Sentencia de Constitucionalidad nº 1153/05 de Corte Constitucional, 11 de Noviembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43624069

Sentencia de Constitucionalidad nº 1153/05 de Corte Constitucional, 11 de Noviembre de 2005

Ponente:Marco Gerardo Monroy Cabra
Fecha de Resolución:11 de Noviembre de 2005
Emisor:Corte Constitucional
Decision:Concedida
RESUMEN

Control constitucional al proyecto de ley estatutaria n° 216/05 senado, n° 235-cámara, "por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la república, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la constitución política de colombia, y de acuerdo con lo establecido en el acto legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones". Proyecto de ley estatutaria de garantias electorales. La corte constitucional es competente para adelantar la revision oficiosa del proyecto de ley de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 241 de la constitución política. Resulta evidente, como lo demuestran los reiterados precedentes en la materia, que la modulación de los fallos de constitucionalidad, incluso en el marco de la revisión de proyectos de ley estatutaria, es un procedimiento legítimo y ajustado a la carta, que de ninguna manera puede descalificarse desde la equivocada apreciación de que, con el pretexto de modular sus fallos, el juez constitucional reemplaza la competencia del legislador. La primera es una metodología de contenido teórico que permite armonizar dos disposiciones normativas. La segunda es una pretensión que está por fuera de las competencias de la corte constitucional. Procedimiento de aprobacion del proyecto. Una ley de garantías electorales es, en síntesis, una guía para el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa. Un estatuto diseñado para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores. Una ley de garantías busca afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales, e intenta garantizar el acceso igualitario a los canales de comunicación de los candidatos. Igualmente, una ley de garantías debe permitir que, en el debate democrático, sean las ideas y las propuestas las que definan el ascenso al poder, y no el músculo económico de los que se lo disputan. Convenido que la introducción de la reelección involucra un significativo cambio de perspectiva en la concepción del ejercicio del poder público y exige un compromiso novedoso en la conservación del equilibrio democrático, es claro que las consecuencias jurídicas de la figura deben verse reflejadas en otros espectros de la normativa jurídica. Campaña presidencial y reglamentación. Inscripcion de candidaturas. Financiacion de las campañas presidenciales. Acceso a los medios de comunicación. Derecho de replica. Regulación especial durante la campaña presidencial. Decencia y decoro de los candidatos, seguridad de los candidatos, condiciones especiales. Participación en politica de los ervidores publicos. La corte constitucional declaró ajustado a la constitución el proyecto de ley estatutaria de garantías electorales que debía ser expedida con el objetivo de equilibrar la contienda electoral y promover la igualdad entre los candidatos a la presidencia de la república. Algunos artículos de dicho proyecto de ley fueron declarados inconstitucionales y otros fueron objeto de condicionamientos encaminados a asegurar que se cumpla de manera efectiva el mandato constitucional de darle plenas garantías a todos los candidatos a la presidencia de la república, en especial a los que se presentarán como alternativa de poder. Salvaron voto los magistrados jaime araujo renteria y alfredo beltrán sierra. El magistrado jaime araujo renteria manifestó su salvamento de voto por considerar que la totalidad del presente proyecto de ley estatutaria es inconstitucional tanto por vicios de procedimiento como por razones de contenido material. El magistrado alfredo beltran sierra, manifestó su salvamento de voto, por cuanto considera que el proyecto de ley estatutario sujeto a examen integral de la corte debía haber sido declarado inexequible en su totalidad, tanto por vicios de procedimiento, como por su contenido material. Afirmó que de conformidad con el acto legislativo 02 del 27 de diciembre de 2004 no declarado inexequible por la corte, para que opere la reelección del presidente o del vicepresidente de la república debe necesariamente estar acompañada de una ley estatutaria para garantizar "los derechos de la oposición y la equidad en la campaña presidencial". Mediante auto 245 del 25 de noviembre de 2005 se aclara que por un error de transcripcion en el anexo de la sentencia c-1153 de 2005, en el texto definitivo del proyecto de ley de la referencia se incluyeron apartes normativos que fueron declarados inexequibles por la corte constitucional

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Sentencia C-1153/05

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Parámetros normativos

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Acto legislativo de reelección presidencial como parámetro de constitucionalidad

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Características

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Jurisdiccional, automático, integral, definitivo, participativo y previo

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Carácter jurisdiccional

El control que la Corte ejerce sobre un proyecto de ley estatutaria es jurisdiccional, lo cual significa que aquel no involucra juicios acerca de la conveniencia o inconveniencia de las normas sometidas a estudio. La índole jurisdiccional del control constitucional radica, fundamentalmente, en la verificación lógica jurídica de una concordancia teórica entre la Constitución y la ley, pero, en manera alguna, en consideraciones políticas, relativas a la utilidad y oportunidad de las normas. Aunque, verdaderamente, el objetivo de las disposiciones legales es la regulación de fenómenos políticos, no por ello el control encomendado al juez constitucional se convierte en tal. El cotejo normativo que la Corte adelanta involucra, apenas, el contenido y consecuencias en derecho de las disposiciones, no sus implicaciones políticas.

PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Concepto

PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Finalidad

PRINCIPIO DE INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION-Concepto

SENTENCIA MODULATIVA Y PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO

SENTENCIA MODULATIVA-Alcance

La modulación del fallo constitucional no se refiere sino a la adecuación teórico jurídica de la norma infraconstitucional con la disposición superior. Dicha práctica en manera alguna implica un pronunciamiento sobre las connotaciones políticas de la disposición bajo estudio. Pese a que la Corte declara exequible la norma analizada bajo la condición de que se entienda que su interpretación constitucional es aquella y no ésta, el juez constitucional jamás abandona el terreno del análisis jurídico. Incluso, al modular la decisión, el juez constitucional se circunscribe a la órbita jurídica del razonamiento, sin que le esté permitido someter a juicio las repercusiones de oportunidad y conveniencia de su decisión. Por lo anterior, la Corte juzga inexacto que se confunda la facultad legítima que el juez constitucional tiene para modular los efectos de sus fallos, con la inviable posibilidad de que el mismo se pronuncie sobre los efectos políticos de las normas sometidas a estudio. La primera figura ha sido plenamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, porque se despliega en el terreno jurídico de la investigación, mientras que el segundo procedimiento se considera extraño al control que ejerce el juez constitucional.

SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Procedencia respecto de leyes estatutarias

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Trámite legislativo

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Votación por mayoría absoluta

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA-Votación ordinaria previa verificación del quórum decisorio

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Votación

En el caso concreto del proyecto de ley de garantías electorales, la Corte efectuó el análisis de las certificaciones de las Cámaras y pudo determinar que se cumplieron los requisitos constitucionales en la medida que se constató que existió quórum decisorio, la votación fue ordinaria y se votó por unanimidad sin que se haya solicitado la verificación de la votación.

REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Aprobación por mayoría especial

PROYECTO DE LEY CON TRAMITE DE URGENCIA-No aplicación del lapso de 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra/PROYECTO DE LEY-Los ocho días que deben mediar entre el primer y segundo debate no son necesariamente días hábiles

Respecto del lapso de 15 días que establece la segunda parte del primer inciso del artículo 160 no es aplicable en este caso específico por cuanto se trató de un proyecto con trámite de urgencia en virtud del mensaje de urgencia enviado al Congreso por el P. de la República y se tramitó en las comisiones primeras que sesionan conjuntamente, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 163 de la Constitución. Es de aclarar los 8 días que establece la Constitución, no hacen referencia necesariamente a días hábiles, puesto que el Congreso puede sesionar válidamente en cualquier día dentro de la semana, siempre y cuando se encuentre dentro de una legislatura o por fuera de la misma, en lo eventos que exista convocatoria del Gobierno.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Debate y aprobación del informe de conciliación

RECUSACION DE CONGRESISTA-Trámite

RECUSACION DE CONGRESISTA-Legitimación por activa

RECUSACION DE CONGRESISTA-Oportunidad para presentarla/LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Presentación extemporánea de recusación de congresista

En el escrito de recusación en el cual se alega conflicto de intereses en contra de ocho Senadores y siete Representantes a la Cámara, miembros de las Comisiones Primeras, se señaló que algunos congresistas no se declararon impedidos como era su obligación legal en el debate y votación del proyecto de ley, a pesar de que para la época en que se tramitó el proyecto de Acto legislativo número 2 de 2004 sí lo hicieron y, siendo la ley de garantías un desarrollo legal del precepto constitucional, éstos igualmente se debieron haber declarado impedidos. En el caso concreto, el escrito de recusación resulta extemporáneo porque se presentó el día siguiente al cierre del debate general y a la mitad del día en el cual se dio comienzo a las votaciones. En efecto, el escrito de recusación se presentó el 24 de mayo a las 10 y 40 de la mañana, el debate general se cerró el 23 de mayo y las votaciones se efectuaron el 24 del mismo mes. En conclusión, si bien es cierto que la ley no es clara en determinar cuál es la oportunidad para presentar una recusación, debe entenderse que es posible presentarla antes del cierre de los debates, porque los impedimentos no sólo se deben entender para el momento de la votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 291 de la ley 5ª de 1992, sino que se amplían a las deliberaciones anteriores a la misma.

RECUSACION DE CONGRESISTA-Interés en reforma constitucional/PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA-Interés directo en determinada ley

Para la Sala, salta a la vista con la lectura del texto de la recusación que en éste no se hace mención a un interés en la decisión del proyecto que se estaba tramitando (ley de garantías), tal como lo exige el artículo 286 de la ley 5ª, sino a un interés en la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial. El ciudadano que presentó la recusación alegaba que por ser la ley estatutaria indispensable para que se pudiera llevar a cabo la reelección quienes se habían declarado impedidos frente al trámite del acto legislativo debían hacerlo en la ley de garantías. Sin embargo, no explicaba de forma expresa y clara los hechos en virtud de los cuales cada uno de los congresistas tenía interés el proyecto. Lo anterior se agrava teniendo en cuenta que muchas de las circunstancias de hecho vigentes para el momento en que los congresistas manifestaron, a regañadientes, sus impedimentos frente al trámite del acto legislativo podían haber variado, en virtud de que ya había transcurrido más de un año desde que se expusieron los impedimentos en el debate de reforma constitucional. En efecto, en junio de 2004 se habían manifestado los impedimentos frente al trámite del acto legislativo y la recusación cuyo trámite se analiza ahora se presentó el 24 de mayo de 2005. Por último, es de precisar que en el evento de que algún congresista tuviere interés directo en la ley de garantías electorales, caben las demandas de pérdida de investidura para que cada uno responda de manera individual.

ACUMULACION DE PROYECTOS DE LEY-Trámite

ACUMULACION EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Presentación de ponencias separadas

La decisión de acumular los proyectos de ley números 215 de 2005 Senado, 351 Cámara; 216 de 2005 Senado, 352 de 2005 Cámara, y el proyecto 259 de 2005 Senado, 301 de 2005 Cámara, fue tomada por la presidencia de cada una de las Cámaras, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 152 de la ley 5 de 1992. Cada una de las cámaras decidió dar trámite acumulado a los proyectos de Ley números 215 de 2005 Senado, 351 Cámara; 216 de 2005 Senado, 352 de 2005 Cámara, y el proyecto 259 de 2005 Senado, 301 de 2005 Cámara de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la ley 5 de 1992. A partir de su designación, los ponentes estudiaron y finalmente entregaron -de manera conjunta algunos, y otros por separado- los informes de ponencia sobre los proyectos acumulados. Es fundamental tener en cuenta que los ponentes no se limitaron a estudiar un solo proyecto de ley sino que estudiaron y rindieron ponencia sobre todos los proyectos acumulados. Ahora bien, nada impide que se presenten distintas ponencias, sobre todo cuando se trata de un grupo de ponentes tan numeroso. Lo que sí es cierto es que el estudio de los proyectos acumulados se vuelve más dispendioso, pero para ello, el P. de las comisiones primeras que sesionan conjuntamente, cuenta con el respaldo del Coordinador de Ponentes de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Reglamento del Congreso. No resulta entonces irreglamentario que se acumulen distintas ponencias sobre la materia de un proyecto de ley que ha sido objeto de acumulación siempre y cuando dichas ponencias correspondan al estudio de los proyectos objeto de acumulación y no de uno solo de éstos. Por lo anteriormente expuesto, no se vislumbra vicio alguno cuando se han presentado ponencias independientes y posteriormente éstas se estudian en el seno de las comisiones de manera acumulada y mucho menos, cuando se rinden ponencias separadas y se defienden las propuestas también en forma separada.

CONGRESO-Función deliberativa

ACUMULACION DE PROYECTOS DE LEY-Indicación de las razones por las que procede

La Corte examinó la Gaceta No. 226 del 2 de mayo de 2005 en donde se publica la Ponencia para primer debate a los proyectos de ley estatutaria número 216 de 2005 Senado, acumulado con los proyectos de ley estatutaria números 215 de 2005 y 301 de 2005. En la Gaceta, dentro de las consideraciones de carácter general que hacen los ponentes en el Informe de Ponencia, se manifestó que la misma fue el resultado de un serio análisis de los tres proyectos de ley de origen presentados por el partido liberal; igualmente, al explicar el pliego de modificaciones se manifestó que: ''los ponentes designados por las respectivas Comisiones celebramos diversas reuniones de las cuales fue posible concertar la gran mayoría de los artículos'' y que la metodología para unificar los textos de las distintas ponencias se hizo a partir de la existencia de consensos que fueron considerados como de mayor trascendencia para la Ley Estatutaria. Igualmente, se manifestó cuál había sido la metodología para adoptar cada uno de los textos y la estructura del proyecto. No es cierto que los ponentes hayan incumplido con la obligación legal de expresar las razones que tuvieron para acumularlas y, por tanto, no era procedente proponer el rechazo de la acumulación tal como lo pretendió hacer ver el Senador.

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONSTITUCION DE 1991-Reforzamiento del esquema democrático

PARTIDOS POLITICOS-Importancia de su fortalecimiento dentro de la democracia representativa

LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Concepto/LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Finalidad

Una ley de garantías electorales es una guía para el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa. Un estatuto diseñado para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para a los electores. Una ley de garantías busca afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales, e intenta garantizar el acceso igualitario a los canales de comunicación de los candidatos. Igualmente, una ley de garantías debe permitir que, en el debate democrático, sean las ideas y las propuestas las que definan el ascenso al poder, y no el músculo económico de los que se lo disputan. El proyecto de ley estatutaria de la referencia busca la realización de ese objetivo. En su mayor alcance, el proyecto regula la posibilidad de que ciertos servidores públicos participen en política. De acuerdo con el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2004, salvo los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad y los miembros de la Fuerza Pública, los servidores públicos pueden participar en política ''en las condiciones que señale la Ley Estatutaria''. En su alcance restringido, el proyecto busca garantizar que las elecciones para P. de la República se desarrollen en condiciones equitativas y democráticas, de manera que todos los candidatos tengan igualdad de oportunidades de participar en la contienda. Finalmente, el proyecto pretende regular las mismas condiciones de acceso a los canales democráticos en el marco de un proceso de elección presidencial con posibilidad de reelección mediata o inmediata. Así, las normas que componen el proyecto tienen aplicación, en términos generales, tanto en el contexto de una elección para presidente en la que ninguno de los candidatos ocupa cargo de autoridad, como en aquellas en la que el presidente es, a su vez, candidato a la Presidencia.

REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Cambios que introdujo/REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Obligación del legislador de minimizar las ventajas presidenciales en la contienda política

La figura de la reelección en el país marca un cambio en las reglas de juego del ejercicio del poder y la democracia. En primer lugar, desde el punto de vista de la dinámica del ejercicio del poder, la reelección implica contradicciones que saltan a la vista. La posibilidad de desempeñar, a un tiempo, los roles de P. de la República y candidato a la Presidencia engendra confusiones no siempre fáciles de resolver. La dicotomía la impone el hecho de que, en nuestro sistema de gobierno, el jefe del Ejecutivo es la máxima autoridad administrativa, es el jefe del Estado y el jefe de Gobierno, al tiempo que funge como máximo jefe de la Fuerza Pública, y esa múltiple condición lo compromete por excelencia con la promoción del interés general y la consecución del bien común; sin embargo, simultáneamente, el papel de candidato a la presidencia lo faculta jurídicamente para perseguir un interés particular que, aunque legítimo, no necesariamente coincide con el interés común. La alteración natural que la presencia de la figura presidencial produce en la contienda política obliga al legislador a precaver los efectos de una lucha desigual. Por ello, si su deber es garantizar que la carrera por la primera magistratura se defina por el peso de las ideas y no por la inercia del poder, su obligación reside en adoptar medidas que minimicen el ímpetu de las ventajas presidenciales.

REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Relativización de la prohibición de los servidores públicos de participar en política

La introducción de la reelección presidencial en el contexto normativo nacional permite la presencia de servidores públicos en el desarrollo de temáticas de contenido político, lo cual implica la relativización de la prohibición inicialmente contenida en la Constitución de 1991 que les impedía ''tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas'' (art. 127 C.P. modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004). En estas condiciones, siendo evidente que la normativa disciplinaria tradicional se ha quedado corta en la descripción de las conductas jurídicamente reprochables que pueden presentarse en torno a un proceso reeleccionista, es lógico que el legislador disponga una regulación especial en la materia.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES Y REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Acceso a medios de comunicación

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES Y REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Limitación del uso de bienes del Estado

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES Y REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Financiación de campañas políticas

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES Y REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Participación en política de servidores públicos

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES Y REELECCION PRESIDENCIAL INMEDIATA-Ejercicio de la actividad gubernamental en el marco de un proceso reeleccionista

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Alcance

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Concepto de campaña presidencial

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-No participación o apoyo de miembros de grupos irregulares al margen de la ley

El principio democrático exige que en la contienda electoral sólo puedan participar en condiciones de igualdad quienes han renunciado definitivamente a la violencia. Por lo mismo, y en razón a que la función básica de la Constitución de 1991 es la de ser un pacto de paz fundado en el respeto la pluralidad de ideas y proyectos políticos, en las elecciones sólo pueden intervenir quienes hayan dejado definitivamente las armas. Por lo tanto, no podrán participar ni brindar apoyo a ninguno de los candidatos los miembros de grupos irregulares al margen de la ley que no se hayan reincorporado plenamente a la vida civil. Así las cosas, dado que en el proyecto de ley abajo examen no se hace esta previsión, en la parte resolutiva de la presente decisión, se condicionará en este sentido la constitucionalidad del inciso 1° del artículo 2°. Con fundamento en las consideraciones anteriores, el inciso 1° del artículo 2° será declarado exequible, en el entendido según el cual no podrán participar en el conjunto de actividades de campaña, ni brindar apoyo, los miembros de los grupos armados al margen de la ley o pertenecientes a grupos que no se han reincorporado plenamente a la vida civil, conforme a la ley. Excepto la expresión ''de la Presidencia de la República'' contenida en este mismo inciso, que se declarara inexequible.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Duración

Es menester distinguir entre lo que es la campaña presidencial propiamente tal, definida en su concepto en el inciso primero de la norma bajo examen, que según el segundo inciso del artículo 2° del proyecto de ley tiene una duración máxima de cuatro meses para todos los candidatos inscritos incluido el candidato presidente, de las actividades de simple proselitismo político; éstas están abiertas en cualquier tiempo a todos los ciudadanos que aspiren a ser candidatos, quienes pueden desarrollar actividades de tipo político por fuera de ese período de cuatro meses; excepto el P. y el V. de la República, quienes, de conformidad con lo establecido en la Constitución, sólo puede llevar a cabo actividades políticas dentro del término de cuatro meses de la campaña presidencial. En efecto, los límites a las actividades políticas de estos dos funcionarios no pueden ser convertidos por el legislador estatutario en restricciones aplicables también a los demás candidatos presidenciales que no han tenido las mismas ventajas derivadas de ejercer la jefatura de estado. Por lo tanto, el plazo de cuatro meses para realizar actividades de campaña electoral no puede ser interpretado como un impedimento para que los candidatos que no son funcionarios públicos puedan hacer proselitismo político antes de esa fecha en ejercicio de sus libertades democráticas.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Actividades que se entienden como campaña presidencial/ PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Definición de promoción política/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Definición de propaganda electoral

La disposición señala que se entienden como ''actividades de campaña presidencial'', de un lado la promoción política, y de otro la propaganda electoral a favor de un candidato a la Presidencia de la República. La promoción política es definida como ''la divulgación de la propuesta de gobierno o proyecto político del candidato''. La propaganda electoral como ''el conjunto de actividades políticas realizadas con la finalidad directa de convocar a los electores a votar en favor de un candidato''. Así las cosas, la diferencia entre los dos conceptos sería que la promoción política tiende a hacer conocer, de manera concreta, el proyecto o programa gubernamental que se propone a los electores. Su objetivo sería entonces la difusión de la plataforma ideológica que soporta la candidatura, y los principales planes y programas que el postulante, consecuente con aquel fundamento, pretendería llevar a cabo durante el cuatrienio presidencial correspondiente, así como el señalamiento de los medios jurídicos y materiales de la acción gubernamental en dicho lapso. Al paso que la propaganda electoral no está circunscrita a la difusión de esta plataforma de gobierno, sino de manera general a cualquier actividad que promueva el voto por un candidato en particular. A juicio de la Corte, la disposición bajo examen se ajusta a la Constitución, en cuanto solamente pretende precisar el contenido de las actividades que usualmente se encuentran involucradas en lo que se conoce como campaña presidencial.

CAMPAÑA DE REELECCION PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Momento a partir del cual empiezan a operar restricciones para el presidente y vicepresidente de la República/CAMPAÑA DE REELECCION PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Duración de normas restrictivas

Al resolver la duda relativa al momento en que deben empezar a operar las normas especiales previstas para cuando el P. aspira a la reelección inmediata, es decir al entrar a resolver si tales normas restrictivas entran a regir cuando él postula o presenta su candidatura, o si se comienzan a aplicar cuando la inscribe formalmente, la Corte encuentra que la interpretación que mejor garantiza los postulados de la democracia es aquella que indica que, en principio, desde que el presidente manifiesta su interés en inscribirse como candidato, deben operar las restricciones previstas en aras de la transparencia y la igualdad electoral. No obstante, esta postura garantista debe acompasarse con criterios de razonabilidad, que atiendan a que la gestión gubernamental no puede paralizarse por completo ni disminuirse durante lapsos temporales exageradamente extensos, ya que las autoridades administrativas deben contar con instrumentos adecuados para el ejercicio de sus funciones en aras del bien común. En cuanto a la duración de las restricciones establecidas en la ley en aras de la igualdad electoral, la Corte detecta que, en todo caso, el término de aplicación de las normas restrictivas es razonable, pues sólo empieza a correr seis (6) meses antes de la primera vuelta de la elección presidencial, dado que este es el momento a partir del cual el presidente puede hacer explícito en forma solemne su interés en ser reelegido en forma inmediata. A juicio de esta Corporación, implica lo siguiente: (i) A partir de los seis meses anteriores a la fecha de la elección presidencial, no se pueden destinar ni usar los bienes propios de las funciones públicas, para las actividades de proselitismo político. (ii) A partir de esa fecha, tampoco se pueden usar los privilegios de acceso oficial a la televisión y la radio. (iii) En el mismo sentido, durante ese mismo lapso de seis meses, la publicidad institucional del Estado puede continuar, pero sometida a dos restricciones: dicha publicidad estatal no puede ser aumentada durante ese lapso, para evitar ventajas en la divulgación del proyecto político de uno de los candidatos; además, la publicidad del Estado no se podrá utilizar como propaganda política de los candidatos o partidos o movimientos políticos o sociales.

IGUALDAD ELECTORAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Intervención presidencial en precampaña política/IGUALDAD ELECTORAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Término para que precandidatos distintos al P. de la República realicen proselitismo político

No es cierto que no se restrinja en el tiempo la facultad de intervención presidencial, ni tampoco que se permita una ''precampaña política'' sin la aplicación de las medidas establecidas en la Ley para asegurar la igualdad electoral. Todo lo contrario, la norma sí fija un límite temporal de un mes para la intervención presidencial en la precampaña política, y sí establece que dentro de dicho lapso se apliquen al presidente o al vicepresidente que actúen como precandidatos las mismas reglas que, con miras a garantizar la igualdad electoral, se prevén en el caso en que dichos funcionarios sean candidatos a la elección presidencial. Por lo mismo, por este aspecto no puede hablarse de que la norma bajo examen obstaculice tal igualdad entre los candidatos. Por tal razón, los reproches de inconstitucionalidad que en este sentido formulan la Defensoría y la Procuraduría no se fundan en razones ciertas, en cuanto no tienen en cuenta lo que la disposición atacada realmente prescribe. En cuanto a la apreciación de la Vista Fiscal según la cual no puede otorgarse un término igual de un mes a los demás precandidatos y al P. en ejercicio para la realización del proselitismo al interior del partido, la Corte estima que le asiste razón al señor P.. Justamente, si el propósito de la ley es lograr la igualdad electoral, dicha restricción temporal para hacer campaña al interior del partido debe cobijar solamente al presidente candidato, que es quien se encuentra por este aspecto en una posición ventajosa que resulta necesario compensar.

REFORMA POLITICA-Finalidad

MOVIMIENTOS SOCIALES O GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS-Requisito de firmas para inscribir candidato a la Presidencia de la República

Lo que hace el legislador estatutario en el inciso bajo examen no es otra cosa que establecer estos requisitos de seriedad para el caso en que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos sin personería jurídica inscriban candidatos a la Presidencia de la República, evento en el cual les es exigido avalar la inscripción con un número de firmas equivalente al tres (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República. La norma que se examina busca asegurar el cumplimiento de un apoyo popular mínimo, lo cual resulta acorde con el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2003 (Reforma Política), que como es sabido persiguió que los candidatos y las listas que se postularan a las elecciones contaran con un demostrado respaldo popular, a fin de evitar la excesiva fragmentación de la actividad política. El número de firmas que se señala resulta razonable (tres por ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República), pues se trata de un porcentaje relativo a los comicios presidenciales y no congresuales, por lo cual es adecuado a las circunstancias.

PRINCIPIO DE IGUALDAD EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Periodo de inscripción a la Presidencia de la República

Si bien el artículo 8° bajo examen no se refiere a las fechas concretas en las cuales deben desarrollarse las elecciones para Congreso o para presidente de la República, pues sólo indica cuál es el término dentro del cual pueden ser inscritos los candidatos para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, el juego de esta norma y de lo dispuesto por el Código Nacional Electoral en lo relativo a las fechas en las cuales deben llevarse a cabo las elecciones congresuales sí produce el resultado que denuncia el doctor G.T., es decir sí impide que los partidos o movimientos políticos puedan celebrar consultas populares internas que coincidan con las elecciones a corporaciones públicas, situación esta que pugna claramente con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, conforme al cual los partidos y movimientos políticos, ''(p)ara la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos''. Por lo anterior, el artículo 8° bajo examen no puede considerarse exequible, sino en el entendido según el cual cuando los partidos o movimientos políticos opten por escoger candidatos de conformidad con el inciso tercero del artículo 107 de la Constitución, se aplicará para la inscripción del candidato el término consagrado en las normas electorales vigentes que disponen que el término para la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República, vence a las seis (6) de la tarde el primer lunes del correspondiente mes de abril.

CONSULTAS INTERNAS DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS-No coincidencia con elecciones de corporaciones públicas

En cuanto el derecho de los partidos y movimientos políticos de celebrar consultas populares o internas que coincidan con las elecciones a corporaciones públicas es tan solo una opción, pues así se deduce de la simple lectura del artículo 107 constitucional, la Corte aclara que dichas consultas populares pueden llevarse a cabo en fechas que no coincidan con dichas elecciones. En efecto, así emana con toda claridad del texto superior, que al respecto indica literalmente que los partidos y movimientos políticos, ''(p)ara la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas''.

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Competencia residual y subordinada de reglamentación

LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Declaración de presidente que aspira a candidato presidencial

La Corte no encuentra objeción alguna de inconstitucionalidad a lo dispuesto en el artículo 9º en lo relativo a la necesidad de que se lleve a cabo una manifestación pública y solemne por parte del P. o el Vicepresiedente de la República de su interés de presentarse como candidatos, seis meses antes de la votación en primera vuelta, pues el adecuado desarrollo de una democracia que permite la consulta interna de los partidos, movimientos y grupos políticos para la selección de sus candidatos, y a la vez la reelección presidencial inmediata, exige que si el primer mandatario o el vicepresidente desean postular sus nombres para la siguiente contienda electoral para proveer esos mismos cargos, lo hagan saber no sólo a su partido, para los anteriores efectos de la consulta, sino a la Nación en general y a los posibles contendores de otros partidos, como un modo de satisfacer el derecho de los ciudadanos a la información sobre un dato que es públicamente relevante, dentro del natural funcionamiento de un sistema presidencial que admite reelección inmediata. Por las razones expuestas, y dado que la lectura de la norma que ahora se analiza ha dado lugar a interpretaciones diversas a la anterior, se declarará la exequibilidad el artículo 9º, en el entendido según el cual, desde el momento en el cual el P. o el vicepresidente de la República declaran públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta, quedan sujetos a las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38 y 40 del Proyecto de Ley.

EQUIDAD EN CAMPAÑA ELECTORAL-Concepto

FINANCIACION DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Mecanismos para garantizar el equilibrio

FINANCIACION DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Sistema de financiación igualitario/FINANCIACION DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Sistema de financiación proporcional/ FINANCIACION DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Aplicación de sistemas de financiación con fórmulas mixtas

FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN LA CONSTITUCION POLITICA-Consagración de sistema de financiación estatal proporcional morigerado por el principio de igualdad electoral

El sistema colombiano acogido por la Constitución, amén de que establece límites y regulaciones a las contribuciones particulares, prima facie consagra un sistema de financiación estatal proporcional, vinculado a la cantidad de votos obtenidos por el candidato. No obstante, como se verá adelante, para el caso de las campañas presidenciales esta regla general se ve morigerada por el principio de igualdad electoral. La Corte detecta que existen dos reglas constitucionales que disponen una manera diferente de financiar las campañas presidenciales, pues una (el Art. 152) exige financiarlas en términos de igualdad, al paso que la otra (el Art. 109) determina financiarlas mediante el sistema de reposición de votos, es decir en proporción directa al número de votos obtenidos, con lo cual unos partidos obtendrían más financiación que otros; por lo cual a la hora de regular el asunto, el legislador estatutario está en el deber de lograr la proyección armónica de ambas disposiciones superiores en las normas legales.

FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Normas constitucionales que debe tener en cuenta el legislador estatutario en la regulación

FINANCIACION ESTATAL PREVIA EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Procedencia

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Sistema de reposición de votos/FINANCIACION DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Sistema de reposición de votos/IGUALDAD ELECTORAL Y FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Entrega de anticipos no descontables

La Corte entiende que la ley estatutaria sobre garantías electorales en la campaña presidencial no puede desarrollar aislada y únicamente la regla constitucional relativa a la financiación pública mediante el sistema de reposición de votos, sino que tiene que encontrar la manera de armonizar tal mecanismo con el principio de igualdad electoral, de manera que les sea posible a todos los candidatos presidenciales adelantar campañas en condiciones financieramente equitativas. Una de esas fórmulas es la acogida por el proyecto que se examina que, como se verá, consiste en la previsión de anticipos no descontables posteriormente, es decir sin vinculación directa con el número de votos obtenidos por la campaña. Mientras tales anticipos no descontables observen parámetros de proporcionalidad cuantitativa, y sólo se entreguen a aquellas candidaturas que cumplen con los requisitos que demuestran que el partido postulante cuenta con un mínimo de respaldo popular, contribuyen a satisfacer la exigencia de igualdad electoral que el legislador debe garantizar. Eso si, la cuantía de financiación pública no comprendida en el anticipo no descontable debe establecerse en proporción directa al número de votos obtenidos, a fin de respetar el mandato constitucional sobre financiación mediante el mecanismo de reposición de votos.

FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Requisitos para acceder a la financiación estatal previa

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Respaldo popular del candidato presidente como requisito para acceder a la financiación estatal

Para la Corte, el respaldo popular que deben acreditar los candidatos para tener derecho a la financiación pública debe otorgarse a todos ellos en condiciones de igualdad, y la disposición anteriormente examinada así lo hace. Establecer mayores exigencias para el candidato presidente, con fundamento en que su condición de tal lo hace más conocido, pidiéndole que certifique un mayor respaldo popular que el que se exige certificar a los demás candidatos, introduce un factor de discriminación en las condiciones de acceso a la financiación pública que carece de un fundamento fáctico suficiente; en efecto, el solo hecho de ser el primer mandatario no hace que el candidato presidente goce de mayor o menor popularidad que sus contrincantes y que por ello las exigencias relativas al respaldo popular deban ser diferentes.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Financiación preponderantemente estatal

El artículo 109 superior prescribe que ''las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales...''. La norma superior no indica de manera asertiva, como sí lo hace la disposición bajo examen, que esta financiación pública de las campañas tenga que ser preponderante. Empero, el parágrafo transitorio del artículo 4° del Acto Legislativo 02 de 2004 dispuso que el Gobierno Nacional o los miembros del Congreso debían presentar, antes del 1° de marzo de 2005, un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrollara, entre otras materias, la relativa a la ''financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales''. Por lo anterior, la Corte encuentra que la financiación preponderantemente pública de las campañas presidenciales se ajusta a la Constitución.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Beneficios para candidatos que reúnen requisitos para acceder a la financiación estatal previa

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Anticipo en primera vuelta

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Razonabilidad de la cuantía del anticipo

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Distribución del anticipo entre gastos de propaganda y otros gastos

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Forma de pago del anticipo

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Anticipo en segunda vuelta

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Pago por reposición de votos

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Condición para obtener sumas por reposición de votos después de las elecciones

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Póliza o garantía prendaría para asegurar la devolución del anticipo en caso de no cumplir condición/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Repetición del Estado en caso de hacerse efectiva póliza o garantía prendaría

Dado que si el candidato que ha obtenido anticipo para financiar su campaña debe devolverlo si no cumple con la condición de obtener una votación igual o superior al cuatro por ciento (4%) de los votos válidos depositados en las elecciones presidenciales, el artículo bajo examen exige que la eventual obligación de devolver los montos entregados como anticipo sea garantizada de una de las siguientes maneras: (i) ''mediante póliza o garantía a favor del Estado, expedida por una entidad financiera privada''; o (ii) mediante pignoración de recursos ciertos por parte del partido que avala al candidato. La Corte no encuentra en lo anterior reparo de inconstitucionalidad alguno. Se trata de un mecanismo proporcionado y adecuado para asegurar la devolución de los recursos públicos. Finalmente, el aparte bajo examen del artículo 11 dispone que en caso de no cumplirse la condición requerida para tener derecho a la financiación pública, y que por tal razón la póliza o garantía antes comentada tenga que hacerse efectiva, el Estado repetirá contra el partido o movimiento político que avaló el candidato, contra el candidato, contra el tesorero, el gerente de campaña y los integrantes del comité financiero de la campaña presidencial, quienes se registrarán como tales al momento de la inscripción del gerente de campaña. Observa la Corte que la anterior previsión no observa parámetros de razonabilidad. En efecto, si la póliza o garantía debe ser expedida a favor del Estado por una entidad financiera privada, no existe razón para que en caso de que ella se haga efectiva, el Estado repita contra el partido o movimiento político que avaló el candidato, contra el candidato, contra el tesorero, el gerente de campaña y los integrantes del comité financiero de la campaña presidencial. Ciertamente, lo que procedería sería que la entidad financiera privada, y no el Estado, repitieran en contra de estas personas jurídicas o privadas.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Beneficios para candidatos que no reúnen los requisitos para acceder a financiación previa

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Devolución de recursos recibidos del Estado por renuncia de candidato

Conforme a lo dispuesto por el segundo parágrafo del artículo 11, el candidato presidencial que haya accedido a la financiación estatal previa y retire su nombre o desista de su candidatura antes de las elecciones en primera vuelta, deberá devolver la totalidad de los recursos recibidos de parte del Estado, dentro de los quince (15) días siguientes a su retiro. ''De no ser así, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil, procederán judicialmente contra el candidato, su campaña presidencial, el Gerente de su campaña, los integrantes del Comité Financiero de su campaña y los Partidos o Movimientos Políticos que lo hayan inscrito.'' La Corte entiende que el propósito legislativo subyacente a esta norma es dar garantía de seriedad al debate electoral, evitando que personas sin aspiraciones o posibilidades reales de llegar a resultar elegidas utilicen los recursos públicos con fines distintos al de una verdadera postulación de candidatura presidencial. No obstante, la norma contenida en este segundo parágrafo omite indicar que la póliza que el candidato con derecho a financiación previa debió constituir como requisito para acceder tal anticipo debe hacerse efectiva por parte de las autoridades competentes, con lo cual parece indicar que, antes de proceder a ello, tales autoridades deberían dirigirse judicialmente contra el candidato, su campaña presidencial, el Gerente de su campaña, los integrantes del Comité Financiero de su campaña y los Partidos o Movimientos Políticos que lo hayan inscrito. Como tal interpretación es contraria al principio de razonabilidad en el manejo de los recursos públicos, el parágrafo 2° del artículo 11 será declarado exequible, el entendido según el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría del Estado Civil están obligados a hacer efectiva la póliza o garantía correspondiente al candidato presidencial a favor del Estado.

