Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Tutela nº 144/20 de Corte Constitucional, 15 de Mayo de 2020

    DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDEN OBSTACULIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A QUIEN YA HA REUNIDO LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ÉSTA El accionante considera que PORVENIR S.A. vulneró sus derechos fundamentales al negar el reconocimiento de su pensión de invalidez que reclamó, en un primer momento alegando las inconsistencias entre su cédula y el registro civil y, luego de corregir esto, por estar pendiente la resolución de la apelación del dictamen de su hijo menor y la designación de curador. El actor aduce que ya cumple con los requisitos para acceder a dicha prestación, en tanto cuenta con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Invalidez y 1120 semanas cotizadas a la fecha de estructuración de la enfermedad. Se aborda temática relacionada con el derecho a la seguridad social, la pensión de invalidez y el debido proceso administrativo en el trámite de reconocimiento de pensiones. Por considerar que la accionada sí trasgredió garantías de orden constitucional con fundamento en el incumplimiento de requisitos formales irrazonables y desproporcionados, la Corte CONCEDIÓ el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 137/20 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 2020

    ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONFORMO GRUPO DE BENEFICIARIOS DE INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA, SIN INCLUIR A LOS ACCIONANTES. IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIR REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. En este caso un grupo de 14 personas inició la acción de tutela en contra de la Defensoría del Pueblo por la presunta vulneración de varios de sus derechos fundamentales, a causa de la no de inclusión de sus nombres como beneficiarios de la indemnización ordenada dentro de una acción de grupo formulada en contra de la Nación/Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, por hechos relacionados con el desplazamiento forzado en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander), a raíz de la incursión violenta en la zona de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC/EP). La mencionada lista de beneficiarios fue conformada por la propia entidad a través de un acto administrativo. Luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción, la Corte constató que la solicitud de amparo no cumplía con el de subsidiariedad. Con base en lo anterior, se concluyó que la tutela resulta IMPROCEDENTE y, en consecuencia, se confirmaron las decisiones de instancia que así lo declararon.

  • Sentencia de Tutela nº 135/20 de Corte Constitucional, 4 de Mayo de 2020

    DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADA DE ELLA CUANDO ALGUNO DE LOS PADRES SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD. REGLAS. La accionante, actuando en representación de cuatro hijos menores de edad, considera que la Notaría cuestionada vulneró al considerar vulnerado el derecho fundamental a la familia, al negarse a autenticar la autorización que ella dio a sus hijos para visitar al padre recluido en el complejo metropolitano de Cúcuta, argumentando que ni ella ni los menores se identificaron con pasaporte sino con tarjeta de movilidad fronteriza y su cédula de identidad venezolana. Se aborda temática relacionada con: 1º. Las reglas jurisprudenciales sobre el alcance del derecho de los niños a tener una familia y no ser separada de ella cuando alguno de los padres se encuentra privado de la libertad. 2º. El régimen de visitas a establecimientos carcelarios por parte de menores de edad. 3º. La función fedante desarrollada por las notarías, y, 4º. Los documentos de identificación de ciudadanos venezolanos válidos en Colombia. La Corte considera que la omisión de autenticación con fundamento en la no exhibición del pasaporte o cédula de extranjería fue desproporcionada e irrazonable teniendo en cuenta que: (i) el Estado colombiano, en razón de las dificultades que afrontan los nacionales venezolanos, permite su identificación por medio de otros documentos distintos al pasaporte o la cédula de extranjería; (ii) el notario, en virtud de su autonomía, está en capacidad de valorar cada situación que se le presente y en caso de urgencia puede identificar a los usuarios por medio de otros documentos; (iii) la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) permite el acceso y permanencia en el departamento de Norte de Santander, zona en la que está ubicada la cárcel modelo de Cúcuta, lugar de reclusión del padre de los accionantes; (iv) para el INPEC sucursal Cúcuta, en el marco del régimen de visitas, la TMF es un documento que permite la identificación de los ciudadanos venezolanos y; (v) el documento privado que se pretende autenticar, esto es, el permiso de ingreso, no está sujeto a solemnidades o actos especiales, pues su única finalidad es permitir la visita de los cuatro menores a su padre privado de la libertad. Se CONCEDE el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 124/20 de Corte Constitucional, 22 de Abril de 2020

