Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Tutela nº 260/20 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2020

    DERECHO AL DIAGNOSTICO DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y REQUISITOS PARA QUE EPS BRINDE SERVICIOS DE CUIDADOR. La accionante actúa en representación de un hermano de 55 años de edad, que presenta Síndrome de Down profundo, retardo mental severo, hipertensión arterial, trastorno deglutorio secundario, trastorno cognitivo severo, hipotiroidismo, artrosis, incontinencia dual, trastorno afectivo bipolar, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síncope, lumbalgia, dermatomicosis, alergia a las sulfas, estreñimiento y verruga vulgar. La actuación de la E.P.S. Compensar que se considera violatoria de derechos fundamentales, tiene que ver con la negativa de suministrar el servicio de enfermera 24 horas que inicialmente había sido ordenado por el galeno tratante, con fundamento en un nuevo dictamen médico que suspende ese servicio y señala que solo se requiere el de cuidador. El argumento de la peticionaria sobre la necesidad de la atención de enfermería radica en el hecho de que la única familiar que podría ejercer como cuidador de su familiar, no cuenta con las condiciones físicas para ello. Se reitera el precedente constitucional respecto del derecho a la salud y se hace una referencia a los cuidadores y al servicio de enfermería. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la entidad que autorice y programe una valoración médica del estado de salud del paciente, en la que participen sus médicos tratantes y con el fin de determinar si requiere el servicio de enfermería las 24 horas y, en caso de ser afirmativo, le sea suministrado el mismo de forma inmediata.

  • Auto nº 262/20 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2020

    Con el presente auto la Sala Segunda de Revisión decide declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia desde el Auto Admisorio de la demanda. Como consecuencia de lo anterior, ordena al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali que reinicie el proceso, previa vinculación de las personas directamente interesadas o que puedan verse afectadas con el trámite del mismo. Se dispone que, una vez concluya el trámite anterior el despacho judicial que conozca de la única o segunda instancia, debe remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que sea sometido al trámite de selección previsto en el Capítulo XIV del Reglamento Interno de la Corporación.

  • Auto nº 248/20 de Corte Constitucional, 17 de Julio de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispone valorar el cumplimiento del numeral 549 de la orden novena del Auto 092/08. En tal sentido, declara el cumplimiento en el componente de atención humanitaria, así como superada la obligación de su pago a María Rosalba Palacio. Igualmente, declara el incumplimiento en el componente de indemnización administrativa a que tiene derecho la precitada ciudadana y, en consecuencia, deja sin efecto la resolución proferida en tal sentido por el director técnico de reparación de la Unidad para las Víctimas. A esta autoridad le ordena adoptar una nueva decisión en la que informe de forma precisa el procedimiento y los criterios dispuestos para definir las condiciones de modo, tiempo y lugar en que será indemnizada la señora María Rosalba y sus hijos, así como el momento en que se hará efectivo el desembolso de dicha medida. Se advierte al director de la Unidad para las Víctimas que la responsabilidad de identificar las medidas a las que tienen derecho las víctimas de desplazamiento forzado recae en cabeza de dicha entidad y que, en consecuencia, no es posible que se traslade a las víctimas las cargas derivadas del incumplimiento de esta obligación. En tal sentido, se advierte a dicho funcionario que las personas desplazadas no tienen una “creencia errada” en torno a sus derechos, cuando la Unidad para las Víctimas incumple sus obligaciones de asistencia, atención y acompañamiento.

  • Auto nº 247/20 de Corte Constitucional, 16 de Julio de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispone correr traslado de la comunicación presentada por los gobernadores de los pueblos Ampiuile y Polindara (Cauca), a la Ministra del Interior, al director de la Unidad para las Víctimas, al director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior y al director general del Departamento Nacional de Planeación. Lo anterior, para que se pronuncien a través de un informe conjunto respecto a las afirmaciones formuladas en dicho documento, e indiquen las medidas adoptadas para la protección y salvaguarda de las referidas etnias.

  • Auto nº 241/20 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil Municipal de Chocontá (Cundinamarca) y el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Tunja. La controversia entre las autoridades judiciales se presentó en torno a las diferentes interpretaciones judiciales que tenían respecto al factor territorial. Teniendo en cuenta que ambos despachos son competentes para dar trámite a la acción de tutela, la Corte dispone, en atención del criterio de la competencia a prevención, que se asigne el expediente a la primera autoridad a la cual se le repartió el asunto, esto es, al Juzgado Civil Municipal de Chocontá. Se ordena remitir el expediente a esta autoridad, para que de manera inmediata lo tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar. Al otro despacho judicial se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por el superior jerárquico común al tenor de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 245/20 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2020

