Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Tutela nº 460/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    DERECHO A LA REUBICACION DE SOLDADOS PROFESIONALES CON DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL El actor, un soldado profesional activo, sufrió una herida con arma cortopunzante en su pierna izquierda mientras se encontraba en un permiso otorgado por la entidad accionada. Esta lesión le generó una calificación de pérdida de capacidad laboral del 35.74% y la declaratoria de no apto para la actividad laboral y para la reubicación laboral. El peticionario considera que estos dictámenes, al no tomar en consideración el estado real de sus condiciones de salud, al igual que la orden administrativa de retiro de la institución militar, vulneran sus derechos fundamentales. Se reitera jurisprudencia relativa al derecho a la reubicación laboral en favor de los soldados que han sido calificados con pérdida de capacidad laboral inferior al 50% y la irrevocabilidad del dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión. Teniendo en cuenta que el despacho judicial de segunda instancia amparó los derechos invocados por el peticionario y que la orden dictada se cumplió, la Corte decidió declarar la carencia actual de objeto por SITUACION SOBREVINIENTE, en relación con la pretensión de reintegro. Los demás derechos solicitados fueron denegados. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 461/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    SENTENCIAS DE UNIFICACION QUE NO CONSTITUYEN HECHO NUEVO PARA DETERMINAR REQUISITO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTEL. En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestionan decisiones judiciales adoptadas en el curso de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por los accionantes, en contra del acto administrativo mediante el cual la Gobernación de Boyacá modificó y suprimió los cargos de la antigua planta de personal de la administración central del departamento y del oficio que notificó dicha supresión a los empleados de la entidad. Los peticionarios consideran que dichos fallos incurrieron en los defectos de indebida valoración probatoria y desconocimiento del precedente constitucional, al inhibirse de pronunciarse sobre el citado oficio. Los actores pretendían que se flexibilizara el requisito de inmediatez y se declarara la procedencia de las acciones de tutela, en virtud de la ocurrencia de un hecho nuevo a partir de la Sentencia SU.055/18. Entre otras conclusiones indicó la Corte que, de manera muy excepcional una sentencia de unificación puede constituirse en un hecho nuevo susceptible de ser valorado por el juez de tutela para contabilizar el término razonable de interposición de la misma desde otro momento, sin que ello pueda ser entendido como una flexibilización del presupuesto de inmediatez en las acciones de tutela contra providencias judiciales, siempre y cuando tal decisión hubiere modificado drásticamente la jurisprudencia, de manera que exista una nueva posición sobre el asunto objeto de debate que cambie las circunstancias del caso. Se declaró la IMPROCEDENCIA de las solicitudes de amparo formuladas, toda vez que el fallo de unificación invocado no constituyó un hecho nuevo susceptible de flexibilizar el requisito de inmediatez. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 462/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS. IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE DEMOSTRO LA AFECTACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS ACCIONANTES CUENTAN CON LA ACCION POPULAR PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. Las accionantes interpusieron la acción de tutela en contra de particulares y de autoridades públicas, buscando que se ordene a los propietarios y arrendatarios de varios establecimientos de comercio que colindan con sus viviendas, que los adecúen para que cese el ruido y la contaminación auditiva, y para que se realicen los controles necesarios para verificar que se dé cumplimiento a la normativa que regula dicha materia. La Sala de Revisión considera que en el presente caso no se lograron desvirtuar los criterios de eficacia de la acción popular, ni se acreditó la ocurrencia de elementos de eminencia y gravedad de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela y que justificaran la adopción urgente e impostergable de medidas tendientes a intervenir dicha situación. Se confirma la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA del amparo constitucional invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 464/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR ENFERMEDAD DE UN EMPLEADO PUBLICO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD. La actora aduce que el ICBF vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminada su relación laboral, sin tener en consideración que se encontraba en incapacidad médica por causa de las diferentes enfermedades que venía padeciendo, en especial el trastorno mixto de ansiedad y depresión, del cual tenía conocimiento la entidad. Por su parte, el Instituto adujo como causal de terminación del vínculo laboral, el nombramiento en el mismo cargo de la persona que ganó el concurso de méritos y que conformaba la lista de elegibles. Se analizan los siguientes temas: 1º. La provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y, 2º. La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa. Se confirma parcialmente la decisión de instancia que tuteló los derechos al trabajo y a la vida en condiciones dignas de la peticionaria y ordenó su vinculación en caso de que existan vacantes disponibles en la entidad, o en el caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 465/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    DERECHO A LA SALUD DE MENORES EXTRANJEROS EN COLOMBIA. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. La accionante, actuando en representación de una hija que presenta múltiples y delicadas patologías, alega que la entidad demandada vulneró derechos fundamentales al negarse a autorizar varios servicios médicos que requiere la niña y que fueron ordenados por el médico tratante, argumentando que ésta no acredita la condición legal de residente en el territorio colombiano y que no se encuentra afiliada a ninguna entidad prestadora de salud. Teniendo en cuenta que en sede de revisión se evidenció que tanto los exámenes como las citas de control con médicos especialistas prescritos fueron autorizados, se decidió declarar la carencia actual de objeto por la configuración de un HECHO SUPERADO. Se insta a la accionante a que adelante los trámites necesarios para regularizar su estancia en el país y obtener así la documentación que le permita a su hija acceder a la atención en salud que demande. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 468/19 de Corte Constitucional, 8 de Octubre de 2019

