Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Constitucionalidad nº 431/20 de Corte Constitucional, 13 de Noviembre de 2020

    DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS EN EFECTIVO PARA CIERTOS CONTRIBUYENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 307 parcial de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dicta otras disposiciones, y contra el artículo 120 de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. La Corte considera que la limitación al reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo es una medida que se ajusta a la Constitución, en cuanto busca finalidades legítimas que garantizan la eficiencia y transparencia del sistema, contribuye a evitar fenómenos de evasión de tributos y operaciones de lavado de activos y resulta acorde con el principio de equidad tributaria. La Sala se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la constitucionalidad del artículo 120 de la Ley 1943 de 2018 por sustracción de materia; en tanto no existe en la actualidad norma objeto de control ante la subrogación de la misma con ocasión de la expedición del artículo 136 de la Ley 2010 de 2019. De otro lado, declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 307 (parcial) de la Ley 1819 de 2016.

  • Auto nº 409/20 de Corte Constitucional, 5 de Noviembre de 2020

    El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, fue la instancia judicial que profirió sentencia de tutela mediante la cual amparó los derechos fundamentales invocados en la demanda y condenó a la Nación en abstracto por el daño derivado del desplazamiento forzado del que fueron víctimas el señor Hugo Andrés Angarita Carrascal y su familia. De manera posterior, el precitado ciudadano interpuso un recurso de apertura de incidente de desacato en contra de la UARIV, por incumplimiento del referido fallo judicial. Dicha autoridad, declaró el desacato y ordenó arresto y multa en contra del Director General y del Director de Reparación de la mencionada Unidad. Al surtir el grado jurisdiccional de consulta, el superior jerárquico revocó la anterior decisión, devolvió el expediente a primera instancia y ordenó remitir el mismo a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04, para que resolviera el recurso de apertura de incidente de desacato, de acurdo con su competencia. Considera la Corte, que la precitada Sala Especial carece de competencia para conocer y resolver controversias individuales, como el caso bajo análisis, sin perjuicio de que el mismo se relacione con las falencias estructurales que fueron identificadas en el proceso de seguimiento adelantado. Así, en vista de lo dispuesto por dicha Sala en pronunciamientos previos, al ser los jueces de instancia los competentes para garantizar el cumplimiento de las órdenes particulares proferidas en la Sentencia SU.254/13, serán éstos quienes conozcan de los incidentes de desacato interpuestos por el presunto incumplimiento en relación con el acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa de los accionantes individuales. En tal sentido, se declara IMPROCEDENTE el incidente remitido por la autoridad judicial citada, se deja sin efectos la decisión proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil-Familia y se exhorta a esta Corporación para que, de conformidad con lo expuesto y en ejercicio de sus competencias, conozca y resuelva, en grado jurisdiccional de consulta, el incidente de desacato interpuesto por el accionante

  • Auto nº 410/20 de Corte Constitucional, 5 de Noviembre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego (Nariño). Considera la Corte que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, en la medida en que los despachos involucrados invocaron las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta, otorgando con ello un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrariaron la jurisprudencia de la Corporación, según la cual, dichas directrices, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes. Considera la Sala que el Tribunal Administrativo, al ser la primera autoridad judicial con competencia a la cual le fue asignada la solicitud de amparo, se encuentra en la obligación de resolverla. En tal medida, ordena remitirle el expediente, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Se ordena a los operadores jurídicos en controversia que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

  • Sentencia de Tutela nº 467/20 de Corte Constitucional, 3 de Noviembre de 2020

    El actor aduce que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales al negarse a eliminar del registro de antecedentes disciplinarios, la inhabilidad derivada del numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Para el peticionario, dicha pretensión procedía por cuanto se le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada y se declaró la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como beneficiario de la Ley 1820 de 2016 y de sus decretos reglamentarios. En sede de revisión la Corte constató que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz profirió una resolución mediante la cual aceptó el sometimiento del actor a dicha jurisdicción y resolvió sobre el tratamiento penal especial y diferenciado y la aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución. En tal sentido, la JEP le ordenó a la Procuraduría incluir una anotación en el registro de antecedentes del accionante que diera cuenta de la posibilidad de ser empleado público, salvo la prohibición expresa del reintegro a la Fuerza Pública y la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control. Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, pero precisa que es por la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente y la falta del requisito de subsidiariedad.