TOPE MAXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA-Objetivos

Los topes máximos de gastos en campañas políticas constituyen una medida que persigue varios objetivos dentro del contexto de los regímenes democráticos. Uno de ellos es reducir las disparidades de recursos entre los partidos, movimientos o grupos, favoreciendo con ello la igualdad electoral. Otro es controlar los aportes privados y con ello la corrupción que puedan aparejar.

TOPE MAXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Aplicación respecto del presidente candidato/TOPE MAXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Candidatos distintos al presidente y vicepresidente de la República

Visto que la Carta otorga al legislador la posibilidad de establecer topes máximos de gastos en las campañas presidenciales, la Corte encuentra que el primer inciso del artículo 12 se adecua a los postulados de la Constitución, en cuanto fija tales topes. No obstante, en lo que se refiere al monto señalado como límite, observa lo siguiente: La cifra señalada como tope (diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) para la primera vuelta, incluyendo dentro de ella tanto los recursos públicos como los privados, significa un recorte al monto máximo de gastos en primera vuelta que fue autorizado para la campaña presidencial de 2002. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 670 de 2001, emanada del Consejo Nacional Electoral, los topes de financiación para esa campaña en la primera vuelta ascendieron a la cifra de catorce mil millones de pesos ($14.000´000.000.00). Así pues, los diez mil millones de pesos que menciona la norma bajo examen constituyen una suma inferior a la de la campaña presidencial de 2002. Esta reducción, a juicio de la Corte, en el caso de la campaña adelantada por el candidato presidente busca compensar las ventajas que tiene quien ha ejercido durante cerca de cuatro años la Presidencia de la República, y desde este punto de vista es un mecanismo adecuado para desarrollar el literal f) del artículo 152 superior, conforme al cual al legislador estatutario compete regular ''(l)a igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley''. Empero, estos límites no pueden ser convertidos por el legislador estatutario en restricciones aplicables también a los demás candidatos presidenciales que no han tenido las mismas ventajas derivadas del ejercicio de la jefatura de Estado. En tal virtud, el primer inciso del artículo 12 bajo examen será declarado exequible en el entendido según el cual cuando se trata de candidatos que no sean el P. de la República o el V., el tope de gastos de las campañas presidenciales del año 2006, en la primera vuelta, será el establecido en la Resolución 670 de 2001 del Consejo Nacional Electoral para las elecciones del año 2002.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Cláusula de actualización monetaria

FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Monto máximo de contribuciones o donaciones de particulares/FINANCIACION ESTATAL DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-No obtención de aportes particulares voluntarios/IGUALDAD ELECTORAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Desconocimiento al fijar tope de donaciones privadas dependiendo si es persona natural o jurídica

La Corte no encuentra objeción en que el proyecto de ley que examina permita que el Estado llegue a financiar enteramente las campañas presidenciales, cuando ellas no obtienen aportes particulares voluntarios, ni que se fije en un 20% el tope de las donaciones privadas. En efecto, este límite no afecta el mandato constitucional según el cual la financiación de las campañas debe ser preponderantemente estatal. No obstante, no se ajusta a la Constitución el que el proyecto de ley permita que las personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, y menos que lo hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta posibilidad, a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que debe presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas jurídicas, realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las personas naturales. Además, en un régimen democrático, los derechos políticos, entre ellos el de participación política ejercido al apoyar las campañas electorales, se reconocen solamente a las personas naturales; finalmente, la posibilidad de que las personas jurídicas efectúen contribuciones a un P. candidato distorsiona el equilibrio que ha de imperar en las reglas de juego adoptadas por el legislador estatutario, para promover la equidad en un contexto en el cual es posible la reelección.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Administración de recursos

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA-Exención del impuesto a las transacciones bancarias

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Designación del gerente de campaña

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Designación de subgerentes regionales de campaña

CIUDADANO EXTRANJERO-Prohibición de ser designado como gerente de campaña política/SERVIDOR PUBLICO-Prohibición de ser designado como gerente de campaña política

El artículo 16 establece que ningún servidor público o ciudadano extranjero puede ser designado gerente de campaña, lo cual resulta acorde con el hecho de que, al declararse la inexequibilidad del artículo 37 del proyecto de ley de la referencia, la participación en política para dichos servidores ha quedado restringida. Por ello, la prohibición contenida en el artículo 16 es exequible. En lo que toca con los extranjeros, la Corte Constitucional considera que la restricción contenida en la norma es exequible, pues, atendiendo al hecho de que el ejercicio de los derechos políticos se encuentra reservado a los nacionales que pueden ejercerlos (Art. 40 C.P.), la asignación del mayor cargo administrativo de una campaña presidencial debe estar reservado a un ciudadano colombiano. La reserva que por esta disposición se impone tiene sentido constitucional en la medida en que, aunque el cargo es de naturaleza administrativa, el mismo es el de máxima jerarquía en la institución política, lo que de todas maneras lo compromete con los fines políticos de la campaña.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Obligación de llevar libros de contabilidad

La Corte Constitucional entiende que la norma bajo estudio refleja un legítimo interés -impuesto desde la misma base de la democracia- por garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de las campañas políticas, en un esfuerzo que busca impedir la repetición de episodios que marcaron negativamente la historia nacional. Así se lo autoriza, además, el artículo 109 constitucional, al prever que los ''partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos'', norma que no sería posible si las campañas no llevaran la contabilidad de los mismos.

INFORMACION PUBLICA-Definición

INFORMACION SEMIPRIVADA-Definición

INFORMACION PRIVADA-Contenido

DERECHO A LA INTIMIDAD Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Norma que permite al Consejo Nacional Electoral revisar documentos relacionados con la financiación

Como la información relacionada con los aportes y contribuciones, así como los créditos, recibidos por las campañas políticas involucra directamente el interés público derivado posiblemente de la tergiversación de los medios económicos dispuestos para competir por el cargo de P. de la República- la misma es de naturaleza semi privada, por lo que puede ser solicitada por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones, la cual, para el caso, es el Consejo Nacional Electoral. Así, la norma que permite al Consejo Nacional Electoral revisar los documentos relacionados con la financiación de las campañas es exequible, pues, además de que persigue un fin legítimo, y dicho fin se encuentra justificado (art. 109 C.P.), la norma afecta proporcionalmente el derecho a la intimidad de los particulares en cuanto que se dirige al conocimiento oficial de información semi privada. Para culminar la idea, sea pertinente agregar que la transparencia y la legitimidad del soporte económico de las campañas no sólo corresponde al partido o movimiento social o político, o al grupo de personas que la promueven, sino a los ciudadanos que se comprometen con ellas mediante sus contribuciones, pues sólo así es posible entender un ejercicio transparente de la democracia y un ejercicio legítimo de la participación política.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Obligación de crear sistema de auditoría interna

AUDITORIA EXTERNA DE CAMPAÑAS POLITICAS-Complementación con el control fiscal de la Contraloría General de la República

Esta Corporación considera que la revisión fiscal a cargo de este órgano de control es de estirpe constitucional y no puede ser desconocida por norma de inferior jerarquía, por lo que, al margen de que la presencia de la Contraloría no sea mencionada en el proyecto de ley de la referencia, la norma que consagra la necesidad de una auditoría externa en las campañas políticas que recibe aportes públicos debe entenderse complementada con el control que está llamado a adelantar el órgano oficial de fiscalización del Estado.

AUDITORIA EXTERNA DE CAMPAÑAS POLITICAS-Financiación

CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Responsabilidad del auditor por irregularidades que no informe al Consejo Nacional Electoral

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Responsabilidad de la auditoria externa de los recursos de financiación de los partidos y movimientos políticos

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Funciones

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Facultad de reglamentación

AUDITORIA EXTERNA DE CAMPAÑAS ELECTORALES-Complementación con el control fiscal

CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Rendición pública de cuentas

FINANCIACION DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Inspección y vigilancia

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-No tipificación explicita y detallada de faltas sancionables

El P. General sostiene que la norma es inexequible por cuanto el legislador estatutario incurrió en una omisión legislativa al no desarrollar los lineamientos generales del régimen sancionatorio en la materia, ya que no identificó ''cuáles son las faltas, cuáles las sanciones y cuáles los criterios para la graduación y la imposición de las sanciones, dejando una potestad abierta al Consejo Nacional Electoral''. En primer lugar, esta Corporación debe precisar que el artículo 21 del proyecto de ley sí señala las sanciones que el Consejo Nacional Electoral puede imponer en materia de vulneración de normas sobre financiación de campañas. Estas son las enlistadas en los cuatro numerales del mismo artículo. En segundo término, es importante recordar que el derecho sancionatorio de la administración recibe los principios generales del derecho penal, pero los aplica mutatis mutandi, es decir, con ciertas variaciones. La falta de definición de las conductas que merecen la sanción del Consejo Nacional Electoral, prevista en el artículo 21 del proyecto de ley, no implica la indefinición de las conductas reprochables, pues, por remisión a las disposiciones de la misma ley que describen los comportamientos a que deben acogerse los partidos, movimientos y candidatos, es posible determinar a la Administración cuáles son las faltas contra el régimen. En este sentido, no es inconstitucional que el legislador no haya fijado de manera explícita y detallada las faltas sancionables, pues ellas, tal como ocurre con las demás sanciones administrativas, se derivan de las obligaciones contenidas en el proyecto de ley de la referencia.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-Evaluación de la gravedad de la falta/PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN DERECHO SANCIONATORIO-Evaluación de la gravedad de la falta por la administración/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS/DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-Deber del Consejo Nacional Electoral de regular previamente los criterios para valorar la gravedad de las faltas

En cuanto al hecho de que el legislador no haya definido la gravedad de las faltas y, por tanto, no haya definido criterios para la imposición de las sanciones, la Corte encuentra lo siguiente. En primer lugar, es indispensable precisar que las sanciones que el Consejo Nacional Electoral puede imponer en esta materia son las provenientes de conductas relacionadas con el régimen de financiación de campañas. Esta aseveración delimita con precisión el campo de acción de esta potestad sancionatoria. En segundo lugar, el hecho de que el Legislador haya establecido un orden en la aplicación de las faltas indica que la ley sí señaló una escala de proporcionalidad de la sanción que debe aplicarse acorde con la gravedad de la falta. El hecho de que el numeral 3º del artículo 21 señale una falta específica para una conducta específica, que es la superación de los topes de financiación fijados por el proyecto de ley de la referencia, permite inferir que las faltas de menor entidad deben ser sancionadas de conformidad con los dos primeros numerales del artículo. Para la Corte es claro que la potestad de evaluación de la gravedad de la falta debe dejarse a juicio de la Administración, pues sólo ella tiene conocimiento inmediato de la dimensión y repercusiones de la conducta reprochable. Por ello no resulta violatorio del principio de reserva de ley en materia sancionatoria que la Administración evalúe la gravedad de la conducta e imponga las sanciones dentro del marco establecido por el legislador, pues con que la ley haya determinado las faltas y las sanciones se entiende satisfecho el principio de legalidad. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso de los destinatarios de la norma, esta Corte considera indispensable que el Consejo Nacional Electoral, en desarrollo de la potestad aquí mencionada, fije, de manera previa, mediante regulación general y abstracta, conocida a priori por todos los individuos, cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta para valorar la gravedad de las faltas.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-Naturaleza de las faltas

DERECHO PENAL Y DERECHO SANCIONATORIO-Diferencias

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-No congelación de dineros girados como anticipo

Esta Corporación considera que, en aras de garantizar la efectiva participación en política de las campañas y el normal desenvolvimiento de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral no puede determinar la congelación de los dineros que han sido girados como anticipo para financiar las campañas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral puede ordenar la congelación de los dineros que deban ser girados en la etapa de reposición de votos, pues es claro que si las campañas no han recibido los anticipos, es improbable que incumplan con las normas sobre financiamiento fijadas por el legislador. Así, el incumplimiento de las normas sobre financiación estatal sólo parece verificable una vez las campañas han recibido el anticipo por concepto de financiación estatal, por lo que permitir al Consejo Nacional Electoral que congele esta porción de financiación parece desproporcionado. En estos términos, es claro que los dineros que el Consejo Nacional Electoral puede congelar por concepto de incumplimento de las normas sobre financiación, son aquellos que la campaña podría recibir en la etapa posterior de reposición, no en la previa del anticipo.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-Devolución total o parcial de dineros en caso de superación de topes

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FINANCIACION DE CAMPAÑAS-Pérdida del cargo según procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política

El numeral 4º del artículo 21 consagra una causal de indignidad justificativa de la pena de destitución del empleo que el Senado de la República puede aplicar al P. de la República en virtud de lo establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución Política. Aunque en el caso del numeral 4º del proyecto de ley la norma se refiere al candidato electo, y el artículo constitucional hace referencia al P. de la República, la Corporación considera válido que también el ganador de las elecciones quede sometido a dicha sanción, pues, en últimas, su victoria lo autoriza para ocupar el cargo y no sería lógico que el Congreso tuviera que esperar a la posesión para iniciar el proceso por indignidad en su contra. A lo anterior, esta Corte debe agregar que lo previsto en el numeral 4º del artículo 21 del proyecto no puede imponerse como consecuencia de cualquier irregularidad que tenga lugar en la financiación de la campaña presidencial, como podría entenderse de una lectura desprevenida de la norma. En efecto, siendo la sanción más severa de cuantas consagra el artículo en mención, es entendible y razonable que el candidato elegido a la presidencia sólo pueda ser objeto de pérdida del cargo por afrenta gravísima contra el régimen de la financiación de las campañas. Aunque, como es lógico, el Congreso determinará la gravedad de la falta, el principio de proporcionalidad impone que la sanción allí prevista no sea aplicada sino por agresiones de magnitud significativa contra el régimen de financiación de campañas.

DENUNCIA POR VIOLACION DE TOPES DE CAMPAÑA-Término para presentarla/ACCION POPULAR-Procedencia por violación de topes de campaña/JUICIO FISCAL-Procedencia por violación de topes de campaña

Para la Corte es claro que un término de un mes constituye un plazo prudencial dentro del cual puede impugnarse la elección presidencial por superación del tope de financiación, pero que un término superior comprometería la institucionalidad en tanto que mantendría evidente incertidumbre sobre la provisión del cargo más importante del poder Ejecutivo. Ahora bien, en el evento de que se considere que dicho lapso no sólo se predica de la denuncia por exceso de topes en la campaña del presidente electo, sino de las demás campañas presidenciales, la Corte considera que los treinta días señalados determinan la competencia del Consejo Nacional Electoral para imponer las sanciones previstas pero no elimina la procedencia de acciones distintas destinadas a proteger los intereses vulnerados por la superación de dichos topes. En efecto, la interpretación de la Corte indica que, pasados los treinta días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos. Los ciudadanos, entonces, podrían iniciar acciones populares para reponer la agresión contra los intereses públicos, al tiempo que la Contraloría podría iniciar los correspondientes juicios fiscales por responsabilidad de este tipo.

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Concepto

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Bien público inenajenable e imprescriptible de la Nación

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Igualdad de oportunidades para acceder a su uso

LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y PRENSA-Carácter preferente no implica que sean absolutos

LIBERTAD DE PRENSA-Regulaciones específicas que legitiman ciertas intervenciones del Estado

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Distribución equitativa de los espacios de radio y televisión/INTERPRETACION SISTEMATICA-Aplicación

La Corte encuentra legítimo que el legislador disponga de una distribución equitativa entre los candidatos a la presidencia, de los espacios de transmisión que usen el espectro electromagnético. En este punto, a pesar de la aparente falta de claridad del inciso primero de la norma, que no establece si esos minutos se garantizan para cada candidato diariamente, de manera que cada uno pueda contar con dos y cuatro minutos por día, o si dichos minutos de transmisión se distribuyen a lo largo de los días de la semana entre los candidatos a la presidencia, esta Corporación entiende, acudiendo a la interpretación sistemática de la norma y a que la segunda parte del inciso asigna al Consejo Nacional Electoral la distribución por sorteo de dichos espacios, a lo largo de los días hábiles de la semana, que cada candidato contará con dos minutos televisivos y cuatro minutos radiales, en los días hábiles de la semana, cada vez que se haya agotado la ronda de transmisión de todos los candidatos inscritos. Así, por ejemplo, si los candidatos inscritos son nueve, cada candidato contará con la cuota de transmisión indicada en el artículo 22, cada décimo día hábil. En este entendido, es legítimo, por ser necesario, que el Consejo Nacional Electoral distribuya equitativamente los espacios entre los distintos candidatos. Además, es concordante con el mismo artículo 22 que dichas transmisiones se suspendan ocho días antes de las elecciones. Sobre este particular, no obstante, la Corte se ve en la obligación de precisar que la distribución de los espacios televisivos y radiales prevista por el artículo 22 debe entenderse también vigente para la segunda vuelta -si la hubiera- pues, además de que no tendría sentido que los candidatos perdieran la oportunidad de exponer su campaña política en la segunda vuelta, cuando más cerca están de la disputa por la presidencia, es claro que el discurso político puede variar en esta etapa de las elecciones, lo cual justifica que los competidores conserven la posibilidad de exponerlo a la opinión pública.

