Corte Constitucional - Jurisprudencia
      • Corte Constitucional

Tipo de Resolución

Decision

Últimos documentos

  • Sentencia de Tutela nº 302/19 de Corte Constitucional, 10 de Julio de 2019

    TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA JUDICIAL. REGLAS JURISPRUDENCIALES. El actor, en su calidad de Magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal, considera que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de ente nominador, vulneró sus derechos fundamentales, al negarle el traslado por razones de salud que solicitó para el cargo vacante de Magistrado en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a pesar de contar con recomendación médica y con el concepto favorable de la Unidad de Administración de Carrera Judicial. La Corporación accionada adujo que no era posible autorizar el traslado rogado debido a que los cargos de magistrado de Sala Única de Tribunal y magistrado de Sala Especializada de Tribunal no son afines, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y porque el padecimiento médico del peticionario no lo imposibilitaba para continuar en el cargo. Se aborda temática relacionada con el régimen legal y jurisprudencial de los traslados por razones de salud en la Rama Judicial. Con ocasión de las pruebas solicitadas pudo constatar la Sala de Revisión que el accionante fue nombrado en propiedad en el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el día 1º de febrero de 2019. No obstante lo anterior, la Corte considera que la diferencia entre los cargos de Magistrados previamente mencionada constituye una razón objetiva, concreta y razonable suficiente para NEGAR la solicitud de traslado por razones de salud formulada por el tutelante. Con base en lo anterior se concluye que no existió la vulneración de garantías constitucionales alegada. Se ordena a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia restituir al actor al cargo que ostentaba en el Tribunal de Yopal y, en consecuencia, cesar el nombramiento en provisionalidad de quien fue nombrada en dicha Corporación. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 301/19 de Corte Constitucional, 9 de Julio de 2019

    TEMA: ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR CUANTO AUTORIDAD JUDICIAL NO INCURRIÓ EN DEFECTO FACTICO NI EN DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE AL DECLARAR LA CADUCIDAD EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA Se atacan decisiones judiciales proferidas al interior de un proceso de reparación directa instaurado por el actor en contra del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, con ocasión del accidente laboral que sufrió y que le generó la pérdida y evisceración del globo ocular derecho y una calificación de pérdida de capacidad laboral permanente parcial del 34.86%. Se dice que dichas providencias, al declarar la caducidad de la acción, incurrieron en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente constitucional. El primer yerro, por aplicar taxativamente lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 sin valorar integral y objetivamente los dictámenes médicos obrantes en el proceso, los cuales evidenciaban la causación de padecimientos que no eran inmediatos al accidente, tales como los daños psicofísicos que solo fueron conocidos con el concepto de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el cual, no solo advirtió expresamente su existencia, sino que sirvió de fundamento para modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, aumentando la calificación inicialmente prevista. El segundo, al no tener en cuenta la jurisprudencia que establece que el inicio del término para ejercer el medio de control de reparación directa debe contarse de acuerdo al conocimiento del daño causado por el hecho generador. Se analiza temática relacionada con las condiciones generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa. Por no encontrar acreditados los errores alegados, la Sala decidió confirmar la decisión de instancia que NEGO el amparo. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 298/19 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2019

    DERECHO A LA SALUD Y AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD DE EXTRANJEROS NO REGULARIZADOS. CASO DE VENEZOLANA EMBARAZADA. La accionante, una mujer de nacionalidad venezolana que migró a Colombia por la situación político-social que afronta su país y que se encuentra en estado de gravidez, instauró la acción de tutela para solicitar que se le brinde la atención médica que requiere, la cual abarca controles médicos prenatales y todo el conjunto de servicios asistenciales tendientes a la protección y restauración de su salud y la de su hijo por nacer, de forma oportuna, prioritaria, integral y sin dilaciones. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la seguridad social en salud de los extranjeros con permanencia irregular en Colombia y se analiza temática referente al deber de los extranjeros de regularizar su situación migratoria. A pesar de que la Sala advirtió que en el presente caso se presentó una carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO en relación con la pretensión de la accionante, debido a que se llevó a feliz término su embarazo y el hospital accionado asistió de forma gratuita el parto, considera que la entidad si vulneró derechos fundamentales al no prestar los servicios relacionados con los controles prenatales. Se hace una advertencia a la Alcaldía de Ríohacha para que acompañe a la peticionaria en la realización de los trámites pertinentes al registro de su hijo y se le vincule a una E.P.S del régimen subsidiado, en los términos del Decreto 780 de 2016. Así mismo, para que la asesore y acompañe en los trámites legales correspondientes para regularizar, como es su obligación, su situación migratoria en el territorio nacional. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 299/19 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2019

    PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE EX MIEMBRO DE LA FUERZA PUBLIC. La accionante, en su condición de guardadora judicial de su hijo, manifiesta que éste se desempeñaba como soldado profesional cuando participó en un enfrentamiento armado con las FARC, donde fue testigo del fallecimiento de varios de sus compañeros. Indica que a raíz de este hecho empezó a padecer de un estado sicótico crónico manifestado en un shock postraumático que le llevó a dejar de laborar. Aduce que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional vulnera derechos fundamentales, al no proporcionarle a su hijo los medicamentos y citas prescritas por el médico tratante, bajo el argumento de estar inactivo desde cuando el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía definió su situación médico laboral y lo evaluó como no apto para actividad militar. La peticionaria solicita al juez constitucional que imparta la orden para la atención integral que requiere su familiar. Se reiteran las reglas jurisprudenciales relativas a los beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como el desarrollo constitucional del principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud de miembros retirados de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 300/19 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2019

    DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ Y POSIBILIDAD DE CONTABILIZAR TIEMPO DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO PARA ACREDITAR REQUISITOS. El actor aduce que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al negarle el reconocimiento de la pensión de invalidez que reclamó como persona en situación de discapacidad, por el incumplimiento del requisito de haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. El accionante alega que para el efecto se debe tener en cuenta el tiempo de servicio militar obligatorio que prestó. Se analiza temática relacionada con: 1º. La seguridad social como derecho fundamental. 2º. La pensión de invalidez y sus requisitos de acceso. 3º. La posibilidad de contabilizar o no el tiempo de servicio militar obligatorio para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación pretendida. Se ordena Porvenir S.A. que, en lo sucesivo, se abstenga de negar el reconocimiento del cómputo del tiempo de prestación de servicio militar obligatorio para efectos de reconocimiento de la pensión de invalidez sin razón jurídica que lo fundamente, sobre todo cuando la persona haya cumplido los requisitos establecidos en las disposiciones normativas respectivas y en las reglas jurisprudenciales decantadas por esta Corporación para acceder a ella.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 297/19 de Corte Constitucional, 27 de Junio de 2019

    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. SE RECONOCIÓ PENSION DE INVALIDEZ. La vulneración de derechos fundamentales de la actora por parte de las entidades demandadas se atribuye a la dilación del acceso a la pensión de invalidez que reclamó, por dificultades administrativas asociadas al trámite de un bono pensional. Durante el trámite de revisión la Sala conoció que se surtieron los trámites cuestionados y que a la peticionaria se le informó sobre la aprobación de la prestación mencionada y los correspondientes pasos a seguir. Con base en lo anterior, la Corte decidió declarar la carencia actual de objeto por la ocurrencia de un HECHO SUPERADO. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 288/19 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2019

    PROGRAMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS, TESTIGOS E INTERVINIENTES EN PROCESO PENAL DE LA FISCALI. El actor fue miembro del Bloque Resistencia Tayrona del Grupo Armado Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizándose de éste en el año 2006. Fue capturado en el 2012 por extorsión, pero al colaborar en este proceso con la justicia, hizo parte del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación hasta el año 2016, cuando concluyó por la medida de reubicación definitiva. Al año siguiente, tras regresar a la zona de riesgo para buscar documentación de sus hijos, se encontró con integrantes de una organización delictiva que le ofrecieron participar en el cobro de extorsiones a establecimientos comerciales. Aceptada esta oferta, el peticionario se infiltró en la banda, intervino en operaciones, actuó como informante de la Policía y colaboró con la desarticulación efectiva de dicho grupo criminal. Como resultado de su cooperación, recibió amenazas por parte de los familiares de las personas que fueron capturadas gracias a la información que suministró. La conducta que considera trasgresora de sus derechos fundamentales es la negativa para la nueva vinculación suya y de su familia al Programa de Protección, bajo el argumento del incumplimiento del principio de conexidad, al inobservar los compromisos adquiridos en el momento de la reubicación social definitiva. Se reitera jurisprudencia sobre: 1º. El derecho constitucional a la vida y a la seguridad y la obligación del Estado de protegerlos. 2º. Los niveles de amenaza y solicitud de protección ante las instituciones estatales. 3º. La regulación del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la demandada reintegrar al actor y a su núcleo familiar al esquema de seguridad, así como adoptar las medidas necesarias para evitar una eventual consumación fatal de las serias amenazas que han recibido. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 290/19 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2019

    OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR. RESOLUCIÓN INHIBITORIA SI SE PAGA O COMPENSA JUNTO CON LOS INTERESES, LO DEJADO DE RETENER O RECAUDAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 339 parcial de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones, que modificó el artículo 402 de la Ley 599 de 2000. El demandante considera que la norma cuestionada, al exigir el pago de intereses como requisito para la terminación del proceso penal por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, a pesar de que dichos intereses no hagan parte del tipo penal, viola el principio de proporcionalidad como manifestación de la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 Superior. La Corte considera que la disposición acusada es constitucional, toda vez que es una medida adecuada para lograr las finalidades de protección de los recursos públicos, la disuasión y la reparación de la víctima. EXEQUIBLE. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 292/19 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2019

    USO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO. PLAZO Y CONDICIONES DE RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS QUE CONCEDE EL MINTIC. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 12 (parcial) de la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TI-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la expresión “el cual podrá renovarse a solicitud de parte por períodos de hasta diez (10) años” viola el artículo 75 de la Constitución, el cual establece la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro radioeléctrico, la necesidad de evitar monopolios y el deber de fomentar la competencia. Luego de reiterar el necesario cumplimiento de los requisitos mínimos que exige la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, la Corte decidió INHIBIRSE de emitir una decisión de mérito sobre los cargos formulados. Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 287/19 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2019

    PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DE EX MIEMBRO DE LA FUERZA PUBLIC. La accionante, actuando como agente oficiosa de su hijo, aduce que las autoridades castrenses demandadas vulneraron derechos fundamentales de éste, al disponer su desvinculación del Ejército Nacional sin practicarle previamente el examen médico rutinario de retiro necesario para definir, de un lado, el acceso a la atención en salud por haber adquirido enfermedades durante la prestación del servicio activo y, de otro, el reconocimiento de prestaciones económicas en su beneficio. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El deber de la Fuerza Pública de practicar el examen médico de retiro al personal que se separa del servicio activo. 2º. La garantía de los derechos al debido proceso y la salud. 3º. La obligación de la Fuerza Pública de garantizar que los integrantes de sus filas se reintegren a la vida social en óptimas condiciones de salud y, 4º. El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud de los ex miembros de la Fuerza Pública. Se CONCEDE la tutela y se ordena al Ejército Nacional hacer los trámites para convocar a la Junta Médico Laboral Militar con el objeto de evaluar y definir la situación médica laboral del agenciado. Lo anterior para determinar la naturaleza de las enfermedades padecidas, así como el grado de incapacidad psicofísica que presenta según la gravead y el origen de las patologías evidenciadas. Se precisa que, atendiendo los resultados que arroje la valoración antes ordenada, se debe determinar si el actor tiene derecho a reconocimientos en materia prestacional. Recibo Relatoria:

Documentos destacados