  • Sentencia de Tutela nº 469/20 de Corte Constitucional, 3 de Noviembre de 2020

    En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los actores son líderes sociales que han desempeñado funciones en defensa de los derechos humanos. El primero, cumpliendo un rol de liderazgo y defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Caribe colombiano a través de la Mesa Permanente de Concertación y, el segundo, sobreviviente de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano, trabajando en proyectos productivos para la reincorporación de excombatientes a la sociedad. Ambos habían sido calificados con un nivel de riesgo extraordinario, por lo que estaban siendo cobijados por esquemas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección. En una nueva evaluación se estableció que el riesgo había disminuido y, por ello, se dispuso, en su orden, la reducción del esquema y el desmonte gradual del mismo, por cuanto los beneficiarios no acreditaron una amenaza grave y verificable que ameritara mantener los esquemas de protección inicialmente previstos. Esta determinación es la que se cuestiona y a la que se le endilga la vulneración de derechos fundamentales. Se aborda temática relacionada con: 1º. La protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como un imperativo del Estado social y democrático de derecho. 2º. Los desafíos que esta población enfrenta actualmente en nuestro país. 3º. El derecho a la seguridad y la vida de los líderes sociales, haciendo énfasis en las obligaciones que de allí se derivan para el Estado, puntualmente para la UNP. La Corte determinó que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad y a la integridad personal de los accionantes, debido al incumplimiento del deber de calificación periódica del riesgo; la falta de motivación suficiente, clara y específica de los actos administrativos; la ausencia de parámetros objetivos para ajustar un esquema de seguridad y; el valor desproporcionado que otorgó a la falta de resultados en el proceso penal. Concluye la Sala que, dado tal escenario, persiste una duda razonable sobre las condiciones reales de seguridad de los accionantes, la cual debe resolverse en favor de los mismos, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada contra esta población. Se CONCEDE el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 468/20 de Corte Constitucional, 3 de Noviembre de 2020

    ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE TRASLADO LABORAL-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE PROBÓ AFECTACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES NI RUPTURA RESPECTO AL NÚCLEO FAMILIAR El actor, en su condición del dragoneante del INPEC, interpone la acción de tutela con el propósito de que deje sin efectos la resolución mediante la cual fue trasladado, por necesidades del servicio, del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Málaga, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. Según el peticionario, dicha decisión afectó negativamente su proyecto de vida y sus derechos fundamentales a la unidad familiar y la vida digna, toda vez que desde su partida su hija de tres años de edad, desplegó trastornos en el ánimo, en su proceso de aprendizaje y en su neurodesarrollo. Así mismo adujo, que su esposa y la menor no pueden trasladarse a Cúcuta, por los compromisos económicos y laborales que su cónyuge tiene en Málaga. Se aborda temática relacionada con el alcance y límites al ius variandi y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella. Al no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, se declara la IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo invocada.

  • Auto nº 394/20 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibundoy (Putumayo). La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se generó por las diferentes interpretaciones del factor territorial. Teniendo en cuenta que ambos despachos tienen competencia para tramitar la solicitud de amparo, la Corte considera que debe asignarse a la primera autoridad que fue asignada, esto es, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva, a donde se dispone remitir el expediente para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar. Al otro operador jurídico se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por el superior jerárquico común al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 397/20 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se presentó por la naturaleza de la solicitud formulada por la parte accionante. El primer despacho consideró que se debía tramitar como una solicitud de apertura de un incidente de desacato de otro fallo de tutela previamente proferido por el segundo juzgado, a pesar de haber sido interpuesta como una acción de tutela. Por su parte, el segundo fallador estimó que se debía surtir el trámite que el accionante escogió, pues en su concepto, no podía al analizarla frente a la que decidió anteriormente, porque la nueva solicitud de amparo también contenía hechos nuevos. Concluye la Sala que el juzgado administrativo mencionado desconoció la jurisprudencia de la Corporación al transformar una demanda originalmente presentada como una acción de tutela en una solicitud para abrir un incidente de desacato de otro fallo de tutela. Con ello, dicha autoridad desconoció su deber de darle trámite inmediato, en virtud de su carácter preferente. Se dirime la controversia con la remisión del expediente al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, para que de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.

  • Auto nº 396/20 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juez Tercero de Buenos Aires y el Juez Primero de Madrid. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se originó en torno a las diferentes interpretaciones del factor territorial. Teniendo en cuenta que ambos despachos tienen la facultad de tramitar la acción de tutela invocada, considera la Corte que debe respetarse la elección que hizo la parte accionante y, por ello, en virtud de la competencia a prevención, dispone que sea el Juez Tercero de Buenos Aires quien de forma inmediata inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar. Al otro operador jurídico se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, para lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 388/20 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 2020

    Solicitud de aclaración de la sentencia C-171/20, formulada por la apoderada general del Fondo Nacional del Ahorro. La memorialista le pidió a la Corporación aclarar específicamente el numeral tercero de la providencia de la referencia, con el fin de precisar la aplicación del Decreto 488 de 2020 a dicho Fondo. La Sala Plena decidió ACLARAR oficiosamente los numerales tercero y cuarto del precitado fallo, en el sentido de indicar que el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 488 de 2020 no se limita a las Sociedades Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, sino que se extiende a las entidades que administren cesantías, independientemente de su naturaleza jurídica, y por tal razón, la autorización de retiro parcial de cesantías de que trata el artículo 3 del mencionado Decreto Legislativo, también debe ser aplicable a los trabajadores cuyas cesantías son administradas por el FNA

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