    PENSION DE INVALIDEZ. FECHA DE ESTRUCTURACION. DEBE TENERSE EN CUENTA LA FECHA EN QUE SE CONCRETE LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD FÍSIC. Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales del actor, como consecuencia de la negativa del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, con fundamento en el incumplimiento del requisito establecido en la Ley 860 de 2003, esto es, acreditar 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. El peticionario fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 67.04%, pero se vio en la necesidad de seguir trabajando de forma independiente por cuatro años más, hasta que sus graves afecciones de salud lo obligaron a retirarse del mercado laboral, con un cúmulo 806,29 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Se aborda el estudio de los siguientes temas: 1º. Los requisitos de procedencia referentes a la legitimación y el principio de inmediatez. 2º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales. 3º. El principio de subsidiariedad. 4º. El régimen jurídico de la pensión de invalidez y, 5º. La fecha de estructuración de la invalidez a partir del retiro material y efectivo del mercado laboral. La Corte recuerda que es posible tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración formal de la invalidez, en tanto la fecha fijada en el dictamen no responde a la realidad, es decir, al momento en que efectivamente no se puede continuar desempeñando actividades laborales. Se CONCEDE el amparo de manera transitoria y se ordena a la accionada reconocer y pagar la prestación solicitada, hasta que se adopte una decisión definitiva dentro del proceso ordinario que sobre el particular se adelanta en su contra. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 459/19 de Corte Constitucional, 7 de Octubre de 2019

    La accionante, una mujer de 89 años que vivía y dependía de un hijo que percibía una asignación de retiro de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la accionada, al negarle la sustitución de dicha asignación. La entidad adujo que se trataba de una prestación que no podía ser entregada a los padres dependientes del causante, así la necesitaran, cuando existían hijos concebidos por el militar retirado. Teniendo en cuenta que causante tenía un hijo de 28 años, la Caja no sólo negó la prestación sino que declaró la extinción del derecho, por no existir beneficiarios que acreditaran los requisitos para acceder a ella. Como consecuencia de esta decisión, a la peticionaria le fueron suspendidos los servicios clínicos a cargo de la Dirección General de Sanidad Militar, pese a que requería tratamiento médico para varias patologías que afronta. Se reitera jurisprudencia relacionada con la sustitución pensional como garantía de los derechos fundamentales y sobre dicha prestación en el régimen de seguridad social de la Fuerza Pública. Se CONCEDE el amparo y se ordena el reconocimiento de la sustitución pensional reclamada. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 455/19 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2019

    TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. VILACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO. Los Ministerios de Transporte y de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación consideran que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus derechos fundamentales al ordenarles, en sede de segunda instancia y dentro de un proceso de reparación directa en el que no fueron formalmente vinculados, que dieran apertura en un término perentorio de seis meses, a un procedimiento contractual para la construcción de un corredor vial terrestre que comunicara al municipio de Quibdó con las capitales de los departamentos de Risaralda y Antioquia. Las entidades accionantes aducen que dicha fallo incurrió en los defectos: procedimental absoluto, fáctico, orgánico y material. Consideran además que inobservó el precedente judicial sobre la materia y vulneró directamente la Constitución. Se reitera jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se realiza una caracterización de la causal específica denominada defecto procedimental absoluto. Se CONCEDE el amparo invocado y se suspenden los efectos del literal c) del numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo cuestionado, hasta tanto la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronuncie de forma definitiva en torno a los recursos extraordinarios de revisión presentados por los apoderados de las entidades accionantes. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 457/19 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2019

    El accionante es padre de dos niñas quienes desde su nacimiento fueron diagnosticadas con osteogénesis imperfecta, comúnmente conocida como huesos de cristal. Debido a dicha patología, las menores requieren atención y cuidado especiales, pues no se movilizan con facilidad y cualquier golpe puede producirles una fractura en algunos de sus huesos. Una de las niñas ingresó a estudiar pero ha tenido que afrontar diferentes obstáculos para acceder al servicio de educación. El tutelante considera que las entidades accionadas vulneran derechos fundamentales de su hija, al no poner a su disposición un profesor para que la instruya en su residencia durante sus períodos de incapacidad, ni un tutor sombra en el colegio y negarle un medio de transporte adecuado para que se movilice desde su casa al colegio y viceversa. Se abordan los siguientes temas: 1º. El derecho a la educación de los niños y niñas en situación de discapacidad y, 2º. La legislación existente en materia de educación para personas con discapacidad. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos protegidos. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 548/19 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2019

    En este caso el personero de Murindó (Antioquia), actuando en representación de las comunidades que residen en la cabecera de ese municipio y en su área rural, interpuso la acción de tutela en contra de varias autoridades locales y regionales, en procura de la protección de los derechos fundamentales vulnerados debido a la falta de acceso al mínimo vital de agua potable y a la situación de confinamiento e insalubridad en la que se encuentran dichas colectividades, como consecuencia de la sequía generada por la sedimentación de la ciénaga la Legiada que produjo la desviación del cauce de la micro-cuenca del río Murindó, único medio de transporte y fuente de suministro de agua, lo que obligó a la autoridad municipal a declarar la situación de calamidad pública. La Sala de Revisión, luego de examinar los documentos que reposan en el expediente, estimó necesario VINCULAR al trámite de Revisión de la presente acción de tutela, a varias entidades que, en razón de sus funciones y a los actos que han ejecutado en el marco de la declaratoria de la mencionada calamidad pública, guardan relación con los hechos que motivaron el amparo constitucional. Lo anterior con el fin de que se pronuncien acerca de la situación expuesta en la demanda y aporte información relevante para la solución del caso concreto. Recibo Relatoria:

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