Corte Constitucional - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • Auto nº 139/21 de Corte Constitucional, 25 de Marzo de 2021

    Con el presente auto la Sala Plena de la Corporación decidió decretar medidas provisionales de protección y la práctica de varias pruebas. Así mismo, vincular a terceros con interés y suspender términos para fallar.

  • Sentencia de Tutela nº 068/21 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2021

    DERECHO A LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE ORIENTACION SEXUAL DIVERSA Las actoras son una pareja de mujeres lesbianas que consideran que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, al ser recriminadas por personal de seguridad del centro comercial accionado, por realizar manifestaciones púbicas de afecto al interior de sus instalaciones. 1º. El derecho a no ser discriminado. 2º. La discriminación por razón de la orientación sexual diversa. 3º. Los comportamientos que afectan la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada y, 4º. La invisibilizacion de las personas LGBTI en dichos espacios. La Corte concluyó que las garantías constitucionales invocadas por las peticionarias fueron vulneradas al haber sido discriminadas por realizar manifestaciones públicas de afecto, sin que existiera alguna evidencia de que su comportamiento trasgrediera el ordenamiento legal o las normas que garantizaban la convivencia pacífica. Con base en lo anterior, se CONCEDIÓ el amparo invocado. De manera específica se ordenó a los accionados disponer un espacio apropiado y abierto al público dentro de las instalaciones del Centro Comercial, en el cual deben ofrecer disculpas públicas a las accionantes por los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela. Así mismo, se ordenó a Almacenes Éxito comunicar su política institucional en materia de respecto a los derechos de las personas LGBTI a la empresa de seguridad cuestionada y, a ésta, le ordenó capacitar a sus empleados en dicha materia, así como adoptar las medidas adecuadas y necesarias para evitar que sus empleados vuelvan a cometer actos de discriminación a causa de la orientación sexual de las personas.

  • Sentencia de Tutela nº 070/21 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2021

    DEBIDO PROCESO EN INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE MIEMBRO DE COMUNIDAD INDIGENA La accionante pertenece a una comunidad indígena y aduce que la UARIV vulneró sus derechos fundamentales al negar su inscripción y la de su grupo familiar en el RUV, a pesar de ser víctima directa del desplazamiento forzado. La entidad negó el registro pretendido y no reconoció el hecho victimizante, alegando que la declaración fue rendida de manera extemporánea. A pesar de lo anterior, no expuso motivos que hicieran evidente que adelantó una gestión de verificación e investigación acerca de los hechos puestos bajo su conocimiento. Se reiteró jurisprudencia relacionada con. 1º. El concepto de víctima del conflicto armado establecido por la Ley 1448 de 2011. 2º. La relevancia constitucional de la inclusión en el RUV y, 3º. El enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. La Corte consideró que la accionada vulneró garantías constitucionales de la peticionaria, por un lado, porque no motivó suficientemente su decisión y, por el otro, porque no dio aplicación al enfoque diferencial correspondiente. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la UARIV que se pronuncie nuevamente y de fondo respecto de la declaración de la actora, respetando los principios que la ley y la jurisprudencia han establecido para este tipo de trámites, incluyendo los criterios técnico, jurídico y de contexto.

  • Auto nº 123/21 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 2021

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 solicitó información al Tribunal Contencioso Administrativo de Choco relacionada con el avance en el cumplimiento de la Sentencia T-102/09, concretamente en relación con la restitución material de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó. Lo anterior, con el propósito de adoptar medidas articuladas entre el proceso de seguimiento que adelanta la Sala Especial y las eventuales medidas que adopte el precitado Tribunal.

  • Auto nº 128/21 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 2021

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad. Considera la Corte que en este caso solo se presentó un conflicto aparente luego de que el despacho de especialidad administrativa decidiera invocar las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de conocer la acción de tutela deprecada, con lo cual le otorgó un alcance inexistente a la mencionada disposición normativa, contrariando la jurisprudencia de la Corporación, desconociendo los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante. Concluye la Sala Plena que la precitada autoridad es quien se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la solicitud de amparo, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la cual se le asignó su conocimiento. Se ordena remitir el expediente a este juzgado, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. Se ordena a esta autoridad que, en lo sucesivo, se abstenga de invocar las reglas de reparto y decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

  • Auto nº 121/21 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2021

    Solicitud de aclaración del Auto 009/21, mediante el cual se decretó una medida provisional en favor de parte accionante. El Hospital La Misericordia le pidió a la Corporación aclarar los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la providencia de la referencia. De manera concreta señaló que, es necesario tener plena claridad si en el caso de plena urgencia se debe o no realizar trasfusión a la paciente. La Corte DENEGÓ la aclaración rogada y precisó que, con la medida provisional quedó en firme la sentencia de primera instancia que accedió a la pretensión principal de la accionante y ordenó que ésta recibiera atención médica alternativa a las transfusiones de sangre y de sus cuatro componentes principales, es decir, sin transfusiones.

  • Sentencia de Tutela nº 058/21 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2021

    En este caso se alega que la Alcaldía de Valledupar vulneró los derechos de petición, agua potable, salud y vida de los indígenas del pueblo Wiwa que habitan la comunidad Tezhumake al no dar respuesta a la solicitud que se presentó para que se concertara, diseñara y ejecutara la construcción de un acueducto veredal que beneficiara a tal colectividad, en cuanto el hecho de tener que consumir agua no tratada, generaba que se presentaran en sus integrantes problemas de salud. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho fundamental al agua potable para consumo humano. 2º. La naturaleza constitucional, el desarrollo jurisprudencial y la reglamentación de la precitada garantía, cuando se trata de zonas rurales carentes de infraestructura de servicios públicos. La Corte estimó trasgredidos, por omisión de la accionada, los componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad del derecho fundamental al agua potable de los miembros de la comunidad indígena mencionada, en particular, en lo que se refiere a las condiciones mínimas de uso personal y doméstico. En cuanto a la vulneración del derecho de petición se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y con relación al derecho fundamental al agua potable se CONCEDIO el amparo invocado y se adoptaron remedios de corto plazo y de carácter impositivo para salvaguardar esta garantía de forma inmediata. Así mismo, se profirieron varias órdenes de mediano y largo plazo tendientes a promover una interacción dialógica entre las partes del proceso, con el fin de establecer las condiciones técnicas y de ejecución de un sistema de suministro del agua potable salubre y permanente que dé una solución integral a la apremiante situación de la colectividad accionante y que se adecúe a sus usos y costumbres.

  • Auto nº 115/21 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2021

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juez Primero Promiscuo Municipal de Marinilla (Antioquia), el Juez Promiscuo Municipal de El Peñol (Antioquia) y el Juez Cuarto de Ejecución Civil Municipal de Medellín. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se basó en las diferentes interpretaciones del actor territorial. Considera la Corte que el despacho del municipio de El Peñol es el que tiene la obligación de resolver la acción de tutela formulada, por tratarse del primer juzgado con competencia a la que se le asignó su conocimiento. A la autoridad judicial de la ciudad de Medellín se le advirtió que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 116/21 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2021

    Recurso de súplica. Las demandas de inconstitucionalidad presentadas fueron rechazadas, por haber operado la figura de la caducidad de la acción. Luego de comprobar que la decisión de rechazo no fue equivocada, arbitraria o irrazonable, la Sala Plena de la Corporación decidió CONFIRMAR en su integridad el auto cuestionado.

  • Auto nº 117/21 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2021

    Solicitud de nulidad presentada por el Arzobispo de Villavicencio, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. La petición se realizó a partir del auto mediante el cual se amplió el plazo para presentar los conceptos relacionados con el objeto del proceso. A juicio del recurrente, con dicha ampliación se desconocen los artículos 242 y 244 de la Constitución Política, así como los artículos 7, 8, 9, 10 y 13 del Decreto Ley 2067 de 1991. La Sala Plena de la Corporación decidió RECHAZAR la nulidad invocada, por resultar manifiestamente improcedente, por cuanto se dirige contra un auto de trámite, mediante la cual se busca darle curso al proceso, sin que con ella se resuelva ningún aspecto de fondo sobre el particular.

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