Corte Constitucional - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • Sentencia de Tutela nº 153/19 de Corte Constitucional, 3 de Abril de 2019
  • Sentencia de Tutela nº 145/19 de Corte Constitucional, 2 de Abril de 2019

    DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LA PROHIBICION DE CENSURA PREVIA SOBRE PAUTAS DE CARACTER INFORMATIVO QUE SE PRETENDAN TRANSMITIR EN ESPACIOS DE TELEVISION. Se analiza en el presente caso la acción de tutela formulada por la Corporación Colombiana de Padres y Madres -RED PAPAZ-, en la cual solicita el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, libertad de información y a la igualdad, presuntamente vulnerados por Caracol televisión S.A. y RCN Televisión S.A. Considera la demandante que los precitados medios de comunicación suspendieron el trámite de emisión del código correspondiente para pautar un mensaje informativo de la campaña “No Comas Mentiras”, en los espacios televisivos concesionados por el Estado, hasta tanto RED PAPAZ allegara al proceso de codificación 1) una certificación de la Organización Panamericana de la Salud respecto al concepto de “comida chatarra” y, 2) soportes científicos que afirmen que ciertos alimentos están clasificados como comida chatarra. En su parecer, tal exigencia no cuenta con respaldo legal y constituye una censura previa al mensaje informativo que se quiere transmitir, desconociendo así las garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes a la salud, a la vida y a recibir información relacionada con una alimentación equilibrada. La Sala aborda los siguientes temas: 1) procedencia de la acción de tutela contra medios de comunicación, 2) derecho a la libertad de expresión, 3) derecho a la información como elemento normativo diferenciable de la libertad de expresión, y 4) limitaciones del derecho a la libertad de expresión y la prohibición de censura previa. Se CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de instancia que concedió el amparo de los derechos deprecados; Se ordena a la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV- dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 182 de 1995 y se advierte al consorcio demandado, acerca de la prohibición de adoptar medidas que impliquen control previo sobre la información que se pretenda transmitir en espacios de televisión concesionados por el EstadoRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 146/19 de Corte Constitucional, 2 de Abril de 2019

    ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE. El accionante considera vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo vital con la decisión de la accionada de dar por terminado su nombramiento en provisionalidad, según él, por agotamiento de la lista de elegibles. Manifiesta que no fue tenida en cuenta su condición de sujeto de especial protección por ser padre cabeza de familia y haber sido diagnosticado con una enfermedad catastrófica que deteriora progresivamente su salud. En su respuesta, la entidad demandada argumenta que el cargo que ocupaba el accionante fue ocupado por una persona de la lista de elegibles, por lo cual el derecho de este último prevalece sobre el del peticionario. La Sala DECLARO IMPROCEDENTE el amparo solicitado puesto que no encontró acreditado el requisito se subsidiariedad, como tampoco la existencia de un perjuicio irremediableRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 147/19 de Corte Constitucional, 2 de Abril de 2019

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. PROCEDENCIA POR DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECT. A través de la presente acción se cuestionan las decisiones proferidas dentro del proceso de reparación directa, iniciado con ocasión del fallecimiento de un patrullero de la Policía Nacional, cuando desarrollaban un operativo de registro y control al hurto de hidrocarburos. Argumenta la accionante que los jueces de instancia incurrieron en un defecto fáctico puesto que, a pesar de estar debidamente probado el daño antijurídico y la falla en el servicio por omisión, no se declaró patrimonialmente responsable al Estado, lo cual vulnera sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. Se abordan los siguientes temas: 1) reglas jurisprudenciales sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; 2) requisitos generales de procedencia; 3) requisitos específicos de procedibilidad con énfasis en el defecto fáctico; 4) acción de reparación directa y los elementos de la responsabilidad del Estado; y 5) jurisprudencia del Consejo de estado sobre el riesgo propio y los títulos de imputación, en tratándose de daño padecido por personas vinculadas voluntariamente a la fuerza pública. La Sala concluye, que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria; revoca la decisión de segunda instancia y en su lugar, confirma la sentencia de primera instancia que CONCEDIO el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, se dejan sin efecto las decisiones proferidas dentro del proceso de reparación directa -únicamente en relación con la accionante- y se ordena proferir una nueva decisión que tenga en cuenta los criterios expuestos en la parte motiva de la presente providenciaRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 141/19 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2019

    DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO Y DERECHO AL TRABAJO DE COMERCIANTE DE PLAZA DE MERCADO La accionante, quien trabaja como administradora de un local en la Plaza de Mercado de Paloquemao, manifiesta que la accionada vulneró sus derechos al debido proceso y al trabajo con la decisión de impedir su ingreso, de manera definitiva, a las instalaciones de la plaza y porque dicha sanción se le impuso sin que se le tomara versión libre, ni se le permitiera presentar ni controvertir pruebas, a raíz de hechos ocurridos al interior de la plaza con otra trabajadora del lugar. La Corporación accionada a su vez manifestó que la sanción fue impuesta de conformidad con el reglamento interno de la plaza de mercado, en virtud del cual se citó a descargos, se escuchó la versión de testigos y se evaluaron las pruebas. La Sala concluye que Cormepal vulneró la garantía fundamenta al debido proceso, por cuanto desconoció los derechos de defensa y contradicción de la accionante, a la vez que le impuso una sanción que no corresponde a lo previsto en el artículo 34 del reglamento interno de la plaza de mercado, lo cual generó a su vez, una vulneración del derecho al trabajo. Se CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo y se dictan órdenes encaminadas a restituir sus derechosRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 142/19 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2019

    INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE A LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MATERIA PENAL El representante del Ministerio Público, quien actúa en favor de una menor de edad, solicita que sea protegido el derecho fundamental al debido proceso y se haga efectiva la protección constitucional de niños, niñas y adolescentes víctimas de conductas punibles que atentan contra la libertad, la integridad y formación sexual. Cuestiona las decisiones proferidas dentro del proceso penal adelantado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, que declararon la legalidad y procedencia de la aplicación del principio de oportunidad, en la modalidad de extinción de la acción penal, en favor del agresor, quien era menor de edad al momento de cometer la conducta. La Sala de Revisión de la Corte se pronuncia sobre: 1) el alcance y desarrollo del principio de oportunidad en Colombia y su aplicación en delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes; 2) interés superior y prevalente del menor y 3) si la decisión cuestionada incurre en el defecto sustantivo y defecto por desconocimiento del precedente citados por el actor. La sala no encuentra configurados los defectos alegados, por lo cual REVOCA el fallo proferido en segunda instancia y en su lugar CONFIRMA la decisión del Tribunal Superior que negó el amparo solicitadoRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 143/19 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2019

    DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y SU DEBER DE CUMPLIR EL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO. La accionante, mujer transexual de nacionalidad venezolana y con diagnóstico de VIH positivo, considera que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la unidad familiar, al debido proceso y a la protección de sujetos de especial protección constitucional, al expedir los actos administrativos a través de los cuales le impone medida de deportación y la prohibición de ingreso al país por el término de dos (2 años). Considera que no se tuvieron en cuenta sus condiciones particulares, ni las normas nacionales e internacionales que garantizan protección a la población migrante y en especial, a las personas con orientación sexual diversa. La Sala analiza la siguiente temática: 1) derechos de los extranjeros, y su deber de cumplir con el ordenamiento jurídico Colombiano, 2) derecho al debido proceso en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio y 3) etapas del procedimiento administrativo sancionatorio en materia migratoria. Se NIEGA el amparo de los derechos invocados, al constatar que el procedimiento administrativo sancionatorio, se adelantó conforme a la regulación vigente, con respeto a las garantías del debido proceso, defensa y contradicción, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la actoraRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 144/19 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA POR NO ESTAR ACREDITADOS LOS REQUISITOS DE LA AGENCIA OFICIOS. La accionante, quien dice actuar como agente oficiosa de su esposo, solicita que le sean amparados los derechos de su agenciado, a la salud, a la dignidad humana, a la vida, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, entre otros, y en consecuencia se ordene reintegrarlo al cargo que ejercía o a uno adecuado según su patología, pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir, hacer efectivas las cotizaciones a salud y pensiones, pagar la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 261 de 1997 y los perjuicios morales. La Sala analiza la imposibilidad para actuar directamente o a través de apoderado, como requisito de la agencia oficiosa y concluye que, a pesar que se encuentra demostrado el estado de debilidad manifiesta del agenciado, no se acreditó la imposibilidad de éste para acudir a la jurisdicción constitucional, por sí mismo o a través de apoderado. Se declara la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por falta de legitimación por activa.Recibo Relatoria:

  • Sentencia de Tutela nº 136/19 de Corte Constitucional, 28 de Marzo de 2019

    DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE LA PENSION GRACI. En el presente caso se estudia la posible vulneracion de los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social del accionante, un adulto mayor que solicitó a la UGPP la sustitución de la pensión gracia reconocida por Cajanal, a quien en vida era su esposa. La accionada negó la petición argumentando que al reconocer dicha prestación, se incurrió en un error al valorar los requisitos de la misma y en consecuencia determinó que no era viable la sustitución de una prestación obtenida a través de un error que no genera derecho. La sala abordó los siguientes ejes temáticos. 1) Procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de reconocimiento de prestaciones de carácter pensional, 2) derecho a la seguridad social y al mínimo vital, 3) naturaleza de la pensión gracia y requisitos para su sustitución y 4) relación entre el principio de seguridad jurídica y la presunción de legalidad de los actos administrativos. Analizando el caso concreto, la Sala considera que la UGPP se extralimitó en sus funciones puesto que al negar la sustitución de la pensión gracia, de forma indirecta suspendió los efectos jurídicos del acto administrativo que en su momento la reconoció, cuando debió acudir a la autoridad judicial competente para solicitar la nulidad de dicho acto administrativo. Se CONCEDE la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del accionante y se ordena a la UGPP adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación solicitadaRecibo Relatoria:

  • Sentencia de Unificación nº 139/19 de Corte Constitucional, 28 de Marzo de 2019

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