    ACCESIBILIDAD COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. La accionante actúa en representación de dos hijas que tienen 18 y 20 años de edad y se encuentran en situación de discapacidad física, mental e intelectual desde su infancia, cuando fueron diagnosticadas con epilepsia y retardo mental severo asociado a meningitis. La peticionaria pretende que el juez constitucional le ordene a las entidades accionadas y vinculadas prestar a sus hijas el servicio de transporte, con acompañamiento, desde su residencia hasta el instituto donde están inscritas en un programa de educación informal, al igual que hasta los centros médicos en los que se les lleva a cabo procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación. Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad, la accesibilidad de este grupo de personas y el servicio de transporte escolar. La Corte concluye que resulta procedente el amparo de la prestación de transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad al sistema educativo de personas mayores de edad en situación de discapacidad, siempre que se constate que su no prestación implica una afectación manifiestamente irrazonable y desproporcionada de los derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante. Se CONCEDE el amparo en lo que respecta a la petición de transporte escolar y se declara la cosa juzgada en lo que refiere a la solicitud de transporte para procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación.

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 122/20 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2020

    FUNCION JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. APELACIÓN CONTRA PROVIDENCIAS. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1949 de 2019, por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones. El demandante alega una omisión legislativa relativa violatoria del artículo 29 de la Carta Superior. Indica que la norma acusada es inconstitucional porque no incluyó de forma expresa el término para resolver la segunda instancia en el proceso jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, el cual es un elemento necesario para la materialización del derecho al debido proceso y de otros bienes jurídicos como la salud, la vida y la dignidad humana, que están involucrados en las controversias del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Luego de evaluar los fundamentos de la demanda, la Sala Plena concluyó de manera unánime dos aspectos. El primero, que en el presente asunto era razonable levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid 19, en tanto que su trámite es compatible con las condiciones actuales de aislamiento social obligatorio y, el segundo, que la censura descrita no cumplió los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación para la construcción de un cargo de inconstitucionalidad. Por la anterior consideración, la Corte se declaró INHIBIDA de emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 120/20 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2020

    CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ POR PARTE DE LAS EPS, ARL, COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y COLPENSIONES. Demanda de inconstitucionalidad contra el segundo inciso del artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. La disposición acusada establece el proceso para determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional en el Sistema de Seguridad Social. A juicio del accionante, permitir una primera oportunidad a las aseguradoras del Sistema, al ser las encargadas de llevar a cabo esta calificación, las convierte en juez y parte, dado el interés que pueden tener en el resultado (asumir la obligación que les impone el deber de asegurar la prestación que haya lugar a reconocer). Considera el actor que con ello se violan los derechos al debido proceso y a la seguridad social. La Corte consideró que el Legislador no violó los derechos alegados al establecer que un trámite del cual depende el acceso a beneficios de seguridad social sea decidido en primer lugar (primera oportunidad) por la misma entidad que tendría que asumir la obligación del pago de tal beneficio; en tanto es una medida razonable que busca un fin constitucionalmente legítimo, por un medio que es idóneo para alcanzar el mismo.

