Sentencia de Tutela nº 397/04 de Corte Constitucional, 29 de Abril de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43621413

Sentencia de Tutela nº 397/04 de Corte Constitucional, 29 de Abril de 2004

Ponente:Manuel Jose Cepeda Espinosa
Fecha de Resolución:29 de Abril de 2004
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Derecho a tener una familia y no ser separada de ella de hija y madre discapacitada visual. Solicitud entrega menor de edad. Establecimiento relacion materno-filial. Proceso de rehabilitacion integral. Permanencia hogar sustituto. Interes superior y prevalente. Acceso a la informacion y comunicación.  concedida.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia T-397/04

MADRE INVIDENTE COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION-En situación de pobreza y madre de una pequeña hija

Un examen atento del material probatorio que se ha reseñado extensamente en los acápites precedentes lleva a la Sala a advertir, de entrada, que su decisión no puede circunscribirse a la resolución del problema principal planteado en la demanda de tutela interpuesta por T. contra el ICBF, a saber, la posibilidad de que su hija L. le sea reintegrada para desarrollar, con ella, una relación materno-filial digna. Si bien éste debe ser el eje central de cualquier determinación a adoptar - dada la primacía constitucional del interés superior y los derechos fundamentales de la menor implicada -, la situación que se ha demostrado con todo detalle ante la Sala exige que ésta se pronuncie también sobre las circunstancias de vida de la peticionaria, T., y sobre el contenido de las obligaciones constitucionales de acción positiva que existen en cabeza del Estado frente a su triple condición de sujeto de especial protección constitucional en tanto (i) mujer con discapacidad visual, (ii) persona en situación de pobreza y vulnerabilidad extremas, y (iii) madre de una niña de muy temprana edad. Ello, no sólo por el hecho de que ante la Sala se ha evidenciado la existencia de una ciudadana invidente en estado de casi total desamparo, sino porque la condición misma de L., en tanto menor de edad cuyo cuidador vive con una discapacidad, exige que, en atención a su interés superior, se evalúe con todo rigor la actuación -y omisión- de las autoridades frente a las condiciones de su madre T..

INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Decisión del ICBF de retirar a menor del cuidado personal de madre invidente

El interés superior de L., en tanto menor de edad cuya madre biológica es una persona con discapacidad visual, no alcanza a justificar que la Corte ordene la reintegración de L. y T., pero sí consiste en que, con miras a ello, el Estado adopte todas las medidas necesarias para permitirle a L. desarrollar con T. una relación materno-filial digna, sin que la discapacidad de la madre sea un obstáculo para ello ni, de otro lado, pueda llevar a poner en peligro a la menor o afectar negativamente su desarrollo integral (artículo 44, C.P.). Este derecho de L. a estar con su madre encuentra un correlato directo en el derecho que tiene T., en tanto madre en estado de extrema pobreza con discapacidad visual, a que el Estado cumpla con una serie de prestaciones positivas en su favor, orientadas a permitirle subsistir de la forma más autónoma, digna y decorosa posible a pesar de su discapacidad, y como parte de dicho objetivo, a desarrollar relaciones familiares dignas y satisfactorias, especialmente con su hija menor. Sin embargo, el derecho de la madre y de la hija a la reunificación encuentra un límite en el interés superior de la menor L., consistente en desarrollarse en forma armónica e integral sin verse expuesta a riesgos indebidos.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Debe dar cumplimiento a su deber de promover la rehabilitación de madre invidente para que logre reunirse con su hija

En consecuencia, dado que las autoridades de bienestar familiar implicadas en el caso no han dado cumplimiento a su deber de promover, con especial diligencia, la rehabilitación de T. para lograr que ésta se reúna nuevamente con L., la Corte considera necesario que se otorgue a la madre y a la hija una oportunidad real de restablecer su vínculo familiar, y para ello ordenará que se dé inicio a un doble proceso de (i) rehabilitación seria de T., y atención de sus necesidades básicas insatisfechas, y (ii) potencialización gradual y supervisada del vínculo familiar entre T. y L., a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia. A. mismo tiempo, se ordenará que L. permanezca en el hogar sustituto en donde se encuentra actualmente, es decir, no sea reintegrada a su progenitora, hasta tanto ésta, de conformidad con el concepto informado de tal comité profesional multidisciplinario y una vez se haya sometido a un proceso de rehabilitación durante un lapso prudencial, sea capaz de cuidarla en forma autónoma y adecuada, para lo cual T. deberá comprometerse seria y activamente a poner todo lo que se requiera de su parte para lograr un proceso de rehabilitación exitoso. A la vez, se deja abierta la posibilidad al comité profesional multidisciplinario de que decida, luego de que haya transcurrido un período de tiempo prudencial durante el cual se habrá de desarrollar un proceso de rehabilitación serio de T., que el interés superior de L. aconseja que esta, definitivamente, no sea reintegrada a su madre biológica.

RELACION MATERNO FILIAL-Deberes especiales y reforzados tratándose de madre con discapacidad visual

PRINCIPIO DE PROTECCION ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Autoridades administrativas y judiciales deben atender las circunstancias específicas de cada caso

Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección - deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos. En resumen: las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los que esté de por medio un menor de edad -incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de tutela- deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que les compete y en atención a sus deberes constitucionales y legales, por la materialización plena del interés superior de cada niño en particular, en atención a (i) los criterios jurídicos relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para ello, las autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones profesionales que se hayan realizado en relación con dicho menor, y deberán aplicar los conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a su disposición para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisface el interés prevaleciente en cuestión.

INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios jurídicos relevantes

El ordenamiento jurídico colombiano proporciona múltiples reglas -de orden constitucional, legal y jurisprudencial- relevantes para determinar el contenido concreto del interés superior de cada niño en particular. En lo que concierne al caso bajo revisión, la Corte considera que existen parámetros jurídicos relevantes tanto generales -es decir, aplicables a todo caso que involucre la definición de los derechos de un menor de edad- como específicos -esto es, relacionados directamente con los problemas jurídicos que se deben resolver en esta oportunidad-, tal y como se indica a continuación. La Sala tendrá en cuenta los siguientes cinco criterios decisorios generales para determinar el contenido del interés superior de L.: (1) la garantía del desarrollo integral del menor; (2) la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor; y (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado.

MENOR DE EDAD-Deben evitarse cambios desfavorables en sus condiciones presentes

Es necesario que las autoridades o los particulares encargados de adoptar una decisión respecto del bienestar del niño implicado se abstengan de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión. Esta regla ha sido aplicada por la Corte Constitucional, por ejemplo, en casos relacionados con disputas sobre la custodia y el cuidado de menores de edad, lo cual resulta especialmente relevante para el caso presente. Precisa la Corte, sin embargo, que ello no puede interpretarse como una desventaja para las familias o personas de escasos recursos que pretenden la custodia o cuidado de un niño que se encuentra bajo el cuidado de una persona o familia más acomodada; la desmejoría en las condiciones se refiere a las características sustanciales del cuidado que está recibiendo o que podría recibir un menor de edad, y a la forma en que éstas le permiten materializar plenamente sus derechos fundamentales - objetivos ambos que toda familia apta está en condiciones de cumplir, independientemente de su nivel de ingresos.

PERSONA CON DISCAPACIDAD-Criterios específicos a aplicar cuando es cuidadora de menor

En atención a las circunstancias fácticas del proceso bajo revisión, en el cual está de por medio la definición de la permanencia de una menor de temprana edad con su madre, quien tiene una discapacidad, la Corte considera que los siguientes parámetros jurídicos específicos son relevantes para adoptar una decisión que, en forma simultánea, respete la Carta Política y materialice el interés superior de la niña: (1) la necesidad de preservar el derecho de L. a tener una familia y no ser separada de ella; (2) la necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones entre L. y T., así como los requisitos y condiciones de tal intervención estatal en el ámbito constitucionalmente protegido de la familia; y (3) la situación especial de los niños cuyo cuidador es una persona con discapacidad, en particular cuando se trata de su madre.

DERECHOS DEL MENOR A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA

El derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella tiene una especial importancia para los menores de edad, puesto que por medio de su ejercicio se materializan numerosos derechos constitucionales diferentes, que por lo tanto dependen de él para su efectividad: es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al cuidado, el amor, la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en forma apta.

INTERVENCION ESTATAL EN EL AMBITO DE LA FAMILIA-Condiciones y requisitos

Las medidas estatales de intervención en la vida familiar protegida por la Carta -medidas de protección que pueden ser impuestas por las autoridades competentes respecto de los padres o familiares biológicos cuando se den las condiciones de ley para preservar el interés superior del niño-, únicamente pueden traer como resultado final la separación del menor de su familia cuandoquiera que ésta no sea apta para cumplir con los cometidos básicos que le competen en relación con el menor, o cuando el núcleo familiar represente un riesgo para su desarrollo integral y armónico; ello guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 del Código del Menor. En atención a las circunstancias particulares del caso que se revisa, la Sala considera necesario precisar que, tratándose de medidas de protección impuestas por las autoridades de Bienestar Familiar en relación con un determinado niño, que impliquen la separación de éste de su núcleo familiar, deben diferenciarse dos etapas procedimentales distintas: (1) el momento en el cual se adopta - y se ejecuta- la decisión inicial de imponer la medida de protección en cuestión, y (2) el desarrollo subsiguiente del proceso de protección correspondiente. Los derechos de los niños involucrados en relación con su familia, así como los derechos de los miembros de dicha familia, adquieren connotaciones distintas dependiendo de cual fase procesal se esté desarrollando en un momento dado.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-A. momento de imponer medidas administrativas de protección de menores los funcionarios deben verificar y tener en cuenta varios aspectos

(1) al momento de imponer una determinada medida de protección que implique la separación de un niño de su núcleo familiar, los funcionarios administrativos competentes deben verificar que existan circunstancias serias y objetivas que así lo justifiquen, en los términos descritos en este acápite. Después, (2) una vez impuesta esta medida y en el curso del proceso administrativo de protección correspondiente, tales funcionarios administrativos de bienestar familiar están en la obligación de hacer todo lo posible por contribuir a remediar las condiciones familiares que justificaron la imposición dicha medida, con miras a reintegrar al menor a su núcleo familiar, salvo que éste represente un riesgo serio para el niño como los anteriormente descritos, o por sus circunstancias objetivas lleve a concluir que el reintegro del menor no satisface su interés superior y prevaleciente ni sus derechos fundamentales. Es pertinente aclarar que en todo momento debe garantizarse el debido proceso de los afectados por las decisiones a las que haya lugar (C.P. art. 29), de lo cual se deriva la necesidad de otorgarles los medios y las oportunidades para que intervengan en el proceso, pongan de presente sus razones y ejerzan su derecho de defensa.

PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Las especiales circunstancias del asunto bajo revisión hacen necesario, en criterio de la Sala, pronunciarse brevemente sobre los siguientes temas: (1) la protección constitucional especial de las personas con discapacidad, (2) la relevancia y obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos para orientar las decisiones de las autoridades colombianas en materia de discapacidad, (3) las principales áreas en las que el Estado está en la obligación de actuar positivamente para proteger los derechos de las personas con discapacidad, y (4) el alcance del derecho fundamental de las personas con discapacidad a conformar una familia.

PERSONA CON DISCAPACIDAD-Es sujeto de especial protección constitucional

Son múltiples las oportunidades en las que la jurisprudencia constitucional ha precisado el alcance de los tres postulados básicos que se derivan de la protección especial otorgada por el Constituyente a las personas con discapacidad, como son: (a) la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas con discapacidad y los demás miembros de la sociedad, con la consiguiente prohibición de cualquier discriminación por motivos de discapacidad, (b) el derecho de las personas con discapacidad a que se adopten todas las medidas necesarias para poder ejercer sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás, y (c) el deber estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas con discapacidad.

PERSONA CON DISCAPACIDAD-Derecho internacional de los derechos humanos como guía completa, indispensable y de obligatoria aplicación para protección de derechos

DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS A CONFORMAR UNA FAMILIA

DEFENSORIA DE FAMILIA-En el caso en estudio se ha abstenido de propiciar activamente el mantenimiento y desarrollo del vínculo materno-filial y rehabilitación de la madre

En suma, concluye la Sala que la Defensoría de Familia demandada se ha abstenido de propiciar activamente el mantenimiento y desarrollo del vínculo materno-filial entre T. y L.; se ha limitado a esperar que los padres conozcan las fechas de las visitas con base en una disposición general sobre horarios de visitas a hogares sustitutos cuya notificación a la peticionaria no sólo no se ha demostrado, sino que se ha descartado expresamente por la misma Defensoría, al afirmar que ella no conoce ''que estas visitas de los hogares sustitutos se están llevando a cabo los días viernes cada quince días''. En lugar de cumplir diligentemente con sus deberes legales frente a la madre con discapacidad, que incluyen la obligación de propiciar, en primer lugar, un acercamiento supervisado y benéfico entre L. y T. mientras dure la medida administrativa de protección, las autoridades de Bienestar Familiar han fomentado, mediante su acción y su inacción a este respecto, la extrañeza y el desconocimiento de la madre biológica por la niña. La respuesta al interrogante que se examina en este acápite es negativa: el ICBF, a través de la Defensoría de Familia demandada, no ha dado cumplimiento a su deber de promover la reunificación familiar de la peticionaria con su hija menor, ni la subsistencia de su vínculo materno-filial. Lo que es más, la Defensoría de Familia en cuestión, al mismo tiempo que se ha abstenido de propiciar la rehabilitación de la madre y la subsistencia del vínculo con su hija, ha mantenido en la indefinición la situación jurídica de la menor L., quien a la fecha ya lleva más de tres años bajo protección estatal. En esa medida, tampoco obró con especial diligencia y cuidado la Defensoría de Familia competente, puesto que además de omitir sus deberes de apoyo a T., ha obrado en forma lenta al buscar una ubicación alterna en la familia extensa biológica de la menor, a pesar de que en procesos como estos el factor tiempo es crucial, especialmente en caso de ser necesario considerar la posibilidad de entregar a L. en adopción si ello es definitivamente lo que mejor satisface su interés superior, puesto que es bien sabido que entre mayores sean los niños que necesitan ser adoptados, menores son las posibilidades reales con las que cuentan de encontrar una familia adoptante dispuesta a recibirlos.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Actuaciones no han sido respetuosas de derechos de la menor ni se ha promovido su interés superior

La Sala considera que la respuesta al segundo problema jurídico planteado por la demanda es negativa: las actuaciones desarrolladas por el ICBF en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L. con posterioridad a la imposición de la medida de protección inicial, no han sido respetuosas de su derecho fundamental a tener una familia y no ser separada de ella, ni han promovido su interés superior y prevaleciente consistente en estar, en principio, con su madre ciega sin que la discapacidad visual de ésta constituya un impedimento para el desarrollo de vínculos materno-filiales dignos. Tampoco tomó el ICBF las decisiones tendientes a definir oportunamente la situación de la menor con miras a permitir su adopción temprana, dado que sus acciones tendían a que no se llevara a cabo la reunificación de L. y T..

MADRE DISCAPACITADA VISUAL-Posibilidad de desarrollo de una relación materno filial digna

Las pruebas recaudadas por la Corte Constitucional sobre la aptitud de T. para desempeñar su rol de madre parecerían, en principio, ambiguas en cuanto a sus resultados; sin embargo, una lectura atenta e informada de las mismas por parte de la Sala, en tanto juez que debe apreciar racionalmente las pruebas que obran en un determinado proceso, lleva a concluir que dichos materiales probatorios son sustancialmente unánimes al demostrar que (i) T. actualmente no está en condiciones económicas o psicológicas de desenvolverse adecuadamente como madre, (ii) una de las razones -la principal- por la cual no está en condiciones de cuidar a L. es la omisión de las autoridades estatales en dar cumplimiento a sus deberes positivos de actuación frente a su calidad de madre con discapacidad, habiendo tenido la oportunidad concreta, directa y específica de cumplirlos, y (iii) de todas maneras, T. tiene un alto potencial de rehabilitación que, si están dadas las condiciones necesarias y las intervenciones precisas, podría facultarla para ser una madre apta.

MATERNIDAD-Protección constitucional especial a madres discapacitadas

MADRE DISCAPACITADA VISUAL-Medidas a adoptar por la Corte Constitucional en el caso específico

Las medidas a adoptar por la Corte son, en resumen, las siguientes: para preservar los derechos fundamentales de L. y materializar su interés superior, así como para proteger los derechos fundamentales de T. y dar cumplimiento a los deberes estatales de actuación positiva frente a su condición de mujer con discapacidad visual en estado de extrema pobreza, la Corte concederá la tutela del derecho de L. a tener una familia y no ser separada de ella, lo cual comprende que su progenitora, T., empiece a recibir el apoyo estatal que requiere por su condición de madre pobre con discapacidad visual para determinar si puede llegar a ser cuidadora autónoma y adecuada de L.. Como consecuencia de este amparo constitucional, se ordenará la adopción de las siguientes medidas: (a) se otorgará a L. y a T. una oportunidad real de establecer una relación materno-filial digna, por medio de la iniciación de un proceso de rehabilitación serio de la madre, que supla sus múltiples necesidades insatisfechas, e incluya la provisión de orientación psicológica para ella y la menor de edad; (b) para efectos de iniciar el proceso de rehabilitación necesario para materializar la posibilidad de restablecer la relación entre L. y T., se ordenará que (i) se inscriba a T. en un programa específico para personas con discapacidad adelantado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social, y (ii) se configure un Comité Profesional Interdisciplinario encargado de supervisar el caso, trazar los lineamientos del proceso de rehabilitación y orientación familiar requeridos por la peticionaria y su hija, determinar las características y el ritmo del proceso de acercamiento entre L. y T., y dictaminar en forma definitiva, al cabo de un término prudencial de desarrollo del proceso de rehabilitación, si T. tiene posibilidades de ser una madre autónoma y adecuada para L., o si el interés superior de ésta aconseja entregarla en adopción; y (c) se ordenará que, mientras el Comité Profesional Interdisciplinario adopta una decisión motivada sobre el caso, L. permanezca en el hogar sustituto en el cual se encuentra actualmente.

INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Decisión que es la que mejor lo satisface al aplicar al caso los criterios jurídicos relevantes

Esta decisión la que mejor satisface el interés superior de L., como se deduce de la aplicación de los criterios jurídicos relevantes que se reseñaron en el acápite 4 de esta sentencia: (a) es la que mejor garantiza su desarrollo integral, puesto que le permite la posibilidad seria de desarrollar un vínculo materno-filial con su madre biológica, salvo que en la opinión informada de un equipo de profesionales capacitados, ello no satisfaga su interés prevaleciente; (b) es la que mejor preserva las condiciones requeridas para el ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular su derecho a tener una familia y no ser separada de ella si no es en atención a su interés superior; (c) propende por la protección de la menor frente a riesgos prohibidos, puesto que abre la posibilidad de que L. sea reintegrada al cuidado de T. únicamente si ésta se considera apta, luego de un proceso de rehabilitación serio, para proporcionarle los cuidados que necesita; (d) establece un equilibrio entre los derechos fundamentales prevalecientes de L. y los de su madre con discapacidad visual, que en caso de ser necesario, deberá romperse a favor de los derechos de la menor implicada por decisión de un comité de profesionales; (e) respeta la necesidad de evitar cambios desfavorables en la situación actual de la menor, ya que mantiene su ubicación en el hogar sustituto de M., pero garantiza, por la intervención psicológica del comité interdisciplinario, que L. comience a establecer gradualmente un proceso de acercamiento con su madre; (f) garantiza que una decisión tendiente a separar definitivamente a L. y T. únicamente será adoptada cuando, en criterio de un equipo de profesionales, se haya demostrado que existen razones de peso para ello, y luego de que haya transcurrido un período de rehabilitación razonable que haya dado como resultado el que T. definitivamente no sea capaz de cuidar de manera autónoma y adecuada de L.; (g) da cumplimiento al derecho de L. a que el Estado obre con especial diligencia en el cumplimiento de sus deberes frente a su madre biológica discapacitada, para así preservar su interés en permanecer, en principio, con ella; (h) también da cumplimiento al interés superior de L. en no permanecer en estado de indefinición jurídica en cuanto a su ubicación familiar, en caso de que, después de un lapso razonable que no sea demasiado largo para la edad de la niña, se considere que T. definitivamente no es apta para cuidarla en forma autónoma y adecuada, y se abra por lo mismo la posibilidad de entregarla en adopción; y (i) no descuida a L. en caso de que se decida reunificarla con su madre biológica, puesto que asegura que tanto ella como T. recibirán la orientación y el apoyo psicológicos necesarios para superar este proceso.

Referencia: expediente T-780760

Acción de tutela instaurada por T. en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Regional Bogotá, Centro Zonal San Cristóbal Sur.

Magistrado Ponente:

Dr. M.J.C. ESPINOSA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil cuatro (2004).

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados M.J.C.E., J.C.T. y R.E.G., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión de la sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil tres (2003), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Familia, que decidió sobre la acción de tutela instaurada por T. en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Regional Bogotá, Centro Zonal San Cristóbal Sur. La anterior sentencia fue remitida a la Corte Constitucional y seleccionada por la Sala de Selección Número Nueve (9), mediante auto del ocho (8) de septiembre de dos mil tres (2003), correspondiendo a la Sala Tercera de Revisión su conocimiento.

La Sala advierte que, como medida de protección de la intimidad de la menor involucrada en este proceso, ha ordenado suprimir de esta providen-cia y de toda futura publicación de la misma el nombre de la niña y el de sus familiares y allegados, al igual que los datos e informaciones que permitan su identificación. Dado que son varias las personas a quienes se les debe suprimir el nombre, y teniendo en cuenta la longitud de esta sentencia, la Sala de Revisión ha preferido cambiar los nombres reales de la menor y sus familiares por nombres ficticios La decisión de excluir de cualquier publicación los nombres originales de menores implicados en procesos de tutela, así como los de sus familiares, en tanto medida de protección, ha sido adoptada -entre otras- en las siguientes sentencias: T-523 de 1992 (M.P.C.A.B.); T-442 de 1994 (M.P.A.B.-rre-raC.); T-420 de 1996 (M.P.V.N.M.); T-1390 de 2000 (M.P.A.M.C.); T-1025 de 2002 (M.P.R.E.G.); y T-510 de 2003 (M.P.M.J.C.E.)., en lugar de sustituirlos por letras -como acostumbra hacer la jurisprudencia constitucional en estos casos-, para facilitar la lectura de la presente providencia y la comprensión de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela de la referencia. Cuando se trate de un nombre ficticio, éste se escribirá en letra cursiva y no se usarán apellidos.

Para facilitar la lectura de la presente providencia, se ha elaborado la Tabla de Contenido, que consta en el anexo III.

I. ANTECEDENTES

  1. Hechos

    1.1. Hechos relatados por la demandante.

    1.1.1. El día diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003), la ciudadana T., obrando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Regional Bogotá, Centro Zonal San Cristóbal Sur, por considerar que dicha entidad había desconocido su derecho a la familia, así como los derechos de su hija menor L.; solicitaba que, en virtud de la acción de tutela, se le concediera el cuidado y custodia de la niña.

    1.1.2. T. convive en unión marital de hecho con el señor L.; como consecuencia de su relación, nació la niña L., el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil (2000).

    1.1.3. Tanto T. como L. son completamente invidentes. A pesar de su incapacidad, subsisten gracias a su trabajo como vendedores informales. L. vende bolsas para la basura, y T. vende dulces y golosinas.

    1.1.4. L. se enfermó de bronquitis en el mes de enero de dos mil uno (2001), y fue trasladada a la clínica San Rafael, puesto que ambos padres se encuentran afiliados al SISBEN.

    1.1.5. ''Estando la niña internada en dicho establecimiento clínico -afirma-, en el momento en que me encontraba lactando a mi hija, me fue arrebatada de mis brazos por la trabajadora social de la clínica y remitida a Bienestar Familiar''.

    1.1.6. ''La Defensora de Familia -continúa- sin efectuar ninguna clase de investigación seria de tipo socio-económico, moral y de responsabilidad de nosotros los padres de la menor decretó medida de protección como consecuencia de la cual fuimos privados de hecho del cuidado y custodia de nuestra hija, sin tener en cuenta que no somos ni hemos sido delincuentes, no padecemos de ninguna enfermedad infecto-contagiosa, y mucho menos de carácter mental, para nada se tuvo en cuenta que hemos sido unos padres amorosos quizás más intensamente que los padres videntes que no ven por sus hijos, todo esto se hubiera podido constatar con una investigación de trabajo social efectuada en forma técnica''.

    1.1.7. Desde el día veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002), no ha podido disfrutar de la compañía de su hija, ''puesto que la Defensora de Familia doctora E.P., me ha dicho que por mi incapacidad visual y la de mi esposo y la situación económica en que nos encontramos en este momento, nunca nos entregará a nuestra hija''.

    1.1.8. La niña ha sido trasladada a distintas instituciones, tales como V.J. o el ICBF, ''sin saber en qué condiciones se encuentre''.

    1.1.9. Por lo anterior, formula la presente petición: ''De la manera más respetuosa y con el desespero de una madre, solicito a ustedes, se sirvan intervenir en este caso, a fin de que me sea devuelta mi hija menor, ya que tanto ella como yo, estamos sufriendo por las arbitrariedades cometidas por el Bienestar Familiar; además solicito, se imponga una sanción por los perjuicios morales causados con esta injusticia, toda vez que me siento en plena capacidad para ejercer mis deberes como madre''.

    1.2. Pruebas aportadas por la actora

    La peticionaria adjuntó a su demanda de tutela una copia del registro civil de nacimiento de su hija L., donde consta que es hija de T. y L., y que nació el dieciocho (18) de noviembre de dos mil (2000) en Bogotá.

    1.3. Contestación de las autoridades demandadas

    Mediante escrito presentado oportunamente ante el Juzgado de primera instancia, la Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur de Bogotá, J.E.P.P., dio contestación a la acción de tutela de la referencia, pidiendo que se denegara la petición formulada por la actora, con base en los siguientes hechos y argumentos:

    1.3.1. No es por la discapacidad visual de la actora y su compañero que no se ha efectuado el reintegro de la menor, sino por la situación de peligro y abandono que la pareja genera para la niña: ''Considerando potencializar a la pareja, independientemente de su condición, se solicitó en varias ocasiones a la misma, copias de las valoraciones e intervenciones realizadas por la institución CRUN, donde ellos asistían LA CUAL NUNCA APORTARON. Motivo por el cual, se solicitó a Medicina Legal el examen médico con el fin de determinar el grado de limitación visual en cada progenitor de manera que nos permitiera inferir la capacidad que podrían desarrollar (sic) cada uno en su rol materno-paterno, de acuerdo al grado de involucramiento del área afectada para asumir los cuidados de la menor hija. Lo anterior se consideró a fin de evitar en el futuro riesgo o peligro a la menor con sus padres, siempre contemplando la posibilidad de reintegro, sin embargo, la misma actitud pasiva, dependiente, agresiva y discriminatoria que la misma pareja conceptúa de su discapacidad son (sic) la limitante de asumir sus roles. Cabe señalar que en la declaración rendida ante el CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR el señor (L. manifestó que su misma limitación no les permitió detectar la enfermedad de la menor poniendo así en situación de peligro su integridad física'' (énfasis en el original).

    1.3.2. Es cierto que la menor L. fue atendida en la Clínica San Rafael, pero no sólo presentaba un cuadro clínico de bronquiolitis, sino de neumonía aspirativa, reflugo gastroesofágico grado III y IV, hernia umbilical, posible displasia de cadera -que estaba pendiente por descartar-, peso y talla bajos para la edad, desnutrición crónica, un esquema de vacunación incompleto, ''y además disfunción familiar y social''. Explica la Defensora que ''el diagnóstico social da cuenta que los padres de la menor son discapacitados, laboran como vendedores ambulantes, devengan ingresos bajos, no cuentan con un sitio estable para vivir, pasan la noche donde les ofrecen la dormida. Su relación de pareja es conflictiva presentándose maltrato físico y psicológico por parte de su compañero y la familia extensa de éste, hacia la señora y la menor. De otra parte la señora T. cuenta con red familiar pobre, la cual se limita a una hermana que se encuentra en condiciones económicas estables, pero que no existe buena relación de las dos mujeres (señora T. y L., no asumiendo así esta tía materna la responsabilidad y apoyo efectivo que garantice los cuidados de la menor, ya que les ha colaborado bastante y la pareja no reconoce y al contrario crea conflictos''.

    1.3.3. En cuanto a la forma abrupta en la que T. alega que L. fue separada de sus brazos, afirma la Defensora de Familia que no le consta; pero precisa que ''lo cierto es, que existe trabajo de coordinación interinstitucional en la cual se propende por la atención integral de los menores, dando participación a todos los actores sociales de detectar, denunciar y remitir todo caso de maltrato infantil, negligencia, descuido y abandono de los menores''.

    1.3.4. Respecto del hecho señalado en el numeral 1.1.6. anterior, afirma que no es cierto, y explica: ''el día cinco de marzo de dos mil uno, fecha en la cual la menor fue puesta a disposición del ICBF Centro Zonal de San Cristóbal Sur, se abrió la historia de protección bajo el número XXX, y se escuchó en declaración a la señora T. quien da cuenta de no poder cuidar a su menor hija, y SOLICITO al ICBF Centro Zonal de San Cristóbal Sur se le colabore en el cuidado de la misma, pues la menor se encuentra enferma de los bronquios, debe aplicársele oxígeno y el padre de su hija no lo permite; como tampoco le ayuda económicamente para su sostenimiento; toma trago y vende imágenes en el Hospital YYY. Por todo lo anterior se le brindó protección a la citada menor solicitando la medida de protección de Colocación Familiar y ordenando la realización de las demás diligencias tendientes a brindarle protección. IGUALMENTE SE ENTREGO OFICIO PARA QUE LA PROGENITORA LACTARA A SU BEBE, y se remitió la Historia de Protección por competencia al CENTRO ESPECIALIZADO DE REVIVIR a fin de que asumiera su conocimiento y continuara con el trámite administrativo correspondiente'' (énfasis en el original).

    1.3.5. Indica que tampoco es cierto lo dicho por la actora en el sentido de que desde el veintisiete (27) de noviembre de dos mil (2000) no se le ha permitido gozar de la compañía de su hija, ''pues para la fecha... aún no se había hecho la entrega de las Historias de Protección ordenada como consecuencia de la descentralización del Servicio de Protección Especial - Programa de Colocación Familiar - Hogares Sustitutos a los diferentes Centros Zonales. Es más una vez éste Despacho asumió nuevamente el conocimiento de la Historia de protección de la menor L. se recibió declaración a la señora T. quien manifestó estar AGRADECIDA porque su menor hija se encuentra bien bajo la protección del ICBF; notándose así la intención de la progenitora de la menor, de permitir que su hija continúe en el Hogar Sustituto, con las visitas periódicas y con la satisfacción de ser madre sin ejercer su rol, para lo cual, se procede a explicar a la señora que el desarrollo y crianza de la menor exige de una familia y de la necesidad de definir la situación legal de la misma y que por lo tanto este apoyo no puede ser permanente y que en adelante las exigencias serán tendientes a definir la situación legal de la menor'' (énfasis en el original).

    1.3.6. Informa que, una vez analizado el expediente administrativo correspondiente a L., observó que la niña fue reintegrada a la familia de la señora L., su tía materna, y que estuvo con ella tres (3) meses y diez y siete (17) días; ''pero debido a la falta de colaboración, incumplimiento de las obligaciones de los padres y de las visitas conflictivas que presentaban con el grupo familiar que asumía la crianza de la niña, la señora L. se aburrió y la entregó nuevamente al ICBF. T. da cuenta de no tener otros familiares que le ayuden para la crianza y cuidado de la menor. Por otro lado, la señora T., siempre ha manifestado que la familia extensa por parte del señor L., padre de su menor hija, no son los mejores para tenerla -ellos viven mal- no la visitan y no le dan nada, además agrega que le han querido quitar la hija, que la han maltrato (sic) y explotado a ella misma''.

    1.3.7. Posteriormente se realizó una sesión del Equipo Técnico del Centro Zonal, con la presencia de la Defensora del Pueblo (sic) S.R.S.Q., durante la cual se acordaron algunos compromisos entre las partes, ''entre otros como los de que el padre de la menor buscara otro empleo más estable y acorde a su discapacidad; realizar estudio social a un nuevo grupo de la familia extensa paterna, la cual es aceptada por la señora T. (señora Amelia, tía del señor L.) con el fin de considerarse, reintegro una vez realizado el estudio psicosocial, siempre y cuando ofreciera condiciones favorables para la menor''.

    1.3.8. Realizada la visita social al hogar de la señora Amelia y su familia, se estableció que ''viven en casa propia y parte de la misma se encuentra en reparaciones, presentando lugares de riesgo para la menor (huecos), la escalera no tiene pasamanos, en la casa habitan dos hijos de la señora Amelia y un sobrino postadolescente que en la actualidad se encuentra desempleado, igualmente habita un inquilino (hombre adulto, soltero), del cual se desconoce su condición psicosocial. Por otro lado, la señora Amelia, se encuentra desempleada. Conceptuándose que en la familia (de Amelia) no hay una persona estable y responsable que permanezca al cuidado de la niña, además que se encuentra en crisis económica. Por todo lo anterior, se estableció que el apoyo de la familia (de Amelia), se limitaba únicamente a una pieza donde permitirá que la pareja y la menor vivieran, no visualizándose la intención clara de quien asumiría la protección de la niña. También, se observa que los padres de la niña aun no cuentan con condiciones para aportar una cuota alimentaria, que le permita a este grupo familiar brindar para las necesidades básicas de la niña ya que ambos padres venden dulces en los buses, dejando un valor de 4.000 y 3.000 diarios para la sostenimiento (sic) de la pareja, por lo tanto se conceptuó que EL GRUPO FAMILIAR NO CUMPLIO CONDICIONES'' (énfasis en el original).

