Sentencia de Tutela nº 821/07 de Corte Constitucional, 5 de Octubre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43533315

Sentencia de Tutela nº 821/07 de Corte Constitucional, 5 de Octubre de 2007

Ponente:Catalina Botero Marino
Fecha de Resolución: 5 de Octubre de 2007
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derechos fundamentales de la accionante y sus hijas en el caso de persona desplazada por la violencia a quien la entidad se niega a incorporarla en el registro unico de personas desplazadas aduciendo como fundamento el año de ocurrencia de los hechos y la no utiliacoin de los recusrsos adminsitrativos y judicales a su alcance. Solicita se ordene su inscripcion y el de sus hijas en el registro unico de poblacion desplazada, se le entregue la ayuda humanitaria a que haya lugar y se la incluya en los programas de estabilizacion economica asi como el acceso al sistema de salud y al sistema educativo. Procedibilidad de la accion de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situacion de desplazamiento forzado. Criterios constitucionales que deben seguirse al momento de definir la solicitud de inscripcion en el registro unico de poblacion desplazada y derechos fundamentales de las personas en situacion de desplazamiento. Interpretacion constitucional de las causales legales y reglamentarias que dan lugar al rechazo de la inscripcion de una persona en el rupd. La decision de negar la inclusion de una persona en el rupd no puede estar soportada en motivaciones incoherentes e insuficientes. La falta de identificacion detallada de las personas que originaron el desplazamiento no es causa para negar la inscripcion en el rupd, como tampoco el desconocimiento o la ignorancia de las autoridades administrativas sobre la situacion de violencia de la region de la cual proviene quien solicita la inscripcion. Las inconsistencias en el registro civil de nacimiento de un menor que se ha visto obligado a desplazarse con sus padres, no es razon suficiente para negar el registro del nucleo familiar en el rupd. Proteccion de los derechos fundamentales de la actora a la inclusion en el rupd, a la ayuda humanitaria, a la estabilizacion socioeconomica y a la educacion y la salud de sus hijas menores. Las obligaciones del estado destinadas a proteger los derechos a la verdad y a la justicia de la actora. En el presente caso se vulnero los derechos de la accionante y de sus hijas menores. Concedida

 
ÍNDICE
CONTENIDO

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Sentencia T-821/07

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Protección por los diferentes organismos estatales

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la población desplazada

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA-Condiciones para ser considerado como una persona en esa situación

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Registro de las personas afectadas

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Casos en que resulta procedente ordenar a Acción Social el registro

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Principios constitucionales

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Causales legales y reglamentarias que dan lugar al rechazo de la inscripción

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Posibilidad de inscripción después de transcurrido un año a partir de fecha de desplazamiento, cuando no se ha podido satisfacer el derecho a la reubicación

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Factores que deben ser tenidos en cuenta por el Estado al momento de valorar la declaración de desplazamiento

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Inscripción cuando se ha verificado que Acción Social ha incurrido en algunas conductas

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Vulneración al debido proceso cuando la motivación de rechazo a la inscripción es ininteligible o incoherente

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-No deben exigirse requisitos formales irrazonables y desproporcionados

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Desconocimiento o ignorancia de las autoridades administrativas sobre la situación de violencia en la región no es razón suficiente para negar la inscripción

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Inconsistencias en el registro civil de un menor que se ha visto obligado a desplazarse con sus padres no es razón suficiente para negar el registro del núcleo familiar

REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Formulación de la solicitud después de un año no es causa suficiente para negar la inscripción

ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL-Procedencia para ordenar la inscripción en el RUPD, el suministro de información y asesoría de manera inmediata clara y precisa sobre los derechos del desplazado

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Alcance

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Deberes del Estado

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Deber del Estado de investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Imposibilidad de aplicar amnistías o indultos abiertos o encubiertos a quienes participaron en la comisión de crímenes atroces o internacionales

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Derecho a conocer la autoría del crimen; los motivos y las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Derecho a conocer el patrón criminal que marca la comisión de los hechos punibles

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA-Obligación de los Estados parte de la Convención Americana sobre derechos Humanos de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Acceso a la administración de justicia y a la defensa técnica

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Derecho a la reparación integral del daño causado

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Derecho a la restitución de tierras despojadas

ACCION DE TUTELA-Procedencia para ordenar la inscripción en el RUPD

DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Vulneración

DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Autoridades competentes no han adoptado los correctivos para su protección

DERECHO A LA REPARACION-No existen aún programas y políticas claras en materia de restitución de bienes de la población desplazada

Referencia: T-1642563

Acción de tutela interpuesta por R.S.Q. contra Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social.

