Sentencia de Tutela nº 001/97 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560411

Sentencia de Tutela nº 001/97 de Corte Constitucional, 21 de Enero de 1997

Ponente:Jose Gregorio Hernandez Galindo
Fecha de Resolución:21 de Enero de 1997
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Negada
RESUMEN

Pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, reajustes, reliquidaciones. Foncolpuertos. Negada.

 
CONTENIDO

Sentencia T-001/97

ACCION DE TUTELA-Procedencia por falta de idoneidad del medio judicial/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Procedencia transitoria de tutela

La falta de idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio judicial se muestra apto para el señalado fin, ha de aplicarse el precepto constitucional a cuyo tenor no es procedente la tutela, a menos que se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso cabe la protección temporal de tales derechos mientras se resuelve de manera definitiva la controversia por el juez de la causa.

MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL IDONEO Y EFICAZ-Improcedencia de tutela/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Protección de derechos

Si para lograr los fines que se persigue existe un medio judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.

ACCION DE TUTELA EN MATERIA LABORAL-Improcedencia general

En el campo laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general, ya que las controversias originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.

ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales

La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. La jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución.

DEMANDA DE TUTELA-Acreditación del título para reclamar prestaciones/JUEZ DE TUTELA-Incompetencia para liquidación de prestaciones

Aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela, para que el juez pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el título que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto reclamado por el trabajador. De allí se desprende que las tutelas incoadas con el propósito de obtener, más que pagos de sumas adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidación o reliquidación de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias.

JUEZ DE TUTELA-Devolución dineros pagados sin título a Foncolpuertos

Resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acción de tutela sin presentar título alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que lograron el pago pero poseían el título correspondiente con arreglo a la ley. Aunque en una y otra hipótesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aquí se exponen, quien recibió sin título está obligado a reintegrar a Foncolpuertos las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que tenían un título legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les debía, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una vía judicial inadecuada, tenían derecho a lo que recibieron.

ACCION DE TUTELA-Improcedencia general ejecución de obligaciones laborales/PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Improcedencia de tutela

No es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que la jurisprudencia ha venido definiendo- para alcanzar la ejecución de obligaciones laborales en cabeza de entidades públicas o privadas. Para el efecto, el sistema jurídico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que son ágiles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores a la administración de justicia, desplazando al amparo.

BUENA FE PROCESAL-Particulares demandan servicios a cargo del Estado/FRAUDE PROCESAL

El principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas, debe ser atendido por los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo. Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo. El debido proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros.

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Consecuencias

Respecto de la acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las consecuencias que apareja su utilizació n indebida, en especial teniendo en cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección. Si el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o más sentencias en torno al mismo asunto. Ello, desfigura la acción y hace propicio el sistema para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de justicia. Claro está, no se descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por la actuación indebida de los peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito de la profesión de abogado o por la connivencia de los propios jueces. Como tales conductas pueden implicar la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, no pueden formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional, cumplida su función, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes.

ABUSO DE LA TUTELA-Reclamación prestaciones sociales a Foncolpuertos

Se incurrió en un palmario e inconcebible abuso de la acción de tutela, merced a la temeridad de los actores o de sus apoderados, razón por la cual, además de la absoluta negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en costas y de las indispensables investigaciones de carácter penal y disciplinario que habrán de ser ordenadas. No podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos, menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las demandas, ni tampoco ratificada por los interesados. Mal puede concebirse la utilización de un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley.

COSTAS EN TUTELA-Ejercicio temerario de acción

La Corte manifestó que, en los trámites de amparo judicial de los derechos fundamentales, la condenación en costas no tiene un carácter disuasivo, en cuanto al ejercicio mismo de la acción, cuya esencia es la gratuidad, sino que se justifica en razón del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional. Para la Corte, no se establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica ésta con aquéllas, de modo que, si no hay temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposición del pago correspondiente.

ACCION DE TUTELA-Resolución

Quien ejerce acción de tutela tiene derecho a que el juez competente resuelva acerca de la demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga. Ello es propio de la actividad confiada por la Carta Política a los jueces y corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la administración de justicia, máxime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes.

Referencia: Expedientes acumulados T-96243, T-101985, T-102187, T.102522, T-102679, T-102909, T-103081, T-103842, T-103935, T-104221, T-104227, T-104228, T-104294, T-104405, T-104866, T-105480, T-105541, T-105573, T-105610, T-106090, T-106010, T-106284, T-106325, T-106561, T-106557, T-106582, T-106633, T-106634, T-106819, T-106890, T-106948, T-107809, T-107830 y T-108085.

Acción de tutela instaurada por A.R.M. y otros contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS.

Magistrado Ponente:

Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete (1997).

Se revisan los fallos proferidos por distintos jueces de la República al resolver sobre demandas acumuladas de tutela en los procesos de la referencia.

Por razones de celeridad y economía procesal, la Sala ha resuelto fallar sobre los treinta y cuatro primeros expedientes del total que ha sido acumulado en torno a la misma materia. Los demás se irán resolviendo por grupos, mediante posteriores sentencias, en orden de ingreso al Despacho.