    1.3.9. Posteriormente se solicitó un estudio social al domicilio de los padres en el municipio de Funza, para determinar si el medio familiar de T. era apto para que se le otorgara la custodia y el cuidado personal de L., ''informando que la habitación ocupada por la citada pareja no reúne las condiciones higiénicas -es húmeda, oscura, carece de ventilación y de electricidad, y su relación de pareja es de disgusto permanente y que el señor L. abandona a la señora T. por tiempos concurrentes (sic): por todo lo anterior conceptúa que el hogar conformado por T. y L. no cuenta con las condiciones ambientales, familiares ni económicas para tener bajo su cuidado a la menor L., por lo que considera debe declararse en abandono a fin de garantizarle un futuro estable y seguro al proporcionarle unos posibles padres adoptivos, ya que difícilmente mejorarán las condiciones familiares y económicas de los progenitores''.

    1.3.10.''Como se observa -precisa la Defensora de Familia- se han realizado las visitas sociales y demás diligencias tendientes no a la visita de los padres hacia a niña en el Centro Zonal, sino al reintegro de la niña a sus padres y/o familia extensa que puedan asumir la crianza y cuidados de la menor - pero todas han fracasado, incluso en declaración obtenida (sic) por la señora Blanca, madre de L. solicita se le dé la oportunidad a T. de ser madre y manifiesta que `esta niña podrá ser la única que en el futuro pueda ayudar a la señora T. y llegar a ser su bastón', dice `pues ella es desprotegida, no cuenta ni con el apoyo de la hermana'. Aunque la señora reconoce el riesgo del reintegro de la menor a sus padres, manifiesta y solicita que les den la oportunidad. De otra parte y con el mismo interés de reintegrar a la menor se obtuvo la declaración de la señora G. (cuñada del señor L.) para definir si le ayudan o no a L. a T. y a la niña - advirtiendo que L. tiene otros hijos menores de edad, con otra señora, quienes se encuentran bajo el cuidado de la progenitora quien los sostiene económicamente, pues L. no los ayuda. Cabe señalar que el señor L. refirió en diferentes oportunidades que se presentaría con este (sic) hermano quien estaba dispuesto a asumir la crianza y cuidado de su menor hija, dejando así fecha abierta para ser atendidos en el momento que se presentaran sin cita previa, sin embargo, el señor no se ha presentado, para conocer su intención y voluntad de ofrecer una familia que garantice todos los derechos de la menor''.

    1.3.11. Señala que posteriormente, T. y L. acudieron a la Procuraduría a presentar una queja y pidieron hacer valer sus derechos, ante lo cual se informó a la delegada de tal entidad los antecedentes de la pareja; para la Defensora, ello comprueba que ''la pareja no ha entendido la medida de protección y que toda decisión de este despacho depende de su compromiso y cumplimiento de las obligaciones que de ellos se necesita.''

    1.3.12. Anota que ''aunque la familia contaba con fecha abierta para asistir con la red familiar propuesta para iniciar el estudio psicosocial, no asistieron demostrando nuevamente el desinterés para lo cual se procedió a dejar constancia y a dar cita por escrito en el carnet de citaciones para este nuevo grupo familiar. Se programó cita para el 22 de mayo... a la señora G. y esposo para iniciar estudio psicosocial, EN LA CUAL NO ASISTIERON (sic). De otra parte, NO SE HAN DADO LAS VISITAS puesto que desde el momento que la Historia Sociofamiliar, vuelve al nivel local, se inició el seguimiento de la problemática (sic) familiar, con exigencias más concretas que pusieran a la familia en movimiento, preparación y/o conscientización con miras al reintegro familiar, sin embargo, se encuentra que la condición de la pareja, si no es la misma, tampoco han habido (sic) transformaciones que permitan dar pronósticos positivos para la protección de la niña. Igualmente, se observa que pese a las manifestaciones e interés de conservar la hija, el vínculo afectivo es ambiguo ya que se creó desde la necesidad de suplir carencias propias e individuales mas no de garantizar derechos de a menor en desarrollo. Por la misma razón en las ocasiones que la pareja tuvo la oportunidad de tener a la menor y establecer vínculos afectivos, estaban centrados a que no se les vulnerara sus derechos de padres, no cumpliendo así con sus obligaciones, independientemente de su condición de limitados'' (énfasis en el original).

    1.3.13. La Defensora expresa que ''se deja constancia que la pareja cada vez que se han acercado (sic) para continuar el procedimiento administrativo legal, NO HAN SOLICITADO a ninguno de los funcionarios integrantes del Equipo de Protección de esta Defensoría de Familia ICBF C.Z. de San Cristóbal Sur las visitas con la niña Y NO PORQUE ESTAS SE LAS HAYAN NEGADO -INCLUSO NO CONOCEN SIQUIERA QUE ESTAS VISITAS DE LOS HOGARES SUSTITUTOS SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS DIAS VIERNES CADA QUINCE DIAS-'' (énfasis en el original). Recuerda que la menor fue reintegrada al medio familiar de la señora L., tía materna de L., ''pero el mal comportamiento de los padres respecto al hogar de la señora L. -consistente en hacerle escándalos en el conjunto cerrado donde ella habita; llevarle personas extrañas a visitar a la menor sin el consentimiento de la dueña de casa; disgustos que manifestaba la señora T. porque la menor identificaba a L. como su mamá; acusaciones por presunto maltrato a la menor; discusiones referentes a que los pocos alimentos que le llevaba la progenitora a su menor hija eran consumidos por sus sobrinas mas no por la niña; visitas a la menor en horas no acordadas; espera de la pareja a recibir alimentos en los momentos de las visitas; constantes quejas y reclamos; obligaron a la señora L. a regresar nuevamente a protección del ICBF a la menor''.

    1.3.14. En la etapa actual de definición legal de la situación de L., se volvió a efectuar un estudio psicosocial del grupo familiar de L., y se conceptuó que éste era el que presentaba menos riesgos para la niña, y por lo medio era ''apto'' para que allí se llevara a cabo la medida de reintegro al grupo familiar; ''sin embargo las dos variables (dudas en la señora L. y la no aceptación por parte de la señora T.) hacen que este concepto sea débil y ponga en cuestionamiento la decisión a tomar, pronosticando futuros conflictos en el grupo familiar y reincidencia de las situaciones de peligro, que únicamente afectarían a la menor y a la convivencia familiar de la señora L.''.

    1.3.15. Precisa la Defensora que la niña tiene dos años y seis meses de edad, de los cuales ha pasado la mayor parte bajo la protección del ICBF, desde que tenía cuatro meses, salvo por el período que estuvo con la familia de L. y los tres meses que permaneció hospitalizada en la Clínica San Rafael. Señala, además, que la solicitud efectuada por T. ante la Defensoría del Pueblo es que la menor debe permanecer en protección, sin que sea entregada en adopción, para no perderla.

    1.3.16. En cuanto a la afirmación de la actora en el sentido de que L. ha sido trasladada varias veces de institución, afirma que ello no es cierto, ''toda vez que la menor desde el dos de abril del dos mil uno ha permanecido en dos HOGAR SUSTITUTO NORMAL (sic), cambios que fueron propiciados únicamente y exclusivamente (sic) por la familia nuclear toda vez que la menor se encontraba en un Hogar Sustituto de la señora C., y de allí fue reintegrada al medio familiar y de este medio reintegrada nuevamente al ICBF reincidiendo la situación de peligro, por lo cual se ubicó en el hogar de la señora M. donde se encuentra en la actualidad y de allí no ha sido reubicada''.

    1.3.17. Con base en el anterior recuento de los hechos, la Defensora de Familia solicita que se deniegue la pretensión de T. de que le sea reintegrada la menor, ''puesto que a pesar de haber recibido T. evaluación y tratamiento psicológico, no se han logrado cambios reales en la relación con ella misma y con su pareja. Nótese que los logros obtenidos por la señora T., mostraron desarrollo en habilidades individuales y personales para obtener cambio a nivel de pareja, mostrando así en el momento seguridad en su rol de madre y proyecto de vida, pero que sin embargo, los avances y logros no permitieron visualizar que el rol de madre y proyecto de vida fueron lo suficientemente claros y óptimos, para ejercer su rol de madre (sic), porque continuaban los factores de riesgo (crisis económica y falta de apoyo de la familia). Igualmente, se consideró valorar a la señora por neuropsiquiatra ya que existe la probabilidad que exista disfunción de personalidad por historia de abandono y maltrato severo, el cual podría estar ocasionando en la señora distorsiones perceptuales''.

    1.3.18. Continúa explicando la Defensora que ''por otro lado, pese a que fortaleció destrezas personales hacia el establecimiento de límites y replanteó su perfil bajo (víctima), no se ha establecido límites claros con su pareja quien al parecer continúa con comportamientos de abandono hacia la señora T.. Señalándose así que el señor L. es abandónico hacia la relación misma y dependiente de su relación con familia materna, situación aceptada por la señora T. pero manifestada con sentimientos y pensamientos de rechazo y rencor. Considerando todo lo anterior, y la disfunción de la relación de pareja para desempeñar su rol de padres se remitió a la pareja a la UVA RAMAJAL, informando de dicha citación y de la necesidad de su asistencia, la pareja no se presentó siquiera a recoger el oficio remisorio''.

    1.3.19. Señala que las valoraciones sociales han concluido reiteradamente que T. y L. no cuentan con las condiciones ambientales y económicas para garantizar el desarrollo integral de L., ''y que su relación de pareja es disfuncional llegando incluso de recibir (sic) maltrato físico la menor por su padre cuando intentaba golpear a T. - incluso se realizó ya el estudio social a la dirección fijada como la del domicilio de la pareja en... Funza, con concepto desfavorable para el reintegro de la menor al medio familiar''.

    1.3.20. Anota, adicionalmente, que ''la condición misma de la señora y la lectura que se ha dado de su problemática, siempre ha sido tendiente a apoyarla por las mismas características que de ella se observan con el fin de restablecerle y restituir parte de sus derechos como ser humano, puesto que en su historia de vida, se encuentran varias vulneraciones y no es la pretensión continuar vulnerando un derecho más. Por la misma razón se ha buscado por todos los medios que los apoyos sean para la señora T., sin embargo, pese al apoyo brindado y al tiempo que se ha dado a la señora y su pareja no han superado sus debilidades, por lo cual la ley misma nos obliga a que los derechos de la menor priman sobre los derechos de los demás. Por lo tanto este despacho está considerando el interés superior del menor, cuyos derechos están por encima de toda consideración incluso de los propios padres y en consecuencia se decide continuar con la medida de protección de colocación familiar, preparándose para en el futuro definir mediante Equipo técnico con la intervención del ente fiscalizador (Defensoría del Pueblo o Procuraduría) la decisión final de la situación de la menor, reintegro al medio familiar o resolución de abandono toda vez que el menor tiene derecho a una madre que lo asista y la familia que lo proteja''.

    1.4. Pruebas aportadas por la parte demandada

    1.4.1. Mediante escrito aportado el día veintisiete (27) de mayo de dos mil tres (2003) al Juzgado de primera instancia, la Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur aportó al proceso de tutela una copia del expediente de protección sociofamiliar correspondiente a L., advirtiendo que ''en 15 ó 20 ocasiones han visitado a la menor hija y las observaciones son de que los padres son cariñosos con la niña''. En el expediente de protección en cuestión aparece copia de los documentos que se reseñan en detalle en el Anexo I de esta providencia.

    Con base en los documentos que obran en dicho expediente de protección sociofamiliar, la Sala dará por probado que las siguientes fueron las actuaciones que desarrollaron las autoridades administrativas de bienestar familiar en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L.:

    1.4.2. Posteriormente, el día treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), la Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur aportó al proceso de tutela copia del reporte de actuación por ella suscrito el día veintiocho (28) de mayo de dos mil tres (2003), en relación con una visita social realizada a la institución CRAC - Centro de Rehabilitación Para Adultos Ciegos, en los siguientes términos:

    ''En la fecha se realizó visita social en la institución CRAC... con el fin de indagar sobre el proceso de rehabilitación de los padres de la menor y e solicitar copia del dicho proceso y conocer diagnóstico de la limitación de la pareja.

    ''La visita fue atendida por la trabajadora social de la institución M.C.R., quien manifestó que la pareja estuvo en proceso cada uno independientemente, ya que aún no eran pareja. Por otro lado, informó que tanto el señor L. como la señora T. obtuvieron logros en su rehabilitación como limitados visuales alcanzando niveles de independencia que les permitían autonomía y valerse por ellos mismos. Argumento, que sin embargo, la pareja presentó de forma independiente dificultades de relaciones, (sic) señalando conductas asociales que les impidió (sic) continuar en el proceso.

    ''La señora T. por sus conductas agresivas y conflictivas, presentó relaciones deficientes con los compañeros. Por otro lado se dificultó trabajar proyecto de vida ya que para ella no era relevante aprender Brailet (sic) puesto que su interés era únicamente vender dulces. La señora T. al parecer provenía de ejercer la prostitución Observa la Sala que es la primera vez que esta afirmación aparece en el proceso, y que no se brinda sustento alguno para la misma, por lo cual no será tenida en cuenta como prueba.. Respecto al señor L. su perfil, igualmente conflictivo y con relación deficiente con su progenitora, le impedía verla como red de apoyo, sino como quien lo controlaba, causando en ellos relación madre-hijo conflictiva. Igualmente, informó que los antecedentes de conductas delincuenciales (posible pandillismo) que presentó en el pasado del señor (sic) era problema para la familiar. A. parecer la seguera (sic) fue por disparo recibido en la cabeza, causando apoxia.

    ''Igualmente la trabajadora social argumentó que la institución ofrece rehabilitación para limitación visual pero no ofrece proceso en problemática social, la cual, presentaba las dos personas. (sic) Igualmente, considerando que la pareja no señaló interés, hasta ese nivel llegó el compromiso de la institución.''

    1.4.3. Copia del informe remitido por el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC a la Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur, en relación con los procesos de rehabilitación de T. y L.. Los informes se transcriben a continuación:

    ''NOMBRE: T..

    ...INGRESO: Abril 17 de 1998 a J. de 1999.

    FECHA: Mayo 27 de 2003.

    ''ORIENTACION Y MOVILIDAD: Puede desplazarse sola, utiliza las técnicas con el bastón y solicita ayuda cuando la necesita. Conoce los recorridos a su trabajo, sitio de residencia y lugares que frecuenta. Se considera rehabilitada teniendo en cuenta su componente psiquiátrico.

    ''TECNICAS DE LA VIDA DIARIA: Es independiente en la realización de actividades de arreglo de la casa y personal. Para actividades de cocina requiere de supervisión constante.

    ''PSICOLOGIA: Se trabajó la adaptación y manejo de la discapacidad visual a nivel emocional lográndose buenos resultados, presenta déficit cognitivo para manejo emocional de relaciones interpersonales llegando a establecer respuestas conflictivas y de manipulación para obtener beneficios propios sin pensar en el otro. Así mismo se observó alteraciones a nivel de su juicio y raciocinio acorde al sentido de realidad que no le permiten establecer metas claras y objetivas frente a su vida.

    ''TRABAJO SOCIAL: Se trabajó con T. en la consecución de apoyos interinstitucionales: Hospital Santa Clara, Hospital Simón Bolívar en lo relacionado con salud mental, con el Departamento Administrativo de Bienestar Social en busca de albergue y servicios de Protección y atención como habitante de la calle, con la Secretaría Distrital de Salud en todo lo relacionado a los servicios de atención en salud y calidad de indigente. Se logró que la usuaria apoyara la gestión de recursos careciendo de la capacidad de permanecer en ellos y dar respuesta a los requerimientos de los profesionales con el objetivo de mejorar su calidad de vida.''

    ''NOMBRE: L..

    ...INGRESO: Marzo de 1997 a junio de 1998.

    FECHA: Mayo 27 de 2003.

    ''ORIENTACION Y MOVILIDAD: Finalizó programa, es una persona independiente, se desplaza en forma segura utilizando las técnicas y el residuo visual.

    ''TECNICAS DE LA VIDA DIARIA: Aplica correctamente utilizando la etiqueta de mesa, arreglo personal y de la casa, y aplica normas de comportamiento social.

    ''ELEMENTOS DE LA COMUNICACION: Utiliza las técnicas de escritura para comunicarse con los videntes.

    ''PSICOLOGIA: Se realizó proceso de psicoterapia individual y grupal con el propósito que el usuario logre la adaptación a la condición visual y al uso del bastón. El usuario logró la aceptación del bastón y empezar a asimilar su condición visual. Es relevante anotar que el usuario tiene implicaciones neuropsicológicas que pueden afectar procesos cognoscitivos y en algunas situaciones a nivel comportamental.

    ''TRABAJO SOCIAL: Cuenta con los elementos necesarios en las áreas de independencia que le permiten ser autosuficiente, presenta déficit en habilidades sociales, en asimilación y prácticas de normas sociales que lo llevan a manejar inadecuadamente, situaciones de la vida cotidiana en relación con la convivencia.

    ''UNIDAD PROFESIONAL: Recibió entrenamiento en maderas con buen desempeño manual, pero presenta dificultades en procesos básicos mentales, se le orienta hacia el ejercicio de una actividad comercial independiente.''

  2. Decisión del juez de primera instancia.

    Mediante sentencia del día treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), el Juzgado Diecinueve de Familia resolvió denegar la tutela de la referencia, con base en las consideraciones siguientes:

    2.1. Según consta en el expediente, la investigación de protección adelantada por el ICBF fue iniciada por remisión del caso efectuada por la Trabajadora Social de la Clínica San Rafael, quien catalogó a la menor como una paciente de alto riesgo con problemática familiar por tener padres invidentes incapaces para cuidar de ella. Precisa el Juzgado que ''se encuentra copia del resumen de la historia clínica el cual da cuenta de que el día de ingreso de la menor a la institución, ocurrido el 18 de febrero de 2001 presentaba una serie de patologías asociadas con el mal cuidado de la misma por parte de sus progenitores; también se encuentra copia de la declaración rendida por la demandante ante la Defensora de Familia del Centro Zonal San Cristóbal Sur, el 3 de marzo de 2001, en donde manifestó que su hija se encuentra enferma de los bronquios y los pulmones y que por ello debe usar oxígeno manifestó además que `Yo no puedo tener la niña en la casa yo lo que quiero es que me la cuiden y que cuando esté bien aliviada yo la pueda tener', dijo ser una persona de escasos recursos económicos, pues sus ingresos los obtiene vendiendo bolsas de basura; también informó que su esposo es invidente y no le ayuda económicamente y toma trago y se dedica a la venta de imágenes en el Hospital XXX; indicó que del aseo de su hija se encarga la familia de ella (de la niña), pues ella debido a su deficiencia visual no se puede hacer cargo de ello; que fueron estas circunstancias lo que motivaron a que el Defensor de Familia del Centro Zonal San Cristóbal Sur abriera investigación a favor de la menor, el 5 de marzo del mismo año, ordenando como medida de protección la ubicación de la menor en el Centro de Emergencia de V.J..''

    2.2. Continúa el Juzgado así: ''De lo anterior se desprende que lo que motivó la separación de la menor del lado de sus padres no fueron las circunstancias que se pusieron de presente en la solicitud de tutela, particularmente relacionadas con discriminación en consideración a las deficiencias visuales que padece la demandante y su esposo, sino que tal determinación tuvo como fundamento los hechos que se pusieron en conocimiento, relacionados con la incapacidad de los padres en el manejo y cuidado de la menor, evidenciada en la valoración médica que se le realizó a la pequeña e, inclusive, en la misma manifestación de la progenitora, de no estar en condiciones de cuidar directamente a su hija, debido no sólo a su deficiencia visual, sino también a su precaria situación económica, y a que no está recibiendo apoyo alguno de su esposo, de quien también informó es invidente, se emborracha y se dedica a la venta de imágenes...''

    2.3. En esa medida, las actuaciones de la Defensora de Familia demandada no lesionaron los derechos de la peticionaria, ya que se encontraban respaldadas por el artículo 37 del Código del Menor, que faculta a estos funcionarios para adoptar las medidas necesarias para proteger a los menores en situación irregular. Señala que ''la investigación a que alude la norma transcrita fue abierta por auto del 5 de marzo de 2001, diligencias en las que los padres de la menor bien pueden hacer uso de todos los medios de defensa, tales como aportar pruebas, controvertir las allegadas, interponer los recursos contra las determinaciones que afecten sus intereses, prerrogativas que no se encuentra les estén siendo vulneradas. Es en ese trámite en donde le corresponde a los padres de la menor, acreditar que sí están en condiciones de asumir el cuidado personal de su hija y en donde debe definirse ese punto, pues dicha actuación fue la que consagró el legislador para dilucidar situaciones como la planteada, el cual no puede ser suplido por la acción de tutela, mecanismo que no es posible utilizar como un medio subsidiario de defensa, pues no se creó con tal propósito.''

    2.4. La Defensora de Familia tampoco incurrió en arbitrariedad o abuso de sus facultades: ''su actuación ha estado encaminada a determinar la verdadera situación socio familiar de la menor, a efecto de analizar la viabilidad de reintegrarla, bien a sus progenitores o a cualquier otro familiar que ofrezca las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la menor''.

    2.5. Por otra parte, se ha respetado el derecho de los padres a tener contacto con su hija, ya que se les ha permitido visitarla: ''los padres no han sido privados de tener algún contacto con su hija, pues se les han permitido las visitas, ya que no han acreditado que pueden brindar las condiciones que requiere la menor para su bienestar y formación, por lo que no se ha hecho posible el reintegro de la pequeña, tal como lo pone de presente la Defensora de Familia''.

    2.6. En consecuencia, lejos de presentarse una vulneración de los derechos de la menor y sus padres, se ha demostrado que la Defensora de Familia ha actuado con miras a garantizar el bienestar de L., y a ''evitar separar definitivamente a la pequeña de su familia, el cual debe ser siempre el propósito principal de tal actuación, máxime cuando se manifiesta que se observa en los padres un gran afecto por su hija''.

    Esta decisión fue impugnada por la peticionaria al momento en que se le notificó personalmente.

  3. Decisión del juez de segunda instancia.

    Mediante sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil tres (2003), la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia, que denegó la tutela de la referencia. Las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal para adoptar dicha decisión fueron las siguientes:

    3.1. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los niños son objeto de especial protección constitucional, y su interés superior y prevaleciente debe guiar cualquier actuación estatal que les pueda afectar. ''En el caso en estudio, al contestar la demanda, la defensora de familia del ICBF informó que contrario a lo manifestado por la accionante, no es su condición de discapacidad la que llevó a que esa institución tomara la determinación de sacar a su hija de su ambiente familiar, `sino la situación de peligro y de abandono que la pareja propicia a la menor'''.

    3.2. ''Analizadas las pruebas allegadas a la presente tutela, dentro de las que se encuentra copia de la historia que lleva la entidad demandada de la situación de L., se tiene que es cierto, según lo manifestó la demandada en su escrito de contestación, que desde que comenzó el proceso de protección a la menor, se ha conceptuado por diferentes razones que los señores T. y L., no son aptos por sus condiciones de vida para hacerse cargo de su hija, pues según consta desde los primeros informes rendidos por los miembros de la entidad demandada, la niña se encuentra en un ambiente de alto riesgo familiar (folios 5 y 6 del cuaderno de copia), tanto por las condiciones de seguridad y salubridad del lugar en donde habita (folio 22 y 24), como por las circunstancias en las que ingresó al centro hospitalario, y la situación de conflicto en la que viven los padres, lo que fue confirmado por la misma accionante en la declaración que rindió, en la que afirmó que por su condición económica no puede atender a su hija en la enfermedad que padece, que aunque vive con el padre no recibe ayuda económica de su parte, y que constantemente la agrede, habiéndose visto perjudicada en una ocasión la menor (folios 7 y 15)''.

    3.3. ''Del mismo modo consta, que la entidad demandada, en el curso del trámite y con el fin de poder reintegrar a la menor, buscando las condiciones que sean aptas para su desarrollo, ha adelantado visitas a familiares paternos y maternos, o indagado por los que se consideran pueden hacerse cargo de ella, resultado de lo cual la menor estuvo un tiempo viviendo con una tía materna (folios 23, 27 a 26 Vto. y 31 a 28), pero fue devuelta al ICBF (folio 33), y en adelante se ha solicitado la colaboración de la accionante y su compañero para encontrar un hogar a la menor al que ellos puedan acceder y vincularse con su hija, pues según la visita realizada nuevamente a la pareja (folio 35), aún no han mejorado las condiciones para el reintegro de la menor, pero ha habido falta de interés por las partes (folio 37), ya que a pesar de que se comprometieron a mejorar su situación (folios 38 y 42), y que nuevamente la tía materna manifestó poder cuidar a su sobrina con ciertas condiciones (folios 45 y 55) ello no ha sido posible por la no aceptación de los padres, su falta de interés (folios 52 y 58) y porque no se ha encontrado un nuevo grupo familiar apto para la menor (folio 47 y 47 Vto.). Las anteriores situaciones han llevado a conceptuar que la menor debe ser declarada en abandono para garantizarle un futuro estable (folio 50), sin embargo, las últimas acciones realizadas en el asunto, dan cuenta de que se continúa en la búsqueda de un nuevo grupo familiar (folios 56 y 57), y con el mejoramiento de las condiciones de vida de los padres (folios 26 a 28 del cuaderno principal).''

    3.4. Por lo tanto, no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la demandante, ya que la Defensoría de Familia demandada ''por intermedio de los funcionarios que se encuentran a su cargo, ha adelantado todas las diligencias necesarias para garantizar a la menor el posible reintegro a su entorno familiar, así como ha propendido porque los padres mejoren sus condiciones y puedan hacerse cargo de su hija''. En esa medida, se ha dado cumplimiento a las normas del Código del Menor, así como se ha respetado el derecho de defensa de los padres. ''Así mismo, se hace ver a la accionante que el trámite se encuentra en curso y aún no se ha tomado una decisión definitiva respecto de la situación de su hija, razón por la que aún cuenta con mecanismos para lograr demostrar su interés en el cuidado y protección de la menor''.

  4. Pruebas decretadas y recaudadas por la Corte Constitucional

    4.1. Pruebas decretadas mediante auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil tres (2003)

    Mediante auto del día veintitrés (23) de octubre de dos mil tres (2003), el Magistrado Ponente decretó la práctica de algunas pruebas orientadas a conocer el estado actual del proceso de protección de L., así como a obtener conceptos profesionales sobre el caso y conocer la oferta de servicios estatales para personas con discapacidad, según se transcribe en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.1. Comunicación de la Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur

    4.1.1.1. La Defensora de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur dio respuesta al requerimiento de esta Corporación mediante escrito recibido el día treinta (30) de octubre del año en curso. En él efectúa un recuento del procedimiento de protección adelantado en relación con la menor L. y de las razones que le llevaron a adoptar las decisiones reseñadas en las secciones precedentes, en los términos que se transcriben a continuación:

    ''Con el presente oficio le informo que esta Defensoría de Familia ICBF Centro Zonal de San Cristóbal Sur, abrió la investigación de la historia sociofamiliar de la menor L., debido a que fue informado por el Hospital Clínica San Rafael de la situación de riesgo en que se encontraba la niña en su medio familiar, toda vez que padecía de neumonía, bronquiolitis, desnutrición crónica, etc., y al parecer la discapacidad física de los padres no les permitía atender la custodia y el cuidado personal de su menor hija quien apenas contaba con escasos dos o tres meses de nacida. Posteriormente la historia socio familiar fue remitida al Centro Zonal de Revivir a fin de que asumiera su conocimiento y continuara con el trámite administrativo correspondiente, solicitando a favor de la menor L. la medida de protección de Colocación Familiar en un Hogar Sustituto Normal.

    ''En el Centro Zonal de Revivir después de intervenciones psicosociales tendientes al reintegro de L. al medio familiar se le entregó la custodia y el cuidado personal de la menor de la historia en referencia a la señora L., quien solo duró con ella por espacio de tres meses y medio, reintegrándola nuevamente al ICBF - Centro Zonal de Revivir.

    ''Los motivos que argumentó la tía de la menor, L. para el reintegro de la menor del medio familiar al ICBF obedecieron todos a la mala educación y carácter de los padres, pues relata no soportar los escándalos que la pareja protagonizaba en la portería del conjunto cerrado donde tiene ubicada su vivienda debido a las relaciones conflictivas de los mismos y los continuos reclamos que le hacía su hermana T., por accidentes propios de la edad de un menor que aún no tiene estabilidad al caminar y que por estar explorando el mundo que lo rodea se causaba, como son el de caerse y rasparse las piernas o el de cortarse un dedito con un juguete desportillado del jardín particular donde asistía la menor. Igualmente relató que no soportaba las impertinencias de L. padre de la menor, referentes a su falta de educación y su quejadera por el hambre que lo agobiaba. Cuenta además que conciliaron lo referente a los alimentos y las visitas de los padres a la menor, pero que igualmente ellos no cumplieron ni lo uno ni lo otro, y que por el contrario llegaban a la hora que ella debía llevar a la menor al jardín e irse a trabajar, o llegaban cuando ella aún no regresaba del trabajo a su hogar incluso con personas extrañas sin que antes le hubieran advertido de su visita.

    ''A principios del año en curso y debido a la descentralización de los hogares sustitutos nuevamente este Despacho asume el conocimiento de la historia antes citada, acuden los padres de la menor al Centro Zonal y se les advierte de la necesidad de definir la situación de la menor, pues la mayor parte de la vida de la niña (treinta y un mes) (sic) sólo habían permanecido con la menor algo menos de cinco meses, teniendo en consideración el tiempo que permaneció la menor recluida en los centros hospitalarios.

    ''Así las y (sic) únicamente con el fin de reintegrar a la menor L. al medio familiar, se solicitaron y obtuvieron conceptos psicosociales a los diferentes miembros de la familia extensa por parte de la red paterna, pero sus compromisos eran muy limitados, y no existía un adulto serio y responsable que ayudara con el cuidado de la menor en un caso, en otra visita se encontró una casa con huecos y escaleras, escondites, gente extraña al hogar de la familia que por supuesto no permitían un concepto favorable para el reintegro de la menor al medio familiar y finalmente L. indicó que un hermano suyo podía colaborarle con el cuidado y atención de la niña pero finalmente dicho señor no acudió a pesar de haber sido citado y su esposa no presentó alternativa de solución. Es de anotar que en una de esas intervenciones se decía que L. es un irresponsable, que tiene aún hijos menores de edad y que nunca ha cumplido con ninguno de sus hijos ya sean mayores o menores de edad, pues estos siempre han estado a cargo de las progenitoras de sus hijos (sic). Incluso se hace constar que se solicitaron y obtuvieron estudios sociales a los sitios donde la pareja manifestaba que habían ubicado su vivienda y empleo estable, pero igualmente la pareja de padres mostraron (sic) signos de inestabilidad emocional que llevaban al traste su relación y presunta actividad laboral.

    ''Así mismo se deja constancia que el bajo perfil de T., su condición de limitada visual y un posible trastorno de la personalidad la ubican como adulta en alto riesgo. Por su parte L. muestra actitudes agresivas y de menosprecio por su compañera, incluso al parecer la ha maltratado físicamente y en consecuencia su relación de pareja es inestable, sin crecimiento personal y de pareja conjunto.

    ''Por todo lo anterior y con el propósito de reintegrar al medio familiar desde el área de psicología se acudió nuevamente a donde L. tía y madrina de la niña a fin de mejorar las relaciones entre las dos hermanas, L. y T., restablecer las relaciones disfuncionales existentes por la situación del pasado, que no permitían el acercamiento entre las dos hermanas y únicamente con la finalidad de que L. apoyara, fortaleciera y realizara acompañamiento en el rol materno a T., pero L. manifestó no poder acudir a las citaciones por motivos de trabajo, a pesar de que contaba con turnos y que perfectamente se podían acomodar las citaciones a su horario y llegando incluso a advertirle que el día que se decidiera simplemente se presentara a éste Despacho para continuar con la asesoría correspondiente y apresurar el reintegro de la menor al medio familiar.

    ''Posteriormente regresa L. y da cuenta de estar interesada en aceptar el cuidado y protección de su menor sobrina, se procedió a realizar el estudio psicológico a su núcleo familiar, únicamente con el ánimo de reintegrar la menor al medio familiar, reorganizar las relaciones familiares y pronosticar la convivencia pacífica, sin embargo la pareja interesada en asumir la custodia y el cuidado de la niña no asistieron (sic) a las citaciones que se le dieran (sic), no se comunicaron con el área de psicología a pesar de conocer los números de teléfono a fin de reprogramar las citas, me comuniqué telefónicamente con la señora L. y su respuesta en un principio fue que el ICBF tomara la decisión y finalmente manifestaba que quería a su sobrina y que se comprometía la semana siguiente, pero igualmente tampoco asistió ni la semana siguiente ni ningún otro día más.

    ''Como se puede apreciar, la idea no es la de que la menor niña L. no vuelva al medio familiar, por el contrario todas estas acciones demuestran el interés de este equipo de la Defensoría de Familia de que la niña vuelva a su medio familiar y que no se repita la situación de riesgo que dio origen a la apertura de la historia sociofamiliar ni mucho menos aquella que hizo que después de haberla reintegrado al medio familiar fuese nuevamente regresada al ICBF por la persona que la tenía a su cargo precisamente por el mal comportamiento de los padres y el incumplimiento de los compromisos acordados, causándose en consecuencia maltrato psicológico a la menor, por los cambios a que fue sometida. (Inicialmente la menor con los progenitores - posteriormente en los Centros Hospitalarios - luego en el ICBF con la madre sustituta - luego el reintegro con L. - después el regreso de la menor al ICBF).

    ''Igualmente los señores L. y T. a pesar de conocer que las visitas de los niños en Hogares Sustitutos se está llevando a cabo en este Centro Zonal los días viernes cada quince días nunca han solicitado visita para su menor hija. Sus manifestaciones siempre han sido que se reintegre a ellos como padres la menor, y sólo con el propósito de hacer el reintegro de la menor a la familia extensa se han dirigido las acciones de nuestra intervención como equipo, no sin antes dejar en claro que el día que así lo soliciten se les permitirá la visita la cual se realizará los días estipulados anteriormente.''