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición para el candidato presidente de interrumpir la programación televisiva

Es claro que como la voluntad de volver a ser elegido no puede determinar un incremento en el acceso del P. a los medios de comunicación, aquel no podrá utilizar la facultad que de interrumpir la programación habitual de televisión para transmitir discursos presidenciales durante el lapso de 60 días previsto en el artículo 22. Lo anterior porque, aunque el P. candidato tiene el derecho a disfrutar de los mismos espacios televisivos que sus contrincantes, para exponer su plan de gobierno, no resulta factible que dicho funcionario se aproveche de la potestad que le confiere la citada ley para incrementar su figuración pública. La Corte declarará exequible la norma citada, pero con la condición de que se entienda que durante los sesenta días a que hace referencia la norma, el P. candidato no podrá interrumpir la programación de televisión.

COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Competencia para regular los elementos técnicos, logísticos y organizativos de cualquier producción y emisión televisiva/CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Regulación de participación de partidos en medios de comunicación del Estado

COMISION NACIONAL DE TELEVISION-Fijación de espacios utilizables por partido político

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Asunción de los costos de producción de las transmisiones

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Necesidad de concepto previo y vinculante del Consejo Nacional Electoral para la distribución de espacios radiales

La Corte no encuentra objeción al hecho de que los costos de producción de las transmisiones corran a cargo de las campañas, habida cuenta de que la financiación preponderantemente estatal de las mismas está destinada, precisamente, a cubrir estas erogaciones. Tampoco considera contrario a la Carta que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Televisión acuerden, de conformidad con sus competencias respectivas, la forma de distribuir los espacios en televisión, y que lo propio suceda con el Ministerio de Comunicaciones, en tratándose de la distribución de los espacios en medio radial. Así pues, lo que en este caso debe reconocerse es que la ley ha dispuesto la atención mancomunada de una necesidad pública, respetando las competencias correspondientes de las entidades públicas que coinciden en la prestación de este servicio. No obstante lo anterior, es claro que el Ministerio de Comunicaciones, como organismo integrante del Ejecutivo central, carece de la independencia necesaria para regular con neturalidad la distribución de los espacios radiales a que se refiere la norma. Por ello, en aras de garantizar la transparencia y el manejo equitativo y neutral de los mismos, esta Corte considera que, en el caso de los espacios que el Ministerio de Comunicaciones debe reservar previo concepto del Consejo Nacional Electoral, la necesidad de que la regulación parta de una autoridad independiente impone que el concepto del Consejo Nacional Electoral sea vinculante para el Ministerio.

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Asignación de espacios en canal institucional y radiodifusora nacional

CANDIDATO PRESIDENTE Y MEDIOS DE COMUNICACION DEL ESTADO-Prohibición de transmitir a través de canales institucionales actos propios de gobierno que puedan malinterpretarse como actos de campaña presidencial

Esta Corporación considera indispensable advertir que una vez el P. manifieste su voluntad de ser candidato a la presidencia por un segundo periodo, el mismo no podrá aprovecharse de los canales institucionales para transmitir actos de gobierno o adelantar su campaña política. A la luz de las limitaciones que han sido esbozadas en este proyecto de ley, y que pretenden garantizar el equilibrio informativo entre el P. candidato y sus contendores, es claro que el reglamento que regulará la materia debe evitar que el Jefe del Ejecutivo aproveche las ventajas que se derivan de su condición de privilegio para incrementar su figuración en los canales institucionales al servicio del Estado, ni siquiera con el fin de promocionar actos vinculados con el ejercicio de su cargo. La Corte advierte que tal circunstancia no implica, en manera alguna, que el P. no pueda realizar ese tipo de actos o que deba abstenerse de llevar a cabo las reuniones que considere necesarias para atender los asuntos propios de su gestión. Lo que la restricción implica es la imposibilidad que tiene el primer mandatario de transmitir por los medios institucionales del Estado, desde que manifiesta su voluntad de ser candidato, actos propios de su gobierno que pudieran ser malinterpretados como actos de la campaña presidencial. Claramente, otros medios de comunicación sociales podrán registrarlos, pero ello en ejercicio de su libertad informativa y con las limitaciones establecidas en otros apartes pertinentes del proyecto de ley.

DERECHO A LA IGUALDAD EN PROPAGANDA ELECTORAL-Inexistencia de trato diferenciado al establecer límites temporales para la contratación de propaganda política/PROPAGANDA ELECTORAL DEL CANDIDATO PRESIDENTE-Procedencia

Los dos primeros incisos del artículo 24 regulan los límites temporales de la contratación de propaganda electoral. El P. General solicita la declaratoria de inexequibilidad de los mismos porque considera que la posibilidad de contratar espacios para divulgar propaganda electoral únicamente 30 días antes de las elecciones -en televisión- y 3 meses antes -en prensa escrita- no se compadece con el hecho de que el P. de la República pueda manifestar su intención de someterse a la reelección presidencial 6 meses antes de las elecciones. Esta Corte debe indicar que, aunque el P. puede manifestar su interés reeleccionista seis meses antes de las elecciones, la norma bajo estudio contiene una prohibición general, para todos los candidatos, relativa a la posibilidad de contratar propaganda política, y que dicha prohibición incluye al P. de la República, por lo que, en este caso particular, la norma no establece ninguna diferencia de trato respecto de los demás candidatos presidenciales. Ahora bien, es obvio que detrás de la advertencia del P. General subyace el reproche de que la figura del P. de la República se exhibe constantemente en los medios de comunicación y no requiere de propaganda electoral para hacerse conocer. Esta objeción, sin embargo, no resulta de recibo, pues a pesar de que la figura del P. de la República es, por fuerza de la realidad, de público y generalizado conocimiento, la propaganda electoral que lo promociona no sólo está destinada a la promoción de su imagen, sino, también, a la de su programa político, programa que no va ligado en estricto sentido a los cuatro años de gobierno que lo preceden. Si el reproche del P. toma asiento en la certeza de que la imagen presidencial es suficientemente conocida por la comunidad y no requiere, por este aspecto, de propaganda política, entonces habría que concluir que en la campaña presidencial el presidente no tiene derecho a publicidad electoral alguna, lo cual resulta desproporcionado.

LIBRE INICIATIVA PRIVADA EN CAMPAÑA POLITICA-Derecho de las campañas sin financiación estatal a contratar propaganda electoral

Considera la Corte que existe un vicio de inconstitucionalidad es en la limitación que establece la norma, relativa a las campañas que no tienen acceso a la financiación estatal. La primer parte del inciso primero de la norma establece que las campañas presidenciales que tengan derecho a la financiación estatal podrán contratar propaganda electoral en tiempos establecidos, asimilando el derecho a la financiación estatal con la posibilidad de contratar propaganda política. En este sentido, la norma limita la libre iniciativa privada de contratar propaganda política por el hecho de que la campaña a la presidencia no tenga derecho a la financiación pública, lo cual resulta desproporcionado. En efecto, una campaña política puede no tener derecho a financiación estatal, pero no por ello pierde el derecho a contratar propaganda política. La financiación está sujeta a ciertos requisitos legales y de composición de la campaña, pero la posibilidad de contratar propaganda política no tiene más límite que el de la iniciativa privada, que puede ser financiada incluso con recursos propios.

PROPAGANDA ELECTORAL-Término para contratarla

PROPAGANDA ELECTORAL-Inconstitucionalidad de norma que establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público regulará la forma de hacer el pago

PROPAGANDA POLITICA NEGATIVA-Concepto

PROPAGANDA POLITICA NEGATIVA-Legitimidad/PROPAGANDA ELECTORAL-Inconstitucionalidad de la prohibición de mensajes alusivos o negativos de los demás candidatos de la campaña

La Corporación reconoce que la propaganda política negativa, siempre y cuando se despliegue dentro de los límites que imponen las conductas delictuales con las que teóricamente podría avecindarse, es plenamente legítima y merece la plena protección del Estado, visto que la misma es manifestación directa del derecho a la libertad de expresión. Estas consideraciones llevan a la Corte a declarar inexequible el inciso cuarto del artículo del 24 del proyecto de ley estatutaria, en cuanto que prohíbe que la propaganda electoral contenga i) mensajes alusivos a otros candidatos, a los ii) distintivos y iii) lemas de sus campañas, y contener mensajes negativos frente a los demás candidatos a las campañas.

SIMBOLOS PATRIOS-Concepto

PROPAGANDA ELECTORAL-Prohibición de utilizar símbolos patrios

El hecho de que el legislador haya prohibido la utilización de los símbolos patrios en el diseño de la propaganda política de los candidatos a la presidencia resulta ser una medida adecuada para evitar que dicha simbología sea objeto de abuso por parte de quienes aspiran a ocupar dicho cargo.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Incompetencia para suspender propaganda política negativa

EMPRESA DEL SERVICIO DE TELEVISION POR SUSCRIPCION-Prohibición de transmitir propaganda política que se exhiba en el exterior

CONCESIONARIOS Y OPERADORES PRIVADOS DE RADIO Y TELEVISION-Obligación de reducir tarifa por transmisión de propaganda política

MEDIOS DE COMUNICACION-Función social/MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑA POLITICA-Compromiso con el equilibrio informativo/MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EMPRESA-Divulgación de propaganda política/MEDIOS DE COMUNICACION E IGUALDAD ELECTORAL-Divulgación de propaganda política

La Corporación considera que la función social que cumplen los medios de comunicación implica un compromiso con el equilibrio informativo en el desarrollo de las campañas políticas, por lo que no resulta constitucional que los medios de comunicación a que se refiere la norma seleccionen los candidatos cuya propaganda política están dispuestos a divulgar. Si el medio de comunicación decide, voluntariamente, no divulgar ninguna propaganda política, esta Corte considera que tal neutralidad debe respetarse, en ejercicio del principio de autonomía e iniciativa privada, además de la libertad de empresa del concesionario u operador. No obstante, si el concesionario opta por publicar propaganda política, así sea en un sólo caso, su deber es extender las condiciones a todos los candidatos que se lo requieran, en condiciones de igualdad.

EMPRESA COMUNITARIA DE RADIO Y TELEVISION-Participación en la promoción de propaganda política

EQUILIBRIO INFORMATIVO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Obligación de los concesionarios y operadores privados de radio y televisión de garantizarlo/CAMPAÑA POLITICA Y CONCESIONARIOS Y OPERADORES PRIVADOS DE RADIO Y TELEVISION-Obligación de remitir al Consejo Nacional Electoral informe semanal sobre los tiempos y espacios conferidos a los candidatos/PLURALISMO INFORMATIVO EN CAMPAÑA POLITICA-Obligación de remitir al Consejo Nacional Electoral informe semanal sobre los tiempos y espacios conferidos a los candidatos

Para la Corte, la norma -aunque no lo diga de manera expresa- se refiere a la distribución equitativa de la información que administran los noticieros, informativos, programas de opinión y, en general, producciones de radio y televisión que utilicen el espectro para transmitir la información relativa a las elecciones. Así entendido, el hecho de que los mismos deban informar al Consejo Nacional Electoral los tiempos y espacios conferidos a los candidatos y de que el Consejo pueda controlar la distribución equitativa de los mismos es una manera de garantizar el pluralismo informativo que el Estado está llamado a preservar, por orden expresa del artículo 75 de la Constitución Política. La garantía del equilibrio informativo se justifica en un mundo en el que la televisión ha pasado a ser el medio comunicación con mayor poder de penetración social. En esas condiciones, una distribución equitativa del tiempo en televisión implica una distribución igualitaria de la oportunidad de presentación de los programas de gobierno. La distribución igualitaria de los espacios de comunicación también constituye una herramienta para garantizar la objetividad informativa pues impide la exposición excesiva o deficiente de determinados candidatos y la exposición parcializada de sus programas políticos. La necesidad de transmisión neutral y veraz de la información persigue la correcta utilización del poder de sugestión cognitiva de la televisión, factor determinante de la formación del criterio político de la sociedad.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y EQUILIBRIO INFORMATIVO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Facultad de corregir deficiencias

MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑA POLITICA-Selección de información relevante/EQUILIBRIO INFORMATIVO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Obligación de informar sobre las actividades del presidente como jefe de Estado y de gobierno

La norma prevé que la campaña suministrará el material audiovisual pertinente, del cual los medios de comunicación extraerán la información que consideren valiosa. Partiendo de la base de que el ejercicio de esta potestad, que permite seleccionar la información relevante que ha de ser transmitida, es responsable y profesional, además de que tiende a la presentación objetiva y neutral de los hechos, la Corte considera que la norma plantea un balance razonable entre la autonomía de los medios de comunicación para seleccionar la información que pretenden divulgar y la imagen que las campañas políticas pretenden exhibir al público. Es de entenderse entonces que las campañas suministrarán la información que mejor represente las ideas y la imagen que pretenden hacer pública y que el medio de comunicación extraerá la que considere más apropiada, de acuerdo con su responsable criterio periodístico y en el marco del respeto absoluto por la neutralidad informativa. Si a lo anterior se suma que las deficiencias del sistema pueden ser corregidas gracias al control del Consejo Nacional Electoral, se tiene que la figura en sí misma no implica desconocimiento de ninguna garantía constitucional. Con todo, aunque la Corte encuentra que el artículo bajo estudio es exequible, resulta indispensable condicionar su constitucionalidad para que se entienda que en el manejo del equilibrio informativo que debe garantizarse a las campañas presidenciales, los medios de comunicación deberán tener en cuenta no sólo las actividades del P. como candidato a la presidencia, sino sus actividades como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Ello impide que, una vez el mismo ha manifestado su intención de ser reelegido, su imagen se multiplique, por encima de la de sus demás contendores, a razón de la exposición de sus gestiones de gobierno.

EQUILIBRIO INFORMATIVO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Debe darse también con relación al contenido de la información

CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición para los candidatos de contratar, alquilar y/o producir programas periodísticos/CANDIDATO PRESIDENTE-Término a partir del cual opera prohibición para contratar, alquilar y/o producir programas periodísticos/VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Término a partir del cual opera prohibición para contratar, alquilar y/o producir programas periodísticos

La Corte encuentra irreprochable la norma que impide a cualquier candidato a la presidencia contratar, alquilar, producir y/o dirigir programas de género periodístico en medios de comunicación social, pues ello implica, sin más, la posibilidad de alterar a su favor el equilibrio informativo de que ha venido hablándose. La disposición contiene una limitación razonable que persigue la preservación del equilibrio informativo, pues resulta obvio que si se permitiera a los candidatos a la presidencia, contratar, alquilar, producir o dirigir espacios periodísticos, se burlaría el espíritu de distribución equitativa de los espacios de figuración pública en los medios de comunicación. No obstante, esta Corporación considera indispensable precisar que, para garantizar dicho equilibrio, la prohibición contenida en la norma debe aplicarse al P. o V. desde el momento en que los mismos hacen público su interés de participar en las elecciones, tal como se estableció en las consideraciones vertidas a propósito del artículo 9º del proyecto de ley de la referencia.

CONSEJOS COMUNITARIOS EN CAMPAÑA DE REELECCION PRESIDENCIAL-Prohibición de transmisión en canales institucionales/EQUILIBRIO INFORMATIVO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y TRANSMISIONES PRESIDENCIALES EN EL CANAL INSTITUCIONAL-Prohibición de transmitir reuniones comunitarias sobre temas de seguridad nacional, soberanía, orden público y desastres naturales

La transmisión de los llamados `consejos comunitarios', celebrados entre el P. y la población, determina un aumento indiscutible de su figuración pública en los medios de comunicación que podría desequilibrar el balance informativo de la campaña. La previsión anterior no significa, sin embargo, que el P. de la República no pueda reunirse con la comunidad para recibir, de primera mano, las quejas y sugerencias de la población. Lo que dicha decisión implica es que tales reuniones no pueden ser transmitidas por los canales institucionales, sin perjuicio de que los demás medios de comunicación social informen sobre ellas, en uso de su libertad de información y en cumplimiento de los parámetros y limitaciones contenidos en el proyecto de ley de la referencia. De otro lado, en cuanto a la excepción a la regla, la Procuraduría considera que autorizar las reuniones del presidente con la comunidad cuando las mismas estén destinadas a atender asuntos de seguridad nacional, soberanía, orden público y desastres naturales es abrir una puerta ''infinita'' a la transmisión de la imagen presidencial en confusión con su condición de candidato. A propósito de esta apreciación, la Corporación estima que los temas a que hace referencia la norma bajo estudio son de una amplitud tal que no permiten identificar con toda certeza en qué casos y bajo qué circunstancias puede el P. de la República transmitir sus reuniones con la comunidad. Así, por ejemplo, la norma no precisa si la transmisión a que se hace referencia es de las reuniones previas, preventivas de los acontecimientos indicados, o si ocurre con posterioridad a los hechos, etc. Esta falta de precisión y definición en el tipo de reuniones que pueden ser emitidas por los canales institucionales podría llegar a afectar el equilibrio informativo que el proyecto de ley de la referencia pretende preservar, con fundamento en interpretaciones extensivas que podrían afectar la neutralidad política.

ENCUESTAS DE OPINION-Antecedentes

ENCUESTAS DE OPINION-Importancia

ENCUESTAS DE OPINION-Incidencia en la opinión del electorado

ENCUESTAS DE OPINION-Concepto/ENCUESTAS DE OPINION-Exigencia de especial regulación por el Estado

Las encuestas son herramientas poderosas al servicio de los intereses electorales que, en virtud de su capacidad de incidencia sobre la opinión del electorado, deben ser objeto de especial regulación por parte del Estado. Tal como se observa, el riesgo de contar con predicciones equívocas, elaboradas a partir de procedimientos antitécnicos o tendenciosos puede contribuir a la manipulación de los resultados de una campaña política y, eventualmente, a tergiversar las condiciones igualitarias en que debe desarrollarse la contienda. Las conclusiones anteriores permiten entender por qué el Estado se encuentra obligado a regular la elaboración y publicación de las encuestas de opinión en el marco de procesos electorales. La dudosa procedencia de encuestas que denotan una mala percepción del electorado respecto de un candidato específico o, en las mismas condiciones, un amplio apoyo a sus propuestas, puede contribuir al enturbiamiento de escenario electoral y a la falsificación de los resultados.