Magistrada Ponente (E)

Dra. CATALINA BOTERO MARINO

Bogotá, D.C, cinco (5) de octubre de dos mil siete (2007).

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, que resolvieron la acción de tutela impetrada por R.S.Q. contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).

I. ANTECEDENTES

La señora R.S.Q. interpuso acción de tutela contra la decisión de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) de no incluirla en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). En su criterio, tal decisión viola sus derechos fundamentales. Fundamenta la acción en los siguientes hechos:

Hechos

  1. La actora vivía con su compañero, sus dos hijas menores, su padre y su abuelo en una pequeña finca en la vereda El L., del municipio de Aguachica, en el sur del Cesar. En el mes de septiembre del 2006, siete hombres armados llegaron a su casa, se llevaron a su compañero y asesinaron a su padre en su presencia y en presencia de su abuelo, don F.B., de 83 años de edad. Pocos días después se desplazó con sus hijas menores a la ciudad de Cúcuta. La actora narra de la siguiente manera los hechos antes resumidos:

    ''El día viernes anterior a la fecha en que me desplacé, llegaron unos hombres vestidos de negro, armados, y cogieron a mi papá y le pegaron un tiro, se quedaron dentro del rancho hasta que él murió, yo les suplicaba que me lo dejaran sacar para salvarlo, y no me dejaron, mi papá de nombre B.B., de 38 años de edad, padeció tres (3) horas, murió desangrado, ya que el tiro le entró por la parte de atrás de la cabeza y le salió por la frente, esto ocurrió frente a mi abuelo, F.B., de 83 años, quien también les lloraba para que no mataran a su hijo. También estaba mi esposo, de nombre D. TORRES de 27 años y a él sí se lo llevaron en ese momento, y no sé nada de su paradero. Yo no sé que grupo era, ya que iban encapuchados y vestidos de negro, en total eran 7. Mis dos hijas también se encontraban en el rancho. Ellos me dijeron que yo tenía que irme de L. (vereda) porque si volvía y me encontraban, la próxima iba a ser yo. Entonces decidí dejarlo todo y venirme con mis dos hijas'' Folio 20 del expediente..

    Sobre los actores que originaron el desplazamiento dijo:

    ''Llegaron unos hombres vestidos de negro, armados (...) yo no sé qué grupo era, ya que iban encapuchados y vestidos de negro, en total eran 7(...) PREGUNTADO: Manifieste que grupos armados al margen de la ley hacen presencia en la zona de donde viene desplazada. CONTESTO: Guerrilla (E.L.N), Á.N.''F. 20 y 21 del expediente..

  2. El desplazamiento a la ciudad de Cúcuta tuvo lugar el día 17 de septiembre. Algunos días después - el 3 de noviembre de 2006 - se dirigió a la Defensoría del Pueblo para declarar como persona en situación de desplazamiento.

  3. El 21 de noviembre de 2006, Acción Social negó la solicitud de la actora. Para fundamentar su decisión adujo que el hogar fue víctima de la violencia (i) por personas que no lograron ser identificadas por la actora, (ii) se trató de una muerte selectiva ''ya que las autoridades no confirman alteración alguna de orden público en la vereda El L. durante 24 años'', (iii) no logra explicar el nacimiento de su hija L. en Bogotá en el año 2002, (iv) ni el de su otra hija D. en Cúcuta el 19 de noviembre de 2005, y (v) no da suficiente información del padre de las menores. Eso - dijo en su momento la entidad accionada - es suficiente para concluir que se incurre en una de las causales para no incluir en el RUPD a una persona: ''[c]uando existen razones objetivas y fundadas para concluir'' que no se dan las circunstancias exigidas por la ley para ser catalogado como persona en situación de desplazamiento (Decreto 2569 de 2000, art. 11, N° 3). Esta decisión fue notificada el 2 de enero de 2007.