    4.1.1.2. La Defensora de Familia adjuntó a su comunicación una copia de la valoración psicológica practicada a L. por la P.M.O.G., del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur, el día veintisiete (27) de octubre de dos mil tres, la cual se transcribe en el Anexo II de la presente sentencia.

    4.1.2. Valoración médica de L., efectuada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Mediante escrito recibido en esta Corporación el día seis (6) de noviembre de dos mil tres (2003), el Médico Forense ''Código 500-40'' No se proporcionan más datos sobre el profesional que realizó la valoración. del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuó una valoración médica de L., conceptuando que su estado de salud es normal. Las conclusiones de esta valoración se transcriben en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.3. Valoración psicológica de L., efectuada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Mediante escrito recibido en esta Corporación el día doce (12) de noviembre del año en curso, la Psicóloga Forense ''Código 510-11'' No se proporcionan más datos sobre la profesional que realizó la valoración. del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Bogotá, hizo llegar a la Corte un informe sobre la valoración psicológica de L., practicada el día cinco (5) de noviembre del año en curso en la casa de la madre sustituta, en el cual concluyó que su estado de desarrollo físico, cognitivo y afectivo es normal, y que ''debido a que la niña ha estado separada de los padres, y ha permaneciendo (sic) con una madre sustituta; no hay vínculo afectivo hacia los padres biológicos. Por tanto, es útil que tenga evaluaciones psicológicas periódicas para constatar su desarrollo en el caso que la menor pase a vivir con los padres''. Los apartes relevantes de esta valoración se transcriben en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.4. Concepto del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.

    El Grupo de Investigación en Psicología Social Crítica del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, integrado por las P.A.M.E.M., C.G. y E.S., hizo llegar a esta Corporación, el día doce (12) de noviembre del año en curso, un concepto profesional cuya conclusión es la siguiente:

    - Sin desconocer el interés superior de la niña, se considera que es un factor favorable y prioritario, la voluntad de vínculo emocional expresada por la madre, así como el interés de cambio psicosocial expresado por los dos integrantes de la pareja.

    - Con base en la exhaustiva documentación del caso incluida en el expediente correspondiente, parece claro que la pareja, a pesar de su actividad laboral en la calle, no presenta un historial de consumo de sustancias psicoactivas ni de delincuencia.

    - La pareja ha demostrado el manejo de unas competencias prácticas que les han permitido el desempeño autónomo de su vida cotidiana y han demostrado capacidad de desarrollo y aprendizaje en el ámbito psicosocial.

    - La acumulación de pobreza cultural, social y económica de esta pareja, además de su condición de discapacidad, permiten afirmar que en su caso existe una deuda social que les ha restringido al máximo las oportunidades de desarrollo, por lo cual se justifica una acción afirmación que equipare derechos y que se concrete en un proceso de protección.

    - La crisis en el ciclo vital del ser humano, constituye una oportunidad y motivación para la autocrítica y el cambio; en este caso, enfrentar la posibilidad de perder la custodia de la única hija de la pareja (de T. y L., podría configurar un dispositivo generador de recursos personales para el desarrollo de competencias comunicacionales, emocionales y laborales necesarias por parte de ellos.

    - Puesto que en realidad no existe abandono por parte de los padres, se debe facilitar un proceso de acompañamiento y elaboración psicológica que, incluso si se llegara más adelante a la decisión de entregar la niña en adopción, facilitara su entrega voluntaria y amorosa por parte de los padres, bajo el reconocimiento del mayor bienestar para la menor.

    - La propuesta que se presenta a continuación, aunque no está contemplada como una medida de protección dentro del Código del Menor, se justifica en la particularidad del caso y atiende a la responsabilidad que tiene el Estado para implementar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, según lo señalado en el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución Nacional.

    Por todo lo anterior se concertó la siguiente propuesta:

    - Adelantar un proceso de protección y acompañamiento psicosocial integral, con la participación conjunta de las siguientes instituciones: la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, uno de los Centros amar coordinados por el Departamento Administrativo de Bienestar social del Distrito - DABS, la Fundación Gran Ahorrar y el Instituto Nacional de Ciegos - INCI.

    - El proceso de protección debe realizarse en fases de forma que la niña reciba suficiente atención y cuidado en un Centro Amar, inicialmente las 24 horas con visitas por parte de los padres, en el cual se le brinden a la menor: refuerzo nutricional, escolarización y protección, hasta que gane adecuadamente en los indicadores de talla y peso.

    - Simultáneamente los padres deben iniciar un proceso de desarrollo psicosocial (competencias comunicativas, asertividad emocional y manejo del conflicto entre otras) y laboral, con el acompañamiento de instituciones tales como ICBF, INCI Y Fundación Gran Ahorrar, mediante el cual amplíen su repertorio psicosocial, desarrollen competencias laborales y autonomía económica. Así mismo, y en caso de una evaluación negativa del desenvolvimiento de la propuesta de protección integral, elaboren la entrega y despedida respecto de la menor.

    - En el proceso de acompañamiento y evaluación del caso, se recomienda que la Defensora de Familia esté acompañada por la correspondiente Comisaría de Familia, con el fin de ampliar y apoyar la mirada sobre el caso.

    El texto completo de dicho concepto profesional se transcribe en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.5. Concepto del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional.

    Mediante escrito recibido en la secretaría de esta Corporación el día catorce (14) de noviembre del año en curso, el Director del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, J.G., remitió a la Corte el concepto psicológico solicitado por el Magistrado Ponente, el cual fue elaborado por las profesoras M.R.P. y C.M.G., de los Departamentos de Psicología y Trabajo Social, respectivamente. La conclusión de tal concepto es la siguiente:

    ''Con base en el análisis de los documentos que hacen parte del expediente de tutela podemos concluir que la señora T. NO cuenta con las posibilidades para desempeñar su rol de madre Énfasis en el original.. Las razones para llegar a esta conclusión son las siguientes:

    1) Su historia personal de abandono por parte de la madre y maltrato físico, emocional, sexual y social le impidió adquirir un modelo adecuado de rol materno que le permita evidenciar comportamientos adaptativos de cuidado hacia su menor hija. Por el contrario, se observa la tendencia a subestimar ciertos factores de riesgo o a no identificar señales de peligro para la integridad física y moral de la niña, lo cual fue exacerbado por su discapacidad física y su bajo nivel educativo. Este punto permite pronosticar la posibilidad de que en caso de que la niña fuese reintegrada a su madre, muy probablemente correría el riesgo de maltrato por negligencia (B. &H., 1997; B. y Col., 1988).

    2) La red de soporte social de la señora T. es prácticamente inexistente. Solamente cuenta con su hermana L., pero incluso con ella la relación es conflictiva. En lo que respecta a su compañero y padre de la menor, el señor L., la misma señora T. manifiesta que su relación con él es insatisfactoria y caracterizada por episodios de maltrato físico y psicológico hacia ella. Este punto específico es un factor de riesgo muy alto para la menor, puesto que su madre, a pesar de reconocer la disfuncionalidad de su relación de pareja, no ha podido establecer límites adecuados y más bien permanece en una posición de dependencia emocional que la mantiene en una aceptación pasivo-agresiva de ésta. En la supuesta circunstancia de que la niña fuese reintegrada a sus padres biológicos, correría un riesgo muy alto de maltrato, que como mínimo, consistiría en la exposición a escenas de agresión física y verbal entre sus progenitores.

    3) La situación económica actual de la señora T., su escasa preparación a nivel intelectual y vocacional y sus pocas aspiraciones de desarrollo personal en estos campos son circunstancias poco alentadoras para predecir la posibilidad de que pueda satisfacer adecuadamente sus propias necesidades y las de su hija. Esto se ve agravado por la poca colaboración y la irresponsabilidad del padre de la menor, quien además tiene otros hijos y tampoco cuenta con un trabajo que le genere mayores ingresos. En caso de que la menor fuese reintegrada a sus padres, muy probablemente su calidad de vida se vería desmejorada y podrían presentarse nuevamente problemas de desnutrición y de insatisfacción de otras necesidades básicas. La menor podría verse expuesta a la mendicidad, como recurso que ya ha empleado su padre, al haber forzado a la señora T. a presentar este comportamiento en algunas ocasiones.

    4) No cabe duda de que la señora T. siente afecto por su hija y que desea, de manera auténtica, recuperarla. Dada su historia previa de privación afectiva y maltrato, es obvio que la niña representara para ella el único logro importante y valioso que ha tenido en su vida. Sin embargo, como se infiere a partir de sus propias declaraciones, la menor se convierte en un medio de llenar un vacío, en un mecanismo de compensación a su soledad y de posible soporte futuro para su vejez. Todo esto es comprensible, dado el contexto de la problemática psicosocial de la señora T. y de sus necesidades como mujer y ser humano. Sin embargo, las razones que subyacen al deseo de recuperar a su hija no son válidas ni aceptables desde la perspectiva del desarrollo de la menor, quien necesita y merece vivir en un ambiente en el que se reconozca y respete su individualidad, se estimule su autonomía y se le brinden todas las condiciones para potencializar sus capacidades y fortalezas (P. y Wendkos, 1992).

    5) La situación ideal para la señora T. sería la de que se le pudiera brindar un apoyo integral que consistiera en una psicoterapia intensiva, orientada a la superación de los traumas que ha experimentado a lo largo de su vida; a la toma de conciencia sobre los repertorios que debería adquirir para desempeñar su rol materno; a la capacitación intelectual y vocacional que le permita una mayor independencia y seguridad; y al desarrollo de habilidades de relación interpersonal con las cuales pudiera ampliar su red de soporte social y enfrentar adecuadamente los retos de la vida cotidiana.

    Si se contara con la disposición de la señora T. para comprometerse en un proceso de esta naturaleza, quizá se lograrían los mencionados objetivos y de esta manera ella estaría capacitada para asumir su rol de madre. Sin embargo, dadas sus condiciones actuales, la inconsistencia de sus actuaciones frente al proceso legal que se adelanta, a la larga duración de una intervención terapéutica tan compleja como la que aquí se menciona y a los costos emocionales y de recurso humano que esta conllevaría, consideramos que este modelo ideal no es viable en el corto plazo que se requiere para tomar una decisión con respecto al futuro de la menor L..

    6) En lo que respecta a la menor L., al parecer la niña logró desarrollar un buen vínculo afectivo con su tía y madrina L., durante el tiempo en que la mencionada señora la tuvo bajo su cuidado. También idealmente consideramos que la niña podría adaptarse de nuevo a este hogar, si se pudieran controlar o eliminar las interferencias e inconvenientes ocasionados por el comportamiento agresivo de T. y L., y obviamente, si la señora L. y su familia estuvieran dispuestos a hacerse cargo nuevamente de la menor.

    7) En caso de que la decisión final de la Corte Constitucional sea la de NO reintegrar a la menor a su madre biológica, sabemos de antemano que este hecho será un episodio muy doloroso para la señora T., un trauma más en la cadena de pérdidas a las que se ha visto expuesta a lo largo de su vida. Por ello recomendamos en alto grado, que se brinde a la señora, en primer lugar, la preparación emocional adecuada para aceptar la inminencia de la pérdida de su hija, y en segundo lugar, el apoyo psicoterapéutico necesario para afrontar esta crisis y lograr eventualmente un replanteamiento de su vida. Es importante que la señora T. continúe realizando un trabajo personal para mejorar su auto-estima y sus relaciones interpersonales. Consideramos que estos aspectos son fundamentales para su superación personal.

    En este punto específico queremos señalar que el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, a través del Servicio de Atención Psicológica, dirigido por una de las docentes evaluadoras de este caso, estaría dispuesto a brindar el apoyo terapéutico mencionado.

    8) Finalmente, consideramos que fue un hecho desafortunado el no haber podido llevar a cabo la visita domiciliaria pues a través de ella se hubiera podido realizar una entrevista que corroborara todos los aspectos aquí planteados, con el objeto de imprimirle una mayor confiabilidad al concepto evaluativo. Lo ideal habría sido entrevistar a los dos padres de la menor, hacer un estudio clínico completo que incluyera la aplicación de pruebas de personalidad, de habilidades sociales y de inteligencia, entre otras, e igualmente evaluar a la menor en su desarrollo en general y en la interacción con sus padres''.

    El texto completo de dicho concepto profesional se transcribe en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.6. Concepto de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana.

    Mediante escrito recibido el día catorce (14) de noviembre del año en curso en la Secretaría General de esta Corporación, el Decano Académico de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, P.J.R.Á., hizo llegar a la Corte un concepto profesional sobre el caso, elaborado por un equipo de psicólogos de tal facultad -conformado por los profesionales L.R.C., J.R.Á., M.H.Á. y S.M.P.-, cuya conclusión es la siguiente:

    ''Para poder evaluar las capacidades con las que cuenta la señora T., deben tenerse en cuenta las posibilidades que ésta tiene para suplir las necesidades tanto físicas como socioafectivas de su hija.

    Por necesidades físicas se entenderán todas aquellas que tienen que ver con vivienda, salud, vestuario y alimentación.

    De acuerdo con lo descrito en el punto de condiciones laborales y económicas se evidencia que la señora T. no tiene la capacidad económica de suplir las necesidades físicas de la niña Énfasis en el original., puesto que no cuenta con un trabajo fijo que garantice una entrada mensual estable, así mismo, sus ingresos son variables y bastante bajos, sugiriendo una condición de precariedad que expondría a la niña a factores de riesgo, como lo son: deficiente alimentación, ambiente físico deplorable caracterizado por condiciones de insalubridad; exponiendo a la niña al contagio y desarrollo de enfermedades que pueden poner en peligro su desarrollo posterior.

    Por necesidades socioafectivas se entenderán, aquellas que se relacionan con la capacidad de proveerle seguridad emocional a la niña, brindarle disponibilidad física, psicológica y mental. De la misma manera, se tendrá en cuenta la capacidad de la madre de asegurar un desarrollo social e intelectual óptimo para una niña de tres años, como lo son la asistencia a un jardín y proveer momentos de recreación sanos para la niña.

    Tal como se describió en el apartado de historia familiar y condiciones laborales y económicas, es posible deducir que la señora T. no tiene la capacidad económica ni psicológica de suplir las necesidades socioafectivas de la niña.

    A. respecto se evidencia que la historia vincular de T., está atravesada por un rechazo constante y continuo, lo que sugiere un patrón de relación que posiblemente se repita en los procesos de crianza con su hija; puesto que T. no ha entrado en un proceso terapéutico que le permita resolver sus sentimientos y vivencias negativas. Este último punto se sustenta en la entrevista al preguntársele cuál fue el momento más feliz de su vida, respondiendo de la siguiente manera: `...pues la felicidad fue porque ya que gracias a D., como yo nunca ya de pequeña mi papá nunca tuve que es una muñeca, que es jugar con una muñeca, yo nunca tuve eso. Yo siempre ellos me trataban a mí como un macho. Mi papá me trataba como un macho, cargar una carretilla con arena eso es de hombres, sí? Y a mí me trataban así. Ese es el trato que a mí me trataban. Entonces yo nunca tuve qué es jugar con una muñeca, nada de esas cosas. Y gracias a D., mi D. me dio un regalo que es una niña, mi D. me dio un hijo y tuve ese hijo, y la felicidad tuve una bebecita, y yo me puse muy contenta porque tuve una bebé y la felicidad es esa, que yo tuve una bebecita...'. Así mismo, éste apartado sugiere la presencia de un factor de riesgo en la relación que en un futuro pueda ella establecer con su hija, pues presenta una distorsión en la percepción acerca de la niña, al compararla con una muñeca.

    Desde nuestro punto de vista como psicólogos lo anterior podría constituir un rasgo psicopatológico en la personalidad de la madre, amenazando su capacidad de responder sensiblemente a las señales de la niña poniendo, también, en riesgo la forma en que la niña se vincule afectivamente con ella. Énfasis en el original.

    De acuerdo con la información recogida, no es posible evidenciar una relación de pareja entre el señor L. y la señora T., pues no es claro un proyecto de vida conjunto que garantice la seguridad y estabilidad afectiva de la niña; esto se evidencia a lo largo de la entrevista en la constante ausencia de la palabra `nosotros'. Énfasis en el original. De esta misma forma, parece haber una constante de conflicto en la relación, pues así lo narran T. y Amelia. Esta Discordia podría ser un factor que interviene de forma negativa en la manera como la niña se relaciona con sus padres, es decir, la presencia del conflicto podría generar comportamientos de angustia, ansiedad y distancia en la relación de la niña con sus padres y el mundo.

    Otra de las características que debería presentar una madre o pareja que pueda satisfacer las necesidades de un hijo, es la presencia de una red de apoyo clara y comprometida en los procesos de crianza y de soporte emocional tanto de la niña como de la pareja. Sin embargo a lo largo de la entrevista realizada con T., no parece haber tal apoyo Énfasis en el original., ya que en el momento en que ella necesitó ayuda por parte de su familia cuando la niña estuvo enferma, no lo recibió, viéndose obligada a devolver la niña al hospital. Así mismo, T. no vive ni con Amelia ni con su hermana L., lo que evidencia un abandono afectivo de las dos hacia ella. Igualmente como factor de riesgo aparece, el que todas las personas que están `dispuestas' a ayudar a T., hacen parte de la familia paterna, lo cual es preocupante, ya que en el momento en que esa `relación' termine, T. puede quedar totalmente sola y sin a quién acudir. Énfasis en el original.

    Por lo tanto y de acuerdo con las condiciones observadas y anteriormente descritas, el equipo de psicólogos de la Pontificia Universidad Javeriana considera que la señora T. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA DESEMPEÑAR ADECUADAMENTE SU ROL DE MADRE. Énfasis en el original.

    Para terminar, es necesario aclarar que contrario a lo que podría pensarse, la niña se encuentra en excelentes condiciones físicas, psicológicas, afectivas y sociales, a pesar de haber sido separada de su madre a tan temprana edad y de haber pasado por dos hogares sustitutos. Esta óptima condición se debe a que ha contado con los recursos necesarios tanto físicos como socioafectivos que le han permitido desarrollarse sanamente. Estas condiciones constituyen un factor protector, en el momento en que la niña deba iniciar un proceso de acomodación a una familia adoptiva.

    Recomendaciones

    - Brindar un apoyo terapéutico tanto a la señora T., como al señor L., en caso de que la custodia y patria potestad de la niña le sea negada. Ya que esta situación generaría un proceso doloroso que implicaría la elaboración de un duelo.

    - Es necesario buscar mecanismos que permitan la adecuada rehabilitación de L. y T., permitiéndoles mejorar tanto su calidad de vida, como su estadía en el mundo laboral. Esto podría garantizarse con la entrada de ellos a una institución.

    - Es importante que se siga garantizando la estabilidad social y emocional de la niña L., asegurando un hogar estable, como el que actualmente tiene y evitando en lo posible separaciones constantes de sus cuidadores.''

    El texto completo de dicho concepto profesional se transcribe en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.7. Información suministrada por el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC.

    Mediante escrito recibido el día seis (6) de noviembre en la Secretaría General de la Corte, la Coordinadora Técnica del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC remitió copia de los informes de T. y L. que obran en sus archivos, en términos idénticos a los transcritos en el apartado 1.4.3. de esta providencia.

    4.1.8. Información suministrada por el Secretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

    Por medio de escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día cuatro (4) de noviembre del año en curso, el Secretario de Despacho de la Secretaría de Salud de la A.caldía Mayor de Bogotá, J.F.C.U., aportó al presente proceso el concepto que se transcribe en el Anexo II de esta providencia.

    4.1.9. Comunicación de la Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, D.C.

    La Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, D.C. - DABS, A.M.R.G., dio respuesta a la orden contenida en el numeral cuarto del auto de pruebas recién transcrito, mediante comunicación recibida en la Secretaría General de esta Corporación el día treinta y uno (31) de octubre del año en curso, cuyo texto consta en el Anexo II de esta sentencia.

    4.1.10. Comunicación del Viceministro de Salud y Bienestar del Ministerio de la Protección Social.

    Mediante escrito recibido en esta Corporación el día veintiséis (26) de noviembre de dos mil tres (2003), el Viceministro de Salud y Bienestar, J.G.L.C., informó a la Corte que dicho Despacho, dadas sus funciones legales, no cuenta con ''una política específica para las personas con discapacidad visual y sus familias'', puesto que las políticas públicas cuya coordinación está a su cargo se dirigen a la población en general, no a casos particulares.

    4.2. Pruebas decretadas mediante auto del catorce (14) de octubre de dos mil tres (2003).

    Mediante auto del día catorce (14) de octubre de dos mil tres (2003), el Magistrado Sustanciador ordenó a la Directora del Instituto Nacional para Ciegos - INCI que informara en detalle a esta Corporación sobre el contenido, las características y la ejecución de los programas adelantados por tal entidad en relación con la provisión de asistencia especializada a las personas invidentes y sus familias.

    4.2.1. Comunicación de la Directora del Instituto Nacional para Ciegos - INCI

    Mediante escrito recibido el veinte (20) de noviembre en la Secretaría General de esta Corte, la Directora General del Instituto Nacional para Ciegos, D.E.R. de S., dio cumplimiento a lo dispuesto en el auto del catorce (14) de octubre recién reseñado, reseñando las funciones que cumple el INCI de conformidad con el Decreto Ley 369 del 11 de febrero de 1994, así como las políticas de trabajo planteadas para el período 2002-2006, luego de lo cual precisa: ''dentro del marco normativo referido, el INCI no presta asistencia especializada directa a las personas ciegas o de baja visión, esta asistencia le corresponde a los entes Territoriales en las materias de su competencia o a las EPS-IPS en las materias también de su competencia, asistencia que deben prestar con la asesoría del Instituto Nacional para Ciegos - INCI.''

    4.3. Pruebas decretadas mediante auto del veintiséis (26) de noviembre de dos mil tres.

    Mediante providencia del veintiséis de noviembre de dos mil tres (2003), el Magistrado Sustanciador decretó la práctica de algunas pruebas orientadas a caracterizar psicológicamente la relación presente y futura de L. y T., según se transcribe en el Anexo II de esta sentencia.

    La Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dieron respuesta a esta solicitud de la Corte, en los términos que se indican a continuación.

    4.3.1. Comunicación del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.

    Mediante escrito recibido en esta Corporación el día quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003), las profesionales integrantes del Grupo de Investigación en Psicología Social Crítica del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes -psicólogas A.M.E.M., C.G. y E.S.- aportaron un concepto cuya conclusión es la siguiente:

    ''Aunque no podamos resolver de manera directa sus inquietudes, a partir de los planteamientos teóricos arriba expuestos y de nuestro primer concepto emitido el 12 de noviembre de 2003, podemos decir que aunque en este momento no exista un vínculo de apego entre L. y T., sí es posible que éste se desarrolle si se propicia, creando las oportunidades para la interacción entre ellas. Dicha interacción podría tener lugar en un proceso de reintegro de la menor a su núcleo familiar de manera paulatina y acompañada por el Estado. Como lo mencionamos anteriormente, este acompañamiento se puede dar a través del trabajo interinstitucional... De esta manera no sólo se crearían las condiciones para el desarrollo de un vínculo de apego seguro entre madre e hija, sino que además se le evitaría a la menor una ruptura intempestiva y radical del vínculo que a lo largo de un año se ha venido desarrollando entre la menor y la madre sustituta M..

    4.3.2. Comunicación del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional.

    Mediante escrito recibido el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003), el Director del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, J.G., remitió el concepto profesional elaborado por la Profesora M.R.P. para dar respuesta a la solicitud de la Corte, cuyas conclusiones son las siguientes:

    ''- No existe un vínculo de apego seguro entre la niña y su madre biológica, que le permita a la primera explorar su ambiente y desarrollarse emocionalmente de manera adecuada.

    - Esta situación, si bien no es irreversible, implicaría un gran costo emocional para la menor y los padres biológicos, que en últimas iría en detrimento del bienestar general de la niña. Por lo tanto, el potencial del vínculo basado en un apego seguro entre madre e hija es escaso. (...)''

    4.3.3. Concepto de la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.

    La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, B.L.S., presentó su concepto sobre el caso bajo revisión en los términos siguientes:

    ''Con toda atención doy respuesta a lo solicitado, mediante oficio OPT-470/2003 expedido por esa Secretaría, señalando que una vez revisado en detalle el expediente de la Historia Integral Socio Familiar (...), en concepto de esta Dirección el caso ha sido atendido observando los procedimientos y garantías previstas en la Constitución Política y en el Código del Menor respecto de los derechos de la madre de la menor (Sra. T.) y el interés superior y prevalencia de los derechos de la niña L..

    CONSIDERACION GENERAL SOBRE EL CASO DE LA NIÑA LUISA

    Para continuar garantizando los derechos constitucionales fundamentales de la niña L. y de la Sra. T., considera esta Dirección, que deberá el Defensor de Familia competente del Centro Zonal San Cristóbal Sur - Regional ICBF Bogotá, proceder a definir de conformidad con las previsiones constitucionales y legales, la situación jurídica y socio-famliar de la niña con el fin de garantizar su derecho a tener una familia y no ser separada de ella, al cuidado y al amor y demás derechos conexos a su interés superior. El expediente contiene suficientes pruebas conducentes a que se tome una decisión de fondo en garantía de los derechos constitucionales fundamentales de L., atendiendo su interés superior y la prevalencia de sus derechos reconocida en la Constitución Política de Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código del Menor.

    RAZONES JURIDICAS, SOCIALES Y MISIONALES ESPECIFICAS QUE SUSTENTAN LA POSICION DE LA DIRECCION GENERAL DEL ICBF FRENTE AL CASO.

    Para sustentar esta posición, esta Dirección acoge en su integridad las decisiones tomadas por el Juzgado Diecinueve de Familia y la Sala de Familia del H. Tribunal Superior de Bogotá en Sede de Tutela y considera de pleno recibo los fundamentos señalados en los respectivos fallos (...).

    Como bien lo indica el H. Tribunal, `...el trámite se encuentra en curso y aún no se ha tomado una decisión definitiva respecto de la situación de su hija, razón por la que aún cuenta con mecanismos para lograr demostrar su interés en el cuidado y protección de la menor...'. Este aspecto resulta de la mayor relevancia jurídica para el caso, toda vez que el Código del Menor establece plenas garantías procesales para las personas que conforme a la ley les corresponde el cuidado personal de la niña L., tal como lo prevén, los artículos 56, 279 del Código del Menor y 38 del Decreto No. 1137 de 1999, al garantizar el control jurisdiccional por vía del Código Contencioso Administrativo y por vía de los Jueces de Familia, esta última en cuanto a la aplicación de las medidas provisionales de protección que corresponde ordenar al Defensor de Familia.

    De producirse una Resolución por medio de la cual se solicite la adopción como medida de protección (art. 57-5), el Código del Menor en su artículo 61 consagra frente a ella la acción de homologación, donde los padres de los niños pueden manifestar su oposición a la medida decretada, pero además, tal como lo consagra el artículo 64 del mismo estatuto los padres, o personas que tengan el cuidado personal de la crianza y educación de los niños, pueden solicitar al Juez de Familia la terminación de los efectos de las declaraciones efectuadas por el Defensor de Familia y la finalización de las medidas de protección adoptadas. Acción que podrá intentarse siempre y cuando no se haya homologado la declaratoria de abandono o decretado la adopción y siempre y cuando se demuestre plenamente que se han superado las circunstancias que les dieron lugar y que existen razonables motivos para esperar que aquellas no vuelvan a producirse.

    Igualmente de surtirse el proceso de adopción, para el mismo, se consagran garantías procesales como el recurso de apelación e incluso el recurso extraordinario de revisión (arts. 112 y 113 del C.M.). Todas estas previsiones, responden a lo delicado de las decisiones que comportan la garantía de los derechos fundamentales de los niños y básicamente a la protección de su interés superior y de la prevalencia de sus derechos sobre toda otra consideración (art. 20 del Código del Menor).

    En el desarrollo del Proceso Administrativo de Protección y todas las actuaciones, analizadas a fondo no hay ni el más leve indicio que induzca a pensar que se obró en virtud de algún factor de discriminación de los padres de L.. Por el contrario, existen precedentes, de padres discapacitados (...) donde se logró que la custodia y cuidado personal fuera ejercida por los (tíos paternos del niño), peservando así la permanencia de XX en su familia extensa. En el caso que ocupa hoy la atención de esa H. Corte, esto no ha sido posible para la niña, pese a las gestiones que se han realizado y al importante tiempo que ha permanecido a niña bajo la protección del Instituto, fracasando la vía de reintegro a su medio familiar, bien sea de su familia biológica o de su familia extensa.

    También cabe señalar, que aunque garantizar las condiciones materiales de vida de los niños es prioritario, no ha sido éste el único ni el factor determinante en el presente caso, porque tal como lo indicó esa H. Corte, en la sentencia T-510 del 19/jun/2003 M.P.D.M.J.C.E., el sólo hecho de que la niña pueda estar en mejores condiciones económicas no justifica de por sí una intervención del Estado en la relación con sus padres; existen, en este caso en particular, poderosos motivos adicionales para que la niña haya permanecido bajo la protección del Instituto, los cuales quedan probados en el expediente, y respecto de lo cual se realizaron importantes esfuerzos interinstitucionales, para brindarle apoyo material y tratamiento psicológico a los padres de L., instituciones entre las que se encuentran la Orden Vicentina de Funza, el CRAC, el DABS, la Secretaría de Salud, los Hospitales Simón Bolívar y Santa Clara. Pero sí ha sido un elemento de consideración, el que a pesar del apoyo brindado, la situación personal y de entorno sociofamiliar de la Sra. T. no mejora y que como lo señalan el 27/may/2003, las áreas de Psicología y Trabajo Social del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC, la Sra. T., madre de L., `presenta déficit cognitivo para manejo emocional de relaciones interpersonales llegando a establecer respuestas conflictivas y de manipulación para obtener beneficios propios sin pensar en el otro. Así mismo se observó alteraciones (sic) a nivel de su juicio y raciocinio acorde al sentido de la realidad (sic) que no le permiten establecer metas claras y objetivas frente a su vida...', si bien, `...se logró que la usuaria apoyara la gestión de recursos carece de la capacidad de permanecer en ellos y dar respuesta a los requerimientos de los profesionales con el objetivo de mejorar su calidad de vida'.

    Razones todas que no han permitido variar la medida de protección de colocación familiar para L., toda vez, que los presupuestos consagrados en los artículos 59 y 64 el Código del Menor no se han dado.

    Ahora bien, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino humano y de la garantía del desarrollo integral de L., urge definir la situación socio-familiar de la niña (...). Así las cosas, el caso de la niña L. debe ser atendido y resuelto administrativamente, lo más pronto posible, teniendo en cuenta, para ello, como se anotó anteriormente, los mandatos de la Constitución Política de Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991) y el Código del Menor.

    (...) esta Dirección General concluye que el Defensor de Familia competente con el apoyo del Equipo Técnico del Centro Zonal, en el ámbito de sus competencias administrativas, debe entrar a resolver la situación jurídica socio-familiar de la niña L., respetando todas las garantías procesales de sus padres Sra. T. y L.. Para ello deberá tener en cuenta sobre toda otra consideración la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales y la protección del interés superior de la niña L..

    En consecuencia, esta Dirección General, respetuosamente afirma, que previo examen detallado del caso y los análisis interdisciplinarios que acompañan al mismo, las actuaciones administrativas realizadas en el presente caso, han sido garantes y respetuosas de los derechos tanto de la niña L. como de su progenitora sra. T., pero que además la Constitución y la ley prevén todas las garantías sustanciales y procesales para proteger los derechos de las partes, una vez se tomen las decisiones inherentes a la protección del interés superior y a la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales de L. de tener una familia y no ser separada de ella, al cuidado y al amor de su familia biológica -de haberse transformado sustancial e integralmente las condiciones de vida de los padres, particularmente de la madre, lo cual no había sucedido hasta la fecha de la última actuación administrativa, 25/nov/2003-, familia extensa y/o familia adoptiva.''

II. Consideraciones y Fundamentos

  1. Competencia

    Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

  2. Problemas jurídicos a resolver

    Son raros los casos en los que la Corte Constitucional se ha enfrentado a situaciones humanas tan complejas -desde los puntos de vista jurídico, social, cultural y psicológico- como la que plantea el presente proceso de tutela. Un examen atento del material probatorio que se ha reseñado extensamente en los acápites precedentes lleva a la Sala a advertir, de entrada, que su decisión no puede circunscribirse a la resolución del problema principal planteado en la demanda de tutela interpuesta por T. contra el ICBF, a saber, la posibilidad de que su hija L. le sea reintegrada para desarrollar, con ella, una relación materno-filial digna. Si bien éste debe ser el eje central de cualquier determinación a adoptar -dada la primacía constitucional del interés superior y los derechos fundamentales de la menor implicada-, la situación que se ha demostrado con todo detalle ante la Sala exige que ésta se pronuncie también sobre las circunstancias de vida de la peticionaria, T., y sobre el contenido de las obligaciones constitucionales de acción positiva que existen en cabeza del Estado frente a su triple condición de sujeto de especial protección constitucional en tanto (i) mujer con discapacidad visual, (ii) persona en situación de pobreza y vulnerabilidad extremas, y (iii) madre de una niña de muy temprana edad. Ello, no sólo por el hecho de que ante la Sala se ha evidenciado la existencia de una ciudadana invidente en estado de casi total desamparo, sino porque la condición misma de L., en tanto menor de edad cuyo cuidador vive con una discapacidad, exige que, en atención a su interés superior, se evalúe con todo rigor la actuación -y omisión- de las autoridades frente a las condiciones de su madre T..

    Teniendo en cuenta que, en casos como el presente, el criterio guía para llegar a cualquier decisión ha de ser la promoción del interés superior y prevaleciente de los niños involucrados, así como la plena materialización de sus derechos fundamentales, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos:

    2.1. ¿Satisfizo el interés superior y prevaleciente de la niña L., así como sus derechos fundamentales, la decisión del ICBF de retirarla del cuidado personal de su madre T., y ubicarla primero en el Centro de Emergencia de V.J., y luego en un hogar sustituto?

