Sentencia de Constitucionalidad nº 1118/05 de Corte Constitucional, 1 de Noviembre de 2005

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RESUMEN

Ley 44 de 1993 articulo 22; ley 23 de 1982 articulos 244 y 245. Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944. Sobre derechos de autor. Prescripción de tres años, secuestro preventivo y medidas de interdiccion o suspensión de obras que se van a representar, ejecutar o exhibir en publico sin la debida autorización del titular o... (ver resumen completo)

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Sentencia C-1118/05

PROPIEDAD INTELECTUAL-Concepto

DERECHOS DE AUTOR-Concepto

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS-Diferencias y compatibilidades

DERECHOS MORALES DE AUTOR-Concepto

DERECHOS MORALES DE AUTOR-Carácter fundamental

SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Función de administración patrimonial

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS-Formas de recaudo

DERECHOS MORALES DE AUTOR EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Norma andina

DECISION ANDINA

51 DE 1993-Regulación en cuanto a los derechos morales de autor hace parte del bloque de constitucionalidad

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Integración

SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Prescripción extintiva de remuneraciones en contra de los socios y a favor de la sociedad/ACUERDO DE CARTAGENA-No desconocimiento

Contemplando el artículo 22 de la Ley 44 de 1993 la prescripción de las remuneraciones no cobradas, derechos de orden patrimonial y no moral, no se ve como ésta disposición pueda vulnerar las normas de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, que forma parte del bloque de constitucionalidad en cuanto a la regulación de derechos morales de autor por tratarse de derechos fundamentales. La prescripción de remuneraciones a favor de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, en contra de los socios, cuando éstos no las han cobrado en tres años, tampoco vulnera la Constitución. No resultan vulnerados los artículos 60 de la propiedad intelectual, pues la norma no la desprotege, así como tampoco el artículo 93 de la Constitución, ni los artículos 70 y 72 de la Constitución respecto de la cultura y el patrimonio cultural de la Nación, pues conforme con la jurisprudencia constitucional, los derechos que se protegen son de carácter particular en la medida que corresponden a los derechos de los autores y no de la comunidad. En las sociedades de gestión colectivas las competencias radican principalmente en la administración de derechos de propiedad, como en efecto lo son los patrimoniales que implican la recaudación de remuneraciones y reparto entre los socios correspondientes. Además, dichas sociedades que son de conformación facultativa no son autoridades públicas, el recaudo no constituye un ingreso público ni se fusiona con el patrimonio público. Por ende, no se presenta el desconocimiento del patrimonio cultural de la Nación como tampoco del acceso a la cultura.

DERECHOS DE AUTOR-Solicitud de medidas cautelares

En relación con los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982, considera la Corte que no vulneran el artículo 93 de la Constitución al no desconocer ninguna disposición de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, única acusación formulada por el actor. Para la Corte, se está ante previsiones normativas de carácter procedimental referidas a facultades propias de las partes en el curso de un proceso y consistentes en la solicitud de medidas cautelares que si bien refieren al contenido propio de la ley sobre derechos de autor, lejos se está de referir específicamente a los derechos morales o a un presunto cargo por su desconocimiento, ya que se está frente a controversias sobre las materias reseñadas en las disposiciones acusadas y lo que señala el actor como eje central de su acusación es que se esté otorgando una facultad exclusiva del autor de la obra, también a los titulares de derechos conexos.

Referencia: expediente D-5752

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley 44 de 1993 ''Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944'' y los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 ''Sobre derechos de autor''.

Actor: Jorge Alonso Garrido Abad

Magistrada Ponente:

Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., primero (1º) de noviembre de dos mil cinco (2005).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

  1. ANTECEDENTES

    En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política , el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad solicita a la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad del artículo 22 de la Ley 44 de 1993 ''Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944'' y de los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 ''Sobre derechos de autor'', por considerar que la primera de las disposiciones vulnera los artículos 61, 70, 72 y 93 y las dos últimas normas desconocen el artículo 93 de la Constitución Política .