  4. El 5 de enero de 2007, la señora R.S.Q. interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión. Explicó de esta manera las condiciones del desplazamiento, tratando de dar respuesta a los reparos de la entidad gubernamental:

    ''La razones que me obligaron a desplazarme fueron: porque llegaron a mi casa y mataron a mi papá y se llevaron a mi marido y me dijeron que si no me iba me mataban a mi y a mis hijas, entonces yo vendí mis animales y me vine y mi abuelo no se quiso venir, lo convidé y él dijo que se quedaba que si lo iban a matar él ya había vivido. Es muy viejito y rebelde. Porque a mi papá lo mataron delante de nosotros dos. Y mi papá sufrió mucho para morir. Me tocó enterrarlo en la Finca allá porque no me dejaron sacarlo y no tenía plata para el ataúd y me tocó que hacerle uno de tabla y lo velamos en la Finca de L. que queda a 3 horas de Aguachica y yo busqué a mi esposo por todos lados y no lo encontré entonces esta es la fecha y no sé nada de él y me vine el 17 de septiembre de 2006 y llegué aquí el 18 de septiembre (...) El que me crió fue mi papá y mi abuela y mi tío que a él lo mataron en Aguachica y mi nona falleció que se llamaba B.R. y mi tío se llamaba J. delC.R. (...) Y cuando mataron a mi tío nos fuimos para Bogotá donde vivía un familiar de mi esposo y yo iba embarazada, allá fue donde tuve a mi hija L.C.T.S. (...) cuando cumplí la dieta nos fuimos otra vez para L. porque no teníamos trabajo, lo único que sabíamos era cosechar era fríjol, plátano, maíz, y yuca. A los 3 años salí embarazada de la niña que tengo ahorita que la tuve en la vereda con una partera por eso me tocó registrarla con testigos'' La declaración anterior figura como sigue a folio 26 del expediente: ''Las razones que me obligaron a desplazarme fueron: porque llegaron a mi casa y mataron a mi papá y ce yevaron a mi marido y me dijeron que cino me yva me matavan a mi y amis yjas entonce yo bendi mis animales y me vine y mi abuelo no se quiso benir lo conbide y el dijo que se quedaba que si lo iban a matar el ya avia vivido es muy viejito y rebelde porque a mi papa lo mataron delante de nosotros dos. Y mi papa sufrio mucho para morir. Me toco ente rarlo en la Finca alla porque no me dejaron sacarlo y no tenia plata para el ataul y me toco que hacerle una tabla y lo velamos en la Finca de limoncito que queda a 3 horas de aguachica y yo busque a mi esposo por todos laos y no lo encontre entonces Esta es la fecha y no sé nada de el y me vine el 17 de septiembre de 2006 y yegue a qui el 18 de septiembre (...) El que me crio Fue mi papá y mi abuelo y mi tio que el lo mataron en aguachica y mi nona falleció que sellamaba B.R. y mi tio que sellamaba J. del carmen B.R. (...) Y cuando mataron a mi tio nos Fuimos Para Bogota donde vivia un Familiar de mi esposo y llovía enbarasada aya Fue donde tuve a mi hija L.C.T.C. (...) cuando cumplí la dieta nos fuimos otra vez para limoncito porque no teniamos trabajo lo unico que sabiamos era cosechar era F., P., maiz, y yuca a los 3 años sali embarazada de la niña que tengo [...]rita que la tube en la vereda con una partera por eso me toco registrarla con testigos''..