    2.2. ¿Las actuaciones posteriores del ICBF, en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L., han sido respetuosas de sus derechos fundamentales, en particular de su derecho a tener una familia y no ser separada de ella? ¿Han promovido tales actuaciones su interés superior y prevaleciente?

    2.3. ¿Se ha dado cumplimiento a los deberes especiales y reforzados del Estado frente a la relación materno-filial de T. y L., en tanto madre con discapacidad en situación de extrema pobreza y menor de temprana edad cuya madre biológica es invidente, respectivamente?

    La resolución de los dos primeros problemas jurídicos exige que la Sala estudie varios temas constitucionales específicos, a saber: (a) el contenido de los principios de protección especial de la niñez y promoción del interés superior y prevaleciente del menor, así como la forma de determinación de dicho interés en situaciones concretas, (b) el contenido del derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, y (c) las condiciones y requisitos de la intervención estatal en el ámbito constitucionalmente protegido de la familia. Por su parte, la resolución del tercer problema jurídico planteado hace necesario que la Sala se pronuncie sobre (d) la situación de las personas discapacitadas en un Estado Social de Derecho, en especial en lo relacionado con su derecho a conformar una familia, y en forma conexa, (e) la situación especial de los niños cuyo cuidador es una persona con discapacidad, y los límites y condiciones que tal situación plantea a la intervención estatal en su núcleo familiar, así como (f) la protección constitucional especial de la maternidad, y su manifestación específica en los casos de madres discapacitadas.

    La decisión que adoptará esta Sala una vez se de respuesta a tales interrogantes es, en resumen, la siguiente: el interés superior de L., en tanto menor de edad cuya madre biológica es una persona con discapacidad visual, no alcanza a justificar que la Corte ordene la reintegración de L. y T., pero sí consiste en que, con miras a ello, el Estado adopte todas las medidas necesarias para permitirle a L. desarrollar con T. una relación materno-filial digna, sin que la discapacidad de la madre sea un obstáculo para ello ni, de otro lado, pueda llevar a poner en peligro a la menor o afectar negativamente su desarrollo integral (artículo 44, C.P.). Este derecho de L. a estar con su madre encuentra un correlato directo en el derecho que tiene T., en tanto madre en estado de extrema pobreza con discapacidad visual, a que el Estado cumpla con una serie de prestaciones positivas en su favor, orientadas a permitirle subsistir de la forma más autónoma, digna y decorosa posible a pesar de su discapacidad, y como parte de dicho objetivo, a desarrollar relaciones familiares dignas y satisfactorias, especialmente con su hija menor. Sin embargo, el derecho de la madre y de la hija a la reunificación encuentra un límite en el interés superior de la menor L., consistente en desarrollarse en forma armónica e integral sin verse expuesta a riesgos indebidos. En consecuencia, dado que las autoridades de bienestar familiar implicadas en el caso no han dado cumplimiento a su deber de promover, con especial diligencia, la rehabilitación de T. para lograr que ésta se reúna nuevamente con L., la Corte considera necesario que se otorgue a la madre y a la hija una oportunidad real de restablecer su vínculo familiar, y para ello ordenará que se dé inicio a un doble proceso de (i) rehabilitación seria de T., y atención de sus necesidades básicas insatisfechas, y (ii) potencialización gradual y supervisada del vínculo familiar entre T. y L., a cargo de un equipo de profesionales especializados en la materia. A. mismo tiempo, se ordenará que L. permanezca en el hogar sustituto en donde se encuentra actualmente, es decir, no sea reintegrada a su progenitora, hasta tanto ésta, de conformidad con el concepto informado de tal comité profesional multidisciplinario y una vez se haya sometido a un proceso de rehabilitación durante un lapso prudencial, sea capaz de cuidarla en forma autónoma y adecuada, para lo cual T. deberá comprometerse seria y activamente a poner todo lo que se requiera de su parte para lograr un proceso de rehabilitación exitoso. A la vez, se deja abierta la posibilidad al comité profesional multidisciplinario de que decida, luego de que haya transcurrido un período de tiempo prudencial durante el cual se habrá de desarrollar un proceso de rehabilitación serio de T., que el interés superior de L. aconseja que esta, definitivamente, no sea reintegrada a su madre biológica.

    Los fundamentos jurídicos y fácticos de la decisión que se acaba de resumir se explican con detenimiento en los acápites subsiguientes.

  3. Los principios de protección especial de la niñez y de promoción del interés superior y prevaleciente del menor, en tanto sujeto de protección constitucional reforzada.

    Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Recogiendo este axioma básico, consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 44 de la Constitución Política dispone que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; al interpretar este mandato, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los menores de edad tienen el status de sujetos de protección constitucional reforzada, condición que se hace manifiesta -entre otros efectos- en el carácter superior y prevaleciente de sus derechos e intereses, cuya satisfacción debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna.

    Los principios de protección especial de la niñez y preservación del interés superior del menor para asegurar su desarrollo integral se encuentran consagrados en diversos tratados e instrumentos internacionales que obligan a Colombia Ello es de especial importancia por cuanto, según ordena el artículo 44 de la Carta Política, los niños ''gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia'' - es decir, el Constituyente incorporó expresamente al ordenamiento interno los mandatos protectivos de la infancia de los tratados internacionales ratificados por Colombia; tal mandato armoniza con lo dispuesto en el artículo 93 superior, de conformidad con el cual ''los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconoce los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno''. En el mismo sentido, el artículo 19 del Código del Menor dispone que ''los convenios y tratados internacionales ratificados y aprobados de acuerdo con la Constitución y las leyes, relacionados con el menor, deberán servir de guía de interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Código.''. Entre ellos resalta la Corte, en primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone en su artículo 3-1 que ''en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño''; y en el artículo 3-2, establece que ''los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas''. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 24-1 que ''todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado'', en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual ''todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado'', y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ordena: ''se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición''. También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación; e igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que ''la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales'', y que ''todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social''.

    Reflejando estos mandatos, el Código del Menor de nuestro país establece, en su artículo 20, que ''las personas y las entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor''; y en el artículo 22, precisa que ''la interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor.''

    La jurisprudencia constitucional colombiana ha precisado en múltiples oportunidades el contenido de los principios de protección especial de la niñez y de preservación del interés superior y prevaleciente del menor. Así, por ejemplo, en la sentencia T-514 de 1998 M.P.J.G.H.G.. la Corte Constitucional explicó que el concepto del interés superior del menor consiste en el reconocimiento de una ''caracterización jurídica específica'' para el niño, basada en la naturaleza prevaleciente de sus intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de darle un trato acorde a esa prevalencia ''que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad''. Se precisó en la misma oportunidad que el principio en mención ''se enmarca en los presupuestos del Estado Social de Derecho, desarrolla el principio de solidaridad, propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado''. En igual sentido, en la sentencia T-979 de 2001 M.P.J.C.T.. se explicó que ''...el reconocimiento de la prevalencia de los derechos fundamentales del niño... propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado''.

    Más recientemente, en la sentencia T-510 de 2003 M.P.M.J.C.E.. la Corte explicó que la determinación del interés superior del menor se debe efectuar en atención a las circunstancias específicas de cada caso concreto: ''el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. A. contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, Sentencia T-408 de 1995 (M.P., E.C.M.) En esta sentencia se decidió conceder el amparo de tutela solicitado por una abuela materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a ésta el derecho a visitar a su madre recluida en prisión, puesto el padre de la menor le impedía hacerlo. sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal''. Sin embargo, se precisó en la misma oportunidad que ello no excluye la existencia de criterios generales que pueden guiar a los operadores jurídicos al momento de determinar cuál es el interés superior de un menor y cómo materializar el carácter prevaleciente de sus derechos fundamentales en casos particulares. La aplicación de tales lineamientos, proporcionados por el ordenamiento jurídico, se debe combinar con la consideración cuidadosa de las especificidades fácticas que rodean a cada menor en particular, para efectos de llegar a una solución respetuosa de su interés superior y prevaleciente. Según estableció la Corte en la providencia que se cita, ''para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas -las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados-, como (ii) jurídicas -los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil-''. Como corolario de lo anterior, se tiene que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección - deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos.

    En resumen: las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los que esté de por medio un menor de edad -incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de tutela- deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que les compete y en atención a sus deberes constitucionales y legales, por la materialización plena del interés superior de cada niño en particular, en atención a (i) los criterios jurídicos relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para ello, las autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones profesionales que se hayan realizado en relación con dicho menor, y deberán aplicar los conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a su disposición para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisface el interés prevaleciente en cuestión.

    Procederá ahora la Sala a determinar los principales criterios jurídicos que deben tomarse en cuenta para adoptar una decisión en casos como el presente, especialmente aquellos de orden constitucional.

  4. Criterios jurídicos relevantes para determinar el interés superior del menor.

    El ordenamiento jurídico colombiano proporciona múltiples reglas -de orden constitucional, legal y jurisprudencial- relevantes para determinar el contenido concreto del interés superior de cada niño en particular. En lo que concierne al caso bajo revisión, la Corte considera que existen parámetros jurídicos relevantes tanto generales -es decir, aplicables a todo caso que involucre la definición de los derechos de un menor de edad- como específicos -esto es, relacionados directamente con los problemas jurídicos que se deben resolver en esta oportunidad-, tal y como se indica a continuación.

    4.1. Criterios generales.

    La Sala tendrá en cuenta los siguientes cinco criterios decisorios generales para determinar el contenido del interés superior de L.: (1) la garantía del desarrollo integral del menor; (2) la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor; y (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado.

    4.1.1. Garantía del desarrollo integral del menor. Dispone el artículo 44 de la Carta, en su segundo inciso, que ''la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos''; es decir, debe propenderse en todo caso por asegurar el crecimiento y desarrollo armónico e integral de los menores de edad, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, para así fomentar la plena evolución de su personalidad y permitirles convertirse en ciudadanos autónomos, independientes y útiles a la sociedad. El mandato constitucional en cuestión, que debe materializarse teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias de cada niño, se encuentra reflejado en los artículos 6-2 y 27-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 6: ''(...) 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño''.

    Artículo 27: ''1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. (...)'' y en el Principio 2 de la Declaración sobre los Derechos del Niño, arriba citado.

    4.1.2. Garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor. La Constitución Política enumera expresamente, en su artículo 44, algunos de los derechos fundamentales prevalecientes de los niños: (i) la vida, (ii) la integridad física, (iii) la salud, (iv) la seguridad social, (v) la alimentación equilibrada, (vi) el nombre, (vii) la nacionalidad, (viii) tener una familia y no ser separados de ella, (ix) el cuidado y el amor, (x) la educación, (xi) la cultura, (xii) la recreación y (xiii) la libre expresión de su opinión. Sin embargo, los derechos de los niños no se agotan en ésta enumeración; el artículo 44 Superior establece, en la parte final de su inciso primero, que los niños ''gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia''. Estos otros derechos de los niños, que también tienen rango constitucional y fundamental -bien sea por constar con tal carácter en la Carta Política o por expresa incorporación del Constituyente que se acaba de citar- incluyen, en lo pertinente para la resolución del asunto bajo revisión, los derechos a (xiv) la igualdad real y efectiva -especialmente por su condición de debilidad manifiesta, que obliga al Estado a sancionar los abusos o maltratos cometidos contra ellos y a adoptar medidas que los favorezcan- (C.P., art. 13); (xv) la intimidad personal y familiar (C.P., art. 15); (xvi) el libre desarrollo de su personalidad -una de cuyas facetas es el derecho a gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo armónico y a verse libres de perturbaciones arbitrarias de dicho proceso, entre otras manifestaciones- (C.P., art. 16); (xvii) la paz, en particular la paz familiar (C.P., art. 22); (xviii) no ser molestados en su persona o su familia por las autoridades (C.P., art. 28); (xix) el debido proceso, especialmente en el curso de las actuaciones judiciales y administrativas que les afecten (C.P., art. 29); (xx) ser protegidos ''frente a toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares'' (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 2-2); (xxi) que las autoridades y los particulares, en todas las medidas que les conciernan, atiendan a su interés superior en tanto consideración primordial (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3-1); (xxii) conocer a sus padres y ser cuidados por ellos ''en la medida de lo posible'' (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 7-1); (xxiv) ''preservar su identidad, incluídos la nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas'' (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 8-1), y recibir ''la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad'' en los casos en que hayan sido privados ilegalmente de alguno o todos los elementos de la misma (id.); (xxv) ''no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia'' y recibir protección legal contra tales injerencias (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 16); y (xxviii) que se adopten todas las medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica y su reintegración social en caso de ser víctimas de cualquier forma de abandono o de trato cruel, inhumano o degradante, en un ambiente que fomente su salud, su dignidad y el respeto de sí mismos (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 39). Se reitera que éstos son sólo algunos de los múltiples derechos constitucionales fundamentales, prevalecientes y de aplicación inmediata de los que son titulares los niños; la Sala únicamente ha citado los que resultan pertinentes para la presente decisión.

    4.1.3. Protección del menor frente a riesgos prohibidos. En cumplimiento de los mandatos constitucionales e internacionales citados anteriormente, es imperativo resguardar a los menores de edad de todo tipo de riesgos prohibidos que puedan amenazar o perturbar su integridad y su proceso de desarrollo armónico. Dentro de la categoría ''riesgos prohibidos'' se encuentran varios tipos de situaciones que deben ser evitadas o suprimidas a toda costa para proteger a los niños involucrados, tanto por parte de las autoridades competentes como por la familia y la sociedad. A.gunos de estos riesgos prohibidos fueron expresamente previstos por el Constituyente, tales como (i) la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12), (ii) los abusos y maltratos (C.P., art. 13), (iii) la esclavitud, la servidumbre y la trata (C.P., art. 17), (iv) ser molestados en su persona o su familia (C.P., art. 28), (v) cualquier forma de violencia intrafamiliar (C.P., art. 42), (vi) toda forma de abandono (C.P., art. 44), (vii) todo tipo de violencia física o moral (C.P., art. 44), (viii) el secuestro en todas sus modalidades (C.P., art. 44), (ix) cualquier forma de venta (C.P., art. 44), (x) todo tipo de abuso sexual (C.P., art. 44), (xi) cualquier forma de explotación laboral (C.P., art. 44), (xii) toda explotación económica (C.P., art. 44) y (xiii) cualquier trabajo riesgoso (C.P., art. 44). El artículo 8 del Código del Menor recoge algunos de estos mandatos protectivos, al disponer que los niños tienen derecho a ser protegidos de ''toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación''. Igualmente, al consagrar en su artículo 30 un catálogo de situaciones irregulares en las que pueden verse envueltos menores de edad, el Código del Menor proporciona una indicación adicional de ciertos riesgos graves que deben ser prevenidos y remediados en todo caso, a saber: (xiv) el abandono o el peligro Dispone el artículo 31 del Código del Menor que ''Un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando: 1. Fuere expósito. 2. F. en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la ley, han de tener el cuidado personal de su crianza y educación; o existiendo, incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes, o carecieren de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación del menor. 3. No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o del hogar sustituto en que hubiere ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado personal de su crianza y educación. 4. Fuere objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas de quienes el menor dependa; o cuando unos u otros lo toleren. 5. Fuere explotado en cualquier forma, o utilizado en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o cuando tales actividades se ejecutaren en su presencia. 6. P. graves problemas de comportamiento o desadaptación social. 7. Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las desaveniencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio, o en cualesquiera otros motivos. Par. 1: Se presume el incumplimiento de que trata el numeral 2 del presente artículo, cuando el menor está dedicado a la mendicidad o a la vagancia, o cuando no convive con las personas llamadas por la ley a tener su cuidado personal. Esta presunción admite prueba en contrario. Par. 2: Para efectos de la situación prevista en el numeral séptimo del presente artículo, se consideran como agravantes aquellos comportamientos de los padres que al intensificar la angustia y la incertidumbre inherentes a esta situación vaya en detrimento del menor. Igualmente constituye agravante el que cualquiera de los padres antes o después de la separación, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, traten de influir en el menor con el propósito de suscitar aversión o desapego hacia alguno de sus progenitores''., (xv) la carencia de la atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, (xvi) la amenaza de su patrimonio por quienes lo administran, (xvii) la participación del menor en una infracción penal, (xviii) la carencia de representante legal, (xix) la existencia de deficiencias físicas, sensoriales o mentales, (xx) la adicción a sustancias que produzcan dependencia o la exposición a caer en la drogadicción, (xxi) el trabajo en condiciones no autorizadas por la ley, o (xxii) en general, toda ''situación especial que atente contra sus derechos o su integridad''. Ahora bien, según ha expresado la jurisprudencia de esta Corte Sentencia T-510 de 2003, M.P.M.J.C.E., ninguna de las enunciaciones citadas agota el catálogo de las posibles situaciones que pueden constituir amenazas para el bienestar de cada niño en particular; éstas deberán determinarse atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, siempre con el objetivo de preservar la integridad y el desarrollo armónico de los niños implicados frente a los riesgos o amenazas específicos que se pueden cernir sobre ellos.

    4.1.4. Equilibrio entre los derechos de los niños y los de sus parientes, sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor. Tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corte Sentencia T-408 de 1995, M.P.E.C.M., el interés superior y prevaleciente del menor es un concepto relacional, es decir, que se predica de situaciones en las cuales deban armonizarse los derechos e intereses de un determinado niño con los de otra u otras personas con los cuales han entrado en conflicto. En otras palabras, afirmar que los derechos e intereses de los menores de edad son prevalecientes no significa que sean excluyentes o absolutos; según se precisó en la antecitada sentencia T-510 de 2003, ''el sentido mismo del verbo `prevalecer' De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ''prevalecer'' significa, en su primera acepción, ''sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad o ventaja entre otras''. implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización''. Por lo tanto, en situaciones que se haya de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en particular, se deben necesariamente tener en cuenta los derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus padres, biológicos o de crianza; ''sólo así se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos son titulares del derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la regla que establece el artículo 3-2 de la Convención sobre Derechos del Niño, según el cual `los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley' En igual sentido, el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que ''los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención''.'' Sentencia T-510 de 2003, M.P.M.J.C.E... Por otra parte, si bien es cierto que debe preservarse un equilibrio entre los derechos del niño y los de sus familiares, cuando tal equilibrio se altere, y se presente un conflicto irresoluble entre los derechos de los padres y los del menor, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del menor: ''de allí que los derechos e intereses de los padres únicamente puedan ser antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su interés prevaleciente, y que en igual sentido, únicamente se pueda dar primacía a los derechos e intereses de los niños frente a los de sus padres si tal solución efectivamente materializa su interés superior. Así, no es posible trazar una norma abstracta sobre la forma en que se deben armonizar tales derechos, ni sobre la manera en que se han de resolver conflictos concretos entre los intereses de los padres y los del menor - tal solución se debe buscar en atención a las circunstancias del caso'' Id..

    4.1.5. Necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del menor involucrado. En todo caso, es necesario que las autoridades o los particulares encargados de adoptar una decisión respecto del bienestar del niño implicado se abstengan de desmejorar las condiciones en las cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión. Esta regla ha sido aplicada por la Corte Constitucional, por ejemplo, en casos relacionados con disputas sobre la custodia y el cuidado de menores de edad, lo cual resulta especialmente relevante para el caso presente; así, en la sentencia T-442 de 1994 M.P.A.B.C.. se explicó que ''en cada caso particular se deben analizar las circunstancias y situaciones que comunican un estado favorable en las condiciones en que se encuentre el menor en un momento dado y valorar si el otorgamiento el cuidado y custodia puede implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado. (...) la aspiración de todo ser humano, a la cual no se sustrae el menor, es la de buscar permanentemente unas condiciones y calidad de vida más favorables y dignas; por lo tanto, no puede condicionarse a éste a una regresión o a su ubicación en un estado o situación más desfavorable''. Precisa la Corte, sin embargo, que ello no puede interpretarse como una desventaja para las familias o personas de escasos recursos que pretenden la custodia o cuidado de un niño que se encuentra bajo el cuidado de una persona o familia más acomodada; la desmejoría en las condiciones se refiere a las características sustanciales del cuidado que está recibiendo o que podría recibir un menor de edad, y a la forma en que éstas le permiten materializar plenamente sus derechos fundamentales - objetivos ambos que toda familia apta está en condiciones de cumplir, independientemente de su nivel de ingresos.

    4.2. Criterios específicos a aplicar en casos de menores cuyo cuidador es una persona con discapacidad.

    En atención a las circunstancias fácticas del proceso bajo revisión, en el cual está de por medio la definición de la permanencia de una menor de temprana edad con su madre, quien tiene una discapacidad, la Corte considera que los siguientes parámetros jurídicos específicos son relevantes para adoptar una decisión que, en forma simultánea, respete la Carta Política y materialice el interés superior de la niña: (1) la necesidad de preservar el derecho de L. a tener una familia y no ser separada de ella; (2) la necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones entre L. y T., así como los requisitos y condiciones de tal intervención estatal en el ámbito constitucionalmente protegido de la familia; y (3) la situación especial de los niños cuyo cuidador es una persona con discapacidad, en particular cuando se trata de su madre.

    4.2.1. Preservación del derecho de L. a tener una familia y no ser separada de ella. Como se indicó anteriormente, uno de los derechos constitucionales fundamentales y prevalecientes de los que es titular L. es el derecho a tener una familia y no ser separada de ella, consagrado en el artículo 44 de la Carta Política. Este derecho cuenta con una serie de garantías constitucionales adicionales que refuerzan la necesidad de preservarlo en todo caso, a saber, la consagración de la familia como la institución básica de la sociedad, digna por ende del amparo estatal (arts. 5 y 42, C.P.); la prohibición de molestar a las personas -incluídos los niños- en su familia (art. 28, C.P.); y la protección de la intimidad familiar (art. 15, C.P.). Tanto el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, como las garantías adicionales en cuestión, forman parte de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.

    En primer lugar, el derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella ha sido consagrado en (a) el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se reconoce que ''el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión''; (b) el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual ''ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales e su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación'', y ''el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques''; (c) el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que ''nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia'', y que ''toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques''; (d) el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe:''nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia...'', y que ''toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques''; y (e) la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 12 dispone que ''nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (...). Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques'' Haciendo eco de estos mandatos, el artículo 6 del Código del Menor dispone que ''todo menor tiene derecho a crecer en el seno de una familia''.

    En cuanto a la consagración de la familia como institución básica de la sociedad, y el otorgamiento de una especial protección estatal para su preservación y desarrollo, el artículo 16-3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que ''la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado''; en el mismo sentido, el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que ''se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo'', y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que ''la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado'', en el mismo sentido que el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual ''la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado''. La proyección específica de estos mandatos hacia los menores de edad se refleja en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual los Estados Parte expresaron su profunda convicción de que ''la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad''. También el Código del Menor, en su artículo 6, establece que ''el Estado fomentará por todos los medios la estabilidad y el bienestar de la familia como célula fundamental de la sociedad.''

    El derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella tiene una especial importancia para los menores de edad, puesto que por medio de su ejercicio se materializan numerosos derechos constitucionales diferentes, que por lo tanto dependen de él para su efectividad: es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al cuidado, el amor, la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en forma apta. Así lo ha reconocido esta Corte, entre otras en la sentencia T-510 de 2003 (M.P.M.J.C.E., en la cual se estableció que ''la importancia del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella estriba en que (...) su satisfacción constituye una necesaria condición de posibilidad para la materialización de varios otros derechos fundamentales protegidos por la Carta''; e igualmente en la sentencia T-587 de 1998 (M.P.E.C.M., en la que se afirmó:

    ''(...) la vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimen-tación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta''

    Ahora bien, esta Corporación también ha señalado que en virtud de la protección cultural de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (C.P., art. 7), ''no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima originada en el matrimonio es hoy uno de los tipos posibles (...) el constituyente consagró un espacio a la familia de hecho en condiciones de igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta vigente'' Sentencia T-523 de 1992, M.P.C.A.B... En ese sentido, precisa la Corte que el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política, bien sea en aquellas formadas por vínculos jurídicos, en las que surgen de vínculos naturales o en las que se estructuran alrededor de la voluntad responsable de sus integrantes (art. 42, C.P.).

    4.2.2. Necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones familiares. Condiciones y requisitos de las medidas de intervención estatal que conlleven la separación de un niño de su familia. Como se ha reiterado en apartes anteriores de esta sentencia, los niños son titulares de un derecho fundamental prevaleciente a tener una familia y no ser separados de ella; a su vez, la familia en tanto institución social básica es objeto de claras protecciones constitucionales, que impiden que las autoridades o los particulares intervengan en su fuero interno o perturben las relaciones que la conforman, sin que existan razones de peso previamente establecidas por el ordenamiento jurídico que así lo justifiquen, y únicamente de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.

    Es claro, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, que la intervención del Estado en las relaciones familiares protegidas por la Constitución únicamente puede tener lugar como medio subsidiario de protección de los menores afectados, puesto que la primera llamada a cumplir con los deberes correlativos a los derechos fundamentales de los niños, es la familia:

    ''...la condición de miembro de familia impone a quienes la ostentan claros e importantes deberes, especialmente frente a los menores de edad que forman parte del mismo núcleo familiar, y con más razón cuando se trata de los padres. Ya ha establecido en varias oportunidades esta Corte que la primera obligada a proveer la atención y los cuidados necesarios para garantizar el desarrollo integral de los niños es la familia, y que el Estado sólo deberá intervenir para proteger a los menores en forma subsidiaria, cuando la familia no esté en posición de cumplir con sus cometidos propios. Así, en la sentencia T-752 de 1998 (M.P.A.B.S., se estableció que corresponde al Estado asumir la obligación genérica de asistir y proteger a los niños para garantizar su adecuado desarrollo y el ejercicio de sus derechos, cuando quiera que la familia, en tanto principal obligada, no esté en condiciones de hacerlo; y en la sentencia SU-225 de 1998 (M.P.E.C.M., se afirmó: ''si el núcleo familiar no está en capacidad fáctica de satisfacer las carencias más elementales de los niños a su cuidado, compete al Estado, subsidiariamente, asumir la respectiva obligación''. En el mismo sentido, el artículo 3 del Código del Menor establece que la protección, el cuidado y la asistencia que los niños requieren para su adecuado desarrollo corresponde en primer lugar a los padres o demás familiares legalmente obligados a proveer-los, y que únicamente cuando éstos no se encuentren en capacidad de cumplir con tal deber, será el Estado quien lo asuma, ''con criterio de subsidiaridad''. // El deber primordial de la familia es el de proveer las condiciones para que los niños crezcan y se desarrollen adecuadamente como personas dignas; ello conlleva tanto la obligación de preservar a los menores de todas las amenazas que se pueden cernir sobre su proceso de desarrollo armónico, como el deber positivo de contribuir a que dicho proceso se desenvuelva con las mayores ventajas y beneficios posibles, en términos materiales, psicológicos y afectivos.'' Sentencia T-510 de 2003, M.P.M.J.C.E..

    El carácter subsidiario de la intervención estatal en este campo, y el rol principal asignado a la familia en relación con la crianza y cuidado del niño, también tiene sustento en el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual ''1. Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbrá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primodial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. // 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.''

    Las medidas estatales de intervención en la vida familiar protegida por la Carta -medidas de protección que pueden ser impuestas por las autoridades competentes respecto de los padres o familiares biológicos cuando se den las condiciones de ley para preservar el interés superior del niño-, únicamente pueden traer como resultado final la separación del menor de su familia cuandoquiera que ésta no sea apta para cumplir con los cometidos básicos que le competen en relación con el menor, o cuando el núcleo familiar represente un riesgo para su desarrollo integral y armónico; ello guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 del Código del Menor, según el cual ''el menor no podrá ser separado de su familia sino en las circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlo''. La Corte ya ha precisado que ''al momento de establecer la idoneidad de un determinado grupo familiar, se han de tener en cuenta distintos tipos de circunstancias y razones que, dependiendo de su relevancia para el bienestar del menor individualmente considerado, serán más o menos determinantes de la decisión a tomar''; así, la doctrina constitucional ha explicado que (1) existen circunstancias cuya mera verificación es suficiente para tomar una decisión contraria a la permanencia de un niño en determinada familia, por su gravedad -así sucede con ''(a) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud del menor, (b) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en la familia, y (c) en general todas las circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la Carta ordena proteger a los niños'' Sentencia T-510 de 2003, M.P.M.J.C.E., las cuales, como se vió, se reflejan en el catálogo de situaciones irregulares del Código del Menor, pero no se agotan en él-; (2) otras circunstancias, si bien no son motivos determinantes de separación de un menor de su núcleo familiar, sí pueden constituir motivos de peso para adoptar tal decisión luego de una cuidadosa ponderación de las circunstancias específicas del niño: ''en esta segunda categoría se incluyen todos aquellos hechos o situaciones que pueden constituir indicadores fuertes sobre la ineptitud de un cierto grupo familiar, pero que también pueden estar justificados por consideraciones en pro del menor, dadas las circunstancias del caso en concreto: por ejemplo, el hecho de haber entregado al niño en adopción o de haber delegado el cuidado diario de un menor de edad en personas distintas de sus padres'' Id. ; y (3) por último, ciertas circunstancias no son suficientes, en sí mismas, para separar a un niño de su familia: ''así sucede, por ejemplo, en los casos en que la familia biológica es pobre, o cuando sus miembros no cuentan con educación básica, o en los que alguno de sus integrantes ha mentido ante las autoridades con el fin de recuperar al menor, o cuando alguno de los padres o familiares tiene mal carácter (sin haber incurrido en abuso frente al menor, o en alguna de las circunstancias constitutivas de violencia intrafamiliar). Ninguna de estas circunstancias constituye razón suficiente para desligar a un niño de su entorno familiar. Sin embargo, con excepción de la primera (es decir, de la pobreza, que en ningún caso puede justificar per se la remoción de un niño de su familia), sí pueden contribuir, junto con otras razones de peso, a orientar la decisión respecto de cada menor en concreto, si se les evalúa en forma conjunta con los demás hechos del caso, y prestando especial atención a la forma en que los padres o familiares biológicos han cumplido en el pasado con los deberes inherentes a su condición a la luz de preservar el interés superior de los menores. En este sentido, resulta altamente relevante establecer los antecedentes de conducta de los padres o acudientes frente al menor o frente a sus otros hijos, analizando -entre otras- si han manifestado un patrón consistente de cuidado y de dedicación, y cuál ha sido su conducta ante las autoridades durante los trámites y procedimientos relacionados con el niño.'' Id.

    La Corte ha precisado, en relación con lo anterior, que no es justificable separar a un niño de su familia por el solo hecho de que sus condiciones económicas no sean buenas. Se explicó en este sentido en la pluricitada sentencia T-510 de 2003 que ''uno de los primados más importantes que se deben aplicar al establecer la viabilidad de medidas protectivas que separen a un niño de su núcleo familiar consiste en que el simple hecho de que un niño pueda estar en mejores condiciones económicas, no es razón suficiente para privarlo de la compañía y el cuidado de sus familiares biológicos, por lo cual deben establecerse motivos adicionales, de suficiente peso, para legitimar una intervención de esta magnitud y trascendencia. Lo contrario equivaldría a imponer una sanción jurídica irrazonable a padres e hijos por el hecho de no contar con determinadas ventajas económicas, con lo cual se abriría la puerta para justificar restricciones desproporcionadas a la esfera constitucionalmente protegida de la familia. Lo que es más, se terminaría por restringir el derecho a gozar de la compañía y el amor de la propia familia a aquellos niños cuyos padres estén en condiciones económicas ''adecuadas'' - un trato a todas luces discriminatorio, y contrario al mandato contenido en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 13 de la Carta y en el artículo 2 del Código del Menor, del cual se cita: ''Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales'' (subraya la Corte). En igual sentido, los artículos 129 a 131 del Código del Menor, que regulan las situaciones de menores que carecen de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, disponen que cuandoquiera que dicha situación se derive de las condiciones económicas precarias de sus padres, las medidas de protección a imponer deberán buscar ante todo apoyar a la familia para que ésta pueda cumplir directamente con las funciones que le son propias, y así mantener a los niños en su entorno familiar Código del Menor, artículo 129: ''Se entiende que un menor carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas cuando, sin presentarse los supuestos para ser considerado en situación de abandono o de peligro, carece de medios para atender a su subsistencia, o cuando las personas a cuyo cargo esté su cuidado, se nieguen a suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente''.

    Código del Menor, artículo 130: ''A. menor que carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas se le prestará el concurso del Estado para imponer a los responsables de la obligación alimentaria el cumplimiento de la misma. Si la familia o los responsables de su cuidado personal carecieren de medios suficientes, esta atención le será dispensada por el Estado con el concurso de la familia y de la comunidad, de acuerdo con la situación en que se encuentre el menor''.

    Código del Menor, artículo 131: ''Las medidas de protección al menor que se encuentre en la situación prevista en este título, serán adoptadas a solicitud de quienes tengan a su cargo el cuidado personal de su crianza y educación, o de oficio. Con ellas se busca a apoyar a la familia para a la atención integral del menor, procurando no separarlo de su medio familiar.''''. Es decir, ''el solo hecho de que el niño pueda estar en mejores condiciones económicas no justifica de por sí una intervención del Estado en la relación con sus padres; deben existir poderosos motivos adicionales, como los que se enuncian en los acápites anteriores, que hagan temer por su bienestar y desarrollo, y así justifiquen las medidas de protección que tengan como efecto separarle de su familia biológica. Lo contrario equivaldría a efectuar una discriminación irrazonable entre niños ricos y niños pobres, en cuanto a la garantía de su derecho a tener una familia y a no ser separados de ella - un trato frontalmente violatorio de los artículos 13 y 44 de la Carta''.

    Ahora bien, en atención a las circunstancias particulares del caso que se revisa, la Sala considera necesario precisar que, tratándose de medidas de protección impuestas por las autoridades de Bienestar Familiar en relación con un determinado niño, que impliquen la separación de éste de su núcleo familiar, deben diferenciarse dos etapas procedimentales distintas: (1) el momento en el cual se adopta -y se ejecuta- la decisión inicial de imponer la medida de protección en cuestión, y (2) el desarrollo subsiguiente del proceso de protección correspondiente. Los derechos de los niños involucrados en relación con su familia, así como los derechos de los miembros de dicha familia, adquieren connotaciones distintas dependiendo de cual fase procesal se esté desarrollando en un momento dado.

