Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Constitucionalidad nº 512/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019

    FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES). TRASLADO DE APORTES DEL FODESEP AL ICETEX. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 95 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país. El demandante considera que el aparte normativo cuestionado vulnera los derechos de las entidades que integran el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), al desconocer sus garantías de igualdad y legalidad. Así mismo, por trasgredir los principios de democracia deliberativa y los principios que rigen las organizaciones de naturaleza solidaria. La Corte verificó que la disposición acusada fue objeto de derogatoria expresa por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es decir que carece de vigencia para el momento de la presente decisión y que no se aprecia la existencia de efectos actuales susceptibles de activar la competencia de la Corte para pronunciarse de fondo sobre la presente demanda. En consecuencia, la Sala Plena de la Corporación decidió declararse INHIBIDA para proferir pronunciamiento alguno, por sustracción de materiaRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 509/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019

    La accionante se vinculó como piloto de AVIANCA a finales de 1998, y a comienzos del año siguiente se afilió a la ACDAC, donde posteriormente fue elegida como miembro de su Junta Directiva por dos períodos consecutivos. Así mismo, se asoció al Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano. Con ocasión del cese de actividades declarada por la Asamblea General de la ACDAC, de los procesos judiciales que se iniciaron con base en este, la resolución del conflicto colectivo económico, el proceso especial de calificación del cese colectivo de actividades y la política de normalización de la operación de la empresa, entre otras situaciones, la peticionaria fue reincorporada a sus labores en la Aerolínea pero desarrollando actividades en tierra. De manera posterior se inició en su contra un proceso disciplinario, entre otros cargos, por la participación activa en los hechos que configuraron el cese ilegal de actividades de la entidad y el incumplimiento de obligaciones laborales. Al concluir el precitado proceso, Avianca decidió terminar unilateralmente y con justa causa legal, el contrato laboral suscrito con la tutelante. Este acto es el que se cuestiona como violatorio de derechos fundamentales, en especial, porque constituyó un acto de persecución sindical y no tuvo en consideración la condición de madre cabeza de familia. Se aborda temática relacionada con: 1º. La libertad de asociación sindical. 2º. Las características generales del precitado derecho, su dimensión individual y las manifestaciones del poder subordinante como posibles actos de persecución o represión sindical. 3º. La vigilancia y las obligaciones del Ministerio de Trabajo con relación a los despidos ocurridos con ocasión de una huelga ilegal. 4º. La vía ordinaria laboral como medio de defensa judicial idóneo para debatir pretensiones fundadas en la terminación de contrato de trabajo con justa causa legal. 5º. La calidad de madre cabeza de familia y, 6º. El perjuicio irremediable como excepción al mecanismo ordinario principal. La Corte concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo y eficaz para resolver las pretensiones de la accionante encaminadas a determinar si existieron o no vulneraciones al debido proceso, por cuanto la existencia o no del fuero y la valoración de la existencia de una justa causa o no para terminar el contrato de trabajo, es una competencia propia de la jurisdicción ordinaria laboral. Así mismo, porque no se encontró la existencia de actos de persecución sindical por parte de la empresa demandada. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela respecto de las pretensiones relacionadas con los derechos al debido proceso, la salud, el trabajo y el mínimo vital y se NIEGA el amparo al derecho fundamental a la libertad de asociación sindical. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 586/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019

    Solicitud de aclaración de la Sentencia SU.379/19. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado solicitó la aclaración del fallo de la referencia, por existir una duda de orden judicial. Lo anterior, por cuanto en la parte motiva y resolutiva del mismo hay conceptos o frases que ofrecen verdadero motivo de duda para los suscritos magistrados, de cara al cumplimiento de la orden impartida. De manera específica argumentaron que la disposición contenida en el ordinal tercero genera confusión. Se accede a la ACLARACION pedida, en el sentido de dejar sin efectos únicamente la decisión proferida dentro del proceso de pérdida de investidura contra el señor Álvaro Escobar González, en segunda instancia, por la Sección Primera del Consejo de Estado, dejando en lo demás inalterada la misma. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 507/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019