VOTO TACTICO-Concepto

ENCUESTA ELECTORAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Ficha técnica

ENCUESTAS O SONDEOS EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de publicarlos una semana antes de la elección/PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-No aplicación

La Corte coincide con la jurisprudencia constitucional y admite que recortar la posibilidad de publicar encuestas 30 días antes de las elecciones constituye una limitación injustificada del derecho que tiene los electores de enterarse del progreso del debate electoral. No obstante, la norma que en esta oportunidad se somete a estudio de la Corte no restringe la posibilidad de publicar encuestas de opinión dentro de los 30 días anteriores a las encuestas, sino, apenas una semana antes de su celebración. Atendiendo a que la restricción en este caso no es de 30 días, sino de 7, la Corte Constitucional considera que el precedente jurisprudencial no es aplicable, pues evidencia que la restricción al derecho de información no es desproporcionada. Por el contrario, entiende de la disposición se ajusta a la Carta y es proporcionada al fin perseguido, al permitir a los electores contar con una semana de reflexión para definir, sin la presión de los resultados de las encuestas, su preferencia electoral.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-Vigilancia de las personas y entidades encargadas de realizar encuestas y sondeos de opinión

EMPRESAS QUE REALIZAN ENCUESTAS-Obligación de registrarse en el Registro Nacional de Encuestadores

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-Evaluación de la calidad de las preguntas de las encuestas

ENCUESTAS SONDEOS Y PROYECCIONES ELECTORALES-Prohibición de realizarlos o publicarlos el día de las elecciones/DERECHO AL SUFRAGIO-Libre ejercicio

El inciso que prohíbe realizar o publicar encuestas, sondeos o proyecciones electorales el día de las elecciones resulta ajustado a la Carta en cuanto que garantiza el libre ejercicio del sufragio. En el caso del día de las elecciones, resulta indispensable que los electores acudan sin presiones a las urnas, sin proyecciones que pudieran incidir en el desarrollo de las votaciones y sin que las tendencias recogidas con el desenvolvimiento de los comicios afecten su libre capacidad de decisión.

ENCUESTAS POR INTERNET-Procedencia

el P. General solicita a la Corte declarar inexequible el parágrafo 1º del artículo 28 por considerar que la norma introduce un elemento de exclusión al permitir la publicación de encuestas realizadas a través de Internet, a sabiendas de que tal recurso no está a disposición de todos los colombianos. No obstante, a juicio de la Corte, el hecho de que la ley permita la realización de sondeos a través de este medio, que -reconoce- no está al alcance de toda la población, no significa que se prohíba recurrir a otras metodologías que sí permitan medir con mayor amplitud y en otros estratos sociales la intención electoral. La Corte no encuentra que las encuestas realizadas por este medio deban descalificarse -con las advertencias referidas en la norma, que hacen alusión a su falta de precisión- por el hecho de que no toda la población pueda acceder a ese mecanismo. Paradójicamente, quienes sí tienen la posibilidad de manifestar su opinión por esa vía la perderían si la Corte accediera a declarar la inexequibilidad de la norma, con fundamento en la solicitud del Ministerio Público.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ENCUESTAS ELECTORALES-Competencia de la autoridad administrativa para determinar gravedad de falta y sanción imponible

ENCUESTA POLITICA-Concepto

ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL-Concepto

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESION-Convención Americana de Derechos Humanos

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA-Convención Americana de Derechos Humanos

DERECHO DE REPLICA-Finalidad

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Procedencia por afirmaciones del P. o representantes del gobierno que afecten el buen nombre y dignidad de los demás candidatos

La Corte encuentra razonable que se limite el ejercicio del derecho de réplica a aquellas situaciones en las cuales el P. de la República o representantes del gobierno hayan afectado el buen nombre o la dignidad de un candidato, pues de permitir que por todo tipo de afirmaciones adversas a los candidatos se abriera la puerta al espacio cualificado que implica el ejercicio del derecho de réplica se estaría desconociendo la dinámica del ejercicio de la política pues ésta implica la posibilidad de criticar -de manera razonable, es decir, en términos respetuosos de la Carta- el perfil de los demás candidatos.

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Término a partir del cual es exigible

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Competencia del Consejo Nacional Electoral

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Procedimiento/DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Decisión requiere mayoría absoluta/DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Término para resolver

DERECHO DE REPLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Sanción a los medios de comunicación que no permitan el ejercicio

CANDIDATO PRESIDENTE EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de asistir a actos de inauguración de obras públicas/CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Inauguración de obras públicas a nombre del candidato presidente

Asistir a actos de inauguración de obras públicas, es una limitación proporcionada, en cuanto si bien la realización de obras públicas indispensables para el mejoramiento de la infraestructura física del país no puede ser suspendida por el hecho de que el P. esté en campaña, para que no se tome la realización de la obra como consigna personal de la campaña del P. es válido no permitirle asistir a los actos de inauguración que personalizan la obra pública y la desligan del ejercicio corriente de una de las actividades de la administración pública. La Vista Fiscal señala que también se debe prohibir a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones realicen los actos de inauguración que lo hagan a nombre del candidato-presidente o se haga cualquier manifestación alusiva a la campaña. En primer lugar, una prohibición de tal tipo no encuadra dentro del título del artículo en análisis, puesto que éste pretende realizar una enumeración de lo prohibido al presidente-candidato y no a los funcionarios públicos en general. Además, la extralimitación que pretende evitar el P. en el ejercicio de la labor de los funcionarios públicos en general es innecesaria en cuanto el artículo 38 del proyecto de ley, en procura de no hacer de las obras públicas un medio de campaña política, prohíbe a los gobernadores, alcaldes secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, dentro de los cuatro meses previos a la elecciones, inaugurar obras públicas en eventos que participen el candidato a la Presidencia o voceros del candidato.

CANDIDATO PRESIDENTE EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de entregar recursos, bienes estatales, suma del erario público o donaciones de terceros al Gobierno Nacional

LIBERTAD DE EXPRESION DE CANDIDATO PRESIDENTE-Prohibición de referirse a los demás candidatos o movimientos políticos

El numeral 3º, en complemento con el artículo 29, limita legítimamente la libertad de expresión del P. candidato al no permitirle referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus labores como jefe de Estado o de gobierno. No obstante, la Sala encuentra que si bien el P. no abandona la responsabilidad del cumplimiento de sus funciones mientras se encuentra como candidato no es legítimo que se excluya de la prohibición mencionada las referencias de los demás candidatos en situaciones que aborden asuntos de seguridad nacional, o seguridad de los candidatos o sus campañas políticas, soberanía, o emergencia o desastre. Se podría pensar que en este tipo de afirmaciones se desliga la referencia al otro candidato de lo político y se desplaza al estricto cumplimiento de las labores del P. según el artículo 189, numeral 4 constitucional y que, por tanto, con tal permisión no se genera un desequilibrio ventajoso para el candidato presidente derivado del ejercicio del poder. Sin embargo, el grado de indeterminación semántica de expresiones tales como soberanía, seguridad, emergencia o desastres permitiría que el candidato P. o V. haga referencia a los demás candidatos teniendo como sustento casi cualquier supuesto de hecho.

LIBERTAD DE EXPRESION DE CANDIDATO PRESIDENTE-Prohibición de utilizar imágenes, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno

PRESIDENTE CANDIDATO EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de utilizar bienes estatales/VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de utilizar bienes estatales

El artículo 127 constitucional en su último inciso señala ''Durante la campaña, el P. y el V. de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.'' El numeral 5º repite la permisión de utilización de algunos bienes del Estado en ejercicio de campaña por parte del P.. La Corte comparte las preocupaciones de la Defensoría y la Procuraduría General. En efecto, el grado de indeterminación de la expresión propios de sus funciones permite, contrariando el propósito de la presente ley, que el P.-candidato cuente con más medios que los otros candidatos para el desarrollo de su campaña electoral. Así las cosas, el P. sólo podrá usar los bienes propios de sus funciones para actividades oficiales. En esa medida, por ejemplo, no se podrá usar la Casa de Nariño como sede de campaña política, ni emplear el avión presidencial para su desplazamiento cuando éste conlleve el despliegue de la campaña. Declarada la inexequibilidad sobre la expresión los propios de sus funciones y, la norma queda circunscrita a bienes destinados para la seguridad personal del candidato presidente, lo cual es razonable y no genera desequilibrio en relación con los otros candidatos. Ahora bien, la limitación del uso de los bienes propios de sus funciones sólo será aplicable cuando el P. esté actuando como candidato, mas no cuando únicamente esté ejerciendo las funciones constitucionales de P.. Por último, es de precisar que las prohibiciones señaladas para el P. y el V. durante la campaña presidencial serán aplicables desde que éstos manifiesten el interés previsto en el artículo 9º de la presente ley.

CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Monto de la publicidad estatal/PRINCIPIO DE IGUALDAD EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de utilizar publicidad estatal como propaganda política

La Corte encuentra que la garantía de la igualdad no sólo se obtiene con la prohibición de aumento de los recursos destinados a la publicidad del Estado desde que el P. o el V. manifiesten el interés señalado en el artículo 9º, sino que se hace indispensable que la publicidad del Estado no se pueda utilizar, de forma directa o velada, como propaganda política de los candidatos o partidos políticos o movimientos políticos o sociales. En consecuencia, el artículo 31 será declarado exequible, en el entendido que la restricción a que se refiere se hace efectiva para el P. o el V. de la República desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º; salvo la expresión ''más allá del promedio de lo presupuestado para estos mismos efectos en los dos (2) años anteriores, traído a valor presente'', la cual será declarada inexequible. La exequibilidad de la disposición también se condicionará en el sentido que la publicidad del Estado no se podrá usar como propaganda política de los candidatos o partidos políticos o movimientos políticos o sociales.

PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Violación por incluir asunto no relacionado con garantías electorales

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Concurso público de méritos para selección de personal supernumerario

NOMINA ESTATAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Suspensión de vinculaciones durante el período que candidato presidente esté en campaña

La suspensión de las vinculaciones que afecten a la nómina estatal durante el periodo en que el candidato P. puede estar en campaña electoral sí es garantía de una mayor equidad de condiciones entre este candidato y los demás aspirantes a la presidencia de la República, en cuanto a través de esas vinculaciones se pueden buscar favores políticos. Ahora, si bien la limitación garantiza la igualdad de condiciones, también es necesario que tal limitación que pretende la igualdad no termine yendo en detrimento de intereses públicos cuya garantía está en cabeza del ejecutivo, como son los inmersos en las excepciones para la prohibición de contratación. Esta Corporación considera que la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que ''afecte'' la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.

CONTRATACION DIRECTA EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Restricciones

CONTRATACION ESTATAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Restricciones

CONTRATACION ESTATAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Excepciones a las restricciones

CONTRATACION ESTATAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Indeterminación de la expresión ''adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración''

LIBERTAD DE EXPRESION EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Prohibición de realizar imputaciones contra la dignidad y buen nombre de los demás candidatos

El artículo 34 prohíbe a los candidatos o representantes de los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos la realización de imputaciones que afecten la dignidad y el buen nombre de los demás candidatos y prevé que el Consejo Nacional Electoral reglamentará el régimen sancionatorio para quienes desconozcan tal prohibición. La Sala observa que debido a la vaguedad e imprecisión de los conceptos de decencia y decoro, la restricción contenida en el artículo 34 podría llegar a equipararse, como lo indica la Vista Fiscal, a una prohibición de la manifestación de todo tipo de expresiones negativas. En esa medida, la limitación a la libertad de expresión sería desproporcionada y, por tanto, inconstitucional. En consecuencia, el artículo 34 será declarado inexequible.

DERECHO A LA VIDA Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Seguridad de los candidatos/DERECHO A LA VIDA Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Seguridad de aspirantes a candidatos/DERECHO A LA VIDA Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Seguridad de todos los directivos de las campañas

En el artículo 35 se desarrollan medidas para garantizar la seguridad a los candidatos presidenciales. La Sala encuentra totalmente ajustada a la Constitución la disposición señalada, puesto que es un desarrollo del artículo 2º, inciso 2º, constitucional según el cual ''las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida (...)''. De otro lado, la restricción temporal, según la cual sólo se dispondrá de las medidas de seguridad durante el periodo de campaña presidencial, es deficiente, puesto que las personas protegidas por el artículo 35 no sólo están en riesgo en el momento de la campaña, sino desde que anuncian su candidatura. Por ejemplo, piénsese por ejemplo en la situación de los aspirantes para ser candidatos único de partido los cuales pueden estar amenazados por tal intención política. Igualmente, la protección se torna deficiente cuando se limita en su extensión a los directivos de las campañas de carácter nacional. La Sala observa que todos los directivos de las campañas, así éstos sean de carácter regional o local, están sometidos a un mayor riesgo en su actividad política. Por tanto, para garantizarle la efectiva protección de su derecho a la vida es preciso que el Estado les brinde seguridad a éstos.

VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL-Concepto

CARTA DEMOCRATICA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS-Establecimiento de observadores internacionales para la preservación de la democracia

VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL Y CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Existencia de indicios de alteración del orden público o fraude electoral/VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL-Etapas en las que se despliega

La expresión ''cuando existan indicios serios y razonables de riesgo inminente de alteraciones del orden público o fraude el día de los comicios electorales, que puedan comprometer el normal desarrollo de la jornada de votación'', a cuya existencia se condiciona el despliegue de la veeduría, deriva en una protección deficiente. En efecto, el grado de excepcionalidad de la circunstancia que se precisa hace que se tenga a la figura de la veeduría electoral no como parte del fortalecimiento de una democracia en consolidación, para lo cual está desarrollada, sino como última ratio en momentos en los cuales la ayuda que preste tal veeduría puede ser nula. Además, la veeduría electoral no comprende únicamente el día de las votaciones, razón por la cual tener como parámetro para su solicitud el orden público del día preciso de las votaciones desfigura su propósito integral. En efecto, una veeduría internacional se despliega en las etapas pre-comicial, del día de los comicios y post-comicial. En esta medida, la Sala estima preciso retirar del ordenamiento la expresión citada.

VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Legitimación para solicitarla/VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Autorización

La legitimación por activa para pedir al Gobierno Nacional la solicitud de veeduría no respeta la equidad dentro del proceso de elecciones presidenciales. En efecto, al permitírsele a algunos candidatos actuar únicamente a través de la vocería del Consejo Nacional Electoral se le resta fuerza a su titularidad. No es lo mismo que un candidato, por el sólo hecho de no tener representación en el Consejo, pueda acudir de manera directa ante el Gobierno que el hecho de que un aspirante deba depender de la decisión del Consejo, sometida a votaciones mayoritarias, para poder pedir la vigilancia en estudio. En consecuencia, la Corte estima necesario declarar inexequible la expresión ''cuyo partido no esté representado en el Consejo Nacional Electoral.'' Por otro lado, la Corte considera que si bien es válido que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades del P. de dirigir las relaciones internacionales (art. 189, numeral 2 C.P.) sea quien autorice la veeduría, una vez hecha la solicitud ante el Gobierno, éste no puede negarse al despliegue de la veeduría, toda vez que el artículo no establece una facultad discrecional. Sin embargo, el Gobierno sí puede exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano en la realización de ésta.

VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Participación del Gobierno Nacional en la concertación sobre los puestos de votación donde hará presencia

La Sala observa que el inciso segundo del artículo con la expresión el Gobierno Nacional que le permite a éste participar en la concertación de los puestos de votación que tendrán presencia de la veeduría establece un papel decisivo en cabeza del Gobierno generando un desequilibrio a favor del candidato presidente. En efecto, al no dejar de ser el candidato P. parte del Gobierno Nacional, a la hora de determinar los puestos vigilados tendría una doble votación: una a través del partido, movimiento político, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos al cual pertenezca y otra a través de su vocería del Gobierno. En virtud de que la presente ley pretende buscar el equilibrio en la campaña electoral, se hace necesario retirar la expresión citada del ordenamiento.

VEEDURIA INTERNACIONAL DE PROCESO ELECTORAL EN CAMPAÑA PRESIDENCIAL-Obligaciones del Gobierno frente a la seguridad de los veedores

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Antecedentes legislativos

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Prohibición

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Indeterminación de condiciones sobre participación en política de servidores públicos/PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Carácter excepcional

El artículo 37 prevé que excepto los funcionarios de la rama judicial, los órganos electorales, de control y de seguridad, los demás servidores públicos pueden participar en actividades de los partidos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos. Tal participación tiene dos restricciones, a saber, no ostentar representación en órganos de gobierno o administración, ni dignidad o vocería de los partidos, ni recibir remuneración por el desarrollo de sus actividades políticas. En el parágrafo se consagra la excepción a la limitación de participación en cargos directivos para los congresistas, diputados, concejales y ediles. Si bien el artículo 127 constitucional prevé la participación en política de los funcionarios públicos, y el inciso 1º del artículo indica que existe una prohibición general para tal participación y que de permitirse la actuación de los funcionarios estará subordinada a la ley estatutaria, la Sala encuentra que el artículo 37 no es claro ni específico en la determinación de las condiciones de participación. La falta de determinación hace insuficiente la regulación, puesto que no fija límites a una actuación que si bien permitida por la Carta lo es en forma excepcional y no como regla general. Tal apertura de la disposición deriva en la posibilidad de que la participación en política termine yendo en detrimento del desarrollo de la función pública en virtud del olvido de las tareas encomendadas en la ley a los funcionarios en razón de la dedicación a las actividades políticas.

PROHIBICIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Empleados de la Rama Judicial, órganos electorales, de control y de seguridad

PROHIBICIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Carácter enunciativo

PROHIBICIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Favorecimiento por participar en la misma causa o campaña política

El P. estima que el numeral 3º del artículo 38 desconoce la Constitución pues de éste se podría entender que se ''puede favorecer con promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a quienes no figuren como miembros de su partido, movimiento o grupo político''. La Sala observa que tal interpretación obedece a una lectura incompleta de la norma pues dentro del texto de ésta se señala que tales favorecimientos están prohibidos ''a quienes dentro de la entidad a su cargo participen en su misma causa o campaña política''; participar de la misma causa no implica, como lo indica en P., que la persona favorecida deba estar inscrita en el partido de quien favorece. El participar de una causa implica simpatizar con ésta y tal situación se puede presentar fuera del marco de los partidos. Por tanto, para la Corte, la protección a la moralidad administrativa brindada por el supuesto de hecho prohibido en el numeral 3 del artículo 38 es exequible.

PROHIBICIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Despido de empleado de carrera por razones de buen servicio/CARRERA ADMINISTRATIVA-Despido de empleado por razones de buen servicio

Contrario a lo indicado por el P., para la Sala es exequible el numeral 5º del artículo 38. En efecto, desconoce los principios del régimen de carrera administrativa despedir a un funcionario de carrera por razones de buen servicio. Es más, tal situación es tan contraria al régimen de carrera -que consagra causales y procedimientos específicos para el despido del personal que se encuentra en la misma- que respeta plenamente la Constitución y el régimen de carrera el prohibirla. El hecho de que el despido de un funcionario de carrera por razones del buen servicio sea un aspecto que sea inconstitucional de bulto no implica que su prohibición sea inexequible, como insinúa la Vista Fiscal. De otra parte, la Sala comparte con el P. la objeción de la limitación en el tiempo de la prohibición de despido bajo las condiciones señaladas. En efecto, siendo una conducta tan contraria a la Constitución el despedir por motivos de buen servicio a un funcionario de carrera más aún si esto se da por razones políticas, la conducta debe estar prohibida en todo tiempo.

GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Prohibición de participar, promover y destinar recursos públicos para reuniones proselitistas

Pasando a las prohibiciones señaladas en el parágrafo del artículo 38, especialmente la consistente en participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, o de las entidades en las que los G., A., S., Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital participen como miembros de junta directiva para reuniones de carácter proselitista, la Sala encuentra que se presenta una inconstitucionalidad en las disposiciones en lo referente al condicionamiento a que la prohibición se dé cuando en estas reuniones participen candidatos a cargos de elección popular o sus voceros. Si bien se permite constitucionalmente la participación en política de algunos funcionarios públicos tal participación no puede mezclar recursos públicos. La financiación estatal de las campañas está debidamente regulada por otras disposiciones del presente proyecto de ley y por artículos de carácter constitucional y, por tanto, no puede provenir dinero del Estado de fuente y forma diferente a las estrictamente autorizadas en la ley.

PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y PROHIBICIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Inauguración de obras públicas o inicio de programas de carácter social/PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE GARANTIAS ELECTORALES-Inauguración de obras públicas o inicio de programas de carácter social

El inciso segundo según el cual no se podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o D. o los voceros de estos candidatos, pretende no atribuir méritos de la labor de la administración en general a determinado candidato. Es decir, busca no personalizar los logros de la administración, lo cual es desarrollo del principio de moralidad administrativa. Además, el inciso tercero es desarrollo del artículo 13 de la Carta, pues al no personalizarse los logros de la administración no se genera desventaja entre los candidatos a los cuales, con la asistencia a la obra se les estaría atribuyendo tácitamente su realización, y aquellos que no asisten a las inauguraciones de obras. Por tanto, el inciso segundo del parágrafo será declarado exequible.

GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Prohibición de autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles públicos para actividades proselitistas

GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Prohibición de autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles públicos para alojamiento o transporte de electores o voceros de candidatos

GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Prohibición de modificar la nómina de los entes territoriales dentro de los cuatro meses anteriores a la elección/GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS, GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Excepciones a la prohibición de modificar la nómina de los entes territoriales dentro de los cuatro meses anteriores a la elección

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Inscripción como miembro de partido político/PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Indeterminación de la expresión ''o militantes'' referida a la posibilidad de participar en campaña electoral

La Corte no encuentra objeción alguna al hecho de que se permita la inscripción como miembro de partido al servidor público que participa en política, pues la inscripción a un partido es una de las formas mínimas o básicas del ejercicio de los derechos políticos de todo ciudadano y no implica, propiamente, una intervención en política de los funcionarios públicos. No obstante, no sucede igual con la expresión ''o militantes'' contenida en el numeral segundo del artículo 39, puesto que la posibilidad de participar activamente en una campaña electoral, implicada en la acción de militar, es demasiado amplia e indeterminada, más aún cuando no se prevé bajo qué circunstancias de modo, tiempo y lugar puede darse tal militancia.

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Vaguedad al definir participación en simposios, conferencias, foros y congresos organizados por el partido

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Vaguedad al definir participación como miembros de organización de base de los centros de estudios o academias de formación del partido

PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Contribución a fondos de partidos, movimientos o candidatos

CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Remisión al Código Disciplinario Único/CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Término para iniciar investigación

La Corte encuentra que, consagrando el artículo 37 faltas disciplinaria, es totalmente razonable que se remita a la Ley 734 de 2002, que regula la materia, para establecer la sanción correspondiente. No obstante, la Corte juzga que el lapso fijado en el inciso segundo del artículo 40 para iniciar la investigación durante el término de la campaña Presidencial y hasta dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección, no es razonable en la medida en que si bien en lo referente a participación en política de los funcionarios públicos para campaña presidencial se brinda una seguridad jurídica tanto a los funcionarios públicos que ejerzan actividad política, eventuales infractores, como a quienes realicen una veeduría sobre su conducta, por la brevedad del término se estaría permitiendo la impunidad de conductas contrarias al correcto desarrollo de la democracia.

ACTIVIDAD POLITICA DE MIEMBROS DE CORPORACIONES PUBLICAS DE ELECCION POPULAR-Procedencia/PARTICIPACION EN POLITICA DE SERVIDORES PUBLICOS-Prohibiciones a funcionarios de corporaciones públicas

La Sala encuentra que al ser el título del artículo ''actividad política de los miembros de las corporaciones públicas'', al señalar que a los miembros de las corporaciones públicas no se le aplicarán las limitaciones del título III se hace referencia a la forma en que pueden desarrollar tal actividad política. Las prohibiciones del artículo 38 no corresponden a formas de participar en política, puesto que las actividades ahí señaladas son manifestación de actos corruptos no clasificables dentro de la ''participación en política'' y, por tanto, no se trata de limitaciones de las cuales estén excluidos los miembros de corporaciones públicas. Así las cosas, las exclusiones de las limitaciones son plenamente razonables puesto que sería desproporcionado restringir la actuación política de los miembros de corporaciones públicas, cuya labor es principalmente política, a aquellas formas de participación previstas en el artículo 39 del capítulo III de la presente Ley. No obstante, los funcionarios de las corporaciones públicas no desarrollan su labor prioritariamente en el campo político. Por tanto, sería demasiado amplio no limitarle su participación en política a lo señalado en el capítulo III. Además, sería contrario a la igualdad que, sin existir una diferencia lo suficientemente relevante entre estos funcionarios y los demás servidores públicos diferentes a los miembros de las corporaciones, a unos se les permitiera ampliamente participar en política y a otros no.

Referencia: expediente PE-024

Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ''por medio de la cual se reglamenta la elección de P. de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones''.

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D. C., once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados D.M.J.C.E. - quien la preside -, A.B.S., J.A.R., J.C.T., R.E.G., M.G.M.C., H.A.S.P., Á.T.G. y C.I.V.H., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia, en la revisión oficiosa del proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ''por medio de la cual se reglamenta la elección de P. de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.

I. ANTECEDENTES

Mediante oficio del 22 de junio de 2005, el entonces P. del Senado de la República, dr. L.H.G.G., remitió a la Corte Constitucional el texto del Proyecto de Ley N° 216/05 Senado- 235-Cámara, con el fin de que la Corte adelante el estudio oficioso a que hace referencia el artículo 241-8 de la Constitución Política.

II. EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE REVISA

El siguiente es el texto definitivo del proyecto de ley estatutaria, tal como fue conciliado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes y tal como fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 373 de 2005.

por medio de la cual se reglamenta la elección de P. de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

T I T U L O I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene como propósito definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República, o cuando el P. de la República en ejercicio aspire a la reelección, o el V. de la República aspire a la elección presidencial, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente se reglamenta la Participación en política de los servidores públicos y las garantías a la oposición.

Artículo 2º. Campaña presidencial. Se entiende por campaña presidencial el conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener apoyo electoral a favor de alguno de los candidatos de la Presidencia de la República.

La campaña presidencial tendrá una duración de cuatro (4) meses contados con anterioridad a la fecha de las elecciones de la primera vuelta, más el término establecido para la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso.

Artículo 3º. Actividades de la campaña presidencial. Se entiende por actividades de campaña presidencial, la promoción política y la propaganda electoral a favor de un candidato a la Presidencia de la República. La promoción política hace referencia a la divulgación de la propuesta de gobierno o proyecto político del candidato. La propaganda electoral es el conjunto de actividades políticas realizadas con la finalidad directa de convocar a los electores a votar en favor de un candidato.

Artículo 4º. Legislación especial. El P. o el V. de la República que manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos en la elección presidencial, estarán sujetos a las condiciones que para estos efectos consagra la Constitución Política y la presente ley de manera explícita para ellos, en razón a su doble condición de funcionarios públicos y candidatos.

T I T U L O II

REGLAMENTACION ESPECIAL

DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

CAPITULO I

Selección de candidatos

Artículo 5º. Selección de candidatos a la Presidencia por parte de los partidos, movimientos políticos o alianzas. El Consejo Nacional Electoral dispondrá lo pertinente para que todos los partidos, movimientos políticos o alianzas que deseen realizar consultas populares para la escogencia de su candidato, las adelanten en todo el territorio nacional.

El proceso de selección de los candidatos corresponde a la autonomía interna de los partidos y movimientos políticos, quienes podrán decidir en todo momento en su convención, congreso o asamblea general si este proceso se adelanta mediante consulta popular u otro mecanismo democrático de selección interna.

Artículo 6º. Participación del P. y el V. en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos. El P. y el V. de la República cuando aspiren a la elección presidencial, podrán participar en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos.

Cuando el P. o el V., respectivamente, se sometan a consultas populares, asambleas, congresos o convenciones d e partidos o movimientos políticos, podrán realizar proselitismo político para dicha elección durante el (1) mes anterior a la realización del evento, si así lo decide. Durante el período de campaña, el P. o el V., respectivamente, quedará sujeto a las regulaciones que contempla la presente ley para los períodos de campaña presidencial. Los demás candidatos a dicha elección, dispondrán del mismo tiempo para realizar su campaña, de acuerdo con las regulaciones internas de sus partidos.

En cualquier momento, el P. de la República podrá asistir a eventos internos de los partidos o movimientos políticos, o movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, e incluso participar en aquellos eventos en los cuales se decidan las reglas de juego para la selección de candidatos o se adopten decisiones sobre el candidato oficial de dicho partido o movimiento, o se seleccione o elija el mismo.

CAPITULO II

Inscripción de candidaturas

Artículo 7º. Derecho de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán inscribir, individualmente o en alianzas, candidato a la Presidencia de la República. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos, por el respectivo representante legal del partido o movimiento.

Los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho a inscribir candidato a la Presidencia de la República. Para estos efectos, dichos movimientos y grupos acreditarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, un número de firmas equivalente al tres (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República.

Estas firmas deberán acreditarse ante la Registraduría General del Estado Civil por lo menos treinta (30) días antes de iniciar el periodo de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Esta entidad deberá certificar el número de firmas requerido ocho (8) días antes de iniciarse el citado periodo de inscripción de candidatos.

Artículo 8º. Período de inscripción a la Presidencia de la República. La inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial y se podrá adelantar durante los treinta (30) días siguientes.

Las inscripciones podrán modificarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la inscripción.

Parágrafo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentara la materia.

Artículo 9º. Declaración del P. que aspira ser candidato a la elección presidencial. El P. o el V. de la República que aspiren a la elección presidencial, de conformidad con las calidades establecidas en la Constitución Política, deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta. Copia del escrito deberá depositarse en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

CAPITULO III

Acceso a la financiación estatal previa

Artículo 10. Condiciones de ley. Los candidatos inscritos a la Presidencia de la República que cumplan los siguientes requisitos, podrán acceder a financiación estatal previa a la fecha de las elecciones:

  1. Haber sido inscrito por un partido o movimiento político con personería jurídica, o alianza de estos, que hayan obtenido el cuatro por ciento (4%) de los votos de Senado o un porcentaje igual de los votos de la Cámara de Representantes sumados nacionalmente, en la elección al Congreso de la República realizada con anterioridad a la fecha de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. Ello debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral en los ocho (8) días siguientes a la realización de las elecciones para el Congreso, de acuerdo con el conteo de votos realizado el día de elecciones.

  2. Ser inscrito por un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos respaldado por un número de firmas válidas equivalentes al tres por ciento (3%) del número total de votos depositados en las anteriores elecciones a la Presidencia de la República, certificadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

    La financiación estatal de los candidatos que no reúnan estos requisitos, se realizará exclusivamente a través de la reposición de votos.

    Parágrafo. La financiación estatal previa está compuesta por un anticipo del Estado, que comprende una parte para la financiación de la propaganda electoral y otra para la financiación de otros gastos de campaña, tal y como se reglamenta en la presente ley.

    CAPITULO IV

    Financiación de las campañas presidenciales

    financiación estatal

    Artículo 11. Financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales. El Estado financiará preponderantemente las campañas presidenciales de los partidos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a la Presidencia de la República, y reúnan los requisitos de ley.

    1. Los candidatos que reúnan los requisitos de ley para acceder a los beneficios de la financiación estatal previa, tendrán derecho a:

      ? Recibir, en primera vuelta, a título de anticipo aportes estatales igualitarios equivalentes a cuatro mil ochenta millones de pesos ($4.080'000.000). De estos aportes, dos mil ochocientos millones de pesos ($2.800'000.000) serán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.280'000.000) serán para otros gastos de campaña.

      Los recursos para la propaganda política los entregará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las Campañas Presidenciales de los candidatos a los que se refiere el presente literal, en órdenes de servicio pagaderas a la fecha, al igual que los recursos para los otros gastos de campaña, dentro de los diez (10) días siguientes a la certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral que establece el lleno de los requisitos previstos en el artículo anterior y la aceptación de la póliza o garantía correspondiente.

      ? Los candidatos que accedan a la segunda vuelta, si la hubiere, recibirán como anticipo aportes estatales igualitarios, equivalentes a dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($2.450'000.000), los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por ciento (50%) y el saldo en otros gastos de campaña, que se entregarán diez (10) días después del día de las elecciones de primera vuelta.

      ? Recibir vía reposición de votos una suma equivalente al número de votos válidos depositados multiplicado por mil setecientos cinco pesos por voto ($1.705). Ningún candidato podrá recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, menos los aportes del sector privado y el anticipo dado por el Estado, en caso de que hubiera tenido acceso a él. Igualmente, en la segunda vuelta, si la hubiere, los candidatos recibirán una suma equivalente a ochocientos cincuenta y dos pesos ($852) por votos válidos depositados. Tanto en la primera como en la segunda vuelta no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente ley.

      Para tener derecho a la reposición de votos los candidatos deberán obtener en la elección para P. de la República, al menos una votación igual o superior al cuatro por ciento (4%) de los votos válidos depositados. Quien no consiga este porcentaje mínimo, no tendrá derecho a la financiación estatal de la campaña por el sistema de reposición de votos, y deberá devolver el monto de la financiación estatal previa en su totalidad. Estos montos de recursos, será asegurado mediante póliza o garantía a favor del Estado, expedida por una entidad financiera privada, o en su defecto el partido que avale al candidato podrá pignorar los recursos ciertos para la financiación que le corresponda en los años subsiguientes, como garantía por el monto recibido, siempre y cuando con ellas cancele las obligaciones contraídas. En el caso de que el candidato haya sido inscrito por movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, la garantía o póliza deberá ser respalda por los promotores del grupo hasta por el monto que se deba devolver.

      En caso de que el candidato no obtenga el porcentaje de votos válidos aquí establecido y deba hacerse efectiva la póliza o garantía, el Estado a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil, repetirá contra el partido o movimiento político que avaló el candidato, contra el candidato, contra el tesorero, el gerente de campaña y los integrantes del comité financiero de la campaña presidencial, quienes se inscribirán como tales al momento de la inscripción del gerente de campaña; todos ellos serán deudores solidarios del monto de financiación estatal entregado a la campaña;

    2. La financiación de las campañas de los candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo diez (10) de esta ley para acceder a la financiación estatal previa de las campañas presidenciales, se regirá por las siguientes reglas:

  3. El Estado, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, financiará vía reposición de votos los gastos de campaña, en caso de que obtenga al menos el cuatro por ciento (4%) de los votos válidos depositados.

  4. El valor de la reposición por voto válido será de tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($3.478).

  5. Los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidato a la Presidencia de la República, y en cuya votación no logren por lo menos el cuatro por ciento (4%) del total de los votos válidos, no tendrán derecho a la reposición de gastos de campaña por voto.

    Parágrafo 1º. Los candidatos que reúnan los requisitos de ley para acceder a los beneficios de la financiación estatal previa, también podrán solicitar un monto adicional al anticipo de hasta el diez por ciento (10%) del tope establecido para la campaña presidencial, para utilizarlos en propaganda electoral en radio, prensa escrita o televisión, los cuales estarán garantizados a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regulados bajo los mismos parámetros establecidos para el anticipo destinado a otros gastos de campaña.

    Parágrafo 2º. El candidato presidencial que haya accedido a la financiación estatal previa y retire su nombre o desista de su candidatura antes de las elecciones en primera vuelta, deberá devolver la totalidad de los recursos recibidos de parte del Estado, dentro de los quince (15) días siguientes a su retiro. De no ser así, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil, procederán judicialmente contra el candidato, su campaña presidencial, el Gerente de su campaña, los integrantes del Comité Financiero de su campaña y los Partidos o Movimientos Políticos que lo hayan inscrito.

    Artículo 12. Topes de campaña. El tope de gastos de las campañas presidenciales del año 2006 será de diez mil millones de pesos ($10.000'000.000) para la primera vuelta. Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de seis mil millones de pesos ($6.000'000.000). El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

    Los candidatos que no cumplan con los requisitos para acceder a la financiación estatal previa de la campaña presidencial y que no alcancen el número de votos necesarios para acceder a la reposición de votos por parte del Estado, financiarán sus campañas en un ciento por ciento (100%) con aportes o donaciones de particulares.