    Ante todo, debe tenerse en cuenta que los vínculos familiares entre un menor y sus padres y parientes no cesan por el hecho de que el niño sea objeto de una medida administrativa de protección que lo separe de su núcleo familiar. Esta premisa básica, derivada del papel subsidiario que debe jugar el Estado en relación con el cumplimiento de los deberes de la familia para con los niños (art. 3, Código del Menor), ha sido reconocida expresamente por los tribunales internacionales de derechos humanos - específicamente por la Corte Europea de Derechos Humanos Los pronunciamientos de este tribunal internacional no sólo constituyen una guía importante para determinar la forma como otros sistemas jurídicos han resuelto la cuestión que se plantea a la Corte Constitucional; también son, en tanto pronunciamientos judiciales y en los términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia -del que Colombia es parte-, fuentes subsidiarias de derecho internacional, cuya función principal es la de interpretar el alcance de las normas internacionales que generan obligaciones para los Estados. Dado que la norma que la Corte Europea interpreta en casos relativos a la familia (el artículo 8 de la Convención) es similar a otros tratados internacionales que vinculan a Colombia, son altamente relevantes las decisiones de este tribunal. Ello no implica, por supuesto, que sean obligatorias per se en el ordenamiento jurídico colombiano; simplemente constituyen fuentes interpretativas autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos., en numerosos casos Se pueden consultar a este respecto, entre otros, los casos de E. vs Suecia (decisión del 23 de mayo de 1989), A. vs Suecia (decisión del 20 de enero de 1992), y B. vs. Reino Unido (decisión del 26 de mayo de 1987).. Como consecuencia necesaria, se tiene que en principio -y salvo que el funcionario competente esté ante circunstancias objetivas que hagan prever la existencia de un riesgo para el menor- las medidas administrativas de protección que separen a un niño de su familia deben ser de carácter temporal, ya que las autoridades de bienestar familiar están en el deber de hacer lo posible por contribuir a que se superen las condiciones familiares que justificaron la imposición de la medida de protección inicial y a descontinuar, en la medida en que ello sea posible y satisfaga el interés superior del menor involucrado, la medida de protección. En este sentido, debe tenerse en cuenta que (i) los niños objeto de medida de protección tienen derecho a no ser separados definitivamente de su familia, salvo que ésta, se reitera, represente un riesgo para ellos o desconozca su interés superior, en los términos precisados en el acápite 4.1.3. anterior; y que (ii) en forma concomitante, tanto ellos como sus parientes tienen derecho a que eventualmente se restablezcan los vínculos familiares objeto de intervención estatal También la Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido reiteradamente la naturaleza en principio temporal de las medidas de protección de menores que impliquen la separación entre éstos y su familia, y el derecho complementario de los niños y sus familiares a ser eventualmente reunidos y a restablecer sus vínculos familiares, salvo que ello represente para los niños un riesgo, o no satisfaga su interés superior (ver, entre otros, los casos de E.P. vs. Italia -decisión del 16 de noviembre de 1999-, O. vs Suecia -decisión del 24 de marzo de 1988-, H. vs Finlandia -decisión del 24 de agosto de 1994-, J. vs Noruega -decisión del 27 de junio de 1996- y K. Y T. vs Finlandia -decisión del 30 de marzo de 2000-). . Sólo cuando exista una situación objetiva de riesgo que haga prever que el interés superior y prevaleciente del menor involucrado no será satisfecho con su reintegro a la familia objeto de la intervención estatal, podrá tomarse una medida administrativa que implique la separación definitiva de un menor de dicho núcleo familiar - por ejemplo, la iniciación de trámites de adopción, según prevé el artículo 57-5 del Código del Menor, que sólo podrá culminar con la respectiva sentencia de adopción-.

    Por lo tanto, (1) al momento de imponer una determinada medida de protección que implique la separación de un niño de su núcleo familiar, los funcionarios administrativos competentes deben verificar que existan circunstancias serias y objetivas que así lo justifiquen, en los términos descritos en este acápite. Después, (2) una vez impuesta esta medida y en el curso del proceso administrativo de protección correspondiente, tales funcionarios administrativos de bienestar familiar están en la obligación de hacer todo lo posible por contribuir a remediar las condiciones familiares que justificaron la imposición dicha medida, con miras a reintegrar al menor a su núcleo familiar, salvo que éste represente un riesgo serio para el niño como los anteriormente descritos, o por sus circunstancias objetivas lleve a concluir que el reintegro del menor no satisface su interés superior y prevaleciente ni sus derechos fundamentales. Es pertinente aclarar que en todo momento debe garantizarse el debido proceso de los afectados por las decisiones a las que haya lugar (C.P. art. 29), de lo cual se deriva la necesidad de otorgarles los medios y las oportunidades para que intervengan en el proceso, pongan de presente sus razones y ejerzan su derecho de defensa; ya ha precisado esta Corporación que ''a pesar de que el ICBF tiene como finalidad la protección de los menores mediante sus actuaciones, esta entidad se debe ceñir a los trámites administrativos que le establezcan las leyes o decretos que lo regulan. Dentro de los procesos de colocación familiar en hogar amigo o en hogar sustituto, los de declaración de estado de abandono y en general en todos los trámites que surta la mencionada entidad en pro de los menores, se debe permitir la participación de los padres de los menores, en caso de que los tengan, como partes con derecho a ser escuchados por el ICBF'' Sentencia T-881 de 2001, M.P.M.G.M.C...

    Las anteriores precisiones constituyen un reflejo directo de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo 9-1: ''Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. // 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. // Los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.'' Asímismo, las reglas señaladas encuentran eco en el artículo 5 del Código del Menor colombiano, que consagra ''el deber del Estado de dar todas las oportunidades para asegurar una progenitura responsable''.

    4.2.3. Situación especial de los menores de edad cuyo cuidador es una persona con discapacidad. El derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, así como las condiciones y requisitos de intervención estatal en sus relaciones familiares, adquieren un matiz especial cuando la persona que los cuida tiene una discapacidad. En estos casos, como consecuencia del carácter prevaleciente y de inmediata aplicación de los derechos del niño involucrado, así como de la especial protección constitucional de las personas con discapacidad, se consolida una obligación positiva en cabeza de las autoridades de bienestar familiar, consistente en obrar con un especial nivel de diligencia y celeridad para garantizar que la condición de discapacidad del cuidador no obstaculice el desenvolvimiento digno y apto de sus relaciones familiares con el menor. Ello implica que tales autoridades deben velar, con los medios que están a su alcance -a través del ejercicio de sus propias competencias o de la co-ordinación y colaboración interinstitucional a la que haya lugar -, por el cumplimiento puntual de las obligaciones específicas de acción positiva que tiene el Estado frente a las personas con discapacidad, puesto que del cumplimiento de dichas obligaciones depende que estas personas puedan satisfacer sus deberes como padres o madres de menores de edad. En otras palabras, en la medida en que las autoridades cumplan con sus cometidos constitucionales frente a la situación de las personas con discapacidad, éstas podrán materializar -entre otros- su derecho fundamental a conformar una familia y desempeñar adecuadamente el rol de madres, padres o cuidadores de niños sin que su condición constituya un impedimento para ello; en esa misma medida -y en este punto la Sala hace hincapié-, el núcleo esencial del derecho a la familia de los niños cuyo cuidador es una persona con discapacidad, es decir, su derecho a tener una familia y no ser separados de ella, tiene un componente especial, consistente en el derecho a que el Estado actúe con especial diligencia en el cumplimiento de sus deberes de actuación positiva frente al cuidador discapacitado, para así permitir la plena materialización del interés superior del niño involucrado, consistente en desarrollar con esa persona relaciones familiares dignas y seguras sin que la discapacidad del cuidador sea un obstáculo para ello. Se trata de un derecho constitucional fundamental de doble vía y doble titularidad: por una parte, es un derecho del niño a que el Estado cumpla adecuadamente con sus deberes frente a la discapacidad del cuidador, para así permitirle tener una familia y no ser separado de ella; por otra, es un derecho del cuidador discapacitado a que las autoridades actúen diligentemente para promover el ejercicio de su derecho a conformar una familia con dignidad -derecho cuyo fundamento y contexto normativo se precisan en el apartado siguiente de esta providencia-.

    Como consecuencia, cualquier intervención por parte de las autoridades en las relaciones familiares entre un niño y su cuidador con discapacidad debe estar cuidadosa y sólidamente justificada en consideraciones objetivas que atiendan, como primera medida, al interés superior del menor involucrado, el cual se relaciona directa e intrínsecamente con el cumplimiento del deber estatal de proteger especialmente a las personas con discapacidad, hasta el punto de que la materialización de dicho interés superior presupone, en principio, la satisfacción de los deberes estatales frente al cuidador con discapacidad. Sólo tendrán sustento constitucional aquellas intervenciones estatales que, además de cumplir con los requisitos señalados en el acápite 4.2.1. precedente, presten la debida atención a las condiciones específicas del padre, madre o cuidador que sufre de una discapacidad, y propendan, en lo posible, por el cumplimiento de los deberes positivos del Estado frente a su condición; en esa misma medida, sólo en tanto se haya demostrado satisfactoriamente, con base en los medios científicos y técnicos disponibles -y luego de las intervenciones estatales a las que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el acápite siguiente-, que la familia constituida por un cuidador con discapacidad sea definitivamente no apta para cumplir con sus deberes frente al menor, se justificará la imposición de una medida de protección que implique la separación entre el menor y la persona discapacitada que lo cuida. De lo contrario, las autoridades de bienestar familiar están en el deber constitucional de facilitar, en la medida de lo posible y a través de la coordinación interinstitucional a la que haya lugar, el desarrollo de relaciones familiares integrales, satisfactorias y plenas entre uno y otro sujetos de especial protección constitucional. Ello se deriva, no sólo de las disposiciones de la Carta Política protectivas de la niñez (art. 44, C.P.), la familia (arts. 5 y 42, C.P.) y las personas con discapacidad (art. 47, C.P.), sino también de múltiples mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el artículo 2-1 (que obliga a los Estados partes a respetar los derechos enunciados en la convención a cada niño, sin discriminación por motivo alguno, incluyendo los impedimentos de sus padres), el artículo 19-2 (el cual dispone que entre las medidas que los Estados partes deben adoptar para proteger a los niños, se deben incluir ''procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él...''), y el artículo 27-3 (en virtud del cual los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a los demás responsables del niño a satisfacer el derecho de éste a un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral).

    Estas reglas también guardan armonía con lo establecido en el artículo 23 del Código del Menor, según el cual ''el bienestar familiar es un servicio público a cargo del Estado cuyos objetivos, además de los establecidos en otras normas, son los de fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar sus derechos y brindar protección a los menores''. En esa medida, las actuaciones de las autoridades administrativas de bienestar familiar en este ámbito deben estar minuciosamente planeadas y motivadas, y someterse a un grado especialmente estricto de control tanto administrativo como judicial, puesto que está de por medio la preservación de los derechos de dos categorías de personas -los niños y las personas con discapacidad- a los que la Constitución otorga un amparo particularmente fuerte.

    Por la importancia de este tema para la resolución del caso que ocupa la atención de la Sala, y una vez descritos los criterios jurídicos generales y específicos a tener en cuenta para determinar el contenido del interés superior de L., en el acápite siguiente se precisará brevemente el contenido de las obligaciones positivas del Estado colombiano frente a las personas que, como T., viven con una discapacidad, haciendo énfasis en los deberes estatales que se derivan de su derecho a conformar una familia; estas obligaciones estatales positivas, como se ha indicado, guardan una relación inescindible con la promoción del interés superior y los derechos fundamentales de los menores de edad que dependen de un cuidador con discapacidad.

  5. Las personas con discapacidad en el Estado Social de Derecho: igualdad de oportunidades y derechos. Deberes estatales de trato especial y actuación positiva, entre otras en relación con su derecho a conformar una familia.

    Las especiales circunstancias del asunto bajo revisión hacen necesario, en criterio de la Sala, pronunciarse brevemente sobre los siguientes temas: (1) la protección constitucional especial de las personas con discapacidad, (2) la relevancia y obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos para orientar las decisiones de las autoridades colombianas en materia de discapacidad, (3) las principales áreas en las que el Estado está en la obligación de actuar positivamente para proteger los derechos de las personas con discapacidad, y (4) el alcance del derecho fundamental de las personas con discapacidad a conformar una familia.

    5.1. Las personas con discapacidad son sujetos de especial protección constitucional. Implicaciones jurídicas y prácticas del amparo reforzado que les otorgó el Constituyente.

    El Estado Social de Derecho, cimentado en la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre las personas y grupos que conforman la sociedad, impone a las autoridades, en su calidad de fórmula política del Estado colombiano (art. 1, C.P.), el deber primordial de promover -por los medios que estén a su alcance- la corrección de las desigualdades socioeconómicas, la inclusión de los débiles y marginados, y el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos Para un resumen de los orígenes y el alcance del Estado Social de Derecho, se puede consultar la sentencia T-772 de 2003 (M.P.M.J.C.E.).. Una de las principales manifestaciones de esta forma de organización estatal es el artículo 13 de la Carta Política, que obliga al Estado a buscar las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, y a adoptar medidas que favorezcan a los grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a ''aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta''. De allí se deriva directamente una obligación de contenido positivo en cabeza de las autoridades, consistente en adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades entre los asociados, no simplemente en términos formales o jurídicos.

    Entre los grupos especialmente vulnerables que el Constituyente quiso hacer objeto de amparo reforzado, se encuentra el de las personas con discapacidad. Son varias las disposiciones constitucionales inspiradas por este propósito: (i) el artículo 47 dispone que ''el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuídos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran'', (ii) el artículo 54 prescribe que el Estado debe ''garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud'', y (iii) el artículo 68 establece que es obligación especial del Estado ''la educación de personas con limitaciones físicas o mentales''. La terminología utilizada por el Constituyente en estos tres mandatos superiores no fue homogénea: así, hizo uso de las expresiones ''disminuídos físicos, sensoriales y síquicos'', ''minusválidos'' y ''personas con limitaciones físicas o mentales'' para referirse, en general, a las personas que tienen una discapacidad; esta terminología, nota la Sala, no es plenamente consistente con las definiciones técnicas de los términos aplicables a esta categoría de personas (''discapacidad'', ''minusvalía'', etc.), tal y como han sido definidos en años recientes por los organismos médicos y científicos nacionales e internacionales competentes (ver el acápite 5.3.2. de esta providencia). Sin embargo, independientemente de esta imprecisión terminológica, la voluntad constituyente que inspiró cada uno de estos artículos fue clara: eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y es fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho. Las características propias de esta marginación ya han sido descritas por la Corte, en los términos siguientes:

    ''Tal como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la persona afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes'' Sentencia T-207 de 1999 (M.P.E.C.M.)..

    En efecto, la sociedad ha impuesto históricamente barreras de distinta índole a las personas con discapacidad, mediante (a) la estructuración cultural de ciertas actitudes hacia la discapacidad, tales como el miedo, la ignorancia, el prejuicio o la creación de estereotipos, que condicionan desfavorablemente las reacciones humanas que deben afrontar las personas que viven con una discapacidad; (b) la imposición de barreras físicas -entre otras en la arquitectura, las comunicaciones, la infraestructura pública y el transporte- que limitan la movilidad y la interacción social de las personas con discapacidad; y (c) el desarrollo de obstáculos institucionales -en la legislación, las políticas públicas, las prácticas y los procedimientos seguidos por las autoridades, los empleadores privados y las empresas- para el desenvolvimiento normal y digno de esta categoría de personas. Lo que es más, en no pocas instancias las personas con discapacidad son representadas socialmente como seres humanos ''defectuosos'', ''incompletos'', ''inferiores'', que ''necesitan reparación'' o son ''dignos de compasión'' - estereotipos injustos que se basan en el desconocimiento de las características, las causas y los componentes socioculturales de la noción misma de ''discapacidad'', así como del ideal de ''normalidad'' a la que aquella necesariamente se opone En la mayor parte de los casos, la base de estas reacciones hacia la persona con discapacidad la proporciona una determinada representación social y cultural sobre la ''normalidad'' corporal, mental y funcional, de la cual las personas con discapacidad se apartan en mayor o menor medida. Ello, a pesar de que -por la naturaleza del organismo humano- es realmente muy baja la proporción de personas cuyos cuerpos y mentes funcionan en condiciones absolutamente óptimas; e incluso en los casos en que tal estado de salud se logra, no deja de ser un fenómeno temporal, sobre el cual se cierne la perspectiva cierta de la disminución física y funcional, cuando menos por el paso del tiempo - de esta forma, todas las personas se enfrentan, tarde o temprano, al riesgo de discriminación por la pérdida de la capacidad física o funcional que se considera ''normal'' en un momento dado de la historia y del curso vital del individuo. También es digno de anotar que el ideal de normalidad predominante en nuestra sociedad tiene un componente central de carácter meramente estético, es decir, relacionado con la mayor o menor ''apariencia de normalidad'' que proyecte un individuo, la cual contribuirá en gran parte a la mayor o menor discriminación a la que dicho individuo estará sujeto. Se puede consultar, sobre este particular, una gran cantidad de estudios especializados en el tema de la discapacidad.. Tales limitaciones y barreras terminan por someter a las personas con discapacidad a existencias dependientes, segregadas y excluidas, que las condenan al paternalismo y la marginalidad, lo cual es inadmisible en el marco de un Estado construido sobre la base del respeto por la dignidad humana; en esa medida, dichas barreras constituyen el ingrediente principal de la situación de ''minusvalía'' de una persona, es decir, del conjunto de carencias, incapacidades creadas y discriminaciones sutiles o manifiestas que se derivan, para la persona con discapacidad, de la interacción entre su condición individual y el medio social, cultural y económico en el cual se desenvuelve.

    Son múltiples las oportunidades en las que la jurisprudencia constitucional ha precisado el alcance de los tres postulados básicos que se derivan de la protección especial otorgada por el Constituyente a las personas con discapacidad, como son: (a) la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas con discapacidad y los demás miembros de la sociedad, con la consiguiente prohibición de cualquier discriminación por motivos de discapacidad, (b) el derecho de las personas con discapacidad a que se adopten todas las medidas necesarias para poder ejercer sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás, y (c) el deber estatal correlativo de otorgar un trato especial a las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, la Corte ha indicado que ''en relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se `equipara' a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos'' Sentencia T-288 de 1995 (M.P.E.C.M.).. En ese sentido, ha establecido esta Corporación que ''la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones'' Sentencia T-378 de 1997 (M.P: E.C.M..; también ha afirmado que ''compete al Estado adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales, psíquicos, de tal suerte que se deben ejecutar medidas concretas, capaces de garantizar su acceso, en condiciones acordes con su situación, a los lugares que les proporcionan vivienda, educación, trabajo, salud, recreación y en general que les permiten disfrutar de los recursos que ofrece la vida en sociedad. Sin que al adoptar las medidas se desconozcan las otras causas de marginalidad que, no pocas veces, acompañan a una u otra limitación (edad, sexo, raza, condición económica etc.)'' Sentencia C-410 de 2001 (M.P.Á.T.G..; y ha precisado que ''las personas discapacitadas tienen derecho a que el Estado les procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este deber, por parte del Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos fundamentales de los sujetos concernidos y, en consecuencia sería inconstitucional'' Sentencia T-823 de 1999 (M.P.E.C.M.).. En esta última providencia, se sintetizó así el fundamento último de los deberes constitucionales en comento:

    ''...para el Constituyente, la igualdad real sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a la igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente, en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.'' Sobre el deber estatal de otorgar un trato especial a las personas con discapacidad, y la discriminación que puede surgir de la omisión de las autoridades en este respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-427 de 1992 (M.P.E.C.M.); T-441 de 1993 (M.P.J.G.H.G.); T-290 de 1994 (M.P.V.N.M.); T-067 de 1994 (M.P.J.G.H.G.); T-288 de 1995 (M.P.E.C.M.); T-224 de 1996 (M.P.V.N.M.); y T-378 de 1997 (M.P.E.C.M.).

    En este mismo orden de ideas, ha dicho esta Corporación que ''la discriminación histórica que ha aquejado a los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos colombianos determinó al Constituyente de 1991 a ordenar que el enfoque social de la organización política debe concretarse en la definición de cometidos y acciones estatales que hagan prevalecer el goce efectivo de los derechos de esas personas'' Sentencia C-531 de 2000, M.P.Á.T.G... Y cuando se ha enfrentado a medidas legales discriminatorias, la Corte ha aplicado en forma rigurosa el artículo 13 de la Constitución; así, frente a las disposiciones legales que clasificaban a los sordomudos que no pudieran darse a entender por escrito como incapaces absolutos, afirmó: ''los artículos acusados reconocen capacidad sólo a los discapacitados que puedan darse a entender por escrito. Estas disposiciones resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto excluyen sin razón justificada a aquellas personas que pueden comunicarse mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la escritura'' Sentencia C-983 de 2002, M.P.J.C.T... La Corte también declaró inconstitucional, por discriminatorio, el artículo 127 del Código Civil, que impedía a las personas con discapacidad ser testigos de un matrimonio; el trato legal impartido por esta norma restringía ''la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de un matrimonio, lo cual, a no dudarlo resulta discriminatorio, irrazonable, desproporcionado e injustificado, contrario en últimas al artículo 13 de la Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de un órgano o sentido, ello no impide que perciban la ocurrencia de los fenómenos naturales, sociales, económicos, morales, éticos, etc., mediante otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo, no pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica, o fidedigna ante un funcionario judicial, para que éste se forme un juicio o una idea y pueda valorarla, y en consecuencia actuar positiva o negativamente frente a la misma, máxime cuando hoy en día, los adelantos científicos y tecnológicos permiten su completa realización personal y su total integración económica, social y cultural el mundo contemporáneo'' Sentencia C-401 de 1999, M.P.F.M.D... Asímismo, esta Corporación declaró en reciente providencia que era esencialmente discriminatoria la actitud de una compañía privada de seguros que se negaba a expedir una póliza contra accidentes personales a favor de un grupo de personas discapacitadas, con base en las características de las personas a asegurar: ''el trato diferente para la obtención de un seguro de accidentes en el mercado por el hecho de que el eventual asegurado sea una persona con alguna incapacidad física o mental es una conducta violatoria del derecho a la igualdad (artículo 13 C.P). En este caso concreto, no existen razones que justifiquen privar del acceso a un seguro a una o varias personas por el simple hecho de su condición personal. La mayor probabilidad de sufrir u ocasionar un siniestro como consecuencia de determinadas condiciones personales puede ser un factor relevante para la determinación del costo de la póliza de seguro, pero no para la exclusión de las personas con discapacidades de la posibilidad de suscribir un contrato de seguro... En el presente caso, son las características del grupo asegurable, personas con discapacidades, la razón para darles un trato diferente, a saber, el de no cotizarles el costo de la póliza de accidentes. Tal razón es injustificable a la luz de la Constitución porque condena a esas personas a la exclusión de una prestación asignable mediante el mecanismo del mercado por el simple hecho de sus características personales, no controlables, lo que los estigmatiza y les inflige un daño moral contrario a los principios constitucionales.'' Sentencia T-1118 de 2002, M.P.M.J.C.E...

    También en relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, pero esta vez a través de actuaciones positivas de las autoridades, la Corte afirmó recientemente -en relación con la población sorda- que ''el Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales'' Sentencia C-128 de 2002, M.P.E.M.L... Más aún, en el ámbito particular del ejercicio de los derechos y la adquisición de obligaciones, la Corte ha apoyado la adopción de medidas especiales por el Legislador, tendientes a igualar a las personas con discapacidad frente a las demás en el ejercicio válido de sus facultades como sujetos de derecho: ''la medida con que se pretende reducir la disparidad de hecho se encamina, entonces, antes que a crear un trato discriminatorio, a compensar las cargas y a proteger los derechos de sujetos a quienes se les reconoce plena capacidad jurídica. El tipo de prácticas que identifican la tradición jurídica nacional, dentro de las cuales resulta evidente el apego al formalismo y la preferencia por las solemnidades escritas a la hora de perfeccionar los negocios relevantes para el derecho, se convierte en fuente de latente riesgo respecto de aquellas personas que no cuentan con todas sus capacidades sensoriales -v.gr. invidentes, sordomudos, etc.-. Ahora bien: el hecho de que se trate de prácticas inveteradas sobre las que se sustenta la corriente jurídica que identifica nuestro derecho, no exime de responsabilidad a las autoridades públicas para que desarrollen mecanismos de protección que hagan posible que las personas que por causas naturales no cuentan con las mismas capacidades que el común de los ciudadanos, puedan contraer derechos y obligaciones de manera efectiva y segura'' Sentencia C-952 de 2000, M.P.C.G.D...

    En resumen, el axioma del cual se debe partir en situaciones en las que esté de por medio la materialización del amparo reforzado que brinda la Carta a los derechos de una persona con discapacidad, es el de la igualdad fundamental de derechos y oportunidades entre éste sujeto de especial protección constitucional y las demás personas, igualdad que se debe promover, cuando ello sea necesario, mediante el otorgamiento de un trato especial a los individuos discapacitados, consistente en la realización de actuaciones positivas por las autoridades en su favor. Ello guarda coherencia, no sólo con los mandatos constitucionales que se han señalado (arts. 1, 13, 47, 54 y 68, C.P.), sino también con varias disposiciones internacionales sobre la materia -que, como se verá en el acápite siguiente, son vinculantes para Colombia, por constar tanto en tratados internacionales de los que el país es parte, como en documentos conexos que precisan el contenido de sus obligaciones internacionales en la materia-; por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 3447 (XXX) del 9 de diciembre de 1975, en la cual se afirmó -luego de recordar en el preámbulo ''la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal''- que ''el impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana'', que ''el impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible'', y que ''el impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible''. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -encargado de supervisar y orientar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia-, en su Observación General No. 5 sobre Personas con Discapacidad, ha explicado que ''la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos) se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad.'' En esta misma Observación General, precisó el Comité -confirmando el enfoque que se ha descrito- que ''la obligación de los Estados Partes en el Pacto de promover la realización progresiva de los derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan sus recursos disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente''.

    5.2. El derecho internacional de los derechos humanos como guía completa, indispensable y de obligatoria aplicación para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

    Son múltiples los instrumentos internacionales en los que se ha plasmado la voluntad expresa de la comunidad de naciones de proteger con especial celo los derechos de las personas con discapacidad. En virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política -según el cual ''los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno'' y ''los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia''-, las disposiciones internacionales pertinentes deben servir como un criterio guía indispensable para las autoridades nacionales de todo orden, al dar cumplimiento a sus deberes constitucionales en materia de protección de los derechos de los discapacitados. Las obligaciones internacionales del Estado colombiano en este campo se derivan de varios tratados internacionales, y de numerosos instrumentos conexos a dichos tratados -Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, Comentarios de los Comités de supervisión creados por los tratados de derechos humanos, etc.- que precisan el alcance de las obligaciones convencionales en cuestión, entre los cuales la Sala enumera los siguientes:

    5.2.1. En primer lugar, las múltiples disposiciones convencionales en las que se reconoce el derecho de todas las personas a la igualdad y al goce efectivo de sus derechos fundamentales, sin discriminación alguna. Así, se pueden citar -entre otros- el artículo 2-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 2-1: ''Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.'', el artículo 2-2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Artículo 2-2: ''Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.'', el artículo 1-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 1-1: ''Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social''. , o el artículo 2-1 de la Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 2-1: ''Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.''. Todas estas disposiciones encuentran un reflejo directo en el artículo 13 de la Constitución Política colombiana.

    5.2.2. En segundo lugar, existen otras obligaciones internacionales convencionales del Estado colombiano que se refieren expresamente a las personas con discapacidad. Así, (a) el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -''Protocolo de San Salvador''-, ratificado mediante Ley 319 de 1996, dispone en su artículo 18 que toda persona afectada por una discapacidad física o mental tiene derecho a recibir atención especial con miras a alcanzar el máximo grado de desarrollo de su personalidad Artículo 18: ''Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: (a) ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso; (b) proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos; (c). incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo; (d) estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.''; (b) la Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 23, diversos derechos para los niños impedidos Artículo 23: ''1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. // 2. Los Estados partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. // 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2º del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. // 4. Los Estados partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los estados partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.''; (c) la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada mediante Ley 762 de 2002, establece diversas obligaciones estatales en la materia, según se precisa en el apartado siguiente; y (d) el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159), ratificado mediante Ley 82 de 1988, consagra obligaciones que serán igualmente precisadas en el acápite siguiente.

    5.2.3. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado múltiples resoluciones sobre el tema, en desarrollo de los principios que se consagran en la Carta constitutiva de dicha Organización, y en los principales tratados internacionales de derechos humanos. Así, se pueden citar la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social Resolución AG/2542 del 11 de diciembre de 1969., la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental Resolución AG/2856 del 20 de diciembre de 1971., la Declaración de los Derechos de los Impedidos Resolución AG/3447 del 9 de diciembre de 1975., el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad Resolución AG 37/52 del 3 de diciembre de 1982., los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental Resolución AG 46/119 del 17 de diciembre de 1991., y -de especial importancia- las ''N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad'' Resolución AG 48/96 del 20 de diciembre de 1993..

    5.2.4. En el ámbito regional interamericano también existen múltiples instrumentos relevantes, tales como la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en la Atención Primaria; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano Resolución 1249 (XXIII-0/93). y la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano Resolución 1356 (XXV-0/95)., así como el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano Resolución 1369 (XXVI-0/96)..

    No cabe duda, por lo tanto, sobre la existencia de amplios compromisos internacionales para Colombia en materia de discapacidad, derivados de múltiples tratados ratificados por el Congreso de la República mediante leyes. La trascendencia de estas obligaciones internacionales en casos en los que esté de por medio la protección de los derechos de una persona con discapacidad ha sido subrayada por esta Corporación en múltiples oportunidades; así, por ejemplo, la Corte ha expresado que todos los instrumentos citados hacen manifiesto ''el interés de la comunidad internacional por superar las desigualdades que afrontan las personas por su condición física y se denota la preocupación tanto de los Estados Miembros de la ONU, como de los integrantes de la OEA, al igual que del sistema de sus respectivas organizaciones, por realizar esfuerzos individuales y conjuntos, capaces de asegurar la rehabilitación y bienestar de las personas impedidas, como un presupuesto para lograr el desarrollo social y económico de los pueblos ''El Consejo Económico y Social, (..) Convencido de que el problema de los impedidos es un elemento no despreciable de la condición económica y social de cada país y de que, por consiguiente, los programas para evitar la invalidez y rehabilitar a los impedidos son parte esencial de los planes generales de desarrollo económico y social, cuya responsabilidad debe ser asumida por los gobiernos en colaboración, según proceda con organismos no gubernamentales, 1. Señala la atención de los gobiernos la creciente magnitud del problema de la incapacidad y de los incapacitados en el mundo; c) Incorporen en sus planes de desarrollo medidas para establecer servicios apropiados o mejorar los existentes, en especial para mejorar la integración de los incapacitados en la comunidad (..)'' -1948ª, sesión plenaria, 6 de mayo de 1975.'' Sentencia C-410 de 2001, M.P.Á.T.G., y que ''las obligaciones del Estado Colombiano para con los discapacitados no solo surgen de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia -ya referenciados-, sino en general de las manifestaciones de voluntad de la comunidad internacional con respecto del reconocimiento de sus derechos humanos y de su dignidad humana, principios que además de regir el orden público internacional, son pilares fundamentales de la constitucionalidad colombiana'' I... En un pronunciamiento reciente, la Corte precisó la inmensa trascendencia que adquieren los compromisos internacionales de Colombia para materializar el amparo constitucional reforzado del que son titulares las personas con discapacidad, en los términos siguientes:

    ''Todos los documentos y acciones mencionados parten de la base de que los discapacitados tienen los mismos derechos que las demás personas, y pueden también realizar aportes importantes a la sociedad. En los textos se recalca que los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema individual. Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una discapacidad. // Lo anterior ha conducido a la convicción acerca de la necesidad de que los Estados y las mismas sociedades tomen medidas para favorecer la integración y participación de los discapacitados en la vida social, de manera tal que, al igual que las demás personas, se conviertan en sujetos portadores de derechos y obligaciones y puedan llevar una vida digna. Por eso, se señala que es necesario favorecer el acceso de los discapacitados a la rehabilitación, la educación, la salud, la seguridad social, el empleo, la recreación y el deporte, y a las obras de infraestructura física y los bienes de uso público, tales como las calles, los edificios, los parques, el servicio de transporte, etc. Ello implica un cambio tanto en la concepción acerca del discapacitado como en el entendimiento sobre los deberes de la sociedad para con él. De esta manera, se propone que la percepción acerca de los discapacitados se modifique, de tal manera que, en vez de hacer énfasis en las limitaciones que los aquejan, se persiga encontrar cuáles son las aptitudes y destrezas que pueden desarrollar y cuál puede ser su aporte a la sociedad, para que así asuman responsabilidades dentro de la misma. Asimismo, se indica que la sociedad tiene deberes para con los discapacitados y que ello entraña que el entorno social debe adaptarse a las necesidades de los mismos, al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando los discapacitados tenían que ajustarse a las condiciones que les imponía el ambiente social, si querían sobrevivir en el mismo.'' Sentencia C-983 de 2002, M.P.J.C.T..

    En consecuencia, también en la presente oportunidad la Corte seguirá con cuidado los criterios proporcionados por el derecho internacional para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, prestando particular atención a las ya citadas ''N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad'', aprobadas por la Asamblea General de la Organización de naciones Unidas mediante resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993.

    5.3. Derechos específicos reconocidos internacionalmente a las personas con discapacidad, y obligaciones correlativas del Estado colombiano. Reconocimiento de estos derechos y obligaciones por la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y la ley.

