Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Auto nº 208/20 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2020

    En el asunto de la referencia la demanda de tutela fue rechazada con fundamento en la presunta falta de claridad e insuficiencia probatoria. No obstante lo anterior, consideró la Corte que el juez de instancia trasgredió el derecho fundamental de acceso a la justicia y la protección de otras garantías constitucionales, toda vez que la solicitud señalaba de forma razonable los hechos vulneradores y los derechos comprometidos. Concluyó la Sala que, ante eventuales falencias del escrito de demanda es imperativo que el juez de tutela recurra a sus poderes oficiosos, sobre todo cuando se trata de población vulnerable. Con base en lo anterior, se ordenó devolver el expediente y ordenar a la autoridad judicial resolver de fondo la acción de tutela, haciendo uso de las atribuciones que tiene como juez constitucional, con miras a obtener los documentos y pruebas que estime necesarios, y, de ser el caso, aplicar los demás principios procesales y probatorios que consagra el Decreto 2591 de 1991. Se hizo una advertencia a este operador jurídico para que en lo sucesivo se abstenga de aplicar indebidamente el artículo 17 de la precitada norma, en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia. De igual manera se solicitó a la Defensoría del Pueblo que, dentro de las acciones compatibles con las condiciones de aislamiento y bioseguridad vigentes, acompañe a la actora y la asesore en lo que sea necesario, para que el proceso se desarrolle con sujeción a la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

  • Auto nº 207/20 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dio respuesta a la solicitud de inicio de apertura de incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden novena del Auto 092/08, referente al caso de María de los Ángeles Silva. En tal sentido dispuso remitir copia de dicha petición y de la respuesta que la actora dio al Auto del 14 de abril de 2020 al director de la Unidad para las Víctimas, para que presente un informe en el que se pronuncie, entre otros aspectos, sobre cada una de las afirmaciones de la peticionaria y sus solicitudes y el estado en que se encuentra la inclusión de la misma y de su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas.

  • Auto nº 205/20 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispuso corres traslado del informe de respuesta al Auto 149/20 allegado por el director de la Unidad para las Víctimas, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo Noruego para los Refugiados. Así mismo dispuso comunicar esta providencia a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas.

  • Auto nº 206/20 de Corte Constitucional, 19 de Junio de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 accedió a la petición formulada por la Ministra del Interior y dispuso PRORROGAR el término dispuesto en la orden décima del Auto 165/20, hasta el diez (10) de julio de la presente anualidad.

  • Auto nº 194/20 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2020

    Recurso de súplica. El rechazo de la demanda de la referencia se dio porque dentro del término otorgado para corregirla, la demandante no superó los yerros relacionados con la argumentación del concepto de violación que soportaron los cargos presentados. La Sala Plena de la Corporación constató que la providencia recurrida se encuentra justificada y por ello decidió CONFIRMARLA en su integridad.

  • Auto nº 193/20 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado 8 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad. En este caso se presentó un conflicto aparente de competencia luego de que el juzgado con categoría de Circuito se negara a asumir el conocimiento del asunto con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017, las que no pueden ser utilizadas por ninguna autoridad judicial para promover este tipo de controversias. Considera la Corte que la solicitud de amparo debe ser resuelta por el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, por cuanto fue la primera autoridad judicial con competencia a la que se le repartió la misma. En este sentido se dispone enviar el expediente a este despacho para que lo tramite de manera inmediata y para que profiera la decisión de fondo a que haya lugar. Así mismo, se le hace una advertencia para que en lo sucesivo observe con estricto rigor las normas que regulan la competencia en materia de tutela y la jurisprudencia Corporación sobre los conflictos de competencia en estos asuntos, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto. A la otra autoridad judicial se le advierte que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el expediente a las autoridades judiciales previstas para ello en la Ley 270 de 1996, de acuerdo con las reglas compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 196/20 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2020

    Con el presente auto la Sala de Revisión dispone VINCULAR al trámite de tutela a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que en el término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación se pronuncie, si así lo considera, sobre los hechos y las pretensiones que dieron lugar a la presentación de la solicitud de amparo.

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 160/20 de Corte Constitucional, 3 de Junio de 2020

    AUTORIZACIÓN NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO A FINDETER Y BANCOLDEX. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 468 de marzo 23 de 2020, por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter y al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. Luego de reiterar su jurisprudencia acerca de las exigencias formales y materiales que rigen el control de constitucionalidad de los decretos legislativos de desarrollo y de realizar una descripción analítica de la norma objeto de control, la Corte Constitucional consideró que aquellas se satisfacían por el Decreto Legislativo 468 de marzo 23 de 2020. La Sala precisó que la modificación de las competencias de FINDETER y BANCOLDEX para otorgar créditos directos a las entidades territoriales y empresas, armoniza plenamente con mandatos y preceptos constitucionales, además de ser medidas razonables y proporcionadas para garantizar recursos destinados a financiar la atención de la emergencia y la inversión en proyectos que conjuren sus efectos económicos y sociales. EXEQUIBLE.

  • Auto nº 192/20 de Corte Constitucional, 3 de Junio de 2020

    Con el presente auto la Sala Plena de la Corporación decidió AMPLIAR EL TÉRMINO PARA RECOLECTAR LAS FIRMAS de la sentencia C-140/20, correspondiente al expediente de la referencia, por un período de quince días (15), el cual podrá ser prorrogable por treinta (30) días más.

  • Auto nº 191/20 de Corte Constitucional, 3 de Junio de 2020

    Incidente de recusación formulado a los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos. El ciudadano recusador le pidió a la Corporación retirar del conocimiento del asunto de la referencia a los precitados magistrados, por tener un interés especial en el mismo. La Corte constató que el peticionario carece de legitimación en tanto no tiene la calidad de interviniente dentro del proceso, toda vez que no ejerció, dentro del término legal, el derecho a participar como impugnador o defensor del decreto legislativo sometido a control, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242-1 de la Constitución y 7 del Decreto 2067 de 1991. Adicionalmente consideró la Sala, que la recusación no cumple con el rigor argumentativo requerido, pues no cumplió con el requisito material de la carga argumentativa. Con base en las anteriores argumentaciones se RECHAZA la recusación, por falta de pertinencia

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