    Artículo 13. Los valores señalados en pesos en la presente ley, se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

    Artículo 14. Monto máximo de las contribuciones o donaciones por parte de particulares. El veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales podrá ser financiado por personas naturales o jurídicas de derecho privado; sin embargo, las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el dos por ciento (2%) del monto fijado como tope de la campaña, ni de personas jurídicas sino hasta el cuatro por ciento (4%) del mismo tope. Las contribuciones y donaciones de personas jurídicas pertenecientes a un mismo grupo empresarial, no podrán superar en conjunto el cinco por ciento (5%) del monto fijado como tope.

    La Superintendencia de Sociedades expedirá el documento público en el que se relacione qué personas jurídicas constituyen un grupo empresarial.

    Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro por ciento (4%) del monto fijado como tope por el Consejo Nacional Electoral.

    Artículo 15. Manejo de los recursos de las campañas presidenciales. Los recursos de las campañas presidenciales se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de los aportes y donaciones, y gastos de reposición del Estado, como para los gastos de la misma campaña presidencial. Esta estará exenta del impuesto a las transacciones bancarias. La Superintendencia Bancaria establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice la transparencia de los movimientos de dichas cuenta s.

    Parágrafo. Las campañas presidenciales podrán acordar con la entidad financiera que seleccionen para abrir la citada cuenta, la apertura de las subcuentas que consideren necesarias para organizar la distribución o gasto de los recursos en las distintas áreas de trabajo en las que esté organizada la campaña presidencial.

    Artículo 16. Gerente de campaña. El candidato presidencial deberá designar un gerente de campaña, encargado de administrar todos los recursos de la campaña. El gerente de campaña será el responsable de todas las actividades propias de la financiación de la campaña política, y los gastos de la misma. El gerente de campaña deberá ser designado dentro de los tres (3) días siguientes a la inscripción de la candidatura presidencial, mediante declaración juramentada del candidato, que deberá registrarse en el mismo término ante el Consejo Nacional Electoral.

    El gerente de campaña será el representante oficial de la campaña presidencial ante el Consejo Nacional Electoral para todos los efectos relacionados con la financiación de la campaña política y la posterior presentación de informes, cuentas y reposición de los gastos de la campaña. El gerente podrá designar unos subgerentes en cada departamento o municipio, según lo considere. Estos serán sus delegados para la respectiva entidad territorial. Ningún servidor público o ciudadano extranjero podrá ser designado como gerente de campaña.

    Artículo 17. Libros de contabilidad y soportes. Los responsables de la rendición de cuentas de la respectiva campaña deberán llevar el libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar, los cuales serán registrados ante la Organización Electoral al momento de la inscripción de los candidatos. Igualmente llevarán una lista de las contribuciones, donaciones y créditos, con la identificación, dirección y teléfono, de las personas naturales o jurídicas que realizaron la contribución o donación, en las actas en que se aprobó el aporte cuando se trate de personas jurídicas.

    Esta documentación podrá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas.

    Artículo 18. Sistema de Auditoría. Con el objeto de garantizar el adecuado control interno en el manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial, los partidos, movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos, crearán y acreditarán ante el Consejo Nacional Electoral un sistema de auditoría interna como condición para iniciar la recepción de los aportes y contribuciones de los particulares y/o de recibir los recursos de financiación estatal.

    El auditor será solidariamente responsable del manejo que se haga de los ingresos y gastos de la campaña, así como de los recursos de financiación estatal, si no informa al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se cometan.

    El Consejo Nacional Electoral, por conducto del Fondo de Financiación de partidos y campañas electorales, tendrá a su cargo la realización de la auditoría externa sobre los recursos de financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas electorales, de que trata el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

    Dicho sistema deberá garantizar una cobertura nacional y será contratado con cargo al porcentaje del monto global de las apropiaciones presupuestales destinadas a la financiación estatal, que fije el Consejo Nacional Electoral. El valor del contrato se determinará hasta por una suma máxima equivalente a dicho porcentaje y el pago se hará con base en las cuentas o informes efectivamente auditados. El objeto del contrato deberá comenzar a ejecutarse desde el inicio de la campaña electoral, conforme al término definido en esta ley.

    El sistema de auditoría externa será reglamentado por el Consejo Nacional Electoral.

    Artículo 19. Responsables de la rendición de cuentas. El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas, responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero o el auditor de las campañas será informada a la autoridad electoral.

    Artículo 20. Reglamentación. El Consejo Nacional Electoral reglamentará lo referente al sistema único de información sobre contabilidad electoral, presentación de cuentas, periodo de evaluación de informes, contenido de informes, publicidad de los informes, sistema de auditoría y revisoría fiscal.

    Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:

  6. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.

  7. Congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña.

  8. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.

  9. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

    Parágrafo. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial.

    CAPITULO V

    Acceso a medios de comunicación social

    Artículo 22. Acceso equitativo a espacios en los medios de comunicación social que usan el espectro electromagnético. En el período comprendido entre los sesenta (60) días anteriores a la elección presidencial y ocho (8) días antes a la misma, el Estado hará uso Durante un (1) mes del Espectro Electromagnético destinado a los concesionarios y operadores privados de radio y televisión en un espacio diario de dos (2) minutos en televisión en horario "triple A" y cuatro (4) minutos diarios en radio en el horario de mayor audiencia, para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno. El Consejo Nacional Electoral determinará por sorteo la distribución de estos espacios entre los distintos candidatos, durante los días hábiles de la semana. Estos programas se emitirán hasta ocho días antes de la fecha de votación.

    Los costos de producción de estos programas, serán asumidos respectivamente por cada una de las campañas presidenciales.

    Parágrafo. En el caso del servicio de televisión, la Comisión Nacional de Televisión reservará dichos espacios, previo concepto del Consejo Nacional Electoral. En el caso del servicio de radiodifusión, dicha reserva deberá ser hecha por el Ministerio de Comunicaciones, en los mismos términos.

    Artículo 23. Acceso al Canal Institucional y la Radiodifusora Nacional. Durante el período de campaña presidencial, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, mantendrán el acceso a los medios de comunicación social en los términos de la ley de partidos y movimientos políticos. Tendrán los mismos derechos de estos, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República en los términos de la presente ley.

    Además de los programas de televisión del Canal Institucional previstos en la ley, durante la campaña presidencial los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República, tendrán derecho a:

  10. Realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial.

  11. Realizar una intervención de hasta cinco (5) minutos por parte de cada candidato, dentro de la semana siguiente al inicio de la campaña presidencial, con el fin de presentar su programa de gobierno a los ciudadanos. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

  12. Realizar una intervención de hasta diez (10) minutos por parte de cada candidato presidencial, ocho (8) días antes de las elecciones a la Presidencia de la República, con el fin de presentar a los ciudadanos sus palabras de cierre de campaña. Estas transmisiones se realizarán en enlace nacional de todos los canales de televisión y estaciones de radio, estatales.

    El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con sus competencias, reglamentará la materia dentro de los tres (3) días siguientes al cierre de la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República.

    Artículo 24. Propaganda electoral. Cada una de las campañas presidenciales que cumplan las condiciones de ley para acceder a la financiación estatal previa, podrá contratar sólo durante los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial en primera vuelta, y durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los concesionarios y operadores privados de televisión, espacios para divulgar propaganda electoral de las respectivas campañas.

    Las campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial.

    Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea pautar, teniendo como límite los topes establecidos en la presente Ley. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público regulará la manera como se emitirá el pago de la respectiva propaganda electoral de cada campaña, según los términos establecidos en la presente ley.

    Las propagandas no podrán contener mensajes alusivos a otros candidatos, ni a los distintivos y lemas de sus campañas. Tampoco podrán utilizar los símbolos patrios, ni contener mensajes negativos frente a los demás candidatos o sus campañas.

    El Consejo Nacional Electoral velará por el cumplimiento de esta prohibición y ordenará la suspensión de la emisión de la propaganda electoral que infrinja esta disposición, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la emisión de la publicidad.

    Los candidatos que no cumplan los requisitos de financiación estatal previa establecidos en la presente ley, podrán contratar directamente a cargo de su campaña presidencial, propaganda electoral con televisión sólo durante el mismo período de tiempo.

    Las empresas que prestan el servicio de televisión por suscripción tienen prohibida la transmisión o divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial en Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros.

    Los concesionarios y operadores privados de radio y televisión están en la obligación de emitir propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la efectivamente cobrada por estos mismos espacios durante el año anterior.

    Parágrafo. También podrá transmitirse divulgación política o propaganda electoral a través del servicio de televisión y radio difusión comunitaria.

    Artículo 25. Garantía de equilibrio informativo entre las campañas presidenciales. Los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral. Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Consejo Nacional Electoral de los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se les otorgaron a las actividades de campaña presidencial de cada candidato. El Consejo Nacional Electoral publicará dicha información y verificará que la presencia de los candidatos en dichas emisiones o publicaciones sea equitativa.

    Si de estos informes el Consejo Nacional Electoral deduce que no se ha dado un trato equitativo en la información de las actividades políticas de los candidatos presidenciales, la entidad solicitará al respectivo medio de comunicación social que establezca el equilibrio informativo, y podrá acordar con el respectivo medio y la Comisión Nacional de Televisión, o el Ministerio de Comunicaciones, según sea el caso, las medidas que se requieran dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes.

    Las campañas presidenciales suministrarán diariamente material audiovisual y escrito suficiente sobre las actividades políticas de sus candidatos a los medios de comunicación social, quienes seleccionarán libremente los aspectos que consideren valiosos para la información noticiosa.

    Artículo 26. Prohibiciones para todos los candidatos a la Presidencia de la República. Ningún candidato, a título personal directa o indirectamente, desde el momento de su inscripción, podrá contratar, alquilar, producir y/o dirigir programas de género periodístico en medios de comunicación social.

    Artículo 27. Regulaciones a las transmisiones presidenciales en el Canal Institucional. Cuando el P. de la República se haya inscrito como candidato a la elección presidencial, no podrán ser transmitidas por el Canal Institucional del Estado las reuniones con comunidades para promover la gestión del gobierno en la solución de los problemas que las aquejan. Se exceptúan los casos en los que las reuniones desarrollan temas relacionados con seguridad nacional, soberanía, orden público o desastres naturales.

    Artículo 28. De las encuestas electorales. Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida por cualquier medio de comunicación, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado. Sólo podrán divulgarse encuestas representativas estadísticamente, en las cuales los entrevistados sean seleccionados probabilísticamente.

    Se prohíbe la realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a la Presidencia de la República en los medios de comunicación social nacional. También queda prohibida la divulgación en cualquier medio de comunicación de encuestas o sondeos, durante el mismo término, que difundan los medios de comunicación social internacionales.

    El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o personas que realicen esta actividad cuando se trate de encuestas políticas, electorales o sondeos de opinión, para asegurar que las preguntas al público no sean formuladas de manera que induzcan una respuesta determinada y que las encuestas reúnan las condiciones técnicas señaladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

    Las empresas que contemplen dentro de su objeto la realización de encuestas políticas o electorales, deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Encuestadores que para este efecto llevará el Consejo Nacional Electoral cuando estén destinadas a ser publicadas.

    En ningún caso se podrán realizar o publicar encuestas, sondeos o proyecciones electorales el día de los comicios.

    Parágrafo 1º. Cuando un medio de comunicación realice sondeos de opinión o consultas abiertas para que los ciudadanos expresen opiniones sobre preferencias electorales por medio de Internet o de llamadas telefónicas, en las que no existe un diseño técnico de muestra ni es posible calcular un margen de error, el medio deberá informar claramente a sus receptores la naturaleza y alcance de la consulta y advertir que no se trata de una encuesta técnicamente diseñada.

    Parágrafo 2º. La infracción a las disposiciones de este artículo será sancionada por el Consejo Nacional Electoral, con multa de quince (15) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la gravedad de la falta, impuesta tanto al medio de comunicación como a quien encomendó o financió la realización de la encuesta. El monto de la multa se depositará en el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

    Parágrafo 3º. Se entiende que una encuesta tiene carácter político cuando verse sobre asuntos relacionados con el Estado o con el poder político. Una encuesta o sondeo de opinión tiene carácter electoral cuando se refiere a preferencias electorales de los ciudadanos, intenciones de voto, opiniones sobre los candidatos, las organizaciones políticas o programas de gobierno. También, en época electoral, las que versen sobre cualquier otro tema o circunstancia que pueda tener incidencia sobre el desarrollo de la contienda electoral.

    CAPITULO VI

    Derecho de Réplica

    Artículo 29. Derecho de Réplica. Durante el período de campaña presidencial, cuando el P. de la República o representantes del gobierno nacional, en uso de sus facultades realicen afirmaciones en medios de comunicación social del Estado, o que utilicen el espectro electromagnético, que atenten contra el buen nombre y la dignidad de los candidatos presidenciales, partidos o movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidato a la presidencia, siempre y cuando el medio de comunicación no haya dado al afectado la oportunidad de controvertir tales afirmaciones, el afectado podrá solicitar ante el Consejo Nacional Electoral el derecho a la réplica, quien resolverá la petición dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Para estos efectos el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar al medio de comunicación las pruebas correspondientes y atender los principios del derecho de defensa y el debido proceso.

    En caso de ser concedida la réplica, el Consejo Nacional Electoral dispondrá que la misma se realice de manera oportuna, por lo menos en un tiempo y área de cubrimiento similar al que suscitó su ejercicio, en un medio de comunicación social que garantice su amplia difusión.

    Parágrafo. El medio de comunicación social del Estado, o que utilicen el espectro electromagnético que incumpla la presente disposición, estará sujeto a la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, por parte del organismo competente, respetando las normas del debido proceso.

    CAPITULO VII

    Regulaciones especiales durante la campaña presidencial

    Artículo 30. Prohibiciones al P. durante la campaña presidencial. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, el candidato que ejerce la Presidencia o la Vicepresidencia de la República no podrá:

  13. Asistir a actos de inauguración de obras públicas.

  14. Entregar personalmente recursos o bienes estatales, o cualquier otra suma de dinero proveniente del erario público o producto de donaciones de terceros al Gobierno Nacional.

  15. Referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como Jefe de Estado o de gobierno, excepto en situaciones que hagan referencia a asuntos de seguridad nacional, seguridad de los candidatos o sus campañas políticas, soberanía, emergencias o desastres.

  16. Utilizar o incluir la imagen, símbolos o consignas de su campaña presidencial en la publicidad del gobierno.

  17. Utilizar bienes del Estado, diferentes a los propios de sus funciones y aquellos destinados a su seguridad personal, en actividades de su campaña presidencial.

    Artículo 31. Monto de la publicidad estatal. Durante la campaña presidencial, no se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado, más allá del promedio de lo presupuestado para estos mismos efectos en los dos (2) años anteriores, traído a valor presente.

    Articulo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente.

    Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la organización electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos.

    Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, adoptará el procedimiento descrito en el parágrafo que antecede, durante la realización del censo poblacional, para efectos del personal supernumerario que se contrate para estos efectos.

    Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.

    Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.

    CAPITULO VIII

    Disposiciones varias

    Artículo 34. Decencia y decoro de los candidatos. Durante la campaña presidencial, ningún candidato o representante de los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, podrán hacer imputaciones que afecten la dignidad y el buen nombre de los demás candidatos que intervengan en la misma. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el régimen sancionatorio para quienes violen estos preceptos.

    Artículo 35. Seguridad a los candidatos presidenciales. Durante el período de campaña presidencial, el gobierno nacional dispondrá lo pertinente para que a través de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, se estructuren programas de protección y seguridad para los candidatos a la Presidencia de la República y los directivos nacionales de las campañas, si fuere el caso. Estos esquemas de protección los establecerán la Policía Nacional y el DAS, conjuntamente, con el pleno apoyo que sea requerido de las Fuerzas Militares, de conformidad con los estudios de nivel de riesgo que realicen. Semanalmente la Policía Nacional y el DAS, programarán la seguridad de los candidatos conjuntamente con las campañas, de acuerdo con la programación de recorridos y visitas que estas le anuncien.

    El Ministerio del Interior y de Justicia, coordinará la implementación de estos esquemas, para lo que establecerá un mecanismo de enlace permanente con cada una de las campañas presidenciales, y recibirá los reportes de protección de los organismos de seguridad del Estado.

    Artículo 36. Condiciones especiales. Cuando existan indicios serios y razonables de riesgo inminente de alteraciones del orden público o fraude el día de los comicios electorales, que puedan comprometer el normal desarrollo de la jornada de votación, el Gobierno Nacional por iniciativa propia o a petición del Consejo Nacional Electoral o de un candidato inscrito a la Presidencia de la República cuyo partido no esté representado en el Consejo Nacional Electoral, solicitará la presencia de una veeduría internacional que acompañe el proceso de elección en dichos puestos de votación, por lo menos quince (15) días antes de la fecha de los comicios.

    Los puestos de votación que tendrán presencia de la veeduría internacional, serán concertados por el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional Electoral y los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales, y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidato a la Presidencia de la República.

    T I T U L O III

    PARTICIPACION EN POLITICA

    DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

    Artículo 37. Intervención en política de los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, los demás servidores públicos autorizados por la Constitución podrán participar en las actividades de los partidos o movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, sin ostentar en ellos representación alguna en sus órganos de gobierno o administración, ni dignidad en los mismos o vocería, según los términos establecidos por la presente ley. No podrán recibir remuneración alguna por el desarrollo de sus actividades políticas, mientras se desempeñen como servidores del Estado.

    Parágrafo. Quedan exceptuados de las limitaciones establecidas en el presente artículo, los Congresistas, Diputados, C. y Ediles, así como los funcionarios de las respectivas corporaciones, en los términos y de conformidad con la legislación que los rige.

    Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido:

  18. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

  19. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.

  20. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

  21. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

  22. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera por razones políticas, durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones.

    La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.

    Parágrafo. Los G., A. Municipales y/o D., S., Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

    Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o D.. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

    No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participe n voceros de los candidatos.

    La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.

    Artículo 39. Se permite a los servidores públicos. Los servidores públicos, en su respectiva jurisdicción, podrán:

  23. Participar en simposios, conferencias, foros, congresos que organicen sus partidos.

  24. Inscribirse como miembros o militantes de sus partidos.

  25. Formar parte como miembros permanentes de la organización de base de los centros de estudio o academias de formación de los partidos, sin ostentar cargo de dirección o dignidad en la respectiva organización.

