Corte Constitucional - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • Sentencia de Tutela nº 197/19 de Corte Constitucional, 14 de Mayo de 2019
  • Sentencia de Tutela nº 192/19 de Corte Constitucional, 13 de Mayo de 2019

    AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO DE POBLACION POBRE Y VULNERABLE QUE RESIDE EN EL TERRITORIO NACIONAL. Debido a una urgencia vital por síndrome bronco obstructivo, la accionante tuvo que ser hospitalizada, pese a que para esa fecha no se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni como contribuyente ni beneficiaria del régimen contributivo o subsidiado. En virtud de lo anterior, fue encuestada para procurar su afiliación al Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN). La E.P.S. Asmet Salud negó su afiliación en salud por el régimen subsidiado, alegando que su capacidad para realizar afiliaciones se encontraba restringida por una medida especial de vigilancia de había sido impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta actuación es la que se considera vulneradora de derechos fundamentales. Se resalta el hecho de que la institución que atendió la urgencia no adelantó ninguna gestión tendiente a procurar la afiliación de la paciente, debido a que ésta indicó que residía en Paris, que allí recibía tratamiento para su enfermedad y que solo estaba de visita en el país en casa de un familiar, en donde realizó el trámite del Sisbén. Se analizan los siguientes temas:1º. La protección del derecho a la seguridad social por medio de la afiliación al SGSSS y el principio de cobertura universal. 2º. El derecho a la afiliación al régimen subsidiado de la población que reside en el territorio nacional y, 3º. El Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN) como instrumento de focalización del régimen subsidiado del SGSSS. Considera la Corte que a las entidades de salud que atendieron la enfermedad de la demandante les correspondía afiliarla preventivamente al sistema de salud, mientras ella adelantaba los trámites de registro ante el Sisbén y los entes encargados verifican en si era elegible o no para el subsidio de salud. Se CONCEDE el derecho a la seguridad social y se dictan una serie de órdenes y advertencias a varias instituciones, relacionadas con la valoración, inclusión y metodología de aplicación de la Encuesta del Sisbén. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 159/19 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2019

    Solicitud de aclaración de la Sentencia T-159/19. El accionante le informó a la Sala de Revisión que en varios folios del precitado fallo su segundo apellido aparece como Gómez o González, cuando en realidad es López. Requirió que dichas inconsistencias se corrijan para evitar que la entidad accionada las tome como motivo para no dar cumplimiento a lo ordenado por la Corporación. Así mismo, pidió incluir su número de cédula en el punto 4 de la parte resolutiva de la mencionada providencia. Pese a DENEGAR la solicitud de aclaración invocada por no cumplir los requisitos previstos en el Código General del Proceso, la Corte decidió corregir de oficio el numeral 4º del pluricitado fallo, en el sentido de precisar que el nombre correcto del peticionario es Pedro Antonio Jiménez López, con indicación del número de su documento de identidad. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 191/19 de Corte Constitucional, 9 de Mayo de 2019

    AMENAZAS. AUMENTO DE PENA SI LA INTIMIDACIÓN RECAE SOBRE UN MIEMBRO DE UN SINDICATO, UN PERIODISTA O SUS FAMILIARES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones, que modificó el artículo 347 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal. El demandante considera que la disposición acusada es contraria a lo dispuesto en los artículos 2, 11, 13, 38 y 993 de la Constitución y a los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 16, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, al excluir de las consecuencias jurídicas de la norma a los líderes de las Juntas de Acción Comunal a pesar de que éstos, en razón de las funciones que desempeñan, específicamente en materia de divulgación y promoción de los derechos humanos, se encuentran en una situación asimilable a los miembros de las organizaciones sindicales y a los periodistas. Toda vez que los cargos formulados incumplen el requisito de certeza, la Corte se INHIBE para pronunciarse de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 222/19 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2019

    Con el presente auto se LEVANTA la suspensión de términos en el trámite de constitucionalidad identificado con el número D-12223 y correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 332, numerales 2 y 3 de la Ley 1819 de 2016. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos a partir de la instancia procesal en que se encontraba al momento de la suspensión.Recibo Relatoria:

  • Auto nº 216/19 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2019

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad. La controversia se generó porque las dos autoridades involucradas usaron las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la solicitud de amparo invocada. Recuerda la Corte que dichas reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Concluye la Sala que quien tiene la obligación de resolver en primera instancia el asunto es el Juzgado Administrativo, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó su conocimiento. Se ordena enviar el expediente al precitado despacho, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. A las dos autoridades involucradas en el conflicto se les advierte que, en lo sucesivo se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 181/19 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2019

