Corte Constitucional - Jurisprudencia
      • Corte Constitucional

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  • Sentencia de Constitucionalidad nº 275/19 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2019

    LEY APROBATORIA DEL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO. Revisión oficiosa de la Ley 1892 de 2018, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013. La Corte concluyó que el convenio revisado, cuyo objeto es el de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio, guarda coherencia con la Constitución Política, entre otros preceptos, con el mandato de protección del derecho a la salud y los deberes que tienen tanto los particulares, como las autoridades públicas relacionados con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Se declaran EXEQUIBLES el Convenio precitado y su ley aprobatoria. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 278/19 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2019

    CONTRIBUCIÓN A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SU FUNCIONAMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones, y contra el artículo 76 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Los demandantes formularon tres cargos. Uno, fundado en la violación del artículo 338 de la Constitución. Los otros dos, instituidos sobre la vulneración de los artículos 13, 363 y 95-9 ibídem. La Corte declaró EXEQUIBLE el artículo 371 de la Ley 1819 de 2016, excepto la expresión “fijar” contenida en sus parágrafos 2º y 3º, la cual declaró INEXEQUIBLE. Así mismo, decidió INHIBIRSE e emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 1151 de 2007, por carencia actual de objeto.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 266/19 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2019

    BIENES INCORPORALES FORMADOS. PRESUNCIÓN DEL VALOR DE LA ENAJENACIÓN PARA CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 75 (parcial) del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1819 de 2016. El Demandante considera que la previsión del Estatuto Tributario que confiere la presunción del costo fiscal al 30% del valor de la enajenación del activo intangible, únicamente para el caso de los comerciantes no obligados a llevar contabilidad, vulnera los principios de igualdad y equidad tributarias. Ello, debido a que no existe ninguna razón jurídicamente atendible y constitucionalmente relevante para concentrar ese tratamiento fiscal en dichos contribuyentes, con exclusión de los comerciantes obligados a llevar contabilidad. La Corte evidenció que sí existe una razón que justifica el tratamiento tributario diverso, referida a la capacidad probatoria y contable que tienen los comerciantes obligados a llevar contabilidad, la cual les permite declarar el costo fiscal en cada ejercicio y a partir de los soportes respectivos. Precisó que, en la medida en que los comerciantes no obligados a llevar contabilidad no tienen dichos deberes de documentación contable, resultó admisible que el Legislador estableciera un régimen diferenciado para la deducción del costo fiscal en uno y otro caso. La Sala concluyó que la medida acusada hace parte del amplio margen de configuración legislativa en materia tributaria y que, a su vez, no contiene un tratamiento legal irrazonable, por lo que se ajusta a la Constitución. EXEQUIBLE. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 265/19 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2019

    IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PÉRDIDA DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL PREVISTO EN LA LEY 1429 DE 2010, POR CAMBIO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA. Demanda de constitucionalidad contra el artículo 100 (parcial) de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la norma censurada desconoce el artículo 333 Superior al establecer que las empresas beneficiarias del régimen preferencial en materia de impuesto a la renta establecido en el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010, perderán el beneficio impositivo si se presenta cambio de su composición accionaria. La Corte consideró que la disposición demandada no desconoce el principio de libertad de empresa, toda vez que persigue fines constitucionalmente legítimos como los de fortalecer el sistema tributaria, garantizar la equidad tributaria y evitar la evasión y elusión fiscal por el abuso de tarifas preferenciales por parte de los agentes económicos. EXEQUIBLE. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 269/19 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2019

    CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO, QUE INCENTIVE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del artículo 333 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. El actor adujo que la disposición acusada vulnera el artículo 338 de la Constitución., en tanto autoriza la creación de un tributo sin definir su tarifa y defiere la determinación de dicho elemento a las autoridades administrativas distritales o municipales. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma cuestionada, bajo el entendido de que la creación del impuesto y la fijación de su tarifa son competencia de los Concejos Municipales o Distritales. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 261/19 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2019

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURÓ DEFECTO SUSTANTIVO NI DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL RESPECTO A REGIMEN PENSIONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA PONAL. En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se atribuye la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a decisiones judiciales que en el trámite de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho instauradas por los actores, negaron la pretensión de acceder a la asignación mensual de retiro pretendida por los demandantes. Se aduce que dichos fallos incurrieron en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial. Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza temática sobre: 1º. La naturaleza jurídica de la asignación de retiro y, 2º. La evolución normativa del régimen pensional y de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por no encontrar vulnerada la garantía constitucional alegada, se dispone confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 256/19 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2019

    RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE OCASIONADA EN ACCIDENTES DE TRANSITO. El actor aduce que la empresa de seguros accionada vulneró sus derechos fundamentales al rehusarse a pagar los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, para ser valorado y obtener el dictamen que establezca su pérdida de capacidad laboral tras el accidente de tránsito del cual fue víctima, el cual requiere para acceder a la indemnización por incapacidad permanente que se encuentra amparada por el SOAT y que establece como requisito dicho certificado. La demandada argumentó que, de conformidad con la normatividad vigente, no le correspondía asumir el pago de la precitada calificación, puesto que las compañías de seguros no integraban el Sistema de Seguridad Social. Se estudian los siguientes temas: 1º. La seguridad social, la igualdad y el mínimo vital como derechos fundamentales. 2º. La actividad aseguradora en el marco del interés público. 3º. La normatividad del reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado del accidente de tránsito. 4º. Las funciones de la Junta de Calificación de Invalidez frente a la figura de la incapacidad permanente y, 5º. Los honorarios de los miembros de las precitadas Juntas. Luego de encontrar probada la vulneración de garantías constitucionales, la Corte decidió CONCEDER el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 255/19 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2019

    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. SE LLEVÓ A CABO LA CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA A LA VIVIENDA DE LA ACCIONANTE. La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada se atribuye a la decisión de no instalar el servicio de energía eléctrica en la casa de la actora, el cual requiere para mantener permanentemente refrigerada la insulina que debe inyectarse para tratar la diabetes mellitus que padece. La entidad adujo que no era factible la conexión solicitada, toda vez que los postes instalados en el predio de la peticionaria no pertenecían a la compañía, estaban en mal estado y no cumplían con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Teniendo en cuenta que en sede de revisión la demandada informó que llevó a cabo la conexión de energía eléctrica reclamada, la Sala decidió declarar la carencia actual de objeto por existir un HECHO SUPERADO. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 257/19 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2019

    CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PARA PENSION DE INVALIDEZ EN UN PROCESO DE CONMUTACION PENSIONAL. Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales del actor, en razón a la negativa a autorizar la calificación de la pérdida de capacidad laboral en desconocimiento de su condición de futuro pensionado de la entidad, en virtud de la conmutación de las obligaciones pensionales que realizara la liquidada empresa empleadora al extinto ISS y, por ende, afectando su posibilidad de solicitar el reconocimiento de una pensión de invalidez. La accionada adujo no ser competente para iniciar el proceso de clarificación de la pérdida de capacidad laboral del peticionario, debido a que no se encuentra afiliado al régimen de prima media administrado por ella. Se recuerdan las reglas sobre el trámite de la calificación de la pérdida de capacidad laboral como requisito de acceso a la pensión de invalidez. La Corte consideró que Colpensiones vulneró garantías constitucionales, en tanto la afiliación del actor al régimen de prima medio se dio una vez fue aceptada la conmutación pensional y el extinto ISS recibió el dinero correspondiente al cálculo actuarial fijado, adquiriendo la obligación de reconocer la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, atendiendo a la integralidad del Sistema General de Seguridad Social, según las contingencias futuras del accionante. Precisó, que es una afiliación atípica por ser de tipo contractual, por lo que administradora de pensiones actuaría de mala fe si recibe el dinero y luego se sustrae de las obligaciones derivadas de la conmutación pensional. Se CONCEDE. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 258/19 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2019

    DERECHO A LA SALUD MENTAL DE EXSOLDADO. La accionante, actuando como curadora provisional de su hijo, pretende que las demandadas activen de forma temporal los servicios médicos de atención quirúrgica, medicamentos en general, hospitalización y rehabilitación y que se realice por parte de la Junta Médico Laboral el dictamen que determine la pérdida de capacidad laboral del joven, toda vez que mientras él prestaba el servicio militar fue que empezó a padecer problemas mentales que lo llevaron a fugarse de las filas del Ejército y a que se le iniciara un proceso penal por deserción. La parte accionada fundamentó la negativa en el hecho de haber pasado demasiado tiempo entre la deserción del soldado y la solicitud de reactivación de los servicios, en haberse cumplido los tiempos establecidos en el Decreto 1796de 2000 y en que posiblemente las patologías mentales presentadas por el joven fueran de origen común, sin poderlas asociar a la prestación del servicio militar. Se aborda temática relacionada con: 1º. Los principios de continuidad y eficacia en la prestación de los servicios de salud de los miembros retirados de las Fuerzas Militares. 2º. Casos en los cuales se deben prestar los servicios de salud a los miembros del Ejército Nacional con posterioridad a su desvinculación. 3º. El dictamen de pérdida de capacidad laboral general y la Junta Médico-Laboral Militar para los miembros inactivos del Ejército Nacional. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:

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