    PENSION ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. El actor considera que Colpensiones vulneró derechos fundamentales al negar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por tener a cargo un hijo en condición de discapacidad, a pesar de cumplir con los requisitos previstos en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Su hijo tiene 30 años de edad y nació con profundas limitaciones de tipo físico, mental y sensorial, por lo que fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 89.35%. La entidad negó la prestación en dos oportunidades, con base en los siguientes argumentos: 1º. El peticionario no cumplía con el número de semanas requerido. 2º. No se encontraba trabajando al momento de solicitar la pensión y, 3º. No acreditaba la condición de padre cabeza de familia, en tanto convivía y compartía el cuidado de su hijo con su compañera permanente. Se reitera jurisprudencia relacionada con la pensión especial de vejez por hijo o hija con discapacidad. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la entidad emitir un acto administrativo en donde estudie si el actor tiene derecho a la pensión especial de vejez reclamada. Se advierte a la entidad que en ningún caso puede negar el reconocimiento de tal prestación usando como argumento que el tutelante no tiene exclusivamente a su cargo el cuidado de su hijo en situación de discapacidad, por compartirlo con su compañera permanente. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 504/19 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2019

    REGIMEN DE TRANSICIÓN FRENTE AL IBL. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. La Universidad del Cauca interpuso la acción de tutela en contra de la autoridad judicial que en segunda instancia le ordenó reliquidar una pensión, conforme a la tesis de inescindibilidad del régimen pensional adoptada en el 2010 en una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Con dicho fallo se dispuso hacer la reliquidación con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados por la afiliada durante el último año de servicios, incluido el incentivo económico que percibía. La entidad adujo que dicho fallo desconoció el precedente constitucional y generó un perjuicio irremediable a las reversas pensionales disponibles. Luego de encontrar acreditado la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, la Corte decidió TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso. Se ordenó al Tribunal emitir una nueva decisión, en la que atienda las consideraciones expuestas en la presente providencia, en relación con la aplicación de las reglas de unificación expuestas en las sentencias C-258/13, SU.230/15 y SU.395/17.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 505/19 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2019

    RESPONSABILIDAD POR MORA EN EL PAGO DE APORTES PATRONALES. La actora, una mujer de 83 años de edad que presenta un delicado estado de salud, le solicitó a Colpensiones en varias oportunidades el reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Esta prestación siempre fue denegada por incumplimiento del requisito de cotización contemplado en el Decreto 758 de 1990. La entidad ordenó pagar una indemnización sustitutiva por un valor de $1.956.240. La actora considera que la entidad debió tener en cuenta varios períodos de cotización dejados de cancelar por un empleador suyo, máxime cuando omitió su deber de cobrar los mismos. Aduce la peticionaria que con el tiempo laborado y no cotizado, más las semanas que están registradas en su historia laboral, cumple los requisitos para obtener el estatus de pensionada. Se reitera jurisprudencia de la Corporación relacionada con el allanamiento a la mora del empleador en el pago de aportes, y los requisitos para acceder a la pensión de vejez regulada por el Decreto 758 de 1990. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a Colpensiones incluir a la accionante en nómina de pensionados y efectuar el pago de la prestación prevista en el precitado Decreto. Lo anterior como mecanismo definitivo de protección.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 506/19 de Corte Constitucional, 28 de Octubre de 2019

    ACCION DE TUTELA POR PRESUNTA MORA JUDICIAL EN PROCESOS JUDICIALES ORDINARIOS EN MATERIA PENSIONAL. Con esta sentencia se resuelven dos acciones de tutela formuladas de manera independiente. En un caso se aduce que la Corte Suprema de Justicia vulneró derechos fundamentales, al no dar prelación al recurso de casación interpuesto por la accionante en contra de la decisión que le negó la pensión de invalidez. La peticionaria adujo que se habían vencido los términos judiciales para decidir y puso de presente su precario estado de salud. La Corporación demandada sostuvo que el artículo 63A de la Ley 270 de impedía alterar el orden de turnos para fallar, salvo ciertas excepciones legales y, que tal alteración, violaba la igualdad de quienes también esperaban decisiones por parte de la administración de justicia. Informó además que el proceso había sido enviado a una Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el otro expediente, la acción de tutela es interpuesta por una ciudadana que manifiesta ser la agente oficiosa de dos mujeres que le pedían a la UGPP el cumplimiento de un fallo de primera instancia adoptado al interior de un proceso ordinario laboral que tenía como pretensión el reconocimiento de un derecho pensional. La solicitud de amparo se interpuso antes de que se admitiera el recurso de apelación formulado por la UGPP, bajo el argumento de existencia de estadísticas que daban cuenta de moras judiciales. Teniendo en cuenta que en el primer asunto la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación mencionado, la Sala de Revisión declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO. En el otro expediente se declaró la IMPROCEDENCIA de la tutela, por el incumplimiento del requisito de legitimación por activa. Esto, por cuanto la agente oficiosa no demostró que obrara en representación de dos personas incapaces de ejercer la defensa de sus propios derechos fundamentales, y porque del contexto presentado no se pudo inferir ninguna circunstancia que permitiera entender flexiblemente tal exigencia. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 490/19 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2019

    ENTRENADOR DEPORTIVO. REGLAMENTACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD. Objeciones gubernamentales al proyecto de ley No. 104 de 2015 de la Cámara de Representantes y 166 de 2016 del Senado de la República, por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional devolvieron el proyecto de ley de la referencia al Presidente de la Cámara de Representantes, con nueve objeciones por inconstitucionalidad y cinco por inconveniencia. Teniendo en cuenta que la Corte solo tiene competencia para pronunciarse sobre las objeciones por inconstitucionalidad, procedió al estudio formal de cada una de ellas y decidió lo pertinente a través de la sentencia C-074/18. Con la presente providencia la Sala Plena de la Corporación entró a verificar el procedimiento legislativo que siguió el proyecto de ley mencionado satisface las exigencias formales previstas por la Constitución y la Ley 5ª de 1992 y, si el mismo cumplió las exigencias establecidas en el precitado fallo de constitucionalidad. Se declaró CUMPLIDA la exigencia del artículo 167 de la Carta Política, así como lo dispuesto por la Sentencia C-074/18, en relación con los artículos 8(parágrafo), 11 (primer inciso y numeral 3) y 13 del proyecto de ley No. 104 de 2015 Cámara y 166 de 2016 Senado, por lo cual se declaran EXEQUIBLES estos artículos. Se declaró INCUMPLIDA las precitadas exigencias en cuanto al artículo 9 ibídem, por lo que se dispuso devolver el expediente al Congreso de la República, con el fin de que rehaga e integre dicho artículo de conformidad con la Sentencia C-074/18 y con la presente decisión. Se precisa que, una vez finalizado el procedimiento legislativo se debe remitir nuevamente el expediente a la Corte Constitucional para proferir el fallo definitivo. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 568/19 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2019

    Solicitud de nulidad de la Sentencia T-302/19. Luego de analizar los argumentos presentados por el recurrente la Corte decidió descartar su estudio, por el incumplimiento del requisito de carga argumentativa. La Sala recordó que el incidente de nulidad no es una oportunidad propicia para reabrir el debate ya cerrado al fallarse la tutela, máxime como en el caso concreto, cuando el peticionario no invocó ni sustentó ninguna de las causales de procedencia de nulidad específicamente señaladas por la doctrina constitucional, sino que sólo se limitó a exponer argumentos propios para reabrir la instancia y manifestar su inconformidad con la decisión. Se RECHAZ. Recibo Relatoria:

  • Auto nº 573/19 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2019

    Con el presente auto se REQUIERE POR SEGUNDA VEZ a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, con el fin de que remitan a la Corte Constitucional las Gacetas del Congreso de la República que faltan para verificar el trámite legislativo impartido al proyecto de ley rehecho. Lo anterior, con el fin de evaluarlas y continuar con el trámite de las objeciones presidenciales formuladas en el presente caso. Recibo Relatoria:

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