Corte Constitucional - Jurisprudencia
      • Corte Constitucional

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Últimos documentos

  • Auto nº 333/20 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 solicita a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas, información relacionada con el cumplimiento del cronograma para el ajuste de los indicadores de goce efectivo de derechos.

  • Auto nº 326/20 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 solicitó a los Directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas, un informe conjunto que responda a los diferentes interrogantes formulados en la presente decisión. Así mismo, dispuso remitir a estas autoridades las 86 comunicaciones presentadas por los representantes de la población desplazada de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Norte de Santander, para que provean respuesta a las observaciones y recomendaciones presentadas en estos escritos. Igualmente, invitó a los representantes de las víctimas a que la información y oficios que alleguen a la Sala de Seguimiento sean canalizados, en la medida posible, a través de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas cuando se trate de asuntos comunes a la agencia de los derechos de la población desplazada en el ámbito nacional, o en su defecto, por medio de los representantes de las Mesas Departamentales de Participación de las Víctimas en los casos que versen sobre temas locales.

  • Sentencia de Tutela nº 385/20 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2020

    En este caso se atribuye a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria) la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, y a la protección de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, como consecuencia de dar por terminado el contrato laboral suscrito con la actora, de manera unilateral y sin justa causa, a pesar de llevar trabajando con la entidad durante 9 años en diferentes cargos. La peticionaria tiene 59 años de edad, le quedan menos de tres años para poder pensionarse en tanto le faltan 128,57 semanas para completar las 1.300 requeridas; sufre una parálisis facial izquierda; padece sobrepeso por exceso de calorías por lo que debe someterse a una cirugía “bariátrica” para mejorar su salud y cubre el 100% de la manutención de su señora madre de 76 años. Luego de analizar el caso la Corte concluyó que, un empleador del sector privado vulnera el derecho al mínimo vital de una persona cuando la despide sin justa causa y sin considerar que se trata de un pre pensionado cuyo único ingreso es su salario. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la entidad reintegrar a la peticionaria al cargo que desempeñaba antes del despido o a uno vacante, con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba, sin desmejorar su condición laboral, hasta tanto Colpensiones le reconozca la pensión de vejez y la incluya en la nómina de pensionados, siempre que no exista alguna causal de despido justificado.

  • Sentencia de Tutela nº 386/20 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2020

    Se atribuye a la empresa Sodexo S.A.S. la vulneración de derechos del actor, como consecuencia de haber finalizado su contrato de trabajo a término definido a pesar de tener conocimiento de que se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta a causa de un gioblastoma (tumor maligno en el cerebro) que le había sido diagnosticado previamente. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. Para la Sala resultó claro que la terminación del contrato del accionante fue arbitraria, en tanto se dio de manera unilateral y sin contar con la previa autorización de la Oficina del Trabajo. En virtud de lo anterior declaró que el peticionario es titular de la estabilidad laboral reforzada y, por consiguiente, que en su beneficio deben aplicarse las consecuencias jurídicas previstas para este tipo de eventos. La Sala concluyó que, una empresa vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada al despedir un trabajador vinculado mediante contrato a término fijo, que fue diagnosticado con cáncer, si conociendo su delicado estado de salud, no pide permiso a la Oficina del Trabajo para el efecto. Se CONCEDE el amparo invocado, se declara la ineficacia de la terminación de la relación laboral entre las partes, se ordena el reintegro del actor, reubicándolo previo concepto del área de medicina laboral, en un cargo u oficio que preserve y atienda su estado de salud, si ello es aún posible dado el concepto de recuperación desfavorable emitido por Nueva EPS. Así mismo, se ordena el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta el momento en que se haga efectiva la nueva contratación.

  • Auto nº 312/20 de Corte Constitucional, 2 de Septiembre de 2020

    Solicitud de intervención de la Corte Constitucional en el cumplimiento de la Sentencia T-608/19. Luego de analizar las argumentaciones del peticionario la Sala de Revisión decidió DENGARLA, tras verificar que la misma se relaciona con el cumplimiento de la sentencia de revisión y esta actuación corresponde, de manera prevalente, al juez de primera instancia. Con base en la anterior consideración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, ordenó la remisión del escrito a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

  • Auto nº 318/20 de Corte Constitucional, 2 de Septiembre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y la Sala Penal del Tribunal Superior el Distrito Judicial de Pereira. Considera la Corte que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, que se basó en una aplicación indebida de las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, con lo cual le otorgaron a tales reglas un alcance inexistente y contrariaron la jurisprudencia de la Corporación, según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Concluye la Sala que con dicha actuación desconocieron los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de dicho amparo en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales. Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Se hace una serie de advertencias a las autoridades en conflicto, relacionadas con la normatividad y jurisprudencia que regula la competencia en materia de tutela, el reparto de estas acciones y la resolución de los conflictos de competencia que se llegaren a suscitar en su trámite.