    En el presente acápite, la Sala explicará el contenido específico de las obligaciones internacionales, constitucionales y legales del Estado colombiano frente a las personas con discapacidad, en particular sus obligaciones de (a) proveer las pre-condiciones mínimas para que éstas personas puedan disfrutar efectivamente de igualdad de oportunidades y derechos con los demás -como lo son (i) el acceso a información sobre los servicios a los que tienen derecho, (ii) la atención médica que requieran, (iii) los servicios de rehabilitación a los que haya lugar, (iv) los servicios y medios de apoyo necesarios, y (v) la concientización necesaria de la población no discapacitada, en particular de las autoridades competentes-, y (b) una vez satisfechas tales precondiciones, el deber de fomentar activamente la igualdad efectiva de oportunidades de las personas con discapacidad en ciertas esferas en las que la intervención del Estado es de importancia crítica, como lo son (i) la accesibilidad, (ii) la educación, (iii) el empleo, (iv) el mantenimiento del nivel mínimo de ingresos y la prestación de seguridad social, (v) la vida familiar, (vi) la vida cultural, (vii) las actividades deportivas y recreativas, y (viii) la vida religiosa.

    Es pertinente aclarar, de nuevo, que la Sala precisará el contenido de estos deberes concretos de las autoridades para efectos de evaluar posteriormente su cumplimiento frente a la situación específica de T..

    5.3.1. Antecedentes. Las N. Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.

    Las políticas de los Estados en materia de discapacidades han evolucionado en la medida en que la comunidad internacional ha adquirido conciencia y conocimientos sobre la situación de quienes viven con ellas. Como ya se ha indicado, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la vida de las personas con discapacidad ha estado marcada por el abandono, el miedo, la superstición, el rechazo, el ocultamiento, el menosprecio, la lástima y la ignorancia; las autoridades estatales no están exentas, en absoluto, de responsabilidad y participación en este patrón recurrente. Sin embargo, durante el siglo XX, y especialmente como consecuencia de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos que tuvieron lugar durante la segunda postguerra, la actitud internacional ha variado sustancialmente, prestando una mayor atención a las condiciones y las diversas necesidades especiales de este grupo humano, que da cuenta de un porcentaje significativo de la población del planeta. Tal y como se explica en las notas introductorias a las N. Uniformes de la ONU,

    ''con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de cuidados elementales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad y a la rehabilitación de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta. Gracias a la educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto cada vez más activas y se han convertido en una fuerza motriz en la promoción constante de la política en materia de discapacidad. Se han creado organizaciones de personas con discapacidad, integradas también por sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores condiciones de vida para ellas. Después de la segunda guerra mundial, se introdujeron los conceptos de integración y normalización que reflejaban un conocimiento cada vez mayor de las capacidades de esas personas. Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con discapacidad que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo concepto de la discapacidad. En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la población en general. A. mismo tiempo, se pusieron cada vez más de relieve los problemas de la discapacidad en los países en desarrollo. Según las estimaciones, en algunos de ellos el porcentaje de la población que sufría discapacidades era muy elevado y, en su mayor parte, esas personas eran sumamente pobres.''

    Luego de importantes desarrollos jurídicos a nivel internacional, principalmente impulsados en el seno de la Organización de Naciones Unidas -tal y como se enunciaron en el numeral 5.2.3. anterior-, el Consejo Económico y Social de esta misma organización, mediante resolución 1990/26 del 24 de mayo de 1990, inició un proceso de deliberación entre expertos de todo el mundo con el objetivo de elaborar ''normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad, en estrecha colaboración con los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, otras entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con discapacidad''.

    Finalmente, dichas normas fueron aprobadas mediante la resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas; según se explica en su introducción, ''las N. Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). El fundamento político y moral de estas N. se encuentra en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos... Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad. Estas N. constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales''. Su finalidad expresa, que resalta la Corte por su concordancia con lo dispuesto en la Constitución Política colombiana, es la de ''garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás''.

    Las N. Uniformes ya han sido utilizadas por esta Corte como parámetro de juicio en materia de protección de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, en varias oportunidades Ver las sentencias C-128 de 2002, M.P.E.M.L., y C-410 de 2001, M.P.Á.T.G., entre otras., puesto que no sólo guardan armonía con los mandatos constitucionales reseñados en el acápite 5.1. anterior, sino que contribuyen a que las autoridades, al cumplir con sus deberes constitucionales y legales en este campo, respondan con el máximo grado de eficacia a las necesidades particulares de estos sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con los parámetros elaborados por consenso internacional según los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación No. 5 sobre las Personas con Discapacidad, ha subrayado la importancia de las N. Uniformes en tanto ''guía de referencia particularmente valiosa para identificar con mayor precisión las obligaciones que recaen en los Estados Partes en virtud de Pacto (internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)''. Su relevancia para la resolución de casos como el que se estudia es, así, directa.

    5.3.2. Conceptos fundamentales de las políticas públicas relevantes: ''discapacidad'', ''minusvalía'', ''prevención'', ''rehabilitación'' y ''logro de la igualdad de oportunidades''.

    Como primera medida, la Sala considera indispensable efectuar una precisión terminológica sobre algunas de las categorías que se aplican usualmente a las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas que las afectan -''discapacidad'', ''minusvalía'', ''prevención'', ''rehabilitación'' y ''logro de igualdad de oportunidades''-, ya que sólo a través de la adecuada comprensión del contenido de dichas categorías podrán las autoridades dar cumplimiento apropiado a sus obligaciones constitucionales e internacionales en este campo. Las definiciones generalmente aceptadas de estos conceptos, que constan en las N. Uniformes de la ONU, se basan en la experiencia registrada durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, y en las nociones enunciadas en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Su pertinencia para el ordenamiento jurídico nacional se ve reforzada por el hecho de que el artículo 47 de la Constitución colombiana obliga al Estado a adelantar políticas de ''previsión'', ''rehabilitación'' e ''integración social'' de las personas con discapacidad, prestándoles la ''atención especializada'' que requieran; la interpretación de este mandato superior debe efectuarse, considera la Sala, a la luz de las definiciones internacionales en cuestión, mucho más cuando la ley adoptada por el Congreso de la República para dar cumplimiento a sus deberes constitucionales e internacionales -la Ley 361 de 1997- no proporciona una definición operativa de los términos relevantes.

    5.3.2.1. En primer lugar, la palabra ''discapacidad'' se define así: ''Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio'' N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad - Resolución AGNU 48/96 de 1993, Introducción.. Por su parte, el término ''minusvalía'' designa ''la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra `minusvalía' describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad'' I... El sentido de la distinción entre ''discapacidad'' y ''minusvalía'' apunta hacia la delimitación entre, por una parte, las causas médicas individuales de una discapacidad, y por otra, los factores sociales y culturales que hacen que, en virtud de su discapacidad, un individuo deba afrontar obstáculos para desenvolverse dignamente en su vida diaria. Ambas definiciones son fusionadas en otros instrumentos internacionales que obligan al Estado colombiano; así, el artículo 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, dispone que ''el término ''discapacidad'' significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.'' Otros tratados restringen la definición a los aspectos específicos que se pretenden regular; así, el Convenio 159 de la OIT sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas define a las ''personas inválidas'' como ''toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida''. Lo importante, en criterio de la Sala, es resaltar que cuando el ordenamiento jurídico hace uso de palabras como ''discapacidad'', ''minusvalía'', ''limitación'', ''disminución'' ''invalidez'' o ''impedimento'' -las cuales, como se señaló son utilizadas en forma ambigua incluso en el texto de la Carta Política-, el intérprete debe tener en cuenta consideraciones relativas tanto a la condición individual del sujeto afectado, como al contexto socioeconómico en el cual dicho individuo se desenvuelve, puesto que es de la interacción entre ambos que se derivan los obstáculos afrontados por las personas con discapacidad en su vida diaria -aunque en ello juegan un rol preponderante los rasgos propios de la estructura social, económica y cultural predominante en la que la persona con discapacidad se halla inserta- Ello, por supuesto, sin perjuicio de que existan definiciones legales específicas de algunos términos afines para ciertos propósitos concretos; así sucede, por ejemplo, con la definición de ''invalidez'' para efectos de acceder a una pensión dentro del sistema de seguridad social colombiano. En cualquier caso, tales definiciones legales también deben ser interpretadas de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, según ordena el artículo 93 de la Carta.. En esa medida, las actuaciones del Estado a todo nivel deben focalizarse con particular atención sobre cada uno de estos dos elementos -el elemento individual y el elemento social de la discapacidad-, con miras a dar cumplimiento apto a las obligaciones que le asisten Según se precisa en la Introducción de las N. Uniformes, ''el empleo de esas dos palabras, `discapacidad' y `minusvalía', debe considerarse teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad. Durante el decenio de 1970, los representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de profesionales en la esfera de la discapacidad se opusieron firmemente a la terminología que se utilizaba a la sazón. Las palabras "discapacidad" y "minusvalía" se utilizaban a menudo de manera poco clara y confusa, lo que era perjudicial para las medidas normativas y la acción política. La terminología reflejaba un enfoque médico y de diagnóstico que hacía caso omiso de las imperfecciones y deficiencias de la sociedad circundante. // En 1980, la Organización Mundial de la Salud aprobó una clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que sugería un enfoque más preciso y, al mismo tiempo, relativista. Esa clasificación, que distingue claramente entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, se ha utilizado ampliamente en esferas tales como la rehabilitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la demografía, la sociología, la economía y la antropología. (...) La terminología actual reconoce la necesidad de tener en cuenta no sólo las necesidades individuales (como rehabilitación y recursos técnicos auxiliares) sino también las deficiencias de la sociedad (diversos obstáculos a la participación)''..

    5.3.2.2. El término ''prevención'' se refiere a ''la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria)'' N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad - Resolución AGNU 48/96 de 1993, Introducción.. Esta noción, que es directamente relevante para interpretar el alcance de la obligación estatal de desarrollar una política de previsión para las personas con discapacidad (art. 47, C.P.), ''puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación en materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados'' I... Es pertinente anotar que la Ley 361 de 1997 establece, en su artículo 4, que la prevención de la discapacidad es una de las ''obligaciones ineludibles'' del Estado colombiano, y regula en algún detalle, en los artículos 7 a 9, la forma como éste habrá de darle cumplimiento Artículo 7: ''El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por que se tomen las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias causantes de limitación, evitando de este modo consecuencias físicas y psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el mejoramiento de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de seguridad en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre otras. // Para tal efecto, las Entidades Promotoras de Salud incluirán en su plan obligatorio de Salud las acciones encaminadas a la detección temprana y la intervención oportuna de la limitación, y las Administradoras de Riesgos Profesionales deberán incluir en sus programas de Salud Ocupacional las directrices que sobre seguridad laboral dicte el Comité Consultivo; las autoridades Departamentales o Municipales correspondientes deberán adoptar las medidas de tránsito que les recomiende el Comité Consultivo. // Lo previsto en este artículo incluye las medidas de apoyo, diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía y las acciones terapéuticas correspondientes realizadas por profesionales especializados en el campo médico, de la enfermería y terapéutico.''

    Artículo 8: ''El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional tomará las medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en el de culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de la persona la prevención de aquellas condiciones generalmente causantes de limitación. // 1. Para estos efectos las entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación y capacitación de profesionales de la educación, la salud, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o cualquier otra profesión que pueda tener injerencia en el tema, deberán incluir en sus currículos temáticas referentes a la atención y prevención de las enfermedades y demás causas de limitación y minusvalías.''

    Artículo 9: ''A partir de la vigencia de la presente Ley el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, deberá incluir en sus planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención con miras a la disminución y en lo posible la eliminación de las condiciones causantes de limitación y a la atención de sus consecuencias. Para estos efectos deberán tomarse las medidas pertinentes en los sectores laboral, salud y de seguridad social.''.

    5.3.2.3. La ''rehabilitación'', concepto de cardinal importancia para el asunto que se revisa, se define en las N. Uniformes como''un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes'' N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad - Resolución AGNU 48/96 de 1993, Introducción.. Ya se ha visto cómo el artículo 47 Superior obliga al Estado colombiano a adelantar las políticas de rehabilitación a las que haya lugar; el contenido específico de esta obligación estatal tiene un desarrollo legal en la Ley 361 de 1997, que se reseñará más adelante.

    5.3.2.4. Finalmente, el ''logro de la igualdad de oportunidades'' para la población con discapacidad, que constituye el núcleo central de las obligaciones estatales que se han reseñado -y se relaciona directamente con el deber estatal de prevenir la discriminación por motivos de discapacidad y de fomentar la igualdad material entre todas las personas-, se define como ''el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad. ...Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales.'' I.. El logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, como se ha mencionado, (a) tiene algunas precondiciones que deben satisfacerse, y (b) supone la actuación del Estado y la sociedad en ciertas áreas clave en las cuales se debe prestar a los discapacitados todo el apoyo posible para fomentar la igualdad efectiva de oportunidades a la que tienen derecho.

    Tanto las precondiciones de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, como las áreas clave en las que dicha igualdad de oportunidades debe impulsarse, serán descritas con mayor detenimiento en las secciones siguientes.

    5.3.3. Pre-condiciones del logro de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: acceso a la información sobre servicios disponibles, atención médica, rehabilitación, servicios de apoyo, y concientización de la población no discapacitada.

    Como se ha indicado, el cumplimiento del deber estatal de fomentar la igualdad de oportunidades y de derechos de las personas con discapacidad presupone el cumplimiento, por parte de las autoridades públicas competentes, de ciertas prestaciones mínimas, que hacen las veces de pre-condiciones o requisitos de indispensable cumplimiento para materializar dicha igualdad de oportunidades y derechos en la vida real. Estas pre-condiciones, cuya satisfacción constituye en esencia una obligación positiva de actuación en cabeza de las autoridades -de raigambre constitucional, internacional y legal-, son: (1) la garantía del acceso por las personas discapacitadas a la información sobre los servicios a los que tienen derecho, (2) la prestación de la atención médica que requieran, (3) la prestación de los servicios de rehabilitación a los que haya lugar, (4) la provisión de los servicios y medios de apoyo necesarios, y (5) la concientización de la población no discapacitada, en particular de las autoridades competentes, sobre las condiciones de vida y necesidades de las personas con discapacidad.

    5.3.3.1. La garantía de acceso, por parte de las personas con discapacidad, a toda la información disponible y necesaria sobre los diversos servicios a los que tienen derecho, constituye uno de los compromisos básicos de las autoridades hacia esta categoría de personas, puesto que sin el conocimiento de las prestaciones que éstas pueden hacer exigibles a las autoridades, no podrán acceder a las condiciones mínimas que requiere su rehabilitación e integración a la vida social. En ese sentido, el artículo 1-1 de las N. Uniformes dispone que ''los Estados deben velar por que las autoridades competentes distribuyan información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales que trabajen en esta esfera y el público en general'', y a este mismo respecto, que ''la información para las personas con discapacidad debe presentarse en forma accesible'', y el numeral 13 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos de la Asamblea General de la ONU establece que ''el impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente declaración''. El riesgo que representa para una persona con discapacidad el hecho de no tener acceso a esta información, no es en absoluto teórico: las circunstancias particulares de la peticionaria en este caso, T., hacen evidente que ésta no ha hecho efectivos los derechos que le otorga la Constitución Política, por la sencilla razón de que no conoce la mayor parte de ellos. Sobre este particular, también debe recordarse que el mismo artículo I de las N. Uniformes establece que los Estados deben ''iniciar y promover programas encaminados a hacer que las personas con discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y posibilidades'', puesto que ''una mayor autonomía y la creación de condiciones para la participación plena en la sociedad permitirán a esas personas aprovechar las oportunidades a su alcance''; y que ''la promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir una parte importante de la educación de los niños con discapacidad y de los programas de rehabilitación. Las personas con discapacidad también pueden ayudarse mutuamente a cobrar mayor conciencia participando en las actividades de sus propias organizaciones.''

    5.3.3.2. La atención de la salud de las personas con discapacidad, además de constituir uno de los cometidos elementales de las autoridades -en virtud del derecho fundamental de estas personas a la vida digna (art. 11, C.P.), y de sus derechos conexos a la integridad personal (art. 12, C.P.), la salud (C.P., art. 49) y la seguridad social (art. 48, C.P.)-, adquiere una importancia especial, ya que en no pocos casos la superación de su discapacidad presupone que hayan sido provistos de la atención médica que requieren. Sobre este tema, el artículo 2 de las N. Uniformes (''Atención Médica'') dispone que ''los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad'', y precisa a este respecto que (i) es obligación de los Estados suministrar ''programas dirigidos por equipos multidisciplinarios de profesionales para la detección precoz, la evaluación y el tratamiento de las deficiencias'', programas que deben ''asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y de sus familias en el plano individual y de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel de la planificación y evaluación''; (ii) los trabajadores comunitarios deben ser capacitados para participar en labores tales como ''la detección precoz de las deficiencias, la prestación de asistencia primaria y el envío a los servicios apropiados''; (iii) es deber de los Estados asegurar ''que las personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad''; (iv) las autoridades deben ''velar por que todo el personal médico y paramédico esté debidamente capacitado y equipado para prestar asistencia médica a las personas con discapacidad y tenga acceso a tecnologías y métodos de tratamiento pertinentes''; (v) es deber del Estado garantizar que ''el personal médico, paramédico y personal conexo sea debidamente capacitado para que pueda prestar asesoramiento apropiado a los padres a fin de no limitar las opciones de que disponen sus hijos'' -capacitación que ''debe ser un proceso permanente y basarse en la información más reciente de que se disponga''-; y (vi) también debe el Estado ''velar por que las personas con discapacidad reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o aumentar su capacidad funcional''.

    El derecho de las personas con discapacidad a la protección de su salud, y a la prestación de los servicios médicos y afines conducentes a tal fin, también aparece consagrado en la Declaración de los Derechos de los Impedidos de la Asamblea General de la ONU, cuyo numeral 6 dispone que ''el impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia''. A.gunos aspectos del derecho a la atención médica de las personas con discapacidad se encuentran regulados por los artículos 5, 19 y 20 de la Ley 361 de 1997 Artículo 5: ''Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente. // Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley. // El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí señaladas. // Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que con relación a las personas con limitación establezca el "Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación" a que se refiere el artículo siguiente.''

    Artículo 19: ''Los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993. // Para los efectos de este artículo y con el fin de ampliar la oferta de servicios a la población, con limitación beneficiaria de dicho régimen, el Consejo Nacional de Seguridad, Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, deberá incluir en el Plan Obligatorio de Salud. Subsidiado, los servicios de tratamiento y rehabilitación de la población con limitación, lo cual deberá ser plasmado en un decreto expedido por el Ministerio de Salud. P.. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinarán los beneficios a los que tendrán acceso los limitados de escasos recursos no afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, hasta el año 2001, fecha en que la cobertura será universal.''

    Artículo 20. ''Los Municipios podrán destinar recursos de su participación en los ingresos corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con limitación de escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio de Salud''., así como por las normas que conforman el régimen de seguridad social en salud.

    La jurisprudencia constitucional colombiana también ha protegido en diversos casos el derecho a la salud de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ha ordenado que se practiquen intervenciones quirúrgicas a personas que las requieren para su proceso de rehabilitación, reprochando la negativa de las entidades prestadoras del servicio de salud a realizarlas, como sucedió en una decisión de 2000 en la que un niño con limitación auditiva requería la práctica de una cirugía: ''la Corte encuentra injustificada la negativa a brindar el tratamiento que requiere el niño, pues están de por medio los enunciados derechos fundamentales de éste. Además, no se tuvo en cuenta que el menor tiene una disminución sensorial y que, por tanto, merece un trato especial, tendiente precisamente a su rehabilitación e integración. La omisión atacada, por el contrario, conduce al aislamiento y al abandono del niño'' Sentencia T-153 de 2000, M.P.J.G.H.G... En otros casos, ha ordenado que no se descontinúe el servicio de salud que se presta a menores de edad con discapacidad, incluso si las normas reglamentarias aplicables establecen una determinada edad para modificar el régimen de prestación de dicho servicio, puesto que está de por medio la preservación de la dignidad y la vida de estos sujetos de especial protección constitucional; así, en 2001 la Corte estudió el caso de una entidad prestadora de salud que había suspendido el tratamiento a un joven que padecía de parálisis cerebral y epilepsia porque ya había cumplido 18 años, y afirmó que con esta actuación la entidad había desconocido ''que se trataba de la vida de un discapacitado permanente a quien es preciso, como a todos lo que desafortunadamente padezcan situaciones semejantes, prodigarles un servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la Constitución y se constituye en una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia. `De todas maneras son seres humanos que tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida', ha dicho la Corte en sentencia T-179 de 2000... Dadas las anteriores consideraciones, podría tenerse por válida la posición de la entidad demandada en suspender toda asistencia médica en cumplimiento de las normas contractuales que la regulan, pero ello, atenta contra los derechos constitucionales fundamentales del demandante a una vida digna y a la integridad física, en conexión con su derecho a la salud, porque la urgencia del tratamiento prescrito y la orden del médico tratante de que se está ante un procedimiento que no puede suspenderse, no deja duda en este caso y es la fuente del deterioro en las condiciones de vida del joven...'' Sentencia T-1038 de 2001, M.P.R.E.G...

    5.3.3.3. La rehabilitación es, quizás, uno de los principales derechos que existen en cabeza de las personas con discapacidad, ya que, por definición, es la condición primordial para que puedan gozar de igualdad de oportunidades y derechos con los demás en su vida cotidiana, que sólo entonces podrá desarrollarse en forma digna y decorosa; por ello el artículo 47 Superior hace expresa referencia a la obligación estatal de brindar programas de rehabilitación para quienes lo requieran. Tal y como se señaló anteriormente, la rehabilitación es definida en la Introducción de las N. Uniformes como ''''un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes''; precisa esta misma sección de las N. Uniformes que la rehabilitación ''puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional'', que ''el proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar'', y que dicho proceso ''abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional''. Más adelante, el artículo 6 de las N. Uniformes dispone que los Estados están obligados a ''asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad'', y precisa, en este sentido, que (i) se deben elaborar ''programas nacionales de rehabilitación para todos los grupos de personas con discapacidad'', los cuales deben estar basados ''en las necesidades reales de esas personas y en los principios de plena participación e igualdad''; (ii) los programas en cuestión deben ''incluir una amplia gama de actividades, como la capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada o a compensar dicha función, el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias, el fomento de la autonomía y la prestación de servicios ocasionales como evaluación y orientación''; (iii) la rehabilitación debe estar disponible para todas las personas que la requieran, ''incluidas las personas con discapacidades graves o múltiples''; (iv) al diseñar y organizar los programas y servicios de rehabilitación, los Estados deben permitir la participación de las personas con discapacidad y sus familias, y deben ''valerse de la experiencia adquirida por las organizaciones de las personas con discapacidad cuando formulen o evalúen programas de rehabilitación''; (v) deben establecerse servicios de rehabilitación en la comunidad local de la persona con discapacidad -aunque ello no obsta para la organización de ''cursos especiales de rehabilitación a domicilio, de duración limitada, si se estima que esa es la forma más apropiada para alcanzar una determinada meta de capacitación''; y (vi) las personas con discapacidad y sus familias deben ser alentadas a participar directamente en la rehabilitación, ''por ejemplo, como profesores experimentados, instructores o asesores''.

    El derecho a la rehabilitación también se encuentra previsto en el artículo III-2-(b) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que obliga a las autoridades colombianas a trabajar prioritariamente en el área de la ''detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad'', así como en el numeral 6 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Impedidos, en virtud del cual ''el impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y social; a la educación; la formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social''. Este derecho fue desarrollado en detalle por la Ley 361 de 1997, que clasifica en su artículo 4 la rehabilitación de las personas con discapacidad como una de las ''obligaciones ineludibles'' del Estado, y la regula en detalle en los artículos 18 a 21 Artículo 18: ''Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. // Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que los limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que les permitan autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad. // Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación establecidas en el Plan Obligatorio de Salud para las Empresas Promotoras de Salud y para las Administradoras de Riesgos Profesionales cuando se trate de limitaciones surgidas por enfermedad profesional o accidentes de trabajo.''

    Artículo 19: ''Los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993. // Para los efectos de este artículo y con el fin de ampliar la oferta de servicios a la población, con limitación beneficiaria de dicho régimen, el Consejo Nacional de Seguridad, Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, deberá incluir en el Plan Obligatorio de Salud. Subsidiado, los servicios de tratamiento y rehabilitación de la población con limitación, lo cual deberá ser plasmado en un decreto expedido por el Ministerio de Salud. P.. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud determinarán los beneficios a los que tendrán acceso los limitados de escasos recursos no afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, hasta el año 2001, fecha en que la cobertura será universal.''

    Artículo 20. ''Los Municipios podrán destinar recursos de su participación en los ingresos corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con limitación de escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio de Salud.''

    Artículo 21: ''Con el fin de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación a los limitados, la Consejería Presidencial promoverá iniciativas para poner en marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que toda persona limitada, durante su proceso de educación, capacitación, habilitación o rehabilitación según el caso, tenga derecho a que se le suministren los equipos y ayudas especiales requeridas para cumplir con éxito su proceso.''. Tiene, así mismo, un amplio desarrollo legal en el régimen de seguridad social en salud y riesgos profesionales.

    En varias oportunidades se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del derecho de las personas con discapacidad a recibir rehabilitación adecuada, en forma tal que sus vidas se desenvuelvan en condiciones de dignidad. Así, por ejemplo, esta Corporación ha resaltado el deber de las autoridades de prestar servicios de rehabilitación a los niños que sufren de discapacidades mentales: ''a los niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor éste que está en la Constitución y es una facultad inherente a todos los seres humanos, con mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan perspectiva de derrota de la dolencia. De todas maneras son seres humanos que tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida. Y una manera para neutralizar la impotencia frente a las circunstancias es facilitar cuestiones elementales como por ejemplo crear en ese ser humano comportamientos efectivos de dignidad y autodefensa (aprender a vestirse, a cuidarse, a caminar, a reconocer a los padres y su entorno)'' Sentencia T-179 de 2000, M.P.A.M.C.; en este mismo orden de ideas, ha señalado la Corte recientemente que la omisión de la prestación del tratamiento especial a menores con limitaciones mentales configura una discriminación inaceptable: ''la omisión de un tratamiento especial y adecuado en un niño que tiene Síndrome de Dowm, afecta su calidad de vida futura y su dignidad como ser humano. Se atenta contra la dignidad Cfr. sentencia T-556 de 1998, M.P.J.G.H.G.: tutela contra el I.S.S., ante la negativa del suministro de una silla de ruedas a una menor. de los menores cuando deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y sicológico en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señala en cuanto a ser humano'' Sentencia T-988 de 2003, M.P.M.G.M.C.; y, en relación con algunos niños con limitaciones mentales a quienes el ISS había suspendido el tratamiento en razón de que sufrían de una ''enfermedad incurable'', ha afirmado reiteradamente esta Corporación que ''no existe razón de carácter constitucional, ni mucho menos legal, que le impida al Instituto de los Seguros Sociales prestar los servicios requeridos por estos menores y cuyo fin, si bien no será la recuperación total de sus capacidades físicas y mentales, será la posibilidad de obtener un mejoramiento en su calidad de vida.'' Sentencia T-131 de 1995, M.P.J.A.M... En otra oportunidad, refiriéndose a una ley que declaraba que el lenguaje de señas era el apropiado para educar a la población con limitaciones auditivas, declaró la Corte que no es constitucional que el Estado privilegie un determinado método pedagógico para la población con discapacidad sobre otros, a menos que exista una razón clara para ello, sustentada en la mayor eficacia del método privilegiado para la rehabilitación de los beneficiarios: ''aparece discriminatorio que el Estado defienda y subvencione preferentemente una estrategia pedagógica para las personas con limitaciones físicas, si otras metodologías muestran éxitos similares'' Sentencia C-128 de 2002, M.P.E.M.L...

    5.3.3.4. La provisión de servicios de apoyo a las personas discapacitadas, esto es, de los equipos, recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete, según sean necesarios para cada persona individualmente considerada, constituye el complemento necesario de toda intervención estatal orientada a facilitar su inserción en la vida social en condiciones de igualdad con las demás personas -finalidad ordenada por el artículo 47 de la Carta Política, que impone al Estado la obligación de adelantar una política de integración social para las personas que sufran discapacidad, ''a quienes se prestará la atención especializada que requieran''. Dispone el artículo 4 de las N. Uniformes que ''los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos''; y precisa, en relación con este deber, que (i) entre las medidas más importantes que pueden adelantar los Estados para el logro de la igualdad de oportunidades para los discapacitados, se encuentra el suministro de ''equipo y recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete según las necesidades de las personas con discapacidad''; (ii) es deber de los Estados apoyar, en la medida de sus recursos, el desarrollo, la fabricación, distribución y servicios de reparación del equipo y recursos auxiliares en mención, ''así como la difusión de los conocimientos al respecto'', para lo cual ''deben aprovecharse los conocimientos técnicos de que se disponga en general''; (iii) también es deber de los Estados ''reconocer que todas las personas con discapacidad que necesiten equipo o recursos auxiliares deben tener acceso a ellos según proceda, incluida la capacidad financiera de procurárselos. Puede ser necesario que el equipo y los recursos auxiliares se faciliten gratuitamente o a un precio lo suficientemente bajo para que dichas personas o sus familias puedan adquirirlos''; (v) los Estados deben prestar especial atención a la necesidad especial de los niños con discapacidad de disponer, durante el curso de los programas de rehabilitación que estén adelantando, de un suministro suficiente de los dispositivos auxiliares y equipos que requieran, los cuales deben ser apropiados en cuanto a diseño, durabilidad e ''idoneidad en relación con la edad de los niños a los que se destinen''; (vi) es igualmente deber de los Estados ''apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de asistencia personal y de servicios de interpretación, especialmente para las personas con discapacidades graves o múltiples'', puesto que tales programas ''aumentarían el grado de participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar de trabajo, la escuela y durante su tiempo libre'', siempre y cuando hayan sido concebidos ''de forma que las personas con discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de ejecutar dichos programas''.

    La obligación de las autoridades de proveer los servicios de apoyo a los que hace alusión este artículo de las N. Uniformes también se encuentra consagrada en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el país, tales como (i) el artículo III-2-(b) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que obliga a Colombia a trabajar prioritariamente en el campo de la ''...rehabilitación, educación, formación ocupacional y suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad''; (ii) el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados Partes a reconocer el derecho de los niños con discapacidades a recibir cuidados especiales y a alentar y asegurar, ''con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él'', asistencia que ''será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible''; y (iii) el artículo 18 del Protocolo de San Salvador, según el cual toda persona con discapacidad tiene derecho a recibir atención especial para lograr el máximo desarrollo de su personalidad -en virtud de dicho derecho, el literal (a) del artículo 18 en mención obliga a los Estados Parte a ''ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo''. Esta obligación estatal también encuentra un desarrollo directo en los artículos 18 a 21 de la Ley 361 de 1997, anteriormente citados, así como en las normas que constituyen el régimen de seguridad social en salud y riesgos profesionales.

    La jurisprudencia constitucional colombiana también ha desarrollado en algunos casos el contenido del deber estatal de prestar este tipo de servicios auxiliares a las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en varias oportunidades ha ordenado a las entidades del sistema de seguridad social que suministren audífonos a personas con limitaciones auditivas Sentencia T-240 de 2003, M.P.A.B.S.: ''Es innegable, como se vio, la importancia y beneficio que en todos los aspectos de la vida reporta la adaptación oportuna de unos audífonos en personas con deficiencias auditivas, con mucha mayor razón si se trata de un menor que está entrando en la adolescencia como en el caso que se estudia, quien tiene derecho por mandato superior, a la protección y a la formación integral (art. 45 C.P.). Adicionalmente, el Estado tiene la obligación de proteger a quienes por sus condiciones físicas, entre otras razones, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como puede ser el caso de personas que como XX, presenten limitaciones auditivas. De ahí, que esa obligación se traduzca en la necesidad de brindarle posibilidades de rehabilitación con el fin de que sea un ser humano adaptado integralmente a la sociedad (art. 47 C.P.). Por ello, para la Corte indudablemente al menor XX, le asiste todo el derecho para que el Estado a través de sus entidades de salud, como lo es el Instituto de Seguros Sociales, le preste toda la atención y le suministre además del tratamiento requerido, los audífonos ordenados por el médico tratante.'', sillas de ruedas a personas con discapacidades que afectan su movilidad corporal Sentencia T-444 de 2003, M.P.E.M.L.: ''en casos anteriores y frente a solicitudes similares, la Corte ha sostenido que a pesar de la existencia de una norma legal que restringe el suministro de la silla de ruedas por parte de las E.P.S., en virtud de la primacía de las normas constitucionales que consagran la especial protección a los menores y a las personas discapacitadas, se debe inaplicar la normatividad del P.O.S. en el caso concreto... cuando se trata de menores discapacitados cuyas familias se encuentran en imposibilidad económica de cubrir el costo de la silla de ruedas, se hace imperativo inaplicar la norma del P.O.S. y en su lugar aplicar los artículos 13 y 44 de la Carta Política''., o prótesis a las personas que las requieran Sentencia T-860 de 2003, M.P.E.M.L.: ''La cuestión del suministro de prótesis ha sido estudiada en diversas oportunidades por esta Corporación. En tales pronunciamientos, la Corte ha señalado la importancia de (i) considerar de manera más integral la posible vulneración del derecho fundamental a la vida en conexidad con la dignidad humana y (ii) ponderar en este contexto las implicaciones que tiene el derecho a la salud respecto de sujetos afectados con discapacidad -objeto de especial tutela constitucional-... De las sentencias anteriormente reseñadas cabe concluir que cuando se trata de prótesis o aditamentos encaminados a recuperar una función anatómica fundamental, las E.P.S. no pueden negarse a autorizar los procedimientos cuya finalidad es garantizar en este aspecto la calidad de vida del afiliado. Si bien se ha llegado a la conclusión de que este tipo particular de prótesis deben ser suministradas por las entidades prestadoras de salud a sus usuarios, aún resta definir si el aditamento requerido por el actor en el proceso de la referencia, está excluido o no del P.O.S.''..

