta Corporación, de las cuales trae apartes, en los siguientes términos:

    "1. Que la Constitución Política en su artículo 42 consagró las dos formas posibles de constituir una familia: por matrimonio, civil o religioso, y por la unión libre o unión marital de hecho; (sic)

    2. Que quien libremente celebra el contrato matrimonial, se somete, con conocimiento de causa, a una serie de consecuencias y obligaciones predeterminadas por la ley -entre las que se encuentra la obligación de vivir juntos, socorrerse y ayudarse-, de las cuales no puede ser relevado por su sola voluntad o capricho.

    3. Que el cónyuge culpable del incumplimiento de una o varias de sus obligaciones no puede alegar su propia culpa en su propio provecho.

    Pero, contrario a lo expresado por la jurisprudencia Constitucional, la norma demandada...

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