I.I. PRELIMINAR

Los fallos de los que ahora se ocupa la Corte tuvieron origen en las acciones de tutela instauradas contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, por personas que mantuvieron vínculos laborales con la entidad cuya liquidación se adelanta.

En este primer grupo la Corte revisó un total de 34 expedientes, relativos a las acciones de tutela ejercidas por 470 personas, cuyos nombres se indican a continuación:

A.R.M.

Abello Cayón Armando Enrique

Acosta de Barrios Josefina

Agudelo Ramírez Eugenio Alberto

Alaiz Toncel Edgar Alberto

Alegría Pedro Nel

Alvarado Orozco Heriberto Antonio

Álvarez de Granados Ana Leonidas

Anaya Eyes Martín

Angulo Ortiz Luís Francisco

Aponte Gómez Fernando Enrique

Apreza Rojas Julio Alfonso

Araujo Quiroz Oswaldo

Araujo Wenceslao

Arboleda Antonio Ricaurte

Arévalo Guerrero Roy Alberto

Arévalo Hernández Carlos Arturo

Armenta Saldaña Roque Ángel

Avendaño Miranda Rafael Calixto.

Avendaño Polo Felipe Santiago

Ávila Pacheco Lorenzo Rafael

Ayola Fontalvo Julio Cesar

Banguera Quiñonez Petronilo

Barraza Pardo Germán

Barrios Coronado David Patricio

Bautista Ávila Argelia

Benavides Castillo Gloria Isabel

Bermúdez Areiza David

Bermúdez Mengual Sófocles Adolfo

Bermúdez Pardo Julio Cesar

Blanco Melo Horacio

Bolaño Márquez Moisés Alberto

Bolaño Romero Carlos Adaulfo

Bonett Amaya José Trinidad

Bornachera de Varela Noemí Ruth

Borre Bustamante Wilfrido

Bravo Torres Fénix Marina

Brito Constante Rafael

Brito Fernández José Isabel

Brito Gutiérrez Juan Segundo

Britto Antonio Joaquín

Britto Castro Benjamín Segundo

Britto Pérez Luís Rafael

Britto Pérez Manuel Antonio

Brochero Vélez Carlos Arturo

Bruges Zapata Alberto de Jesús

Bruges García Ramiro Antonio

Bruges Gracía Álvaro

Bruges Llanes Osvaldo

Buendía Castro Alfredo

Caballero Muñoz Pablo Antonio

Cabarcas Pérez Jaime Enrique

Cabas Márquez Jaime

Cadaviedes Constante Carlos Arturo

Caicedo de Viáfara Leonarda

Caicedo Obregón José del Carmen

Camacho de la Rosa Amparo Isabel

Camargo Acosta Orlando Efraín

Camargo Mercado Himera

Campo Avilez Anastasio

Campo González José María

Campo Maestre José Taracio

Campo Pardo José Ignacio

Campo Vives Teresita Martha

Cantillo Barrios José Francisco

Cárdenas Chaves Roberto

Cárdenas Rodríguez Juan José

Cariaga Guerra Luís Enrique

Carmona Martínez Margarita Isabel

Carrillo Gómez Jorge Eliécer

Carrillo Juan de la Cruz

Cassiani Ledesma Marcelino

Castillo Aguilar Carlos

Castrillón Melo Hector Enrique

Castro Calle Carmen

Castro García Victor Manuel

Castro Igirio Victor

Castro López Eudoxio

Castro Pimienta José Nicolás

Ceballos Bernales Edgardo

Celedón Molinares Carlos Aurelio

Colina Fontalvo Álvaro Alcides

Colorado Lerma Bonifacio

Contreras Tobías Julio Manuel

Coronado Eduardo de la Cruz

Correa Gálvez Manuel

Correa Medina Anibal Segundo

Correa Núñez Federico Antonio

Correa Valdovino Jairo Dionisio

Cortés Correa Humberto Enrique

Cotes de Noguera Abello Liscinia del Carmen

Crespo Palma Jairo Enrique

Cucunuba Ochoa Oscar Elí

Cuello García Luís Guillermo

Cuesta Moreno René

Cuisman Murgas Edinson David

Dávila Arias Marco Antonio

Daza Zapata Rodulfo Enrique

Daza Zapata William

De Guzmán Araujo Rodrigo Domingo

De la Cruz Paula

De la Hoz Barraza José Santander

De la H.M.M.

De la Hoz Ortega Hinarco Higinio

De León Pacheco Amado Santander

De León Pacheco Carlos Rafael

De León Pacheco Guillermo Calixto

De León Pacheco Santiago Rafael

De Lima Arregoces Julio Cesar

De Lima Ramos Alfredo Enrique

Delgado Noriega Delmiro Manuel

Dewdney Torres Jorge

Diaz Bolaño Hugo Alfonso

Díaz Conde Ramón Francisco

Diaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel

Diaz Gutiérrez Oswaldo

Diaz Herrera Gilberto Enrique

Díaz Loaiza José Vicente

Diuza Quiñonez José Domingo

Domínguez Diaz Silvio de Jesús

Durán Gamarra Yamile

Durán Rodríguez Manuel de Jesús

Emiliany Gómez José Antonio.