  5. Acción Social, mediante Resolución No. C021 del 16 de enero de 2007, decide confirmar el acto impugnado. En su criterio, no procede el registro dado que la declaración resulta contraria a la verdad. A su juicio, si bien los hechos que la actora narra pudieron suceder, su ocurrencia tuvo lugar en 2005 y no en 2006. Acción Social llega a esta conclusión al indicar que, según el registro de su segunda hija, ella nació en Cúcuta en el 2005 y, por consiguiente, si hubo desplazamiento, este se produjo en esta fecha y no en el 2006 como lo indica la actora. Al respecto dice la Agencia: ''ya que usted se desplazó inmediatamente (luego de los hechos criminales) y para Cúcuta donde registró el nacimiento de su hija D. en noviembre de 2005'' Folio 7 del expediente.. Esta decisión fue notificada a la actora el 14 de febrero de 2007. Contra tal decisión no se interpuso recurso alguno.

  6. El 19 de febrero de 2007, la señora R.S.Q. interpuso verbalmente acción de tutela contra la decisión anterior. En su criterio, la no inclusión en el Registro Único de Población Desplazada vulneró sus derechos a la vida digna, al debido proceso, al amparo y protección de las personas en situación de desplazamiento. La actora explicó como sigue la presunta incongruencia que subyace a sus declaraciones: ''Como yo tengo un conocido aquí en Cúcuta que es de Aguachica, yo me comuniqué con él y él me aconsejó que viniera para acá y acá registré a mi hija con testigos porque no me la querían registrar'' Folio 8 del expediente.. Por otra parte, la actora afirma que acudió a la acción de tutela porque no sabía de otro mecanismo para controvertir la decisión de Acción Social. Al respecto señala que una vez decidida su solicitud, la llamaron de Acción Social ''para que pasara una carta de reposición, yo pasé la carta escrita y de ahí llamé otra vez y me dijeron que viniera y yo vine y era para darme la otra carta que me dieron y en la cual me dicen que no fui incluida por cuanto dicen que los hechos por mi narrados sí son ciertos pero que sucedieron en septiembre de 2005 y no de 2006''. En lo relativo a la causa por la cual no interpuso recurso de apelación afirma que ''realmente, como yo no sé de leyes ni de reglamentos, pues no sé qué es eso y por eso no hice uso de ellos'' Folios 8 y 9 del expediente..

  7. En ejercicio de su derecho de defensa, la entidad accionada solicitó que se desestimaran las pretensiones de R.S.Q.. En primer lugar Acción Social señaló que ''la no coherencia entre lo declarado por la señora y la realidad fáctica de los hechos muestra supuestos contrarios a los que declaró la citada señora'' Folio 34 del expediente.. La incoherencia mencionada tiene como fundamento el hecho de que el Registro Civil de Nacimiento de D. - la hija menor de la actora - indica que ella nació en Cúcuta en noviembre 2005, ''siendo que precisamente su señora madre había declarado que para esa época ellos se encontraban en la vereda El L.''. Adicionalmente, Acción Social indica que ''la señora C.C.V. (SIC) solicitó su inclusión en el Registro Único de Población Desplazada narrando hechos ocurridos hace más de un año, por cuanto la muerte del señor padre ocurrió en el año 2005 y no en el 2006 como lo pretende hacer ver'' Folio 35 del expediente..

Decisiones Judiciales que se revisan

  1. En la Sentencia de primera instancia se declara improcedente la acción de tutela. Según el juez de instancia en el Registro Civil de Nacimiento de D., ''se evidencia que para esa fecha [noviembre de 2005] la menor, junto con su madre, se encontraba en esta ciudad [Cúcuta] con ocasión del nacimiento'' con lo que se configura ''una verdadera incongruencia entre los hechos planteados por la accionante y las pruebas aportadas'', pues en su declaración la demandante afirma haber estado en El L. para esa fecha. Adicionalmente, el juez encuentra que la controversia planteada ''escapa al Juez Constitucional de Tutela'', dado que tal discusión debió haberse ventilado ante la Jurisdicción Administrativa. No obstante, en la medida en que la accionante no interpuso recurso de apelación y por tanto no agotó la vía gubernativa, no se dan las condiciones de procedibilidad de la acción contencioso administrativa, quedando en pie como recurso la solicitud de revocatoria directa. Dada la existencia del mencionado ''recurso'' el juez declara improcedente la acción de tutela interpuesta.