    Mediante auto del 6 de mayo de 2005, se admitió la demanda por cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y, de igual manera, se ordenó (i) la fijación en lista de las normas acusadas y simultáneamente correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, (ii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Cultura y a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de conformidad con los artículos 244 de la Constitución Política y 11 del Decreto 2067 de 1991 e, (iii) invitar a la Federación Nacional de Comerciantes, al Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y a la Universidad del Rosario para que aporten sus opiniones sobre la demanda de la referencia.

    Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de este asunto y previo concepto del Jefe del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir en relación con la presente demanda.

  2. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA

    Se transcribe a continuación los textos de los artículos 22 de la Ley 44 de 1993 y 244 y 245 de la Ley 23 de 1982:

    ''LEY 44 DE 1993

    (febrero 5)

    Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944

    EL CONGRESO DE COLOMBIA

    DECRETA:

    ARTÍCULO 22. Prescriben en tres (3) años, a partir de la fecha de la notificación personal al interesado del proyecto de repartición o distribución, en favor de las sociedades de gestión colectivas de derechos de autor y derechos conexos y en contra de los socios, las remuneraciones no cobradas por ellos''.

    ''LEY 23 DE 1982

    (enero 28)

    Sobre Derechos de Autor

    EL CONGRESO DE COLOMBIA

    D E C R E T A :

    Artículo 244.- El autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de éstos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos, pueden pedir al juez el secuestro preventivo:

    1. De toda obra, producción, edición y ejemplares.

    2. Del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares.

    3. Del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales y otros análogos.

    Artículo 245.- Las mismas personas señaladas en el primer inciso del artículo anterior pueden pedir al juez que interdicte o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y obras semejantes, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor''.

  3. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

    El actor demanda el artículo 22 de la Ley 44 de 1993, por considerar que desconoce los artículos 61, 70, 72 y 93 de la Constitución, como también acusa los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982, por violación del artículo 93 de la Carta Política . Aduce además que las normas violan un mandato integrado al bloque de constitucionalidad como es La Decisión Andina 351.

    Respecto al artículo 22 de la Ley 44 de 1993, el ciudadano expone los siguientes argumentos:

    En primer lugar, refiere al contenido del artículo acusado para señalar que los derechos a que refiere esta disposición no son otros que los de carácter patrimonial otorgados al autor, que si bien no son fundamentales gozan de protección constitucional. Y, señala que llama la atención que se otorgue la posibilidad a un mandatario de adquirir el derecho que administra de su mandante por el simple paso del tiempo.

    En su opinión se desconoce el artículo 61 de la Constitución, por cuanto por disposición del artículo 21 de la Ley 23 de 1982, los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento quienes legítimamente hayan adquirido, por el término de 80 años. Duración de estos derechos que aparentemente fue modificado por el artículo 18 de la Decisión 351 que considero que la protección no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Sin embargo, la Decisión dispuso que se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas si éstos fueren mayores. Así las cosas se viola el artículo 61 de la Constitución, porque se cercena de manera injusta y por vía de prescripción una propiedad intelectual, y solo porque se le haya olvidado reclamar al mandatario o a la sociedad que le administra su derecho patrimonial de autor, con lo cual éste queda desprotegido.

    Además, se vulnera el artículo 93 de la Constitución, en la medida que la Decisión Andina 351, no reguló en su Capítulo XI, sobre gestión colectiva, la posibilidad de prescribir el derecho patrimonial del autor en beneficio de las sociedades de gestión colectiva. Tampoco, el término de explotación económica de la obra de 80 años, después del fallecimiento, fueron reducidos por dicha Decisión. Considera, entonces, que esta Decisión Andina al estar integrada al bloque de constitucionalidad, prevalece en el ordenamiento interno por referirse a un convenio internacional que reconoce...

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