    5.3.3.5. Por último, una de las precondiciones básicas de la igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas es la concientización de la población no discapacitada sobre la situación real de quienes deben vivir con una discapacidad. Ello es indispensable, no sólo para eliminar de raíz la discriminación estructural que sufren quienes forman parte de esta categoría -dando cumplimiento a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en la materia-, sino para ''hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución'' N. Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad - Resolución AGNU 48/96 de 1993, Artículo 1.. Ello implica, entre otras medidas -de conformidad con el artículo I de las N. Uniformes- que (i) los Estados deben ''iniciar y apoyar campañas informativas referentes a las personas con discapacidad y a las políticas en materia de discapacidad a fin de difundir el mensaje de que dichas personas son ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás, y de justificar así las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su plena participación''; (ii) los medios de comunicación deben ser alentados por las autoridades a difundir ''una imagen positiva de las personas con discapacidad'', consultando para este efecto a las organizaciones conformadas por tales personas; (iii) las autoridades deben diseñar y ejecutar programas de educación pública que reflejen el principio de la plena participación e igualdad de las personas con discapacidad, y que preferiblemente hayan sido elaborados, en lo relacionado con estos temas, con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias -en ese sentido, se establece en las N. Uniformes que ''la promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte integrante de la educación de todos los niños y ser uno de los componentes de los cursos de formación de maestros y de la capacitación de todos los profesionales''; y (iv) el sector privado debe ser alentado por el sector público para incluir dentro de todos los aspectos de sus actividades ''las cuestiones relativas a la discapacidad''. También implica que las personas que mayor conciencia deben tener sobre la situación real de las personas con discapacidad, son los servidores públicos con competencia sobre los asuntos que les conciernen; en ese sentido, el artículo 19 de las N. Uniformes dispone inequívocamente que ''los Estados deben asegurar la adecuada formación, a todos los niveles, del personal que participe en la planificación y el suministro de servicios y programas relacionados con las personas con discapacidad''.

    El objetivo central de esta labor de concientización, que es eliminar los estereotipos y falsas representaciones predominantes en materia de discapacidad -para así luchar de raíz contra la discriminación sutil e injustificada de las personas que la padecen-, también fue previsto en el artículo III-2-(c) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en virtud del cual los Estados deberán esforzarse en forma prioritaria por ''la sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad''.

    5.3.4. Esferas de intervención estatal prioritaria para fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad: accesibilidad, educación, empleo, mínimo vital y seguridad social, vida familiar, vida cultural, actividades deportivas y recreativas, y vida religiosa.

    Una vez satisfechas las pre-condiciones para el logro de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado colombiano está constitucional, internacional y legalmente obligado a cumplir con una serie de prestaciones positivas en favor de las personas con discapacidad, en ciertas esferas críticas de la vida individual y en sociedad, puesto que del cumplimiento de dichas prestaciones dependerá la efectividad material de la igualdad de oportunidades para las personas que viven con una discapacidad, la cual se ha calificado, en forma reiterada, como el objetivo central de toda actuación estatal en la materia. Estas áreas críticas de intervención estatal prioritaria, delimitadas en las N. Uniformes y en otros instrumentos internacionales relevantes -así como en la Constitución, la ley y la jurisprudencia colombianas-, son: (a) la garantía de las posibilidades de acceso de las personas con discapacidad a los diversos espacios, servicios, informaciones y comunicaciones propios de la vida cotidiana, (b) la educación, tanto ordinaria como especial, a la que tienen derecho, (c) la apertura de posibilidades de empleo para permitirles obtener por sí mismos un sustento digno, (d) la preservación de los elementos básicos de su derecho al mínimo vital, (e) la provisión de seguridad social, (f) la protección de su vida familiar en tanto componente crucial del proceso de integración y rehabilitación, y (g) el fomento de su participación en la vida cultural y del desarrollo de actividades deportivas, recreativas y religiosas. La intervención constructiva del Estado en estas áreas prioritarias de igualación de oportunidades es indispensable para preservar, en cada caso, uno o más derechos constitucionales fundamentales de la persona con discapacidad; es decir, la satisfacción de las prestaciones positivas que competen a las autoridades en cada una de estas esferas, lejos de ser un acto de mera beneficencia, caridad o gracia por parte del Estado, constituye una obligación constitucional, internacional y legal de dichas autoridades, cuyo correlato indisociable en cada área de intervención es un derecho fundamental -o varios- de la persona que vive con una discapacidad.

    5.3.4.1. La preservación de condiciones de accesibilidad al entorno físico, los servicios, la información y la comunicación necesarias para llevar una vida cotidiana en condiciones de igualdad, es una de las principales obligaciones de los Estados en este campo, puesto que de su cumplimiento dependen en gran parte las posibilidades reales de integración social de las personas con discapacidad.

    En cuanto al acceso al entorno físico, disponen las N. Uniformes en su artículo 5-(a) que, en virtud de los compromisos internacionales convencionales que les asisten, es deber de los Estados (i) adoptar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos a la participación de las personas con discapacidad en el entorno físico, las cuales ''pueden consistir en elaborar normas y directrices y en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, los edificios, los servicios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y otros lugares al aire libre''; (ii) velar por que los profesionales que participan en el diseño y construcción del entorno físico -tales como arquitectos, técnicos de la construcción, ingenieros, etc.- ''puedan obtener información adecuada sobre la política en materia de discapacidad y las medidas encaminadas a asegurar el acceso'', y por que de hecho se incluyan las medidas par asegurar el acceso de las personas con discapacidad desde el inicio del proceso de diseño y construcción del entorno físico; y (iii) consultar a las organizaciones de personas con discapacidad al elaborar normas y disposiciones encaminadas a asegurar el acceso; ''dichas organizaciones deben asimismo participar en el plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máximo las posibilidades de acceso''.

    En cuanto al acceso a la información y la comunicación, se establece en las N. Uniformes que (i) ''las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa sobre el diagnóstico, los derechos y los servicios y programas disponibles. Esa información debe presentarse en forma que resulte accesible para las personas con discapacidad''; (ii) es deber de los Estados ''elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad'', y en particular, a las personas con discapacidades visuales -en relación con las cuales ''deben utilizarse el sistema B., grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas''-, con deficiencias auditivas o con dificultades de comprensión -en relación con las cuales ''deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral''; (iii) en la educación de los niños sordos o con deficiencias auditivas, así como en la de sus familias y sus comunidades, ''se debe considerar la utilización del lenguaje por señas'', y ''deben prestarse servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas''; (iv) debe prestarse la debida consideración a las necesidades de las personas con discapacidades de comunicación distintas a las limitaciones visuales, auditivas o cognitivas; (v) es deber de los Estados ''estimular a los medios de información, en especial a la televisión, la radio y los periódicos, a que hagan accesibles sus servicios'', así como ''velar por que los nuevos sistemas de servicios y de datos informatizados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas''; y (vi) las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas cuando se elaboren medidas destinadas a proporcionar a tales personas acceso a los servicios de información.

    Las obligaciones de acceso, tanto al espacio físico como a los servicios, informaciones y comunicaciones por parte de las personas con discapacidad, también fueron consagradas en el artículo III-1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados Parte -es decir a Colombia- a ''adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: (a) medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; (b) medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; (c) medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad (...)''. Igualmente, esta obligación tiene una fuente convencional en el artículo 18-(c) del Protocolo de San Salvador, que obliga a las autoridades a ''incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo''.

    El Legislador colombiano ha dado un desarrollo minucioso a la obligación del Estado de fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad a estos bienes, espacios y servicios, en los artículos 43 y siguientes de la Ley 361 de 1997 Artículo 43: ''El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

    Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

    P.. Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.''

    Artículo 44. ''Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.''

    Artículo 45: ''Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal.''

    Artículo 46: ''La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios. // El Gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura nacional de este servicio.''; así, ha dispuesto la eliminación de barreras arquitectónicas -artículos 47 a 58 ibídem-, la mayor accesibilidad de los diferentes servicios de transporte -artículos 59 a 65 ibídem-, y la garantía del acceso a las comunicaciones y la información -artículos 66 a 69 ibídem-.

    También la jurisprudencia constitucional colombiana ha desarrollado el tema de la accesibilidad, tanto al espacio físico, como a los servicios, informaciones y comunicaciones. Así, por ejemplo, en 2001 se reconoció expresamente la obligación estatal de fomentar el acceso de las personas con discapacidad al espacio físico de conformidad con las N. Uniformes citadas: ''...vale destacar, para el asunto en estudio, que la resolución por medio de la cual se adoptan normas estándar sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, ya mencionada, -48/96 de la Asamblea General de la ONU-, requiere de los Miembros de la Organización la adopción de medidas de acción positiva que aseguren la accesibilidad de las personas con limitación a todos los lugares, como presupuesto indispensable en todos los programas de rehabilitación e integración social que deben emprenderse'' Sentencia C-410 de 2001, M.P.Á.T.G.; en consecuencia, se declaró que ''disponer de lugares preferentes de parqueo para los minusválidos que conducen, no solo reconoce la necesidad generalizada de los discapacitados de contar con acceso a todos los lugares, sino que también recuerda que, no obstante su habilidad para conducir, mientras la dificultad de desplazamiento permanezca, estas personas, con el objeto de aminorar su diferencia, y por qué no de suprimirla, requieren de medidas que les permitan, efectivamente, integrarse a la sociedad, como presupuesto indispensable de rehabilitación'', siempre y cuando se entendiera que tal beneficio también se extendía a quienes por sufrir de una discapacidad más grave no pueden conducir un automóvil I.. . Posteriormente, en 2002, la Corte ordenó a la entidad administradora del sistema de transporte masivo de Bogotá que adecuara, a través de un proceso de planificación y ejecución, la infraestructura del servicio que prestaba a las necesidades de las personas con discapacidad, en particular para facilitar su acceso al transporte público Sentencia T-595 de 2002, M.P.M.J.C.E...

    En cuanto al acceso a la información, la Corte también se ha pronunciado en varias oportunidades; por ejemplo, sobre el tema específico del lenguaje de señas y otros medios de expresión utilizados por la población con limitaciones auditivas, ha explicado: ''el lenguaje utilizado por esa comunidad es diferente al del resto de la población, pero no por ello es ininteligible e indescifrable. Por el simple hecho de que ese lenguaje no sea el oral, utilizado por el resto de las personas, no pueden adoptarse medidas que los aparten, los segreguen del mundo jurídico y se les considere, entonces, absolutamente incapaces. Las capacidades del individuo deben potencializarse de tal manera que las discapacidades o limitaciones no pueden ser un factor determinante para calificar a las personas ni para adoptar medidas que las excluyan del mundo jurídico, sin hacer un análisis de cada caso en particular. En efecto, si tales personas pueden darse a entender a través de cualquier forma de lenguaje, de manera clara, precisa e inequívoca, sus actos tienen plena eficacia jurídica. Es claro que el funcionario, el juez u otra autoridad no tienen por qué conocer el lenguaje utilizado por los sordos y mudos a la vez, pero pueden acudir a un intérprete para facilitar la comunicación...'' Sentencia C-983 de 2002, M.P.J.C.T... Desde otro punto de vista, en 2002 la Corte afirmó que es legítimo que el Legislador fomente el aprendizaje del lenguaje de señas, pero que no puede hacerlo a costa del estímulo de otros medios de comunicación para la población con limitación auditiva, como lo es la comunicación oral: ''la Corte considera que el reconocimiento de la lengua de señas como idioma de la comunidad sorda y el apoyo estatal a la formación en esta metodología persigue propósitos constitucionales relevantes pues pretende favorecer la plena integración social, educativa y laboral de los sordos. Sin embargo, la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas privilegian el idioma de señas, y por ende excluyen, o reducen injustificadamente, el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar esa finalidad constitucional'' Sentencia C-128 de 2002, M.P.E.M.L.; también en esta providencia se afirmó que ''no vulnera la Carta sino que la desarrolla que exista un apoyo estatal a la formación en lengua manual y a la presencia de intérpretes para que los limitados auditivos que recurren a este idioma, puedan acceder a los servicios que el Estado confiere a todos los colombianos. En efecto, de esa manera, el Estado contribuye a la formación adecuada de esas personas y a que ellas gocen igualitariamente de los derechos de todos los colombianos. El problema surge cuando ese reconocimiento es entendido como un apoyo preferente y casi exclusivo en favor del idioma de señas, y en detrimento de la formación basada en la oralidad'' I...

    5.3.4.2. La preservación del derecho a la educación de las personas con discapacidad fue objeto de una disposición expresa del Constituyente colombiano, el cual estableció en el artículo 68 superior que es una obligación especial del Estado ''la educación de personas con limitaciones físicas o mentales''. Esta obligación también consta en el artículo 23-3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el artículo 6 de las N. Uniformes de la ONU, en virtud del cual ''los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza''. Precisa este mismo artículo que (i) es responsabilidad de las autoridades docentes en general la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados, educación que ''debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar''; (ii) dado que la educación de las personas con discapacidad en las escuelas regulares requiere servicios de apoyo apropiados, ''deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades''; (iii) los grupos, asociaciones u organizaciones de personas con discapacidad, así como las de sus familias, tienen derecho a participar en todos los niveles del proceso educativo; (iv) ''en los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves''; (v) debe prestarse especial atención a los niños muy pequeños con discapacidad, a los niños de edad preescolar con discapacidad, y a los ''adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres''; (vi) con miras a integrar al sistema de enseñanza general las disposiciones sobre instrucción de personas con discapacidad, es deber de los Estados ''(a) contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general; (b) permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos según sea necesario; (c) proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de apoyo''; (vii) ''los programas de educación integrada basados en la comunidad deben considerarse como un complemento útil para facilitar a las personas con discapacidad una formación y una educación económicamente viables. Los programas nacionales de base comunitaria deben utilizarse para promover entre las comunidades la utilización y ampliación de sus recursos a fin de proporcionar educación local a las personas con discapacidad''; (viii) cuandoquiera que el sistema general de educación aún no esté en condiciones de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, ''cabría analizar la posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza general''; las normas y aspiraciones que guían la calidad de dicha educación deben ser las mismas que las aplicables a la educación general, ''y vincularse estrechamente con ésta'' - por ello, se debe asignar a la educación de las personas con discapacidad, como mínimo, ''el mismo porcentaje de recursos para la instrucción que el que se asigna a los estudiantes sin discapacidad. Los Estados deben tratar de lograr la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general. Se reconoce que, en algunos casos, la enseñanza especial puede normalmente considerarse la forma más apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad''; y (ix) lo que resulta especialmente pertinente para el caso bajo revisión, ''debido a las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y de las sordas y ciegas, tal vez sea más oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de las escuelas de instrucción general. A. principio sobre todo, habría que cuidar especialmente de que la instrucción tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la máxima autonomía.''

    El Legislador colombiano ha adoptado un enfoque similar al regular, en los artículos 10 al 17 de la Ley 361 de 1997, los diversos aspectos de la educación de las personas con discapacidad, incluyendo (i) la garantía de acceso a la educación y capacitación en todos los niveles por todas las personas con limitación, según sus necesidades Artículo 10: ''El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.''; (ii) la prohibición de discriminación con base en la discapacidad al interior del sistema educativo, y las obligaciones correlativas del Estado y los planteles de instrucción ''Artículo 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación. // Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional. // Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo de los programas establecidos en este capítulo y las dotará de los materiales educativos que respondan a las necesidades específicas según el tipo de limitación que presenten los alumnos.''

    Artículo 12. Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual según el tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las personas con limitación.

    Artículo 13, P.: ''Todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los servicios educativos a personas limitadas físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso''.

    Artículo 14. El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de estado y conjuntamente con el Icetex, facilitará el acceso a créditos educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para tal efecto. Así mismo, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero con un porcentaje no inferior al 10% de sus presupuestos regionales, a las entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y deporte dirigidos a la población limitada física, sensorial y síquicamente. Estos programas deberán ser incluidos en el plan nacional del deporte, recreación y educación física.; y (iii) la obligación de las autoridades de diseñar, producir y difundir materiales educativos especializados, así como de coordinar la prestación de los servicios tendientes a la rehabilitación de las personas con discapacidad e integrarlos a su proceso educativo Artículo 13. ''El Ministerio de Educación Nacional establecerá el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población. // Tanto las Organizaciones No Gubernamentales como las demás instituciones de cualquier naturaleza que presten servicios de capacitación a los limitados, deberán incluir la rehabilitación como elemento preponderante de sus programas. (...)'', entre otros asuntos.

    La jurisprudencia colombiana ha reiterado que el Estado y la sociedad están en la obligación de proteger con especial atención el derecho de las personas discapacitadas a la educación. Así, por ejemplo, en 1999 la Corte ordenó a un colegio que recibiera a un menor que padecía de parálisis de las piernas e hidrocefalia, al cual se le había negado un cupo por considerar el centro educativo demandado que no tenía los recursos pedagógicos ni locativos requeridos por su condición Sentencia T-513 de 1999, M.P.M.V.S.M.; después en 2000 concedió la tutela interpuesta a nombre de una menor con limitación auditiva contra una institución educativa que no le había renovado la matrícula argumentando que no contaba con las condiciones necesarias para prestar el servicio de educación a la menor con los requerimientos exigidas por su discapacidad - la Corte explicó que ''las instituciones educativas ordinarias tienen la obligación de permitir el ingreso de personas con limitaciones físicas para ayudar de esta manera a su integración social, así ello implique un esfuerzo adicional razonable de su parte'' Sentencia T-1134 de 2000, M.P.J.G.H.G.; y luego, en 2002, la Corte protegió los derechos a la igualdad y a la educación de una persona invidente a la que el SENA Había negado el ingreso Sentencia T-150 de 2002, M.P.M.J.C.E...

    5.3.4.3. La satisfacción del derecho al trabajo de las personas discapacitadas también fue objeto de una disposición constitucional expresa: el artículo 54 de la Carta dispone que el Estado debe ''garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud''. Asímismo, este derecho fue desarrollado por el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre ''Readaptación Profesional y Empleo de las Personas Inválidas'', que al haber sido ratificada por Colombia mediante la ley 82 de 1988, forma parte de la legislación interna nacional en virtud del artículo 53 Superior. También la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad dispone que los Estados deben esforzarse por eliminar progresivamente la discriminación en materia de empleo por motivos de discapacidad, y fomentar la integración laboral de estos sujetos de especial protección.

    Las obligaciones consagradas en el Convenio 159 de la OIT son de especial importancia a este respecto. En efecto, desde el preámbulo de este tratado se recuerda ''la conveniencia de adoptar normas internacionales nuevas al respecto para tener en cuenta, en especial, la necesidad de asegurar, tanto en las zonas rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a todas las categorías de personas inválidas en materia de empleo y de integración en la comunidad''; y en el artículo 1-2 se establece que, para los efectos del Convenio, los Estados Parte deben tener en cuenta que ''la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad''. En cuanto a los principios que debe respetar toda política estatal de readaptación profesional y de empleo para las personas con discapacidad, se precisa que (i) ''dicha política estará destinada a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo'' (Art. 3), (ii) tal política ''se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general'', respetando ''la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos'', y teniendo en cuenta que ''las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos'' (Art. 4); y (iii) debe consultarse a las organizaciones de empleadores y trabajadores, así como a las organizaciones de personas con discapacidad, sobre la aplicación de la política en cuestión, ''y, en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación profesional''. Por último, el tratado en cuestión obliga al Estado a (iv) ''adoptar medidas para proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo'' (Art. 7), (v) a adoptar medidas para ''promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas'' (Art. 8), y (vi) a ''esforzarse en asegurar la formación y la disponibilidad de asesores en materia de readaptación y de otro personal cualificado que se ocupe de la orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el empleo de personas inválidas''.

    El alcance de las obligaciones del Estado colombiano en materia de promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad se precisa con mayor detalle en las N. Uniformes de la ONU, cuyo artículo 7 dispone que ''los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo''. Este artículo contiene una serie de precisiones adicionales, que resultan de alta relevancia para el caso bajo revisión; así, se establece que (i) no se puede discriminar a las personas con discapacidad en materia laboral por medio de las disposiciones legislativas y reglamentarias que rigen el sector, las cuales tampoco pueden interponer obstáculos para su empleo; (ii) es deber del Estado ''apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo'', por medio de medidas tales como -por ejemplo- ''la capacitación profesional, los planes de cuotas basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y financiera para las empresas que empleen a trabajadores con discapacidad'', y del estímulo a los empleadores ''a que hagan ajustes razonables para dar cabida a personas con discapacidad'', entre otras; (iii) los programas estatales que se adopten en cumplimiento de esta obligación deben incluir ''(a) medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma que resulten accesibles a las personas que tengan diversos tipos de discapacidad; (b) apoyo a la utilización de nuevas tecnologías y al desarrollo y la producción de recursos, instrumentos y equipos auxiliares, y medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a esos medios, a fin de que puedan obtener y conservar su empleo; (c) prestación de servicios apropiados de formación y colocación y de apoyo como, por ejemplo, asistencia personal y servicios de interpretación''; (iv) las labores de concientización adelantadas por las autoridades deben focalizarse en particular en la superación de ''las actitudes negativas y los prejuicios que afecten a los trabajadores aquejados de discapacidad''; (v) los Estados deben favorecer el empleo de personas con discapacidad en el sector público; (vi) ''los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de contratación y ascenso, condiciones de empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a mejorar el ambiente laboral a fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud, y medidas para la rehabilitación de los empleados que hayan sufrido lesiones en accidentes laborales''; (vii) el objetivo primordial debe ser emplear a las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto, pero cuando ello no sea posible, ''cabe la opción de crear pequeñas dependencias con empleos protegidos o reservados''; (viii) se deben adoptar medidas para incluir a las personas con discapacidad en los programas de formación y empleo del sector privado y el sector no estructurado; y (ix) ''los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar con las organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas encaminadas a crear oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario flexible, la jornada parcial, la posibilidad de compartir un puesto, el empleo por cuenta propia, y el cuidado de asistentes para las personas con discapacidad.''

    El Legislador colombiano también ha regulado en cierto detalle el cumplimiento de las obligaciones estatales frente a la situación laboral de las personas con discapacidad; así, la Ley 361 de 1997 contiene, en sus artículos 22 y siguientes, sendas disposiciones sobre el tema, tales como la obligación genérica de las autoridades de crear y fomentar fuentes de trabajo para las personas con discapacidad, así como programas de empleo protegido Artículo 22. ''El Gobierno dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación, para lo cual utilizará todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales, organizaciones de personas con limitación que se dediquen a la educación, a la educación especial, a la capacitación, a la habilitación y a la rehabilitación. // Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo protegido para aquellos casos en que la disminución padecida no permita la inserción al sistema competitivo.''; la obligación del SENA de promover sus cursos de capacitación a la población con discapacidad, y proveerle orientación laboral Artículo 23. ''El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación. Así mismo a través de los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda laboral.''; ciertos estímulos para los empleadores del sector privado que vinculen laboralmente a personas con discapacidad Artículo 24. ''Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación tendrán las siguientes garantías: (a) a que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación; (b) prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación; (c) el Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario.''

    Artículo 31. ''Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista. P.. La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.''; la obligación de admitir en igualdad de condiciones la postulación de personas con discapacidad como candidatos a cargos públicos, prefiriéndolas, en caso de empate, a las personas no discapacitadas Artículo 27. ''En los concursos que se organicen para el ingreso al servicio público, serán admitidas en igualdad de condiciones la personas con limitación, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no resulten extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación.''

    Artículo 28. ''Las Entidades Públicas podrán establecer convenios de formación y capacitación profesional con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, con las universidades, centros educativos, organizaciones no gubernamentales o con instituciones especializadas para preparar a las personas con limitación, según los requisitos y aptitudes exigidas para el cargo y según el grado de especialización del mismo.''; y el derecho de las personas con discapacidad que no puedan acceder a una ubicación laboral a beneficiarse del régimen subsidiado de seguridad social Artículo 29. ''Las personas con limitación que con base en certificación médica autorizada, no pueda gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente, tendrán derecho a ser beneficiario del Régimen Subsidiado de Seguridad Social, establecido en la Ley 100 de 1993.''.

    La Corte Constitucional ha proferido importantes pronunciamientos en relación con la protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad bajo el orden constitucional vigente. Por ejemplo, en 1997 esta Corporación explicó que ''debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En efecto, la Corte estableció que había una inversión de la carga de la prueba cuando la constitucionalidad de una medida administrativa sea cuestionada por afectar los derechos fundamentales de los minusválidos, por lo cual, en tales eventos `es a la administración a quien corresponde demostrar porqué la circunstancia o condición de desventaja de la persona protegida por el Estado no ha sido desconocida como consecuencia de su decisión' Sentencia T-427 de 1992. M.E.C.M.. Fundamento Jurídico No 7. Ver igualmente la sentencia T-441 de 1993. MP J.G.H.G.. '' Sentencia C-470 de 1997, M.P.A.M.C... Posteriormente, en una decisión del año 2000 afirmó que ''el ámbito laboral constituye... objetivo específico para el cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en aras de asegurar la productividad económica de las personas discapacitadas, así como su desarrollo personal. De ahí que, elemento prioritario de esa protección lo constituya una ubicación laboral acorde con sus condiciones de salud y el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para todos aquellos que se encuentren en edad de trabajar'' Sentencia C-531 de 2000, M.P.Á.T.G.; en esta misma oportunidad, se precisó que las personas discapacitadas son titulares, entre otras, de un derecho a la estabilidad laboral reforzada, para eliminar de raíz cualquier riesgo de discriminación en el empleo por motivo de su discapacidad: ''para la consecución de esos fines, la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas. Tal seguridad ha sido identificada como una ''estabilidad laboral reforzada'' que a la vez constituye un derecho constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas y los trabajadores aforados... (la estabilidad laboral reforzada) garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del goce efectivo de sus derechos.'' I... También se especificó que en los casos en que se solicite la autorización del Ministerio del Trabajo para dar por finalizado el contrato de trabajo con una persona con discapacidad, el empleador debe respetar en forma rigurosa el debido proceso: ''resulta exigible al patrono que adelante una actuación previa al despido del trabajador discapacitado, ajustada a los principios establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política sobre el debido proceso y defensa, en razón del carácter sancionatorio de la medida, permitiendo a las partes participar activamente en la presentación y contradicción de las pruebas, con publicidad de los actos y decisiones, así como en la práctica y valoración de las mismas bajo los principios de la sana crítica''. En otros casos, la Corte ha preservado el derecho al trabajo de las personas discapacitadas por vía de tutela; por ejemplo, en 1994 ordenó el reintegro de un docente invidente a quien los rectores de los planteles educativos en los que había sido contratado se negaban a confiarle las responsabilidades propias de su cargo, afirmando que ''los señores Rectores, al enterarse de que un docente ciego había sido adscrito al establecimiento a su cargo, en lugar de vetarlo o de prescindir de sus servicios a causa de la ceguera que padece, debieron promover las condiciones para que el señor G.M. -en situación de hecho diferente-, pudiera ejercer su profesión en pié de igualdad con los demás docentes, para lo cual sí tenían facultad legal'' Sentencia T-100 de 1994, M.P.C.G.D...

    5.3.4.4. La preservación del mínimo vital y la provisión de seguridad social a las personas con discapacidad también constituyen obligaciones internacionales especiales del Estado colombiano con amplio sustento a nivel constitucional. Expresa el artículo 8 de las Reglas Uniformes que ''los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad'', y precisa a este respecto que es deber de las autoridades ''velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo'', así como ''velar por que la prestación de apoyo tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas con discapacidad, y sus familias, como consecuencia de su discapacidad''. También disponen las N. Uniformes que los sistemas de seguridad social deben ''prever incentivos para restablecer la capacidad para generar ingresos de las personas con discapacidad'', y ''proporcionar formación profesional o contribuir a su organización, desarrollo y financiación'', así como ''facilitar servicios de colocación'' y ''proporcionar también incentivos para que las personas con discapacidad busquen empleo a fin de crear o restablecer sus posibilidades de generación de ingresos''.

    El Legislador colombiano ha previsto algunos mecanismos para proteger el mínimo vital de las personas con discapacidad; así sucede, por ejemplo, con el sistema de seguridad social en materia de riesgos profesionales, o con el artículo 35 y concordantes de la Ley 361 de 1997, que ordena la prestación de ''atención social'' a las personas con discapacidad, e incluye dentro de dicha rúbrica la instalación de residencias y hogares comunitarios; así, en su artículo 37 el mencionado estatuto dispone que ''el Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará los recursos necesarios para crear un red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo será atender las necesidades de aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familia, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de integración''.

    La jurisprudencia de esta Corte también ha defendido en varias oportunidades el derecho al mínimo vital de personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en 2002 se explicó que, si bien en ciertos casos -y bajo estrictas condiciones- la enfermedad o anormalidad grave e incurable de uno de los cónyuges puede llegar a ser causal de divorcio, ello no exonera al cónyuge que no tiene tal discapacidad o enfermedad de continuar suministrando alimentos al otro, si éste último no tiene medios de subsistencia propios; precisó la Corte que ''el hecho de que la persona gravemente afectada de una enfermedad o discapacidad incurable quede expósita luego del divorcio, sin que el otro cónyuge deba prestarle alimentos, atenta contra la autonomía del cónyuge enfermo, así como contra el principio de dignidad humana. Es claro para la Corte, entonces, que se hace necesario condicionar la constitucionalidad de la causal acusada en el sentido de que el cónyuge divorciado que tenga enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, que carezca de medios para subsistir autónoma y dignamente, tiene derecho a que el otro cónyuge le suministre los alimentos respectivos, sin que ello excluya la realización voluntaria de prestaciones personales de éste en beneficio del cónyuge enfermo o anormal'' Sentencia C-246 de 2002, M.P.M.J.C.E...

    5.3.4.5. El fomento de la vida familiar de las personas con discapacidad -tema que resulta de relevancia central para la resolución de los problemas jurídicos planteados por el presente caso- es, igualmente, objeto de detalladas disposiciones internacionales que precisan el contenido de las obligaciones del Estado en esta esfera. Así, el artículo 9 de las N. Uniformes establece que ''los Estados deben promover la plena participación de las personas con discapacidad en la vida en familia'', y que ''deben promover su derecho a la integridad personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación''. En ese sentido, se expresa en el artículo en cuestión que (i) ''las personas con discapacidad deben estar en condiciones de vivir con sus familias'', por lo cual es deber de las autoridades ''estimular la inclusión en la orientación familiar de módulos apropiados relativos a la discapacidad y a sus efectos para la vida en familia'', facilitando a las familias que cuenten con un miembro con discapacidad ''servicios de cuidados temporales o de atención a domicilio'', y eliminando todos los obstáculos innecesarios ''que se opongan a las personas que deseen cuidar o adoptar a un niño o a un adulto con discapacidad''; (ii) ''las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos'', por lo cual, ''teniendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y para fundar una familia, los Estados deben promover el establecimiento de servicios de orientación apropiados'', garantizando que estas personas tengan ''el mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de la familia, así como a información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo''; (iii) es obligación de las autoridades ''promover medidas encaminadas a modificar las actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad de las personas con discapacidad, en especial de las jóvenes y las mujeres con discapacidad, que aún siguen prevaleciendo en la sociedad''; por ello, tales autoridades deben ''exhortar a los medios de información a que desempeñen un papel importante en la eliminación de las mencionadas actitudes negativas''; y (iv) ''las personas con discapacidad y sus familias necesitan estar plenamente informadas acerca de las precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y otras formas de maltrato'', ya que este tipo de personas es especialmente vulnerable ''al maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y necesitan que se les eduque sobre la manera de evitarlo para que puedan reconocer cuándo han sido víctimas de él y notificar dichos casos''.

    Por su parte, en la Observación General No. 5 sobre Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se pronuncia sobre las obligaciones de las autoridades derivadas del Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con el derecho a la familia de las personas con discapacidad. Dispone esta Observación General que ''en el caso de las personas con discapacidad, el requisito del pacto de que se preste `protección y asistencia' a la familia significa que hay que hacer todo lo que se pueda a fin de conseguir que dichas personas vivan con sus familias, si así lo desean'', y que ''el artículo 10 implica también, con arreglo a los principios generales del derecho internacional en materia de derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y a fundar su propia familia'', derechos que a menudo se ignoran o se niegan. También establece la Observación General que es obligación de las autoridades ''velar porque las leyes y las prácticas y políticas sociales no impidan la realización de esos derechos'', y que ''las personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios de asesoramiento necesarios, a fin de poder realizar sus derechos y cumplir sus obligaciones dentro de la familia''. El Comité hace énfasis en que las mujeres con discapacidad tienen derecho a recibir protección y apoyo en relación con la maternidad y el embarazo.

    La asistencia en materia familiar a las personas con discapacidad también fue desarrollada por el Congreso colombiano, el cual, en el artículo 35 de la Ley 361 de 1997, incluyó dentro de la ''atención social'' que debe prestarse a estas personas ''las labores de información y orientación familiar'' que sean necesarias, y precisó que ''los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral'' Artículo 36, Ley 361 de 1997..

    5.3.4.6. Por último, constituye deber del Estado propiciar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, en actividades deportivas y recreativas, y en la vida religiosa. Así, por ejemplo, en relación con la participación en la vida cultural, dispone el artículo 10 de las N. Uniformes que las autoridades deben velar por que las personas con discapacidad ''tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales'', y por promover su acceso a ''los lugares en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios culturales tales como los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y cuidar de que esas personas puedan asistir a ellos''. También deben las autoridades ''iniciar el desarrollo y la utilización de medios técnicos especiales para que la literatura, las películas cinematográficas y el teatro sean accesibles a las personas con discapacidad''. Todas estas obligaciones hallan un correlato directo en la legislación colombiana Ley 361 de 1997, Artículo 15. ''El Gobierno a través de las instituciones que promueven la cultura suministrará los recursos humanos, técnicos y económicos que faciliten el desarrollo artístico y cultural de la persona con limitación. Así mismo las bibliotecas públicas y privadas tendrán servicios especiales que garanticen el acceso para las personas con limitación. // Dichas instituciones tomarán para el efecto, las medidas pertinentes en materia de barreras arquitectónicas dentro del año siguiente a la vigencia de la presente Ley, so pena de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación en quienes delegue, que pueden ir desde multas de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso.''.