  2. La accionante impugnó la decisión de primera instancia. Sobre la incongruencia advertida por el juez señala lo siguiente:

    ''Gracias a una jornada realizada por la Registraduría en el parque Santander, en esa fecha, pude inscribir a mi hija y por medio de dos testigos, ya que mi esposo D.T. está desaparecido, desde que se lo llevó un grupo de Autodefensas y no he vuelto a saber de él, aunado a esto, es complicado lo relacionado al registro de los niños ya que hay que salir hasta Aguachica Cesar, que es el sitio más cercano, por lo tanto no había realizado el registro de nacimiento de mi hija, del nacimiento de mi hija en la Vereda puede ser testigo la partera de nombre A.T., que vive allá en la Vereda, cuando eso se encontraban allí mi esposo, el abuelo F.B., que vivíamos ahí en la finca, también puede ser testigo mi tía M.E.B.T., quien vive ahora en Barranca. (...) También quiero manifestar para aclarar este punto que yo fui registrada por esta razón ya después de grande y en Aguachica Cesar'' Folio 75 del expediente..

  3. Le corresponde conocer en segunda instancia a la Sala Civil Familia del Tribunal de Distrito Judicial, la cual decide CONFIRMAR el fallo impugnado. Según el Tribunal aún quedaba un recurso por agotar: la solicitud de revocatoria directa. La acción de tutela, entonces, es improcedente.

    Pruebas obrantes en el expediente

    Obra en el expediente:

    · Copia del Registro Civil de Nacimiento de la menor D.S.Q. (NUIP 1090395633).

    · Copia del Registro Civil de Nacimiento de la menor L.C.T.S. (NUIP A9F0252400).

    · Copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora R.S.Q. (NUIP H8H0253775).

    · Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora R.S.Q..

    · Copia de la Declaración de desplazamiento efectuada por la señora R.S.Q. ante la Defensoría del Pueblo de Cúcuta, Norte de Santander, del 3 de noviembre de 2006.

    · Copia de la Resolución No. 1432 del 21 de noviembre de 2006 de Acción Social.

    · Copia de la impugnación de la Resolución, presentada por la señora R.S.Q. ante la Resolución No. 1432 del 21 de noviembre de 2006 de Acción Social.

    · Copia de la Resolución C021 del 16 de enero de 2007 expedida por Acción Social, mediante la cual se resuelve la impugnación de la peticionaria.

    · Declaración juramentada ante notario en la que las señoras E.G.R. y M.E.B.R. certifican ''TERCERO: Que conocían de vista, trato y comunicación de toda la vida B.B.R., indocumentado, de profesión Agricultor, domiciliado en la vereda el L. de aguachica (Cesar) || CUARTO: Que sabían y les consta que el señor B.B.R., falleció el 20 de septiembre de 2006 en la vereda de L. lugar en la cual fue enterrado''

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Competencia

  1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 C.P., así como en los artículo 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias de tutela relacionadas.

    Problema jurídico

  2. La Corte debe resolver, en primer lugar, si en el presente caso, la acción de tutela es procedente para garantizar los derechos de la señora R.S.Q.. Para resolver esta cuestión, la Corte recordará la doctrina constitucional vigente sobre procedibilidad de la acción de tutela para la defensa de los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento. Adicionalmente, deberá establecer si procede la acción de tutela para solicitar la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), cuando la persona interesada ha dejado de utilizar los recursos administrativos y judiciales a su alcance para tales efectos.

    En segundo lugar, la Corte deberá estudiar si la señora R.S.Q. y sus dos menores hijas tienen derecho a ser reconocidas como personas en situación de desplazamiento por la violencia y, en consecuencia, a ser incluidas en el Registro Único de Población Desplazada y a los derechos que de ello se derivan. Para resolver esta cuestión la Corte deberá indagar si la decisión de Acción Social de no incluir a la actora en el RUPD tiene fundamento constitucional suficiente según la doctrina constitucional vigente.

    Procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado

  3. La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. En consecuencia, la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la procedencia de la acción Una síntesis de las decisiones de la Corte en esta materia puede encontrarse en la sentencia SU-150 de 2000 y en el anexo 4 de la sentencia T-025 de 2004. Más recientemente la Corte se ha pronunciado sobre el tema en las sentencias T-740 de 2004, T-175 de 2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006. . En una de las decisiones más recientes a este respecto la Corte ha señalado:

    ''En este contexto, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados'' Sentencia T-086 de 2006, M.P.C.I.V.H...

    En suma, para la Corte, dada la situación de extrema vulnerabilidad de las personas en situación de desplazamiento, el mecanismo que resulta idóneo y eficaz para defender sus derechos fundamentales ante una actuación ilegitima de las autoridades encargadas de protegeros, es la acción de tutela.

  4. Ahora bien, en el presente caso los jueces de instancia consideraron improcedente la acción de tutela dado que la actora contaba con la posibilidad de interponer una solicitud de revocatoria directa contra la decisión impugnada. En consecuencia se pregunta la Corte si la acción de tutela puede proceder para impugnar una decisión de Acción Social que eventualmente compromete derechos fundamentales, cuando quiera que la persona interesada haya dejado de acudir al recurso de apelación o cuando, en su defecto, cuente con la posibilidad de solicitar la revocatoria directa de la decisión.

  5. La jurisprudencia de la Corte ya ha señalado que la acción de tutela no puede ser utilizada para subsanar la negligencia o la incuria de las personas que han dejado de acudir a los mecanismos ordinarios para la defensa de sus derechos. Sin embargo, la Corte ha considerado que existen casos excepcionales en los cuales resulta desproporcionado exigir a las partes el agotamiento previo de la totalidad de los recursos ordinarios - administrativos o judiciales - como condición para acudir a la acción de tutela. En particular, cuando se trata de personas secuestradas, desaparecidas, incapaces o en situaciones de extrema exclusión y vulnerabilidad, tal exigencia se convierte en una barrera desproporcionada de acceso a la administración de justicia. El presente es uno de aquellos casos.

  6. La actora es una persona de escasos recursos económicos, que ha vivido en una vereda apartada, excluida de los beneficios de la educación y la cultura. Una persona que, como ella misma lo indica, desconoce absolutamente los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos. Adicionalmente carece de los medios económicos necesarios para contar con una defensa técnica adecuada. Finalmente, nunca recibió la asesoría y el acompañamiento que el Estado esta obligado a brindar a quienes han tenido que huir de la violencia para salvar sus vidas y las de sus seres queridos. En suma, ha sido absolutamente excluida de los beneficios básicos que un Estado está obligado a proveer y sin embargo, para garantizar sus derechos fundamentales, se le exige un conocimiento jurídico experto. En otras palabras, en las condiciones descritas no parece razonable sostener que la actora estaba en capacidad de interponer el recurso de apelación o la solicitud de revocatoria directa antes de acudir a la acción de tutela. Adicionalmente, ninguno de tales recursos era necesario para agotar la vía gubernativa en el presente caso.

    En este sentido la actora afirma que una vez presentada su declaración en la Defensoría del Pueblo, la llamaron de Acción Social ''para que pasara una carta de reposición, yo pasé la carta escrita y de ahí llamé otra vez y me dijeron que viniera y yo vine y era para darme la otra carta que me dieron y en la cual me dicen que no fui incluida por cuanto dicen que los hechos por mi narrados sí son ciertos pero que sucedieron en septiembre de 2005 y no de 2006''. En lo relativo a la causa por la cual no interpuso recurso de apelación afirma que ''realmente, como yo no sé de leyes ni de reglamentos, pues no sé qué es eso y por eso no hice uso de ellos'' Folios 8 y 9 del expediente..