  • Auto nº 321/20 de Corte Constitucional, 2 de Septiembre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Villavicencio y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de la misma ciudad. Considera la Corte que en este caso solo se presentó un conflicto aparente, luego de que el juzgado de Adolescentes decidiera invocar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015 para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta, con lo cual otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual, dichas disposiciones lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Concluye la Sala que la autoridad precitada es la que se encuentra en la obligación de resolver en sede de instancia la solicitud de amparo invocada, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la cual le fue asignado su conocimiento. Se ordena remitir el expediente a dicho despacho para que de manera inmediata lo tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Se hace una serie de advertencias a las autoridades en conflicto, relacionadas con la normatividad y jurisprudencia que regula la competencia en materia de tutela, el reparto de estas acciones y la resolución de los conflictos de competencia que se llegaren a suscitar en su trámite

  • Sentencia de Tutela nº 375/20 de Corte Constitucional, 1 de Septiembre de 2020

    La accionante, actuando en nombre propio y en representación de dos hijos menores de edad, aduce que la Administradora de Pensiones accionada vulneró sus derechos fundamentales, al negarse a pagar la pensión de sobrevivientes que les fue reconocida en primera y segunda instancia en el proceso ordinario que interpusieron, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de casación que dicha entidad formuló. La peticionaria informó que junto con sus hijos son víctimas de desplazamiento forzado; dependían económicamente del causante; no cuentan con ninguna fuente de ingresos formal que les permita suplir sus necesidades básicas de manera digna; no tiene grado alguno de escolaridad que le permita acceder a un trabajo y, además, tiene diagnóstico de VIH. Se aborda temática relacionada con: 1º. La procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 2º. La precitada prestación y los requisitos que el legislador ha fijado para su reconocimiento y, 3º. Los efectos del recurso extraordinario de casación en materia laboral. Se CONCEDE la tutela de manera transitoria y se ordena a la accionada reconocer la pensión reclamada, hasta tanto quede en firme la decisión sobre el recurso extraordinario de casación en el proceso ordinario laboral adelantado por la actora. Se indica que dicho reconocimiento se debe hacer en la cuantía que fue ordenada en la sentencia ordinaria laboral de segunda instancia y con efectos a partir de la fecha de esta providencia.

  • Auto nº 311/20 de Corte Constitucional, 1 de Septiembre de 2020

    Solicitudes de cumplimiento de la Sentencia T-724/03. Entre marzo del año 2018 y agosto del año 2020 diferentes asociaciones de recicladores de oficio le solicitaron a la Corte Constitucional que, en el marco del trámite de cumplimiento del fallo de la referencia, adopte las medidas pertinentes para superar las problemáticas que enfrentan sus miembros en distintas ciudades del país, en especial, con ocasión de la implementación de la regulación contenida en el Decreto 596 de 2016, la cual, a su vez, fue desarrollada en la Resolución 276 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Luego de analizar las peticiones formuladas la Corte decidió RECHAZARLAS por falta de competencia.

  • Auto nº 310/20 de Corte Constitucional, 1 de Septiembre de 2020

    Valoración del numeral 00 de la orden novena del Auto 092/08. Mediante la providencia de la referencia la Corte Constitucional adoptó medidas específicas para la protección y atención de la señora Ana María Castillo. En concreto, ordenó al Gobierno Nacional la entrega de la atención humanitaria, la aplicación de las presunciones fijadas en el auto y la inclusión en diferentes programas ordenados en dicho fallo. Como resultado de un presunto incumplimiento por parte de la administración, la mencionada ciudadana solicitó a la Sala Especial iniciar un incidente de desacato en contra del director de la Unidad para las Víctimas y adoptar medidas para la protección de sus derechos. Con el presente auto se niega la imposición de sanción solicitada, por la ausencia de responsabilidad subjetiva del funcionario en el incumplimiento de la orden valorada en esta oportunidad. No obstante lo anterior, se le ordena a dicha autoridad entregar a la peticionaria la ayuda humanitaria de emergencia en virtud de las presunciones de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, y prórroga automática de este auxilio establecidas en el Auto 092/08. Así mismo, se le ordena al director de la Unidad para las Víctimas, realizar nuevamente la caracterización del hogar de la peticionaria de acuerdo con los parámetros del Decreto 1084 de 2015 y la presente decisión, como medida previa para promover, de manera prioritaria, el acceso de la peticionaria y su familia a la oferta institucional dispuesta para su asistencia, atención y reparación, y realice un seguimiento a la ruta que se deberá formular para el restablecimiento de sus derechos.

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