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO POR FALTA DE NOTIFICACION EN PROCESO PENAL. Se ataca una decisión judicial proferida al interior de un proceso penal iniciado en contra del actor por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Según el accionante, su derecho al debido proceso fue vulnerado por la precitada providencia, dado que, desde la audiencia de legalización de la captura todas las comunicaciones y telegramas concernientes al referido proceso fueron enviados a una dirección inexistente o equivocada, a pesar de que él aportó de manera completa su dirección y datos de contacto. Alega, que tal circunstancia le impidió ejercer adecuadamente sus garantías de defensa y contradicción. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Las causales genéricas de dicha procedencia y, 3º. El defecto procedimental absoluto por indebida notificación. La Corte concluye que el fallo atacado incurrió en un defecto procedimental absoluto por indebida notificación, ya que el interesado había aportado sus datos de contacto, no se ocultó y sin embargo no se le notificó en debida forma. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 177/19 de Corte Constitucional, 6 de Mayo de 2019

    DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDAD Y NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR. En el año 1998 la accionante obtuvo el derecho de pensión gracia de jubilación. En el 2004, instauró acción de tutela para solicitar la reliquidación de su mesada y su pretensión resultó favorable. El juez constitucional le ordenó a Cajanal ajustar la mesada y la entidad, inconforme con esta decisión, inició proceso penal en contra el operador jurídico por el delito de prevaricato. No obstante lo anterior, dio cumplimiento a lo ordenado en la providencia proferida por él. En la causa penal mencionada se declaró culpable al juez, se ordenó la suspensión inmediata del fallo de tutela y de los actos administrativos originados en el cumplimiento del mismo. Acatando estas disposiciones, la accionada profirió una resolución a través de la cual dejó sin efectos la reliquidación de la prestación. Como consecuencia de ello, determinó pagar la pensión conforme lo dispuesto en el año 1998. Esta decisión a su vez generó que la entidad realizara una reducción en la mesada de la actora y profiriera una orden de recobro de los dineros pagados en exceso. En la presente acción de tutela se alega que las dos precitadas disposiciones se adoptaran y ejecutaran sin surtir la correspondiente notificación a la tutelante. Se analiza temática relacionada con el derecho fundamental al debido proceso administrativo y los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos de ejecución. Se CONCEDE el amparo al derecho al debido proceso administrativo y se ordena a la entidad realizar en debida forma la notificación personal a la accionante, de la resolución mediante la cual la declaró deudora del Sistema General de PensioRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 178/19 de Corte Constitucional, 6 de Mayo de 2019

    DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS RECIEN NACIDOS DE PADRES EXTRANJEROS EN SITUACION IRREGULAR. REGLAS JURISPRUDENCIALES. El accionante, en su condición de Personero del municipio de Aguachica (Cesar), instaura la acción de tutela en favor de un niño recién nacido hijo de padres venezolanos con situación migratoria irregular. La conducta que considera violatoria de derechos fundamentales es la negativa de inclusión del menor en las bases de datos del Sisbén, necesaria para ser beneficiario del régimen subsidiado de salud. La entidad adujo que los padres no tienen la nacionalidad colombiana y que no han regularizado su situación en el país. Se advierte que tal situación genera un perjuicio irremediable a un sujeto de especial protección, toda vez que no se ha podido afiliar al menor a una E.P.S. y, por tanto, no ha podido acceder a los servicios de salud que requiere. Se reiteran las reglas jurisprudenciales establecidas en las Sentencias SU.677/17 y T-210/18, referentes al derecho al acceso al sistema de salud de niños y niñas venezolanos con padres en situación irregular. Así mismo, se analiza temática relacionada con el deber que tiene la administración de informar, asistir y dar acompañamiento a las personas para acceder a programas o servicios que hacen posible el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Se Exhorta al Ministerio de Salud y Protección Social y a las Oficinas de Migración Colombia que adelantan los trámites de Permisos Especiales de Permanencia, a socializar y publicitar el” Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio” con todas las entidades territoriales fronterizas, con el fin de que la población beneficiaria conozca cómo acceder a la atención en salud de urgencias y/o integral. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 176/19 de Corte Constitucional, 3 de Mayo de 2019

    DEBIDO PROCESO EN EL CURSO DE UNA QUERELLA POLICIVA Se cuestionan las actuaciones policivas adoptadas en el trámite de una querella iniciada por perturbación a la posesión y a la mera tenencia, en la cual la Fundación actora se hizo parte en el proceso alegando ser legítima propietaria y poseedora de los predios objeto de discusión. Luego de verificar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales la Corte concluyó lo siguiente: 1º. La no suspensión del proceso policivo a pesar de la recusación formulada por la accionante, configuró los defectos sustantivo y procedimental absoluto, en tanto desconoció abiertamente el procedimiento previsto en el artículo 145 (1) del CGP, el cual resultaba aplicable al caso concreto, habida cuenta de sus particularidades procesales. 2º. La no suspensión de la audiencia de traslado de informe y recepción de testimonios a pesar dela inasistencia de la parte actora configuró un defecto procedimental absoluto, por cuanto se actuó al margen del procedimiento previsto por el artículo 223 Par. 1 del CNPC, declarado exequible de manera condicional por la Sentencia C-349/17. Se CONCEDE el amparo invocado, se dejan sin efectos todas las actuaciones surtidas en el mencionado proceso policivo a partir de la fecha y hora en que la tutelante radicó el escrito de recusación contra la Inspectora de Policía demandada y, se ordena rehacer el trámite de dicha causa. Recibo Relatoria:

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