Sentencia de Tutela nº 882/06 de Corte Constitucional, 26 de Octubre de 2006

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RESUMEN

Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y a la salud en conexidad con el derecho a la vida de profesional de la oficina de instrumentos publicos de la ciudad de ibague contra quien se ha iniciado una persecucion y maltrato laborales por parte de su jefa, por haberse negado a declarar a favor de su esposo dentro de proceso disciplinario contra aquel, lo que le ha producido grave estrés... (ver resumen completo)

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Sentencia T-882/06

DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Línea jurisprudencial

ACOSO LABORAL-Vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas

La Corte Constitucional ha considerado que la persecución laboral constituye un caso de vulneración del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas.

ACOSO LABORAL-Comportamientos

ACOSO LABORAL-Normatividad internacional

DERECHO A LA SALUD MENTAL DE TRABAJADORA POR ACOSO LABORAL

ACOSO LABORAL-Procedencia de tutela frente a los mecanismos de la ley 1010 de 2006/ACOSO LABORAL-Medidas preventivas y correctivas establecidas en la ley 1010 de 2006/ACOSO LABORAL-Sanciones establecidas en la ley 1010 de 2006

ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO/ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO-La víctima cuenta sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos/ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO-Procedencia de tutela por cuanto la vía disciplinaria para la protección de los derechos no es tan efectiva

La Sala encuentra que cuando el acoso laboral tiene lugar en el sector público, la víctima del mismo cuenta tan sólo con la vía disciplinaria para la protección de sus derechos, mecanismo que no sólo es de carácter administrativo y no judicial en los términos del artículo 86 Superior, sino que no resulta ser eficaz para el amparo del derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas y justas. Así las cosas, la Sala estima que para los casos de acoso laboral que se presenten en el sector público, la vía disciplinaria puede no ser un mecanismo efectivo para la protección de los derechos de los trabajadores, y por ende la tutela resulta ser el instrumento idóneo en estos casos, sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad disciplinaria que se le pueda imputar al sujeto activo de acoso laboral.

ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO-Improcedencia de tutela por cuanto es más efectivo acudir al juez laboral

Cuando el acoso laboral tenga lugar en el sector privado, la Sala estima que la acción de tutela resulta, en principio, improcedente dado que el trabajador cuenta con una vía judicial efectiva para amparar sus derechos, cual es acudir ante el juez laboral a fin de que éste convoque a una audiencia de practica de pruebas dentro de los treinta días siguientes, providencia que puede ser apelada.

ACCION DE TUTELA-Hecho superado por cuanto ya se realizó el examen médico por la ARP y el traslado de la peticionaria a otra ciudad

De conformidad con el anterior médico, la ARP Colpatria ya cumplió con su deber de practicarle el examen a la peticionaria, a quien se le diagnosticó una enfermedad profesional (estrés laboral), es decir, la Sala encuentra que se está ante un hecho superado. Igualmente, la Superintendencia de Notariado y Registro procedió a trasladar a la señora a otra ciudad, en el mismo cargo que venía desempeñando, motivo por el cual, en lo que concierne a esta autoridad pública accionada, también se está ante el fenómeno del hecho superado.

Referencia: expediente T-1377066

Acción de tutela instaurada por Ana María Amézquita Barrios contra la Superintendencia de Notariado y Registro y Colpatria ARP.

Procedencia: Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.

Magistrado Ponente:

Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006).

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política , y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual fueron amparados los derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas y dignas, al igual que a aquel a la salud en conexidad del derecho a la vida, de la señora Ana María Amézquita, decisión que fue parcialmente confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del 8 de junio de 2006.

ANTECEDENTES

  1. Hechos.

  2. Manifiesta la accionante que fue nombrada para desempeñar el cargo de Profesional Universitario 3020-08 de la División Jurídica de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Ibagué, dependencia adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, luego ''de haber concursado en concurso (sic) abierto, 76-05-07-1994; mediante resolución 323 del 24 de octubre de 1994 y se posesionó en el mismo el 1º de noviembre del mismo año''.

  3. Asegura que como encargada de la oficina jurídica de la Entidad tramitó la solicitud presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, oficio 340 de febrero 12 de 1996, en la se requería, a fin de que obrara en el proceso disciplinario 476 ''preliminar abogado'', certificación de las gestiones realizadas por los abogados Jesús María Navarro Varón y Omar Van Leeden Salcedo (este último esposo de la actual Registradora Principal de la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué, Dra. Lola del Río de Van Leenden), respecto al estudio de títulos del inmueble ubicado en al carrera 4ª estadio 28, 63-67.

