Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Tutela nº 415/19 de Corte Constitucional, 9 de Septiembre de 2019

    DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. REQUISITOS. El accionante considera que la UGPP vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que solicitó en calidad de hijo en condición de invalidez del causante. El argumento de la entidad fue la falta de demostración de la dependencia económica del peticionario frente al pensionado, toda vez que, al momento de presentar la solicitud de amparo, se encontraba afiliado al Sistema de Seguridad Social como cotizante. El actor adujo que si bien tuvo ciertas entradas económicas, éstas eran inestables e insuficientes para solventar sus necesidades básicas. Se aborda temática relacionada con: 1º. La pensión de sobrevivientes y, 2º. Los hijos en condición de discapacidad como beneficiarios de esta prestación. La Corte concluye que la accionada incurrió en trasgresión de garantías constitucionales al no reconocer la prestación reclamada por el tutelante, situación que resulta de especial gravedad porque éste es una persona en condición de invalidez, un sujeto de especial protección constitucional, que se encuentra expuesto a graves condiciones de vulnerabilidad por su situación socioeconómica. Se CONCEDE. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 410/19 de Corte Constitucional, 4 de Septiembre de 2019

    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. SE INGRESO A NOMINA DE PENSIONADO POR INVALIDEZ. La accionante, actuando como agente oficiosa de su hermano, aduce que Colpensiones vulneró derechos fundamentales al suspender el ingreso a nómina de pensionados del agenciado, hasta tanto se allegara el auto admisorio de demanda de interdicción judicial nombrando procurador provisional, o sentencia de interdicción judicial nombrando procurador definitivo y el acta de posesión y discernimiento del cargo del curador junto con la cédula. En sede de revisión la accionada allegó a la Sala un nuevo acto administrativo mediante el cual, en acatamiento de una decisión judicial interpuesta con posterioridad a la que es objeto del presente pronunciamiento, accedió a lo pretendido en ambas, esto es, la inclusión en nómina. Con base en lo anterior la Corte declaró la existencia de una carencia actual de objeto por presentarse un HECHO SUPERADO. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 408/19 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2019

    OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE CARTAGEN. Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 7, 8 y 9 de la ley 62 de 1937, por la cual se decretar la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Cartagena y se dictan otras disposiciones. El actor indicó que la disposición cuestionada vulnera el artículo 1º de la Constitución, pues un Estado Social de Derecho supone la prevalencia del interés general. La Corte consideró que al tratarse de una norma preconstitucional expedida hace 82 años para construcción específica de unas obras de utilidad pública, en unas áreas determinadas y con una fuente precisa de financiación, la misma no se encuentra produciendo efectos al operar el fenómeno de agotamiento de su objeto. Para la Sala resultó evidente que la ley acusada no cuenta materialmente con la capacidad de seguir proyectando sus efectos jurídicos con posterioridad al mencionado agotamiento de su objeto. Con base en lo anterior se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por haberse configurado la carencia actual de objeto. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 409/19 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2019

    SERVICIO DE TRANSPORTE COMO MEDIO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD. La accionante, en representación de un hijo de seis años que fue diagnosticado con autismo de la niñez y perturbación de la actividad y de la atención, instaura la acción de tutela para solicitar que la E.P.S. demandada provea el servicio de transporte que se requiere para llevar al menor a los controles, terapias y exámenes que demanda el tratamiento de sus patologías, así como la prestación de un servicio integral y la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Se aborda el estudio de los siguientes temas: 1º. El derecho a la salud y los elementos y principios asociados a él. 2º. La accesibilidad a la precitada garantía.. 3º. Los principios de solidaridad e integralidad de las prestaciones en salud. 4º. El transporte para acceder a servicios médicos, y, 5º. El tratamiento integral. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 406/19 de Corte Constitucional, 2 de Septiembre de 2019

    DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN EL MARCO DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIV. El accionante es un hombre trans con discapacidad auditiva en proceso de transformación corporal o tránsito de género, cuya lengua materna es el lenguaje de señas. La conducta que cuestiona como vulneradora de sus derechos fundamentales, son las múltiples barreras que la E.P.S. demandada le ha puesto para el acceso eficaz y oportuno a los servicios de salud que requiere en su proceso de cambio corporal. La pretensión principal del peticionario es que la entidad le permita el acceso a internet en todas sus sedes hasta que culmine su tratamiento para el tránsito de género y, la subsidiaria, que le garantice el acompañamiento de un intérprete de la lengua de señas en todas las citas médicas programadas en sus instalaciones. A pesar de que la Sala constató que en el trámite de revisión se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en aras de proteger la dimensión objetiva del derecho fundamental a la libertad de expresión en el marco del derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad, decidió pronunciarse de fondo. En esta medida hizo una advertencia a la entidad para que tome las medidas necesarias para garantizar la comunicación del tutelante de manera oportuna, precisa y eficaz, bien sea mediante la prestación del servicio de un intérprete del lenguaje de señas o, el acceso a una de sus redes de internet para que se pueda conectar a la aplicación del centro de relevo dispuesta para ello. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 400/19 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2019

    APORTES PENSIONALES. OMISION DEL EMPLEADOR EN EL APORTE DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA NO PUEDE SER IMPUTADO AL TRABAJADOR. Mediante el auto 075/19 se declaró la nulidad de la Sentencia T-352/18, correspondiente a la resolución del caso que se analiza en esta oportunidad. A través de dicha disposición se ordenó también proferir una nueva decisión. La nulidad se dio luego de que la Sala Plena estableciera que Colpensiones no era la entidad llamada a responder por las semanas trabajadas y dejadas de cotizar por la empresa empleadora, dado que las mismas se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El accionante interpuso la acción de tutela contra Colpensiones luego que le negara la pensión de vejez por no cumplir con el requisito relacionado con la densidad de semanas cotizadas. Según el peticionario, el período trabajado y no cotizado en una empresa, ajustaba el número de semanas necesario para acceder a la pensión. Con base en dicha consideración, solicitó la nulidad de las resoluciones que denegaron la prestación. Se analizan los siguientes temas: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones. 2º. La pensión de vejez en el sistema pensional colombiano, de cara a las obligaciones generales de los empleadores y, 3º. El régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Teniendo en cuenta que se verificó que la empleadora a la que hizo alusión el peticionario certificó y no pagó un equivalente a 42.9 semanas, pero que la misma empresa dejó de existir en Colombia desde el año 1986, la Corte, dando aplicación al principio de solidaridad derivado del Estado Social de Derecho y de cara a las particulares condiciones en que se encuentra el actor respecto a su edad, estado de salud y situación económica, CONCEDE el amparo y dispone que Colpensiones realice un cálculo actuarial exclusivamente de las 16 semanas que le faltan para hacerse beneficiario del régimen transicional, con cargo al retroactivo al que tiene derecho. Lo anterior, en procura de no generar una afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 401/19 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2019

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. INEXISTENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO CUANDO EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ADVIERTE IRREGULARIDAD PROCESAL. El Fondo Ganadero de Córdoba en liquidación judicial, considera que la autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir un auto en el que resolvió tener como extemporánea la oposición que planteó, al considerar que debió surtir el traslado de la solicitud de restitución, como persona indeterminada, esto es, a través de la publicación en un diario de amplia circulación nacional, como lo dispone el artículo 86 literal e) de la Ley 1448 de 2011, y no conforme el artículo 87 ibídem. Lo anterior, al determinar que el Fondo no era propietario sino poseedor de los predios en restitución. El Fondo también cuestionó la decisión de devolver el expediente al Juzgado de origen para que decidiera de fondo la solicitud de restitución elevada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución De Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, argumentando que carecía de competencia para conocer el asunto, porque el Fondo no fungía como titular de derecho alguno inscrito en los folios de matrículas de los inmuebles solicitados en restitución. Se analizan los siguientes temas. 1º. Las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2º. El defecto procedimental. 3º. El defecto sustantivo. 4º. El defecto orgánico funcional. 5º. El proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011 y, 6º. La función registral. La Corte concluye que la autoridad demandada no incurrió en los defectos alegados y que obró conforme a derecho y acorde con los principios y normas que regulan el proceso de restitución de tierras. Preciso, que ante la falta de instrucción adecuada del proceso por parte del juzgado de primera instancia, era deber del operador jurídico demandando adoptar las medidas correctivas necesarias, como en efecto lo hizo, realizando un ejercicio argumentativo juicioso, en cumplimiento de las garantías y de las formas propias de cada juicio. Se NIEG. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 402/19 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2019

