Corte Constitucional - Jurisprudencia
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  • Sentencia de Tutela nº 509/20 de Corte Constitucional, 19 de Diciembre de 2020

    Se atribuye a la Fiscalía General de la Nación la vulneración del derecho fundamental al habeas data de la actora, al no actualizar o suprimir las anotaciones que sobre ella reposan en la herramienta operativa del Sistema Penal Oral Acusatorio –SPOA-, porque con ello resultó afectado sus posibilidades de encontrar empleo. En el trámite de revisión se vinculó a la sociedad Cosinte Ltda. como posible trasgresora de la garantía constitucional al buen nombre, al divulgar información imprecisa sobre la existencia de antecedentes penales a través de estudios de confiabilidad y/o financieros. Se aborda temática relacionada con: 1º. El ámbito de protección del derecho fundamental al habeas data. El derecho fundamental al buen nombre. 3º. Los antecedentes penales y anotaciones en los sistemas informáticos de la Fiscalía General de la Nación. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó a la Fiscalía General de la Nación, en cuanto entidad que administra bases de datos, velar por la protección del derecho al habeas data de las personas objeto de anotaciones o registros en los diferentes sistemas informáticos con los que opera esa institución, para lo cual deberá tener en cuenta los principios constitucionales y legales que guían la administración de datos personales, de conformidad con lo señalado en esta decisión. Así mismo, se ordenó a la empresa vinculada que, en los próximos estudios que realice a la peticionaria, omita referir actuaciones judiciales de carácter penal con estado “inactivo” o, en caso de mencionarlas, especifique la situación procesal da lugar a esa descripción. De igual manera, se ordenó remitir copia de la presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Industria y Comercia para que, en su orden y en el ámbito de sus respectivas competencias: a). realice seguimiento de las investigaciones disciplinarias realizadas al interior de la Fiscalía relacionadas con ingresos o divulgación irregular de información reservada y adelante las acciones a las que haya lugar en caso de encontrar mérito y, b) verifique si la Sociedad Cosinte Ltda pudo haber incurrido en alguna actuación irregular en el acopio de los datos personales de la accionante.

  • Auto nº 488/20 de Corte Constitucional, 18 de Diciembre de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispuso remitir los informes presentados por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en respuesta al Auto 443/20 al Gobierno Nacional para que, en caso de considerarlo necesario se pronuncie, antes del 1º de febrero de 2021, sobre las conclusiones en el proceso de consolidación de los indicadores de goce efectivo de derechos. Así mismo, solicitó a los directores del Departamento Nacional de Planeación y de la Unidad para las Víctimas que en remitan, a los demás actores del proceso, la propuesta de los indicadores específicos de goce efectivo de derechos de pueblos y comunidades étnicas y sus respectivas fichas técnicas, con al menos siete (7) días hábiles previo al inicio del proceso de deliberación para el ajuste y complemento de los mismos.

  • Sentencia de Tutela nº 531/20 de Corte Constitucional, 18 de Diciembre de 2020

    Los accionantes, quienes manifiestan ser representantes de las organizaciones de base y autoridades tradicionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ubicadas en el departamento de La Guajira, instauran la protección de los derechos colectivos de un grupo de 146 docentes y directivos docentes pertenecientes a dicha colectividad. El amparo se dirige en contra de autoridades administrativas que, en su criterio, habrían incurrido en error al realizar el nombramiento de cada uno de estos docentes bajo la modalidad de provisionalidad y siguiendo lo dispuesto en el Decreto Ley 1278 de 2002. Luego de constatar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Corte no encontró acreditado el de subsidiariedad, como tampoco avizoró la configuración de un perjuicio irremediable que autorizara la intervención transitoria del juez constitucional, en tanto los maestros están ejerciendo sus labores como etnoeducadores. Con base en lo anterior, la Sala de Revisión declaró la IMPROCEDENCIA del amparo invocado. No obstante lo anterior, conminó al Congreso de la República para que expida un ordenamiento jurídico con fuerza de ley en el que se regulen las relaciones entre el Estado y los etnoeducadores que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y a aquellas ubicadas en sus territorios.

  • Sentencia de Tutela nº 530/20 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 2020

    ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR TRASLADO DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL AL REGIMEN DE PRIMA MEDIA-IMPROCEDENCIA POR EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EN CURSO Y NO ACREDITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE. Se atribuye a las entidades accionadas la vulneración de derechos fundamentales de la actora, al no permitir su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). Se advierte que con la solicitud de amparo coexiste un proceso ordinario pendiente de decisión por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Luego de revisar el asunto consideró la Corporación que la solicitud de amparo es IMPROCEDENTE, en tanto el medio ordinario de defensa judicial que tiene a su alcance es idóneo y eficaz y, además, no se advierte la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable.

  • Sentencia de Tutela nº 529/20 de Corte Constitucional, 16 de Diciembre de 2020

    La accionante actúa como agente oficioso de su esposo, quien presenta diferentes y delicadas patologías, por las que tuvo que ser internado en el hospital accionado. Ambos son de nacionalidad venezolana e ingresaron a Colombia a finales del año 2018 debido a la situación que afronta su país. Se aduce que las entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales del agenciado al brindarle la atención médica mientras estuvo hospitalizado, pero darle de alta por no estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social y, en consecuencia, negarle los servicios médicos ordenados en su historia clínica. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la Seguridad Social en Salud de los extranjeros con permanencia irregular en Colombia y, el deber de los mismos de regularizar su situación migratoria. Teniendo en cuenta que el hospital cuestionado ha desplegado una actuación positiva en su compromiso de preservar la salud del paciente, independientemente de su condición migratoria irregular y, por ende, de su no afiliación al SGSSS y le ha brindado por más de un año la atención urgente que ha requerido, la cual puede calificarse de integral dada la multiplicidad de los servicios autorizados y su amplia cobertura en el tiempo, la Corte decidió NEGAR el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 526/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020