    En cuanto a las actividades recreativas y deportivas, es deber de las autoridades adoptar las medidas conducentes a permitir que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades de realizarlas; entre tales medidas, se incluyen las que buscan fomentar la accesibilidad de las personas con discapacidad a ''los lugares donde se llevan a cabo actividades recreativas y deportivas, los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los gimnasios, entre otros'', capacitando al personal encargado de los programas correspondientes; el fomento de la oferta de actividades recreativas o turísticas que tengan en cuenta las especiales necesidades de las personas con discapacidad; y el estímulo a las organizaciones deportivas para que promuevan ''las oportunidades de participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas'', entre otras. Estas obligaciones también fueron desarrolladas por la Ley 361 de 1997 Artículo 39. ''El Gobierno a través de Coldeportes organizará y financiará el desarrollo de eventos deportivos y de recreación a nivel nacional para la participación de personas con limitación, así como para aquellas organizaciones, que les prestan servicios en eventos de esta naturaleza a nivel internacional.''

    Artículo 40. ''Los campos y escenarios deportivos públicos deberán ser facilitados a los organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, habilitación y rehabilitación de personas con limitación, previa solicitud por escrito ante Coldeportes o las juntas administradoras del deporte. Estos organismos facilitarán y coordinarán el uso de dichos campos y escenarios deportivos por parte de la población con limitación. P.. Las juntas directivas de los entes deportivos departamentales y municipales que creen las asambleas y los consejos respectivamente, serán de 6 miembros, uno de ellos deberá ser un representante de la actividad deportiva de los limitados. Los demás miembros seguirán designados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 181 de 1995.''.

    Finalmente, también es obligación de las autoridades estatales promover la adopción de medidas para igualar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad en la vida religiosa de sus comunidades, propiciando la eliminación de la discriminación en esta esfera y facilitando la accesibilidad de las actividades religiosas.

  6. El caso concreto

    Una vez precisado el contenido de las normas constitucionales, internacionales y legales aplicables a la resolución del caso bajo revisión, procederá la Sala a evaluar, a la luz de las mismas, el material probatorio que obra en el expediente para efectos de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados en el acápite 2 de esta sentencia. Para ello, la Sala hará referencia a (i) las condiciones generales de vida de T., (ii) las circunstancias que llevaron a la imposición de la medida de protección inicial por el ICBF en relación con su hija L., (iii) las actuaciones posteriores que ha adelantado el ICBF en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L., y (iv) las posibilidades que, según las pruebas periciales decretadas y recaudadas por la Corte, asisten a la peticionaria para desarrollar una relación materno-filial con su hija que satisfaga el interés superior y prevaleciente de la niña.

    De antemano, la Corte desea precisar que por la complejidad del caso presente, cualquier decisión que se adopte implicará una determinada carga para las partes involucradas. En otras palabras, ninguna solución posible es completamente favorable para todos los sujetos involucrados en un caso como el que se ha sometido a la decisión de los jueces de tutela, en el cual, en resumen, una mujer ciega que ha sido víctima a lo largo de su vida de todo tipo de abusos y se encuentra en condiciones de extrema pobreza, es privada por el ICBF, para proteger a la menor, de la compañía de su hija cuando ésta ingresa al hospital en condiciones críticas de salud; en el que la niña ha estado desde que era una bebé en tres hogares diferentes, y hoy en día lleva diecinueve meses en un hogar sustituto con el que ha empezado a establecer vínculos afectivos estrechos; y en el que la madre, a pesar de los obstáculos múltiples que debe afrontar y de la falta de actuación positiva y diligente por las autoridades en su favor, ha luchado ante distintas instancias estatales para no ser privada de la oportunidad de restablecer los lazos familiares con su hija. Todo esto, en condiciones que hacen muy exigente dicha lucha personal, puesto que el padre de la menor también es ciego y no convive establemente con la madre, la familia de T. no está dispuesta a cuidar a L. y T. apenas logra sobrevivir como vendedora ambulante. En casos así, es difícil satisfacer íntegramente todos los intereses en conflicto en forma armónica; la Corte está llamada a ponderar los diversos valores, principios y derechos constitucionales que están en juego, y adoptar la decisión que mejor preserve un equilibrio entre todos ellos, sacrificándolos al mínimo para lograr el máximo nivel de protección.

    6.1. Las condiciones generales de vida de la peticionaria.

    T. ha referido consistentemente, a lo largo de las actuaciones administrativas y judiciales que se han descrito en los apartados precedentes, una historia de vida signada por el maltrato, el abandono y la explotación por parte de sus familiares, sus compañeros sentimentales, las instituciones a las que ha acudido y las autoridades. Los documentos que obran en el expediente confirman, en general, su relato, y demuestran que la actitud de sus parientes y de los funcionarios públicos y privados en quienes ha buscado apoyo no se ha caracterizado en absoluto por la atención debida a su caso, la sensibilidad a su situación, o la solidaridad con su condición de madre invidente en estado de extrema pobreza.

    Por esta razón, por su situación actual de mujer discapacitada en circunstancias de grave precariedad económica y carente de ayuda por su red familiar extensa, así como por las múltiples pruebas que obran en el expediente sobre los escasos servicios de rehabilitación o apoyo que ha recibido desde que quedó ciega como consecuencia de la retinosis pigmentaria que padece, la Sala debe declarar la existencia de una situación de desconocimiento y violación graves, múltiples y reiterados de la mayor parte de los derechos fundamentales de T., quien goza de un triple status de sujeto de especial protección constitucional como mujer con discapacidad, madre de una niña de escasos tres años de edad, y persona sin ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades vitales y las de su hija.

    En efecto, en relación con T. no están dadas ni las precondiciones para que pueda disfrutar de igualdad de oportunidades y derechos con los demás ciudadanos, ni el apoyo estatal básico en las áreas críticas en que tal igualdad de oportunidades debe promoverse activamente por las autoridades, tal y como se describieron detalladamente en el apartado precedente. Se trata de una persona invidente que (a) desconoce tanto sus derechos, como los diversos programas estatales disponibles para asistir a las personas con discapacidad visual y a las personas en condiciones de extrema pobreza, así como las obligaciones que tienen el ICBF y las demás entidades estatales frente a su condición de sujeto de protección constitucional reforzada -por la sencilla razón de que nadie se los ha explicado en detalle-; (b) si bien recibió una atención inicial en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos que le permitió manejar las técnicas más básicas de ubicación en la vida diaria -uso del bastón, petición de ayuda para cruzar calles-, el escueto informe proporcionado por este Centro a los jueces de tutela demuestra que la ''rehabilitación'' recibida por T. dista mucho de cumplir con los estándares mínimos reflejados en los documentos internacionales pertinentes; (c) T. no ha contado con servicios de apoyo adicionales al proceso de rehabilitación integral que merece; (d) los funcionarios que la han atendido en el ICBF han desconocido, en parte por no estar capacitados en temas concernientes a la discapacidad, las necesidades que genera su condición de persona con impedimento visual, y han actuado obedeciendo a tal desconocimiento; (e) es analfabeta, por lo cual tampoco se ha capacitado en la comunicación a través del sistema B., afectando así en forma drástica sus posibilidades de acceso a información y servicios y lesionando, de contera, su derecho a la educación; (f) está desempleada desde que quedó ciega, por lo cual ha debido recurrir desde hace varios años a las ventas informales en la calle, a pesar de las dificultades que plantea para ello su discapacidad; (g) como consecuencia, no tiene un nivel de ingresos suficiente para satisfacer su mínimo vital, y vive en condiciones de extrema pobreza ampliamente acreditadas en el expediente, viéndose forzada en no pocas oportunidades a pedir ayuda a conocidos y desconocidos para subsistir; (h) no tiene apoyo sólido en su red familiar, y ha convivido con compañeros permanentes que la han maltratado física y psicológicamente; y (i) tampoco cuenta, por las mismas razones, con posibilidades serias de participar activamente en la vida cultural, o de desarrollar actividades deportivas, recreativas o religiosas con el concurso debido de las autoridades.

    De esta situación se deriva en forma directa la necesidad de que las autoridades actúen inmediatamente, en forma coordinada, eficiente y expedita, para subsanar en la medida de lo posible (y de conformidad con las pautas jurídicas reseñadas en apartados anteriores) las diversas carencias y necesidades que T. ha demostrado tener. El contenido de las actuaciones concretas que deberán desarrollarse a la mayor brevedad -y con el mayor rigor- en relación con sus circunstancias de vida, para satisfacer cada uno de los derechos fundamentales que se consideran violados, se precisará en el acápite 6.5. siguiente.

    Sin embargo, y en ello la Sala desea hacer especial énfasis, las condiciones generales de existencia de T. no pueden constituir una razón para otorgarle, como ''compensación'' o ''consolación'', el cuidado de su hija. La decisión relativa al restablecimiento de los vínculos materno-filiales entre T. y L. sólo puede fundamentarse en consideraciones que atiendan al interés superior y prevaleciente de la niña. Esta no puede ser concebida, como lo hacen algunas de las personas entrevistadas por el ICBF, como el futuro ''bastón'' de su progenitora, ni como la garantía de su sustento o el reemplazo del sistema de seguridad social; se trata de un sujeto digno que amerita, en sí mismo, toda la protección del Estado, y cuyo interés superior y prevaleciente obliga a las autoridades a tomar su beneficio como primera consideración.

    Por otra parte, a pesar de que la accionante afirma que convive en unión marital de hecho con el señor L., en el proceso se ha demostrado que éste, además de incurrir en episodios recurrentes de maltrato físico y psicológico de T. (e incluso de L., y de abstenerse de proveerle apoyo económico, la abandona sistemática y periódicamente por lapsos prolongados de tiempo, como -según él mismo reconoce- ha hecho con sus otros hijos. Por lo demás, los diversos profesionales que han evaluado de cerca las condiciones de T. ponen seriamente en duda el hecho de que ella y L. convivan actualmente como pareja, y destacan el escaso interés de éste en apoyar a la accionante o proveer las necesidades materiales y afectivas de su hija. Por estas razones, la Sala dará por probado que, en este momento, la peticionaria T. no comparte una vida marital sólida y continua con L., ni cuenta con apoyo en él o en la familia extensa de ambos. Se evaluará su situación partiendo de la base de que, hoy en día, la tutelante debe proveer sola sus propias necesidades vitales, por medio del oficio de vendedora ambulante; en consecuencia, las decisiones a adoptar por la Sala estarán referidas únicamente a la situación de T. y su hija L., sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que es T. la peticionaria en la presente acción de tutela.

    6.2. La medida de protección inicialmente impuesta por el ICBF

    El primer problema jurídico arriba planteado consiste en determinar si fue respetuosa del interés superior de L. la decisión adoptada el cinco (5) de marzo de dos mil uno (2001) por la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur de Bogotá, en el sentido de imponer una medida de protección de la menor consistente en su ubicación en V.J., y posteriormente en un hogar sustituto.

    Los documentos que obran en el expediente demuestran que, desde que la niña tuvo poco más de un mes de edad, T. la llevó en repetidas oportunidades a consulta médica por parte de la ARS a la que ambas estaban afiliadas, y en el Hospital San Rafael de la ciudad de Bogotá. Así, se ha probado en los documentos reseñados en el Anexo I de esta sentencia, que L., quien nació el dieciocho (18) de noviembre de dos mil (2000), fue llevada a consulta en las siguientes fechas:

    (a) El seis (6) de enero de dos mil uno (2001), por motivo de ''soltura'', cuando se le diagnosticó ''Conjuntivitis Bacteriana'' y ''Enfermedad Diarréica Aguda sin Deshidratación''.

    (b) El quince (15) de enero de dos mil uno (2001), cuando se valoró a L. en la enfermería de la ARS, detectando ''riesgo de alteración psicosocial por patrones de crianza no establecidos''.

    (c) El veintitrés (23) de enero de dos mil uno (2001), cuando L. fue llevada a consulta por ''deposiciones líquidas'', y fue diagnosticada con Infección Respiratoria Aguda leve, y Enfermedad Diarréica Aguda sin Deshidratación.

    (d) El cinco (5) de febrero de dos mil uno (2001), cuando L. fue llevada al hospital por ''hongos en el cuello''; el diagnóstico fue de Dermatomicosis e Infección Respiratoria Aguda Neumónica.

    (e) El catorce (14) de febrero de dos mil uno (2001), cuando T. llevó a la niña al Centro Amar San Cristóbal por su cuadro de tos grave; allí la orientaron para que llevara a L. al médico.

    (f) El dieciséis (16) de febrero de dos mil uno (2001), cuando la niña fue llevada por su madre al Hospital San Rafael, donde posteriormente fue diagnosticada con bronquiolitis, neumonía aspirativa y reflujo gastroesofágico.

    Tanto el patrón reiterativo de visitas al médico, como el estado de la menor al momento de ingresar al Hospital San Rafael en esta última fecha, alertaron a la Trabajadora Social de dicho centro hospitalario, quien remitió el caso al ICBF el día cinco (5) de marzo de dos mil uno (2001) en cumplimiento de sus deberes legales, con diagnóstico social de ''paciente de alto riesgo, problemática familiar, padres invidentes, incapacidad en el manejo y cuidado de la menor''.

    En la misma fecha en la que el asunto le fue remitido, la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal San Cristóbal Sur efectuó una serie de actuaciones: en primer lugar, la trabajadora social efectuó un informe breve, dada la urgencia del caso, concluyendo que la menor requería protección, y recomendando ubicarla en ''una institución de acuerdo a su problemática''; posteriormente, la Defensora profirió un auto avocando conocimiento del caso, y recibió la declaración de T., quien manifestó expresamente que en ese momento no estaba en condiciones de cuidar sola a L., por lo cual necesitaba ayuda; y luego la Defensora profirió otro auto iniciando la investigación sociofamiliar, en el cual, además de ordenar la medida de protección temporal consistente en ubicar a la menor en el Centro de Emergencia de V.J., decidió -entre otras- (1) recibir la declaración de los padres de L., (2) solicitar las valoraciones médico-legal, nutricional y psicológica de la menor, y (3) realizar un equipo técnico para discutir el caso.

    Dados los antecedentes demostrados por la Trabajadora Social del Hospital San Rafael, así como las condiciones de salud de L. en ese momento, para la Sala es claro que la Defensoría de Familia obró de conformidad con los lineamientos constitucionales y legales al imponer esta medida de protección inicial. Ya se ha indicado que al adoptar decisiones que impliquen la separación de un menor de su núcleo familiar, los funcionarios administrativos de bienestar familiar deben verificar que existan motivos de peso que así lo justifiquen, puesto que de lo contrario se estaría incurriendo en una intervención estatal ilegítima en la órbita constitucionalmente protegida de la vida familiar. Pues bien, en este caso, el cuadro clínico de L., quien contaba con escasos meses de edad en ese momento, era muy grave, tanto así que la misma T. afirmó ante la Defensoría de Familia y ante las autoridades hospitalarias que no estaba en capacidad de cuidarla sola, y necesitaba ayuda para ello, ayuda con la que no contaba ni en su grupo familiar extenso ni en el de L.. Por las circunstancias que rodeaban a L. y por las declaraciones mismas de T., era claro que la permanencia de la menor con su madre biológica sin intervención estatal podía llegar a constituir un riesgo grave para la salud, la integridad y la vida de la niña. En consecuencia, la medida inicial de protección consistente en ubicar a L. en V.J., y posteriormente en un hogar sustituto, estaba justificada por las circunstancias fácticas que se presentaban ante el ICBF.

    La respuesta al primer problema jurídico planteado anteriormente es, por lo tanto, afirmativa: sí satisfizo el interés superior y prevaleciente de L., así como sus derechos fundamentales, la decisión inicial del ICBF de retirarla del cuidado personal de su madre T., y ubicarla primero en el Centro de Emergencia de V.J., y luego en un hogar sustituto. Las circunstancias objetivas que la Defensoría de Familia tenía ante sí hacían prever razonablemente que la permanencia de L. con su madre biológica, en las condiciones en las que estaban ambas y sin intervención estatal, podía significar un riesgo para su salud, su integridad y su vida, por lo cual esta intervención inicial en la vida familiar era legítima.

    6.3. Las actuaciones desarrolladas en el curso del proceso de protección sociofamiliar.

    Ya se señaló cuáles son las razones jurídicas de orden constitucional y legal que obligaban a la Defensoría de Familia, una vez adoptada la medida de protección consistente en separar a L. de su madre biológica, a promover, en primer lugar, la reunificación familiar, dada la naturaleza temporal de las medidas administrativas de esta especie. En consecuencia, la principal obligación de la Defensoría de Familia competente era la de promover, por los medios que estuvieran a su alcance, la superación -en lo posible- de las condiciones familiares que generaban una potencialidad de riesgo para la menor; en este caso, como se vió, tal obligación adquiría una connotación especialmente fuerte y un contenido particular, por la condición de persona con discapacidad visual de T.. La protección del interés superior de L. obligaba a la Defensoría de Familia a actuar con especial diligencia para lograr, por medio del ejercicio de sus propias competencias y de la coordinación interinstitucional a la que hubiera lugar, el cumplimiento de los diversos cometidos estatales básicos frente a su madre invidente, para así permitir que eventualmente se pudiera desarrollar entre ambas una relación materno-filial digna y apta sin que la discapacidad de T. se convirtiera en un obstáculo para ello. En esa misma medida, únicamente cuando se hubiera concluido, sobre la base del cumplimiento de los deberes estatales hacia T. como persona invidente, que ésta definitivamente no estaba en capacidad de proveer un entorno familiar apto para L. que satisfaciera su interés superior y sus derechos fundamentales, estaría justificado que las autoridades adoptaran medidas -y actitudes- tendientes a separar definitivamente a la niña de su progenitora; esta última opción debía ser, por los motivos explicados anteriormente, un recurso residual de protección.

    Es claro, se resalta, que el caso que tenía ante sí el ICBF no era en absoluto de fácil manejo o resolución; pero por lo mismo, ameritaba la mayor diligencia y cuidado en cada una de las etapas de su evolución, por parte de los funcionarios competentes, quienes estaban llamados a obrar con fundamento en consideraciones atentas a lo delicado de los derechos en juego, y sólidamente motivadas en los conceptos profesionales a los que hubiere lugar.

    Para efectos de determinar, con el rigor que el caso amerita, si la Defensoría de Familia demandada dio cumplimiento a estos deberes constitucionales y legales, la Sala revisará la cronología de las actuaciones que tuvieron lugar en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L., según se reseñaron en la Parte I de esta providencia, para luego responder a dos interrogantes: (i) si la Defensoría de Familia actuó con la especial diligencia requerida para promover el cumplimiento de los deberes estatales frente a T. como madre discapacitada, para así satisfacer el interés superior y prevaleciente de L. consistente en permanecer, en principio, con ella, y (ii) si la Defensoría de Familia actuó con la especial diligencia requerida para promover la reunificación de T. con L. y la subsistencia de su vínculo materno-filial o, en cualquier caso, impedir que la situación de indefinición acerca de la ubicación definitiva de la menor se prolongara, en perjuicio tanto en su interés en tener una familia estable, como de las posibilidades de ser adoptada en el evento de que la reunificación fuera contraria a su interés superior.

    6.3.1. Actuaciones desarrolladas en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L..

    Las actuaciones realizadas por el ICBF en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L. son las que se reseñaron en el aparte 1.4.1. de la Parte I de la presente providencia, y cuyo texto completo se transcribe en el Anexo I de esta sentencia.

    Resalta la Sala que durante este proceso, que a la fecha ya lleva más de tres años en curso, L. ha permanecido bajo la protección del ICBF, primero en Villa J. (9 días), luego cerca de catorce meses en el hogar sustituto de C. (desde el 14 de marzo de 2001 hasta el 28 de mayo de 2002), después cerca de cuatro meses en el hogar de su tía L. (desde el 28 de mayo de 2002 hasta el 17 de septiembre de 2002), y posteriormente en el hogar sustituto de M. (desde el 17 de septiembre de 2002), en donde ha vivido diecinueve meses y se encuentra actualmente. A lo largo de este período, según informa la Defensoría de Familia demandada, T. y L. han visitado durante quince o veinte ocasiones, aproximadamente, a L., y han demostrado un trato cariñoso hacia ella.

    También destaca la Corte, con especial énfasis, que a pesar de la edad crítica de la menor desde que ingresó a protección (tenía entonces tres meses y medio de nacida, y a la fecha actual cuenta con tres años y cuatro meses de edad), durante varios meses no hay en el expediente constancia de que se hubiera efectuado actuación alguna en el curso del proceso de protección: así sucedió durante los meses de mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2001, y en los de enero, febrero, abril, junio y julio de 2002 -durante estos últimos dos meses, L. estuvo bajo el cuidado de L., y existió una completa inactividad por parte del ICBF respecto del caso-. Lo que es más, ya no desde un punto de vista meramente cuantitativo sino evaluativo, las actuaciones del ICBF no fueron consistentes con el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales básicos hacia la relación materno-filial especial de T. y L., como se precisará a continuación.

    6.3.2. Análisis del cumplimiento, por parte del ICBF, de su deber de promover la satisfacción de las obligaciones estatales frente a T. como madre con discapacidad.

    Revisada la cronología y el contenido de las actuaciones desarrolladas en el curso del proceso de protección sociofamiliar de L., para la Sala es claro que el ICBF, por medio de la Defensoría de Familia demandada -y de las otras dos Defensorías de Familia implicadas en el proceso: la del Centro Zonal Revivir, y la del Centro Zonal de Facatativá-, omitió dar cumplimiento a su deber de promover, con un grado especial de diligencia y cuidado, la satisfacción de las diversas obligaciones estatales que existen frente a la situación de T., lo cual constituía el primer paso indispensable a tomar para materializar el interés superior y prevaleciente de L., quien tiene derecho a permanecer, en principio, con su madre biológica, sin que la discapacidad de ésta sea un obstáculo para la construcción de vínculos materno-filiales dignos y aptos para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

    Afirma la Defensoría de Familia demandada en la contestación a la acción de tutela que la razón por la cual L. no ha sido reintegrada a su madre biológica no es la discapacidad de ésta, sino el riesgo que la conducta y el ambiente de T. y de L. propician para el desarrollo de la niña. Resalta, a este respecto, que los peticionarios omitieron presentarse a valoración médica sobre su nivel de discapacidad, y señala que gran parte del problema estriba en ''la misma actitud pasiva, dependiente, agresiva y discriminatoria que la misma pareja conceptúa de su discapacidad'', la cual constituye -en su concepto- un límite para que asuman sus roles como padres de la menor. En el mismo documento, el ICBF ha alegado que las razones por las cuales no ha reintegrado a la menor a la peticionaria son (i) la carencia de redes de apoyo familiar, (ii) la crítica situación económica de T., y (iii) su incapacidad, en las condiciones actuales, de proveer un ambiente apto para el desarrollo de L.. Explica la Defensora de Familia en su escrito de contestación que ''el diagnóstico social da cuenta que los padres de la menor son discapacitados, laboran como vendedores ambulantes, devengan ingresos bajos, no cuentan con un sitio estable para vivir, pasan la noche donde les ofrecen la dormida. Su relación de pareja es conflictiva presentándose maltrato físico y psicológico por parte de su compañero y la familia extensa de éste, hacia la señora y la menor. De otra parte la señora T. cuenta con red familiar pobre, la cual se limita a una hermana que se encuentra en condiciones económicas estables, pero que no existe buena relación de las dos mujeres (señora T. y L., no asumiendo así esta tía materna la responsabilidad y apoyo efectivo que garantice los cuidados de la menor, ya que les ha colaborado bastante y la pareja no reconoce y al contrario crea conflictos'' (sic).

    Con base en estas declaraciones del ICBF, en los documentos que obran en el proceso de investigación sociofamiliar y en el expediente de tutela de la referencia, se puede afirmar sin vacilación que la actitud constante del ICBF en desarrollo del proceso de protección de L. ha sido la de limitarse a verificar, mediante evaluaciones de trabajo social y valoraciones psicológicas realizadas o encargadas por los funcionarios de los Centros Zonales implicados, las condiciones materiales y psicológicas precarias de la madre, T., sin desarrollar actuación alguna tendiente a facilitarle a ésta el acceso a los servicios de rehabilitación y asesoría psicológica a los que tiene derecho, así como a los elementos mínimos de subsistencia que necesita para desempeñar eventualmente su rol de madre a pesar de su discapacidad; no ha desarrollado el ICBF, en este sentido, actividades distintas a la búsqueda de un pariente en la familia extensa de T. o de L. que pueda asumir el cuidado de la menor.

    En este sentido, se observa que T. asistió inicialmente a una serie de sesiones de terapia psicológica por un centro especializado, a petición del Defensor de Familia del Centro Zonal Revivir, y que la conclusión de la valoración correspondiente, elaborada luego de siete sesiones, fue que T. había presentado avances sustanciales, en los términos siguientes: ''La consultante evidencia mejora en los aspectos trabajados; logró desarrollar y promover fortalezas personales al igual que adquisición de recompensas afectivas, destrezas en asertividad y adecuada expresión de sentimientos y emociones hacia su pareja, implementando también estrategias hacia la fijación de límites que protejan la adecuada convivencia y la comunicación auténtica. Se muestra más segura en su rol de madre y proyecto de vida sin obtener logros óptimos y claros en este último a causa de la situación económica que presenta y la ausencia de apoyo por parte de la familia de la consultante''. En otras palabras, se conceptuó que a pesar de la marcada capacidad de T. para superar los problemas psicológicos directamente derivados de su condición visual y de su situación general de vida, capacidad que había sido acreditada por un centro psicológico especializado, se consideraba que no estaba en condiciones de desempeñar adecuadamente su papel de madre por motivos que, resalta la Sala, eran ajenos a su voluntad, a saber, la falta de apoyo en su familia, y la crítica situación económica que la afectaba.

    Sin prestar atención a este diagnóstico, el ICBF, en vez de promover la recuperación de las condiciones económicas mínimas requeridas por T. para poder sostener a L., o de buscar la reactivación del proceso de rehabilitación de aquella, resolvió optar por el reintegro de L. a la familia extensa de T. o de L., y las escasas actuaciones que desarrolló durante el proceso de protección sociofamiliar se orientaron hacia la búsqueda de posibles candidatos para este propósito -los hogares de L., Amelia, Blanca, ninguno de los cuales demostró tener las condiciones necesarias o la disposición requerida, tal y como se había señalado en el informe psicológico del Centro Especializado-. Tal vez este fue el único esfuerzo sostenido que desarrollaron las Defensorías de Familia implicadas. Lo que causa asombro a la Corte, se reitera, es que en ningún momento el ICBF contempló la posibilidad de promover la rehabilitación de T., o la creación de oportunidades para la resolución de la precaria situación económica en la que se encontraba, que hacía evidente a las autoridades la vulneración de los elementos más básicos de su mínimo vital y de su dignidad humana, así como la imposibilidad de que madre e hija convivieran en tales circunstancias sin que ello generara peligros graves para la menor. Antes bien, las diversas visitas sociales efectuadas a su lugar de residencia por las trabajadoras sociales de los tres Centros Zonales implicados, así como la única valoración profesional que se hizo de T. por parte de los psicólogos de dichos Centros Zonales, se limitaron a verificar sus condiciones de desamparo y de ineptitud presente para desenvolverse como madre, sin sugerir siquiera la posibilidad de remitirla oficiosamente a un centro de rehabilitación o a otra dependencia -del mismo ICBF o de otra entidad pública- que desarrollara programas tendientes a proteger las condiciones materiales de vida más básicas de las personas con discapacidad o a prestar los servicios de orientación y apoyo familiar a los que tienen derecho constitucional y legal. Casi dos años después de haber adoptado la decisión de separar a L. de T., se realizó el primer Equipo Técnico de Centro Zonal del que se tiene constancia en relación con este caso, y allí se le exigió a T. que presentara, ella misma, los diagnósticos que le hicieron en el CRAC, en donde como se ha visto, recibió un servicio de rehabilitación insuficiente para los estándares mínimos mundiales. A pesar de esta falta de atención, la conclusión del ICBF, tal y como la expresa la Defensoría de Familia demandada, es que T. no está en condiciones de superar las limitaciones que le impiden desempeñarse adecuadamente como madre, porque no ha evolucionado favorablemente luego de recibir el apoyo que supuestamente se le ha prestado, y porque no cuenta ni con ayuda en su familia, ni con ingresos económicos con los que pueda suplir las necesidades de la niña. Es decir: para el ICBF, T. no puede ser madre por ser pobre, carecer de ayuda en su familia, y contar con aparentes problemas psicológicos derivados de su discapacidad visual severa.

    Vale la pena, a este respecto, detenerse a revisar en detalle cuáles fueron las conclusiones de las visitas sociales, la valoración psicológica y el Equipo Técnico en cuestión, así como las afirmaciones de la Defensoría de Familia demandada en su contestación a la acción de tutela, para demostrar en forma fehaciente por qué el ICBF no ha dado cumplimiento a los deberes que le asisten frente a la relación materno-filial de L. y T., aún después de haber verificado en repetidas oportunidades la necesidad palpable y persistente de que las autoridades actuaran para subsanar las carencias materiales y psicológicas de la peticionaria:

    6.3.2.1. En la primera visita social realizada a la residencia de T. y L. en Funza, la Trabajadora Social del ICBF - Centro Zonal de Facatativá emitió el siguiente concepto social: ''De acuerdo a la investigación social considero que la pareja no cuenta con condiciones afectivas (como pareja) ni económicas para la manutención de la bebé, y a pesar de que la señora manifestó tener una hermana que vivía en Bogotá, quien le dijo que ella se haría cargo de la niña por un tiempo `entrega de la menor del ICBF' (sic), ella trabaja fuera del hogar y no tiene abundancia de recursos económicos, ya que tiene tres hijos. // Por tanto considero que debe prepararse a la pareja en la toma de decisión encaminada a autorizar la adopción''.

    6.3.2.2. En el informe de la siguiente visita social al sitio de residencia en Funza, realizada por la trabajadora social del Centro Zonal de Facatativá, se reportó que ''se entrevistó a la pareja, citados a través de boleta de citación, y se les informa la situación respecto a la menor. Se les aclaró que en vista que no han mejorado las condiciones económicas, pues dependen del Seminario, y es un apoyo provisional, y la situación de la pareja no cuenta con condiciones ambientales ni económicas para reintegrar su menor hija a ellos, por tal razón deberá buscar otro familiar, que esté en disponibilidad económica, familiar, educativa, para albergar la menor, de otra manera el ICBF se verá obligado a declarar la menor en situación de abandono, se les manifiesta que deben informar a la Defensora de Familia lo más pronto posible qué familiar podría hacerse cargo, para un posible reintegro''. El concepto social con el que culminaba este informe era: ''dada la investigación social se puede concluir que la pareja no cuenta con condiciones ambientales ni económicas para brindarle un adecuado desarrollo integral a su menor hija, por tanto se les orientó sobre la posibilidad de coordinar con otro familiar que pueda suplir las necesidades económicas, afectivas, educativas de su menor hija, de otra manera considero que debe iniciarse la declaratoria de abandono a fin de proporcionarle a la menor un futuro estable''.

    6.3.2.3. El tercer concepto social elaborado por la Trabajadora Social del Centro Zonal de Facatativá luego de sus visitas al hogar de la peticionaria, es del siguiente tenor: ''Dada la investigación social se puede concluir que el hogar actual de la pareja de los señores L. y T. no cuenta con condiciones ambientales, familiares ni económicas para tener bajo su cuidado a la menor L.. Por lo antes expuesto, y por los antecedentes de la pareja considero que debe declararse en abandono la menor, garantizándole un futuro estable y seguro al proporcionarle unos posibles padres adoptivos, ya que difícilmente mejorarán las condiciones familiares y económicas de los progenitores''.

    6.3.2.4. Estas valoraciones de la trabajadora social del Centro Zonal de Facatativá surtieron una influencia decisiva sobre la postura del ICBF frente al caso; en su contestación a la acción de tutela de la referencia, informa la Defensoría de Familia demandada que se solicitó un estudio social al domicilio de los padres en el municipio de Funza, para determinar si el medio familiar de T. era apto para que se le otorgara la custodia y el cuidado personal de L., ''informando que la habitación ocupada por la citada pareja no reúne las condiciones higiénicas -es húmeda, oscura, carece de ventilación y de electricidad, y su relación de pareja es de disgusto permanente y que el señor L. abandona a la señora T. por tiempos concurrentes (sic): por todo lo anterior conceptúa que el hogar conformado por T. y L. no cuenta con las condiciones ambientales, familiares ni económicas para tener bajo su cuidado a la menor L., por lo que considera debe declararse en abandono a fin de garantizarle un futuro estable y seguro al proporcionarle unos posibles padres adoptivos, ya que difícilmente mejorarán las condiciones familiares y económicas de los progenitores''.

    6.3.2.5. Por otra parte, en la única sesión de Equipo Técnico de la que existe constancia en el expediente -la cual se realizó el quince (15) de enero de dos mil tres (2003), casi dos años después de la adopción de la medida de protección inicial a favor de L.-, las alternativas que se ofrecieron a T. y L. para recuperar a su hija fueron las siguientes: ''(1) El señor buscará otro tipo de empleo más estable, de acuerdo a su discapacidad. (2) Realizar el estudio sociofamiliar a la familia que ofrece el apoyo para la pareja y la menor (3) Practicar examen médico para determinar el grado de limitación visual en la pareja. (4) Valorar a la señora por Neuropsicología a través de Medicina Legal sobre la alteración nerviosa que ella presenta y la cual ha dificultado los acercamientos con su menor hija y desarrollar su rol materno.