    UGPP VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES AL MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA DIGNA DE LA ACCIONANTE, POR HABERLE EXIGIDO REQUISITOS NO PREVISTOS EN LA LEY PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE UNA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Se atribuye a la UGPP la vulneración de derechos fundamentales de la actora, una persona de la tercera edad y en situación de discapacidad mental, al condicionar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional por sobrevivencia, a la presentación del registro civil de nacimiento con nota marginal de matrimonio, sentencia de interdicción judicial y designación de curador a efectos de administrar su patrimonio y, dictamen de pérdida de capacidad laboral ejecutoriado y en firme, con el fin de establecer si requiere ayuda de terceros. Luego de analizar el caso la Corte concluyó que la entidad sí vulneró garantías constitucionales de la peticionaria, al exigirle requisitos no previsto por la ley para efectuar el reconocimiento de la prestación reclamada. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 403/19 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2019

    DERECHO A LA SALUD Y AFILIACION DE MIGRANTES VENEZOLANOS AL SISTEMA DE SALUD. REGLAS JURISPRUDENCIALES. El accionante es de nacionalidad venezolana y actúa como agente oficioso de su esposa, quien tiene el mismo origen. Indica que a su cónyuge le fue diagnosticado un carcinoma ductual infiltrante y que en su país le practicaron una mastectomía radical, por lo cual fue remitida al servicio de oncología/radioterapia y se le recomendó asistir a controles cada cuatro meses. Refiere el peticionario, que dada la situación de crisis que se vive en Venezuela no fue posible acceder al tratamiento ordenado y por ello viajaron a Colombia con la pretensión de acceder al mismo. Ante la negativa del hospital accionado de brindar la atención oncológica requerida, se instauró la acción de tutela y se pidió al juez constitucional impartir la orden pertinente para que la agenciada reciba la atención integral necesaria para preservar y mejorar la calidad de vida de la misma. Se analiza la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de amparo constitucional. 2º. La salud como servicio público y derecho fundamental. 3º. Las reglas jurisprudenciales sobre la afiliación de extranjeros al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, 4º. La normatividad referente a la remisión de pacientes. En sede de revisión la Oficina de Migración Colombia informó que la esposa del actor se encuentra en situación migratoria regular y que es titular del Permiso Especial de Permanencia, haciendo parte del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. Se CONCEDE el amparo y se ordena valorar a la paciente para que se determine si tiene derecho a las coberturas en salud previstas para los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el reglamento y la jurisprudencia constitucional. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 404/19 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2019

    REGIMEN DE TRANSICION REFERENTE AL IBL. PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. La UGPP cuestiona a las autoridades judiciales que le ordenaron reliquidar una pensión de vejez teniendo como Ingreso Base de Liquidación (IBL) el 75% de la asignación más alta devengada por el pensionado, como magistrado en su último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en dicho cargo en el mismo período. La entidad adujo que estas decisiones desconocieron irregularmente que el IBL no es objeto de transición como lo señaló la Corte Constitucional en las Sentencias C-168/95, C-258/13, T-078/13, SU230/15, SU427/16, SU395/17, A229/17, T-494/17, T-018/18, T-039/18 y T-328/18 y que, en razón a la fecha en que el afiliado adquirió el status pensional, debieron haberse tenido en cuenta sólo los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Se analiza la siguiente temática: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluyendo las reglas fijadas para las acciones constitucionales interpuestas por las administradoras de fondos de pensiones en supuestos de abuso del derecho. 2º. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3º. Los defectos material o sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente constitucional y, 4º. El desarrollo jurisprudencial del régimen Recibo Relatoria:

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