  4. Sostiene que, en atención del aludido oficio, el 21 de febrero de 1996 dio respuesta indicando que ''los abogados citados no han realizado gestión alguna ante la División, como se constató en la Secretaría, en lo correspondiente a recursos o peticiones''.

  5. Afirma que fue citada a declarar en el proceso disciplinario que se adelantaba contra el abogado Omar Van Leeden Salcedo, indicando que ''por tal razón la señora LOLA DEL RÍO DE VAN LEENDEN...de manera verbal le propone...que en dicha versión declarara en los mismos términos en que ella se había pronunciado en la diligencia efectuada el 11 de julio de 1996, y con esto beneficiara las resultas del proceso seguido contra su señor esposo'', a lo cual se negó, motivo por el cual su Jefa inició ''una serie de actos y acciones de contenido discriminatorio, peyorativo y de ultraje tanto físico como verbal; al punto que se vio en la necesidad de de recurrir ante la Defensoría del Pueblo, solicitando amparo y protección''.

  6. Comenta que a raíz de su denuncia, la Defensoría del Pueblo realizó visita especial a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ''en la cual constató la veracidad de lo denunciado''.

  7. Con posterioridad, el Presidente de la República decidió retirar del cargo a la Registradora Principal Dra. Lola del Río de Van Leenden. No obstante, el Consejo de Estado, mediante sentencia de noviembre de 2002, dejó sin efectos el acto administrativo de desvinculación al cargo de aquélla.

  8. Manifiesta que desde el mismo momento del reintegro al cargo, su Jefa inició una ''persecución laboral y personal injusta y desequilibrante... a través de memorandos en los que además de las funciones propias de su cargo, se le asignaban otras por completo ajenas a la naturaleza del mismo, tales como las de aseo de la oficina y entrega de correspondencia. Así mismo procedió a reducir a la mínima expresión el grupo de trabajo que colaboraba con la División Jurídica, restricción de las facultades para la coordinación del personal a su cargo; ordenó el traslado del computador que estaba la servicio de mi poderdante y retiro de los libros de consulta''.

  9. Asegura que su Jefa procedió a distribuir todas las competencias asignadas a la accionante entre los demás funcionarios de la Entidad, ''al punto que a la fecha sólo realiza la antedicha profesional del derecho, casi exclusivamente las correcciones de los actos de inscripción, la entrega de correspondencia y la revisión de procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Hecho que reitera el maltrato y la discriminación de la que ha sido objeto mi poderdante; circunstancia que necesariamente ha derivado en la perturbación síquica de mi cliente''.

  10. Sostiene que la Registradora de Instrumentos Públicos de Ibagué, a los escritos por ella proyectados, les tacha y hace anotaciones marginales vituperantes en las que se dice ''No hay división jurídica en esta oficina'', ''hay que leer bien''. De igual manera, alega que la señora Del Río, de manera verbal le dice a sus compañeros de trabajo, al referirse a la accionante, que la jurídica no sabe de registro, ''que ella está loca'', comentarios que ''los mismos usuarios del servicio de registro han transmitido a mi cliente''.

  11. Otra muestra del maltrato laboral sufrido consiste en que la Registradora Principal nunca convoca a la accionante a las reuniones de índole laboral, ''tanto así que mi poderdante ha tenido que mantener comunicación directa con las distintas oficinas de la Superintendencia para la recepción de las consabidas instrucciones administrativas impartidas por el nivel central''.

  12. La situación de maltrato laboral y discriminación ha sido tal, que ha perturbado la salud mental de la peticionaria, según consta en la historia clínica que reposa en los archivos de la E.P.S. Coomeva. Así, el ''5 de abril de 2004, mi poderdante fue remitida para valoración conjunta, para remisión con ARP, por presentar estrés laboral''.

  13. Relata que el 18 de mayo de 2004 el médico Julio Alfredo Lozano Guillen le recetó fluoxetina y clonazepan. El 2 de julio se agregó la fórmula con trasadona y diclofenaco habiéndole dictaminado ''estrés grave'', esto es, se aumentó la dosis de antidepresivos y ansiolíticos, habiéndosele otorgado una incapacidad hasta el 30 de junio de 2004.

  14. A su vez, el 16 de junio de 2004, su siquiatra había dictaminado que la paciente ''se encuentra en tratamiento por presentar una reacción al estrés grave (f. 438), secundaria a conflicto laboral...

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