    La accionante, actuando en representación de una hija de 17 años de edad, considera que la aseguradora cuestionada vulneró derechos fundamentales de la joven, con ocasión de la negativa de autorizar la cobertura de un procedimiento médico que le fue prescrito, por considerarlo de carácter estético y, por ende, excluido de la póliza de salud. La Corte decidió declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y por no encontrar acreditado un perjuicio irremediable. Precisó que, en atención a las características de la patología padecida por la menor de edad y las condiciones fácticas de su núcleo familiar, no es desproporcionado que, por intermedio de su madre, inicie las acciones pertinentes ante el juez ordinario civil o ante la Superintendencia Financiera, para efectos de determinar el alcance de las coberturas de la póliza de salud contratada. En todo caso, advirtió que la peticionaria y su hija también pueden iniciar las acciones judiciales correspondientes para discutir la decisión de la EPS de negar la práctica del procedimiento pretendido.

  • Sentencia de Tutela nº 527/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020

    La actora, una mujer de 89 años de edad, aduce que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al no reconocer a su favor la sustitución pensional de la prestación que devengaba su cónyuge, argumentando que no convivieron juntos durante los cinco años anteriores al fallecimiento. Se aborda temática relacionada con el derecho a la sustitución pensional y los requisitos para su reconocimiento en el ordenamiento jurídico y, el precedente jurisprudencial sobre la sustitución pensional ante la existencia de convivencia no simultáneas de cónyuge y compañera/o permanente en vigencia de la Ley 797 de 2003. Al analizar el asunto la Corte concluyó que: cuando en el marco de los procedimientos para definir los beneficiarios de una sustitución pensional o de una pensión de sobrevivientes con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 se presentan controversias entre cónyuge con separación de hecho y compañera/o permanente, sin que exista convivencia simultánea, a la primera le corresponderá una cuota parte siempre que exista sociedad conyugal vigente y se acredite una convivencia igual o superior a cinco años en cualquier tiempo. En el caso del/la compañero/a permanente, le corresponderá una cuota parte de lo establecido en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en proporción al tiempo convivido, siempre que se acredite que éste fue igual o superior a cinco años anteriores al fallecimiento del causante. Se precisa que, en atención a que la peticionaria mantuvo la sociedad conyugal vigente con su esposo hasta la muerte de éste, con convivencia anterior mayor a 20 años, tiene derecho a ser beneficiaria de la sustitución pensional al menos en un 50%, hasta tanto la entidad defina el derecho de la persona que se presentó a reclamar la prestación en calidad de compañera permanente. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena el reconocimiento y pago de la prestación reclamada en favor de la actora, como beneficiaria provisional del 50% del derecho de la sustitución pensional de la prestación devengada por el causante.

  • Auto nº 487/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 decide la solicitud de medidas cautelares para la protección de los derechos a la vida, la seguridad y la integridad, formulada por las autoridades del pueblo Totoroez. La Corte decidió denegar la anterior petición, por cuanto corroboró la existencia de otros mecanismos administrativos en curso, que ofrecen respuestas a las demandas de protección de dicha comunidad. Entre otras disposiciones se resolvió remitir los oficios presentados a la Corporación al director de la Unidad Nacional de Protección para que, de conformidad con sus competencias, los analice y adopte las medidas a que haya lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.5.10 del Decreto 1066 de 2015.

  • Auto nº 486/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020

    La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria declarado en las Sentencias T-388/13 y T-762/15, haciendo uso de su competencia para adoptar medidas de protección de derechos fundamentales en favor de las personas privadas de la libertad, en especial en el contexto de la pandemia actual, ordenó al INPEC diseñar e implementar una categorización de establecimientos de reclusión del orden nacional que se encuentren en riesgo de contagio o con casos activos por COVID 19, en la que se identifiquen dichos lugares según un nivel de seguimiento preventivo, inicial, medio y alto, acorde con los criterios expuestos en la presente providencia, los cuales tienen relación directa con la situación de vulnerabilidad o afectación de dicha población a causa de la emergencia sanitaria. Así mismo, precisó los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a la disposición anterior e impartió otra serie de órdenes a varias entidades gubernamentales y entes de control.

  • Sentencia de Tutela nº 524/20 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 2020

    DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD Se atribuye a la empresa accionada la vulneración de derechos fundamentales del actor, al no practicar las pruebas solicitadas dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, al no dar traslado del material probatorio recaudado y al imponer, de forma desproporcionada, el despido como sanción prevista en el Reglamento Interno de Trabajo. Asimismo, por la terminación unilateral del contrato de trabajo a término indefinido que tenían sin la autorización del Ministerio del Trabajo, pese a que presentaba afecciones de salud y dificultades económicas. Se reitera doctrina constitucional referente al derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. Con el ánimo de evitar un perjuicio irremediable se CONCEDE la tutela como mecanismo transitorio, hasta tanto se resuelva en forma definitiva el proceso ordinario que se encuentra en curso. Consecuentemente con lo anterior, se ordena a la empresa reintegrar al peticionario en el caso que ocupaba antes del despido o a uno de igual jerarquía, que se ajuste a su condición de salud actual. Se advierte que, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, la vinculación solo podrá terminarse previa autorización del Ministerio de Trabajo o por decisión de autoridad competente.

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