  • Sentencia de Tutela nº 117/20 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2020

    DERECHO A LA SALUD Y SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS El accionante considera que la E.P.S cuestionada vulnera sus derechos fundamentales al negarle el suministro directo del medicamento recetado por su médico, aun cuando, desde que inició el tratamiento para la patología que presenta se le había entregado para su aplicación en el hogar. La entidad indicó que el fármaco en cuestión es de aplicación controlada y que por ello el paciente debía acudir a la institución prestadora de salud para que le fuese inyectado bajo supervisión médica. Se reitera la línea jurisprudencial referente a los requisitos de procedencia de la tutela, a la obligación de suministro oportuno de medicamentos por parte de las EPS y a las causales de exoneración de pagos moderadores. La Corte consideró que la accionada vulneró los derechos fundamentales del peticionario al modificar las condiciones de dispensación del medicamento recetado, sin acudir al criterio científico del médico tratante, quien es el profesional indicado para conocer y establecer los riesgos que implica el tratamiento. Además, es la persona facultada para variar o cambiar la prescripción médica, de acuerdo con la evolución en la salud de su paciente. Con base en la anterior consideración se CONCEDE el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 112/20 de Corte Constitucional, 13 de Marzo de 2020

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO AUTORIDAD JUDICIAL NO INCURRIÓ EN DEFECTOS ALEGADOS POR LA UGPP La UGPP instaura la acción de tutela en contra del fallo judicial que negó el recurso de revisión orientado a cuestionar la sentencia proferida en el año 2010 dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual se le ordenó reducir el descuento destinado al sistema de salud de la mesada de una afiliada beneficiaria de la pensión gracia. Para la entidad accionante la providencia incurrió en defecto sustantivo y en defecto procedimental absoluto, respectivamente, al inaplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y al desconocer los parámetros fijados en la Sentencia SU.427/16, en virtud de los cuales la UGPP tenía plazo hasta junio de 2018 para promover el recurso extraordinario deprecado. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se hace una contextualización de los defectos sustantivo y procedimental absoluto. Por considerar que la providencia cuestionada no lesionó garantía constitucional alguna, la Corte decidió NEGAR el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 106/20 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2020

    MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR En seis acciones de tutela formuladas de manera independiente y que reúnen a 27 accionantes en total, se atribuye al ICBF la vulneración de derechos fundamentales a raíz del no reconocimiento y pago de aportes parafiscales en pensiones, a pesar de que las peticionarias tuvieron con la entidad un vínculo laboral cuando se desempeñaron como madres comunitarias. Del total de actoras, veinte estuvieron afiliadas al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y las demás, nunca se beneficiaron del mismo, pues no accedieron a él desde la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional al PSAP, cuya vinculación o afiliación era voluntaria. Las veinte madres mencionadas fueron retiradas del Programa de Subsidio al caer incursas en alguna de las causales de pérdida de la condición de beneficiarias previstas desde el Decreto 1858 de 1995 y actualmente contenidas en el Decreto 1833 de 2016. Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y el régimen jurídico del Sistema General de Pensiones aplicable a las madres comunitarias. Concluye la Corte que, si bien las accionantes efectivamente se desempeñaron de forma permanente o periódica como madres comunitarias en distintas regiones del país, el ICBF no está llamado a responder por los derechos fundamentales invocados, pues ha sido la ley y la reglamentación quienes han establecido las características del régimen jurídico de los hogares comunitarios, no pudiendo la entidad actuar en contravía del ordenamiento que la rige. Es decir, que no puede atribuírsele válidamente al Instituto haber ejecutado durante la existencia de los programas de hogares comunitarios actuaciones ilegales tendientes a desconocer relaciones de carácter laboral con las madres encargadas de los mismos, pues el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional reiterada no admitieron tal hipótesis. Se DENIEGA el amparo invocado.

  • Auto nº 096/20 de Corte Constitucional, 11 de Marzo de 2020

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarenta y Cuatro de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira (Risaralda). La Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Teniendo en cuenta que las dos autoridades judiciales involucradas son competentes para tramitar la acción de tutela, la Corte decide dar prevalencia a la elección que a prevención hizo el accionante y remitir el expediente al despacho de la ciudad Bogotá, para que de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar. A la otra autoridad judicial se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.Recibo Relatoria:

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