Sentencia de Constitucionalidad nº 033/03 de Corte Constitucional, 28 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619453

Sentencia de Constitucionalidad nº 033/03 de Corte Constitucional, 28 de Enero de 2003

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
RESUMEN

Ley 600 de 2000. Art. 126. Codigo de procedimiento penal. Calidad de sujeto procesal. Condicion del imputado como interviniente. Distincion. Vinculacion mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente. Investigacion previa. Derecho de defensa. Exequible.

EXTRACTO GRATUITO

15

Sentencia C-033/03

PROCESO-Partícipes

SUJETO PROCESAL-Concepto

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCESO PENAL-Desarrollo

IMPUTADO Y SINDICADO-Distinción constitucionalmente válida

La diferenciación hecha por el Legislador entre imputado y sindicado no tiene en sí misma reproche constitucional alguno, no sólo por cuanto la denominación puede variar según la etapa en que se encuentre la investigación sino, además, porque esa diferencia resulta razonable e incluso opera a favor del procesado. En efecto, el reproche que se hace al imputado dentro de la investigación previa es mucho menor que el cuestionamiento al sindicado en el sumario, pues en este último evento existen elementos de juicio que comprometen en mayor grado la responsabilidad del procesado. De la anterior distinción depende también el reconocimiento o no como sujeto procesal.

INVESTIGACION PREVIA-Características e importancia

DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Dimensión amplia

DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Limitación es objeto de control estricto/DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO PENAL-Limitación es objeto de control estricto

DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Persona individualizada

DERECHO DE DEFENSA IMPUTADO Y SINDICADO

DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO EN INVESTIGACION PREVIA-Ejercicio aunque no es sujeto procesal

Referencia: expediente No. D-4128

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal ".

Actor: Mercedes Pérez Roldán

Magistrado Ponente:

Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil tres (2003).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución, la ciudadana Mercedes Pérez Roldan demandó el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal ". Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación la Corte transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial número 44.097 del veinticuatro de julio de 2000.

" LEY 600 DE 2000

(julio 24)

"por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal "

(...)

Artículo 126.- Calidad de sujeto procesal. Se denomina imputado a quien se atribuya autoría o participación en la conducta punible. Este adquiere la calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente."

III. LA DEMANDA

La accionante considera que la norma acusada viola el artículo 29 de la Constitución, toda vez que el debido proceso en materia penal reviste garantías constitucionales que deben hacerse efectivas al imputado, tales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Considera entonces que el debido proceso comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales que deben asegurar la actividad jurisdiccional con miras a la protección de la libertad de las personas en cada una de las etapas del proceso penal, incluida la de investigación previa.

Indica igualmente que la Corte Constitucional, en sentencia T-181 de 1999, precisó que desde la etapa de investigación preliminar deben respetarse los derechos a la defensa y contradicción del imputado en aras de garantizar el derecho al debido proceso.

Para la demandante, el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal es contrario al artículo 29 Superior, ya que no le permite al sindicado ejercer su defensa técnica o material ni solicitar pruebas antes de ser escuchado en indagatoria, más aún si contra la persona media orden de captura, pues no podrá ser asistido por un defensor de confianza hasta tanto el fiscal, a su arbitrio, lo declare persona ausente.

IV. INTERVENCIONES

Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal

El ciudadano Augusto Ibáñez Guzmán, designado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, considera que los cargos formulados contra el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal no desconocen ni el espíritu ni la letra del artículo 29 de la Constitución.

Advierte que el artículo 29 Superior debe ser interpretado en concordancia con el artículo 93 ídem, constituyendo así unidad temática con instrumentos internacionales como el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", que contempla el derecho de libertad, las garantías judiciales y el compromiso de respeto y garantía a los derechos de los procesados.

Recalca también que el derecho de defensa es integral e intemporal, y anota que la actividad estatal inicia con la noticia criminal pero que es con la indagación previa donde inicia el proceso penal propiamente dicho, y donde concomitantemente surge el derecho de defensa y la posibilidad para el imputado de rendir versión con presencia de su abogado. De esta manera, señala, cuando el funcionario judicial considere que el implicado puede ser autor o partícipe de la infracción penal, se le recibirá indagatoria (artículo 333), podrá solicitar su propia indagatoria (artículo 334), se citará a rendir indagatoria (artículo 336) y sólo en casos especiales se librará orden de captura para rendirla (artículo 336 inciso 2°).

El interviniente concluye que el derecho de defensa y el debido proceso están regulados en el Código de Procedimiento Penal , donde si bien es cierto la defensa técnica comienza con la indagatoria, no significa que haya un desconocimiento de esos derechos durante la etapa de indagación preliminar, ya que en todo caso deben observarse las previsiones legales que son desarrollo de la Constitución y de los tratados públicos.

Procede luego a estudiar en concreto los motivos de reclamo constitucional, donde enfatiza que mientras la persona no sea vinculada al proceso no es parte ni sindicada y por lo tanto no puede solicitar pruebas ni ejercer derecho de defensa, pues es considerada como un tercero que de nada debe defenderse, pero advierte que si contra ella se libra orden de captura nada le impide nombrar un defensor de confianza.

En cuanto al cargo según el cual el apoderado no podrá actuar en el proceso hasta que el fiscal no declare a su poderdante persona ausente, estima que es una hipótesis que no tiene aplicación ya que si hay orden de captura es porque el funcionario se encuentra en postura de declararlo persona ausente. Por último, considera que el asunto planteado se limita a un dilema de interpretación legal que no compromete el debido proceso dentro de un análisis sistemático del ordenamiento.

Intervención del Ministerio del Interior

El ciudadano José Rogelio Cano Caballero, como apoderado del Ministerio del Interior, interviene para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad del artículo 126 de la Ley 600 de 2002. Luego de analizar la norma cuestionada y los cargos formulados, concluye que la demandante incurre en un error de apreciación al afirmar que en la etapa de investigación previa el imputado no cuenta con las garantías propias del debido proceso, por cuanto allí puede ser escuchado en versión libre designar apoderado que le asista e incluso controvertir pruebas.

Aduce también que la accionante se equivoca cuando sostiene que una persona con orden de captura en su contra no puede nombrar defensor de confianza hasta tanto el fiscal, a su arbitrio, decida declararlo persona ausente, ya que el estatuto procedimental penal prevé una serie de garantías constitucionales...

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS