Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Auto nº 481/20 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispone remitir la solicitud elevada para la protección de los líderes, lideresas y representantes de la población desplazada que se encuentran en la ciudad de Bogotá, al director de la Unidad Nacional de Protección y al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que, en el marco de la Ruta de Protección Colectiva, analicen la situación que afronta la actora y los integrantes de las mesas de participación efectiva de víctimas en la capital de la República. Igualmente, solicita a dichos funcionarios presentar un informe sobre la valoración de riesgo efectuada tanto a nivel individual como colectivo, dadas las amenazas advertidas sobre dichas mesas, y les pide un reporte sobre las medidas adoptadas o las razones para no implementar las mismas. De otra parte, remite copia de la solicitud objeto del presente auto a la Alcaldesa Mayor de Bogotá y al Procurador General de la Nación y, copia de esta providencia se envía a las precitadas autoridades y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.

  • Sentencia de Tutela nº 506/20 de Corte Constitucional, 4 de Diciembre de 2020

    A comienzos del 210 la accionante presentó solicitud de reparación administrativa por el hecho victimizante de homicidio, ocurrido a finales del 2002 contra su hijo menor de edad quien, según ella, fue reclutado forzosamente por grupos de autodefensa en el Casanare. Sin embargo, la UARIV expidió varios actos administrativos negando la pretensión, argumentando que el niño, al haber pertenecido a un grupo armado organizado al margen de la ley, había sido victimario y no víctima del conflicto armado interno; además, que no estaba cobijado por la exclusión prevista en el parágrafo 2 del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y no se había acreditado el vínculo de los hechos con el conflicto armado interno. Los peticionarios alegan ser víctimas indirectas de daños por los hechos victimizantes de reclutamiento ilícito y homicidio de grupos de autodefensas. Se aborda temática relacionada con: 1º. El concepto de víctima contemplado en la Ley 1448 de 2011. 2º. El tratamiento jurídico del reclutamiento ilícito de menores de edad, tanto a nivel internacional como nacional y, 3º. Las principales reglas en materia del derecho de inclusión en el RUV. La Corte decidió AMPARAR los derechos invocados por la madre del menor fallecido y declarar la improcedencia del amparo respecto de los demás familiares de éste, por no acreditar el requisito de legitimación en la causa por activa.

  • Auto nº 452/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Solicitud de adición o complementación del Auto 399/20. A través de la precitada providencia se rechazó la demanda de la referencia, por cuanto el profesional que actuó como apoderado judicial no era colombiano y, de conformidad con las normas constitucionales y la jurisprudencia que ha desarrollado dichas disposiciones, no se cumplía la condición indicada para que la demanda, presentada por mandato, pueda ser admitida. Específicamente, el auto se refirió al caso de los extranjeros quienes tienen vedado el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad por tratarse de un derecho político reservado a los nacionales. La Sala Plena de la Corporación considera que no hay lugar a las pretensiones invocadas, en tanto el auto 399/20 alude de forma expresa a las disposiciones constitucionales que exigen acreditar la condición de colombiano para ejercer la representación judicial en la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, se RECHAZA por improcedente, la solicitud de dictar un auto complementario.

  • Auto nº 457/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Con esta providencia la Sala Plena de la Corporación dispuso decretar pruebas adicionales, con el fin de allegar al presente proceso los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión de fondo en relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes. Así mismo, dispuso la suspensión de términos por un período de tres meses, contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas y de conformidad con lo previsto por el artículo 64 del Acuerdo 2 de 2015, sin que exceda el término allí previsto.

  • Auto nº 447/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Recurso de súplica. El auto que rechazó parcialmente la demanda de inconstitucionalidad de la referencia se fundamentó en la falta de competencia de la Corporación. La Sala Plena considera que las razones dadas por el magistrado sustanciador tienen sustento en la Sentencia C-481/19, a través de la cual la Corte dispuso declarar la inexequibilidad de la totalidad de la Ley 1943 de 2018, con efectos diferidos a partir del 1º de enero de 2020, por lo que efectivamente la ley no está vigente ni produciendo efectos jurídicos en la actualidad. Con base en lo anterior, se CONFIRMA en su integridad la providencia recurrida.

  • Auto nº 458/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Solicitud de incidente de desacato respecto de lo ordenado en la Sentencia T-335/20. La memorialista adujo el incumplimiento de las órdenes impartidas en el referido fallo. De acuerdo con la información y documentos disponibles en la petición bajo estudio, no encontró la Sala evidencia alguna que determinara que el incumplimiento alegado fue puesto de presente ante el juez de primera instancia, en tanto órgano llamado a verificar, por regla general, el acatamiento de las sentencias de tutela adoptadas en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional. Ante la improcedencia del recurso, se dispuso remitir la petición al Juzgado 24 de Familia de Bogotá, para lo de su competencia

  • Auto nº 444/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cundinamarca). En este caso la controversia se generó porque el primer despacho judicial consideró que la acción presentada por el peticionario era en realidad una solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-276/17, la cual debía ser atendida por el juzgado de Guaduas, en su calidad de autoridad judicial de primera instancia dentro del proceso de tutela en el que fue proferido dicho fallo. A su turno, la precitada autoridad consideró que no se debía iniciar un trámite de cumplimiento, en tanto las órdenes proferidas en dicha providencia ya se habían ejecutado y, por ello, el caso debía ser tramitado como una nueva solicitud de amparo. La Corte se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre la controversia, en virtud de que la misma no plantea un verdadero conflicto de competencia en materia de tutela. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja, para que proceda como en derecho corresponda

  • Auto nº 445/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. En este caso sólo se presentó un conflicto aparente de competencia, luego de que el Tribunal involucrado decidiera invocar las reglas de reparto previstas por el Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de conocer la acción de tutela invocada. Recuerda la Corte que este tipo de actuaciones contraría la jurisprudencia constitucional, en virtud de la cual se ha establecido que las de reglas del mencionado instrumento jurídico no pueden ser aplicadas por las autoridades judiciales para rechazar la competencia, en la medida en que son simples reglas administrativas sobre el reparto de las acciones de tutela, que no afectan los factores de competencia. Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que profiera decisión de fondo a que haya lugar. A la otra autoridad judicial se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996, para lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corporación, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550/18

  • Auto nº 446/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Conflicto de competencia en materia de tutela suscitado entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Buenaventura (Valle del Cauca) y el Juzgado 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se generó en torno a las diferentes interpretaciones del factor territorial. Ambas presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se originó y tuvo sus efectos la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante. Teniendo en cuenta que los dos despachos tienen competencia para dar trámite a la solicitud de amparo, la Corte decidió respetar la elección que hizo la demandante y, en consecuencia, dispuso que el juzgado a quien de manera inicial le correspondió el asunto, sea el que le dé trámite inmediato al mismo. En consecuencia, se remite el expediente correspondiente al Juzgado Primero Civil Municipal de Buenaventura, para que profiera la decisión de fondo a que haya lugar. Al otro despacho se le advierte que, los conflictos de competencia en materia de tutela tienen que ser resueltos en principio por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual en futuros casos deberá observar las reglas previstas sobre la materia, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 448/20 de Corte Constitucional, 26 de Noviembre de 2020

    Recurso de súplica. El recurrente adujo que su demanda de inconstitucionalidad se dirigió en contra del parágrafo del artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2018 y no, como erróneamente se estableció en el auto de rechazo, respecto del artículo 149 de la Constitución Política. La a Sala Plena de la Corte Constitucional CONFIRMÓ la decisión de rechazo, tras comprobar que el término de caducidad señalado en el artículo 379 de la Constitución Política opera para la acción pública de inconstitucionalidad contra actos legislativos, con independencia del vicio que se alegue y, en el presente caso, como acertadamente lo consideró el magistrado sustanciador, el Acto Legislativo cuestionado fue publicado en el Diario Oficial 50.480, el 18 de enero de 2018, razón por la cual la demanda presentada el 12 de agosto de 2020 era evidentemente extemporánea.

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