    Solicitud de impedimento. El Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo manifestó a la Corporación su posible impedimento para actuar en el asunto de la referencia, por el hecho de tener interés en la decisión. Lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991. La Sala Plena de la Corporación no identificó un interés particular y directo del magistrado en el asunto, debido a la naturaleza misma de la disposición examinada y al hecho de que las razones planteadas no evidenciaron la configuración de una situación concreta que incida en la imparcialidad judicial. Se DENIEGA

  • Auto nº 246/20 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2020

    Con el presente auto la Sala Plena decide suspender los términos en el expediente de la referencia, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto 658 del 13 de mayo de 2020, por el cual se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Dispone que esta suspensión se mantenga hasta tanto la Corporación decida sobre la constitucionalidad del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 y decrete la reanudación de este proceso.

  • Auto nº 232/20 de Corte Constitucional, 13 de Julio de 2020

    Solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-771/06. Luego de revisar la petición la Sala decide RECHAZARLA, porque la misma no da cuenta de una causa objetiva, razonable y suficiente para que la Corte asuma la competencia para verificar el cumplimiento del fallo de la referencia. Esto, porque no se enmarca en uno de los supuestos excepcionales en los que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se requiere la intervención imperiosa de la Corte. Así mismo, porque han pasado más de 11 años de inactividad por parte de los accionantes y resulta contrario al objetivo de la acción de tutela que se acuda a solicitar el cumplimiento de un fallo.

  • Sentencia de Tutela nº 244/20 de Corte Constitucional, 13 de Julio de 2020

    ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-ACCIONADA DEVOLVIÓ HISTORIAS CLÍNICAS Y MEDICAMENTOS DE PERSONAS ENFERMAS DE CÁNCER La acción de tutela fue instaurada por la representante legal suplente de la E.P.S. Famisanar como agente oficiosa de 13.395 usuarios de la entidad y en contra del Centro Nacional de Oncología S.. (CNO). La controversia se generó luego de la terminación de la relación contractual entre las partes para la atención de pacientes con cáncer y la no devolución, por parte de la última entidad mencionada, de las historias clínicas, ni de los medicamentos que la EPS entregó para el efecto. En sede de revisión la Sala constató que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto el Centro Nacional de Oncología satisfizo por completo las pretensiones de la accionante. En tal sentido se confirmaron las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la solicitud de amparo

  • Sentencia de Tutela nº 245/20 de Corte Constitucional, 13 de Julio de 2020

    SUMINISTRO DE INSUMOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EXPRESAMENTE INCLUIDOS, NO INCLUIDOS EXPRESAMENTE O EXCLUIDOS DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se interpone la acción de tutela en nombre y representación niños y personas de la tercera edad, que sufren graves padecimientos de salud. En todos los casos se atribuye la vulneración de derechos fundamentales a las E.P.S. y a la entidad de salud del régimen especial del Magisterio a las que se encuentran afiliados los pacientes, por hechos relacionados con las siguientes situaciones: a) negativa o falta de suministro de servicios o tecnologías en salud no excluidos de la financiación con recursos públicos tales como guantes de manejo, pañales, medicamentos prescritos por el médico tratante, transporte, alojamiento y alimentación o sillas de ruedas, por considerar que estos no hacen parte de la cobertura de la Unidad de Pago por Capitación o con el argumento de no existir orden médica; b) la falta de suministro de paños húmedos, con fundamento en que son un insumo expresamente excluido de la financiación con recursos públicos; c) la no continuidad del tratamiento médico en una IPS recomendada por el médico tratante, con el argumento de que no hace parte de su red de prestadores; d) no brindar una atención integral en salud, con sustento en que no es posible ordenar de manera indeterminada que la entidad asuma los costos de servicios que ni siquiera han sido solicitados; y e) no exonerar el pago de cuotas de manejo y copagos, al estimar que el diagnóstico no corresponde a una enfermedad de alto costo. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños y personas de la tercera edad. 2º. Las enfermedades huérfanas. 3º. El derecho a un diagnóstico efectivo. 4º. Los alcances de una solicitud de atención integral en salud y, 5º. El derecho a elegir IPS. Así mismo, se recuerdan los fundamentos con los cuales la jurisprudencia avala la exoneración de cuotas moderadoras y copagos en el caso de enfermedades huérfanas y se hace una referencia, de manera general, a los servicios y tecnologías en salud incluidos, no incluidos expresamente y excluidos de financiamiento con recursos públicos. Por último, se hace una caracterización de manera particular de los servicios y tecnologías en salud que son objeto de pronunciamiento y, se explican las características del régimen especial en salud del Magisterio. De acuerdo a las particularidades de cada caso se adoptan las decisiones que corresponden a los mismos y se imparten unas serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos amparados, en los casos en los que ello sucede.

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