  26. Contribuir a los fondos de sus partidos, movimientos y/o candidatos, pero en ningún caso podrán autorizar libranzas a cargo de su remuneración como servidores públicos.

    Artículo 40. Sanciones. Incumplir con las disposiciones consagradas en este capítulo, será sancionable gradualmente de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 y según la gravedad del hecho.

    La investigación de los hechos podrá iniciarse, durante el término de la campaña presidencial y hasta dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección.

    Artículo 41. Actividad política de los miembros de las corporaciones públicas. No se aplicará a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular ni a los funcionarios de las mismas, las limitaciones contenidas en las disposiciones de este título.

    Artículo 42. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

    C.H.S., J.R.T., Senadores de la República; E.E.M., C.N.M., Representantes a la Cámara.

III.- INTERVENCIONES

Viceministerio del Interior

El ciudadano L.H.A.F., actuando en tal calidad y como viceministro del Interior señala que la ley fue expedida dentro del término señalado en el Acto Legislativo 02 de 2004, porque el límite de antes del 20 de junio de 2005 significa que la ley sólo podía ser expedida dentro del periodo ordinario comprendido entre el 16 de marzo y el 20 de junio y la fecha señalada en el Acto Legislativo no da lugar a precluir la facultad general del Congreso de hacer las leyes. Al observar los antecedentes del acto legislativo se tiene que la intención del constituyente derivado no fue limitar al Congreso en su competencia genérica de expedición de las leyes. Además, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-347/97 consideró que el incumplimiento del término no constituye vicio que genere inexequibilidad, puesto que el plazo fue fijado para obtener un trámite expedito y no para fijar términos preclusivos para hacer algo para lo que, posteriormente, el Congreso no tuviera competencia.

Si bien el Viceministerio considera que el proyecto de ley es exequible en términos generales, se considera oportuno resaltar el análisis de los siguientes artículos:

En relación con el artículo 6 que autoriza la participación de P. y V. en los mecanismos de selección de candidatos o partidos o movimientos políticos y la participación en los eventos en los que se decidan las reglas del juego para la selección de candidato o se adopten decisiones sobre el candidato oficial del partido, estima el Viceministerio que las atribuciones se ajustan a los artículos 107 y 127 constitucionales que prevén que la posibilidad de reelección inmediata no excluye la participación de los partidos y movimientos políticos en la definición del gobernante en ejercicio como candidato a la Presidencia para los siguientes comicios, ''por lo cual protegen el derecho de éste al definir los términos y condiciones con los cuales, antes de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial el P. o el V. podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.''

En cuanto al anticipo para la financiación de campañas consagrado en el artículo 11 señala el Viceministerio que la colaboración estatal en la financiación de campañas electorales es garantía de transparencia en el proceso y el mecanismo desarrollado en la ley para la reposición de los anticipos implica un manejo responsable de éstos. El anticipo será descontable de la suma a ser cancelada por la reposición de votos, constituyéndose en una especie de préstamo para el candidato que se devolverá con reposición de votos o con la devolución del dinero que haga el candidato cuando los resultados de las elecciones no le permitan acceder a la financiación estatal. Al ser así es el valor de los votos repuestos el que finalmente termina definiendo el monto de la colaboración estatal.

Con relación a los artículos 22 a 28 que regulan el acceso a medios de comunicación social señala el Viceministerio que la regulación respeta los términos del artículo 109 constitucional.

En cuanto al derecho de réplica, regulado en el artículo 29, señala que se debe resaltar el diálogo político que permite y la brevedad del término otorgado al Consejo Nacional Electoral para resolver la solicitud de réplica.

Para demostrar la constitucionalidad de los términos en que se desarrolla la participación en política de los servidores públicos, indica el Viceministerio que respeta los considerandos de la sentencia T-438/92 que abordó la materia.

Defensoría del Pueblo

K.I.K.S., como ciudadana colombiana y Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, intervino para cuestionar la constitucionalidad de los siguientes artículos:

  1. Artículo 6º en los siguientes apartes: ''El P. y V. de la República cuando aspiren a la elección presidencial, podrán participar en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos. (...) En cualquier momento, el P. de la República podrá asistir a eventos internos de los partidos o movimientos políticos, o movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, e incluso participar en aquellos eventos en los cuales se decidan las reglas de juego para la selección de candidatos o se adopten decisiones sobre el candidato oficial de dicho partido o movimiento, o se seleccione o elija el mismo''. Para la Defensoría, la facultad de participar en los mecanismos de selección de candidatos corresponde a una intromisión indebida en los asuntos internos de los partidos políticos. La intervención del P. quien detenta la suprema autoridad administrativa, tanto en la elección de candidatos como en la determinación de las reglas del juego para la selección de los mismos distorsiona el derecho de los ciudadanos de constituir partidos políticos sin limitación alguna (artículo 40, numeral 3, C.P.). De otra parte, en virtud de que según el artículo 107 C.P. los partidos ''podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos'' no es posible que esa autodeterminación estatutaria se vea disminuida con la participación del P. en la fijación de las reglas, con excepción de las de su propio partido o grupos de partidos que respaldan su aspiración. Además, el inciso 3º del artículo 6 es desproporcionado en cuanto no restringe en el tiempo la facultad de intervención presidencial (por ejemplo para los cuatro meses previos a la primera votación). Por otra parte, tal facultad de intervención presidencial puede llegar a desvirtuar el derecho a la oposición consagrado en el artículo 112 constitucional puesto que la norma no hace distinciones en relación con los partidos en cuya regulación puede intervenir el presidente por tanto ''adoptada esta premisa como base interpretativa [estima la Defensoría] se llega sin dificultad a la conclusión de que el primer mandatario como candidato puede intervenir en los espacios y procedimientos de decisión de los partidos políticos en general, incluidos aquellos que ejercen la oposición, con lo cual se desvirtúa de plano el derecho a ejercerla que garantiza la Constitución, en los términos del artículo 112''.

Los incisos mencionados, además, desconocen el literal f) del artículo 152 de la Constitución, puesto que en éste se señaló que la ley de garantías electorales debería buscar ''la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República'' y, según el análisis realizado, con las facultades de intervención del P. dentro del juego de los partidos políticos, tal igualdad no se logra, antes más, la desigualdad natural que se presenta por el hecho de que uno de los candidatos sea presidente en el momento de la contienda electoral se agrava. Al concedérsele garantías adicionales al P., en detrimento de la buscada igualdad, el legislador se extralimitó en sus facultades.

De otra parte, la Defensoría considera que el artículo 27, en el aparte que se subraya, desconoce la Constitución: ''cuando el P. de la República se haya inscrito como candidato a la elección presidencial, no podrán ser trasmitidas por el canal institucional del Estado las reuniones con comunidades para promover la gestión del gobierno en la solución de los problemas que las aquejan. Se exceptúan los casos en los que las reuniones desarrollan temas relacionados con seguridad nacional, soberanía, orden público o desastres naturales''.

Estima la Defensoría que en virtud de que la transmisión de lo que se ha conocido como consejos comunitarios implica una exposición pública y masiva de la imagen del P., el permitir que así sea en caso de temas relacionados con seguridad nacional se sigan transmitiendo tales reuniones cuando el presidente además de tal calidad reúne la de candidato presidencial constituye una franca desventaja frente al resto de aspirantes. El permitir al P. hacer uso de los medios de comunicación de manera discrecional implica ''competencia desleal''. Lo anterior se agrava teniendo en cuenta que los temas de seguridad nacional son cotidianos en Colombia; de esta manera, la excepción se convierte en regla. Además, aclara la Defensoría, los temas sobre los cuales se establece la excepción no deben tener tratamiento en el escenario de los consejos comunitarios, sino en las más altas esferas de la política pública, particularmente del Gobierno (artículo 189 numerales 6, 7, 4, 2 y 3). En ese marco de cosas, el aparte cuestionado, para la Defensoría, viola claramente el artículo 13 constitucional. Como no es posible que los demás candidatos cuenten con el mismo tipo de escenarios para discutir temas de seguridad nacional, la disposición debe ser declarada inexequible. A la vulneración del artículo 13 se añade el desconocimiento del inciso 4º del artículo 127 constitucional según el cual ''durante la campaña, el P. y el V. de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la ley estatutaria'' Al ser los medios de comunicación social del Estado un bien público que no corresponden al ejercicio de las competencias de todo presidente, sino a una figura creada por el actual mandatario se contraviene la norma constitucional transcrita.

Por otro lado, la Defensoría solicita se declare la inexequibilidad del siguiente aparte del artículo 28 del proyecto de ley: ''(...) se prohíbe la realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a la Presidencia de la República en los medios de comunicación social nacional. (...)'' Para la Defensoría, el término nacional resulta ambiguo y contradictorio. Ambigüedad que radica en el hecho de que ''los medios de alcance nacional tienen por lo general filiales o convenios con medios del nivel regional y territorial e incluso comunitario y el límite para la divulgación de encuestas resulta impreciso, toda vez que no está claro cuando el medio en cuestión se define como nacional o como regional.'' Por la imprecisión se genera la ineficacia de la norma -sumando las partes regionales se podrá difundir a nivel nacional la encuesta-. Al ser ineficaz la norma, se puede llegar a afectar la libertad del votante, puesto que se va a ver sometido a la transmisión de encuestas que determinan veladamente su decisión a través de la saturación de información. Con la afectación de la libertad, se desconoce el artículo 258 de la Carta. Por otro lado, el aparte cuestionado desconoce el derecho a la información del lector, puesto que es un hecho que los medios de comunicación están movidos por intereses y con base en éstos determinan la información que hacen pública, información que, por tanto, está distorsionada. Además, se desconoce el derecho a la igualdad de los medios nacionales a los cuales no se les permite la transmisión de encuestas.

La Defensoría considera que se presenta una omisión legislativa inconstitucional en el numeral 5 del artículo 30, puesto que si bien el último inciso del artículo 1º del Acto Legislativo No 2 de 2004 señala que la ley estatutaria debe señalar los términos en que P. y V. candidatos pueden usar los bienes del Estado o los recursos del Tesoro Público cuando éstos se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos en el único artículo que hace referencia al tema de la prohibición de uso de los recursos públicos por parte del P. es el artículo 30, que lo único que hace es repetir literalmente, en el numeral quinto, la fórmula contenida en el Acto Legislativo, la cual, por mandato del acto legislativo debía ser desarrollada en la Ley Estatutaria, no desarrolla de manera completa cómo se debe entender la financiación preponderantemente estatal de las campañas -bien ofrecido en igualdad de condiciones a todos los candidatos- en lo relativo al uso de los medios de transporte cuando el desplazamiento para el cumplimiento de sus funciones coincida con el lugar del desarrollo de la campaña. Señala la Defensoría que ''es evidente que el P. de la República, lo mismo que su V., tienen a su disposición, para el ejercicio de sus funciones, vehículos de transporte aéreo y terrestre, y recursos públicos para cubrir todos los gastos relacionados con sus desplazamientos dentro y fuera del territorio nacional. Esta circunstancia, de entrada, y de no ser objeto de regulación, genera una gran distorsión en materia de igualdad de condiciones ofrecidas a todos los candidatos y candidatas. ¿Qué se prevé cuando el P. de la República realice desplazamientos a diferentes lugares del territorio nacional en ejercicio de sus funciones, a lugares donde coincida la realización de actos de campaña? ¿Están autorizados el P. y el V. candidatos, para hacer coincidir sus agendas públicas y sus agendas como candidatos, cuando en desarrollo de sus funciones se desplacen a lugares situados fuera de la sede ordinaria de sus labores? La ley no aporta ningún criterio al respecto y con este criterio se introduce una seria desproporción entre los candidatos a la elección presidencial.'' Frente a la omisión legislativa existente, en criterio de la Defensoría, esta entidad solicita se incluya dentro del numeral 5 del artículo 30 la prohibición de utilizar los recursos de transporte y viáticos previstos para el desarrollo de sus funciones públicas en actividades proselitistas de la campaña presidencial, so pena de vulnerar el mandato del Acto Legislativo No 2, artículo 1º, y el derecho a la igualdad de los demás candidatos.

En lo relativo a la prohibición para los servidores públicos señaladas en los artículos 38 y 41 la Defensoría considera se deben declarar inexequibles los siguientes apartes: ''artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido: (...)''

Con la redacción de la disposición en los apartes subrayados, a los funcionarios exceptuados les estaría permitido acosar o presionar a subalternos para que respalden alguna causa política, difundir propaganda electoral, o favorecer con promociones bonificaciones o ascensos indebidos a quienes participan en su misma campaña política, lo cual es una hipótesis inadmisible. De otro lado, con el artículo 41 según el cual ''no se aplicará a los miembros de las corporaciones públicas de elección popular ni a los funcionarios de las mismas, las limitaciones contenidas en las disposiciones de este título'' se permitiría a tales personas incurrir en las conductas prohibidas en el artículo 38, lo cual resulta desproporcionado. Las obligaciones constitucionales de los servidores públicos no pueden verse limitadas por su pertenencia o simpatía con determinado político. Un análisis sistemático de la Constitución determina que el estado debe ser un órgano de carácter imparcial cuya función es servir a los intereses generales y no al servicio de cierta causa. El artículo 38, apartes subrayados, y el artículo 41 en los términos señalados permiten la desviación de poder de ciertos funcionarios públicos y, por tanto, deben ser declarados inexequibles.

Por último, juzga la Defensoría que el artículo 39 que enumera las actividades que pueden desarrollar los servidores públicos en relación con las actividades de partidos o movimientos políticos debe ser declarado inexequible en su numeral 4 según el cual se permite a los servidores públicos ''contribuir a los fondos de sus partidos, movimientos y/o candidatos, pero en ningún caso podrán autorizar libranzas a cargo de su remuneración como servidores públicos''. La razón de la inexequibilidad radica en que el artículo 110 constitucional prohíbe a quienes se desempeñen como funcionarios públicos hacer contribuciones a los partidos o movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. Teniendo en cuenta que las excepciones que establezca la ley no pueden ser permitir totalmente lo prohibido, el numeral debe ser declarado inexequible.

Comisión Nacional de Televisión

Jorge Figueroa Clausen, director y representante legal de la mencionada Comisión señaló que el último inciso del artículo 24 señaló que el último inciso del artículo 24 según el cual ''los concesionarios y operadores privados de radio y televisión están en la obligación de emitir propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la efectivamente cobrada por estos mismos espacios durante el año anterior'' debe ser precisada para entender si la obligación es de emitir propaganda o de hacerlo con tarifa inferior, pudiéndose abstener de emitir propaganda en ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, si los medios deciden emitir propaganda deberán hacerlo respetando el acceso equitativo a los diferentes candidatos.

Agrega que mediante acuerdo 006 de 1999 la Comisión Nacional de Televisión reglamentó el servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, estableciendo en el artículo 15 que en ningún caso las comunidades podrían realizar actividades encaminadas a hacer proselitismo político o religioso.

Por último afirma que las disposiciones del capítulo V del proyecto de ley no pueden ignorar la competencia específica de la Comisión Nacional de Televisión para fijar los espacios utilizables por los candidatos a la Presidencia, a saber, regular los elementos técnicos, logísticos y organizativos de la producción y emisión televisiva de la participación de los candidatos. Lo anterior, fundamentado en las facultades de la Comisión delimitadas en la Sentencia C-226/96.

Partido Liberal Colombiano

César G.T., Director Único Nacional del Partido Liberal intervino para solicitar se declare inexequible el artículo 8 del proyecto de ley en el que se regula el periodo de inscripción a la Presidencia de la República. Indica que la Constitución Política reconoció el derecho a organizarse en partidos políticos y estableció el mandato de dotar a éstos con principios democráticos. A la par de este mandato, constitucionalmente se fijó que los partidos podrían celebrar consultas populares internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas. El artículo 8 cuestionado, al fijar un periodo de inscripción de candidaturas que para P. termina antes de la realización de las elecciones para Congreso hace imposible que una organización política ''escoja libremente entre las dos opciones relacionadas con la oportunidad de celebración de la Consulta que establece la Constitución, viéndose obligada, en cambio, a acogerse a una fecha distinta de la elección de corporaciones públicas, fijada por el Consejo Nacional Electoral.

En efecto, si entra en vigencia dicho artículo, los ciudadanos que aspiren a ser elegidos como P. de la República deberán inscribirse con cuatro meses de anterioridad a la fecha de la votación de la primera vuelta de la elección presidencial y se podrá adelantar durante los treinta días siguientes (sic).

Teniendo en cuenta que la elección presidencial se realizará el último domingo de mayo la inscripción se cerraría el último día del mes de febrero, es decir algunos días antes de la elecciones para Congreso de la República la cual se verificará el próximo 12 de marzo, por lo que resultaría imposible que los Partidos Políticos escojan su candidato a la Presidencia en una consulta popular a realizarse de manera coincidente con dicha elección.''

Así las cosas, tanto la disposición como su efecto práctico desconocen el artículo 107 C.P., porque sería materialmente imposible realizar la consulta en tanto coincide el plazo de la escogencia de candidato con la elección de miembros del Congreso; los artículos 1º, 2º y 95 numeral 9 que señalan el derecho a la participación política; el 40 que desarrolla el derecho al voto el cual no se podría ejercer para consultas internas; y el artículo 265 que le atribuye al Consejo Nacional Electoral la facultad de colaborar para la realización de las consultas internas, puesto que tal facultad sería ineficaz al no poder realizarse la consulta.

Finalmente, agrega que ''la intención del Constituyente al hacer explícita la posibilidad de realizar consultas en fechas distintas a las de las elecciones ordinarias buscaba hacer efectivo ese derecho para la escogencia de candidatos a otras elecciones distintas a la de P. de la República, toda vez que se daba por descontado el derecho de los partidos de escoger su candidato a la Presidencia de la República con las elecciones congresionales anteriores a la de P.''.

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, A.V.F., solicitó se declarara la inexequibilidad del artículo 4º en los apartes que se subrayan: ''El P. o el V. de la República que manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos en la elección presidencial, estarán sujetos a las condiciones que para estos efectos consagran la Constitución Política y la presente ley de manera explícita para ellos, en razón a su doble condición de funcionarios públicos y candidatos''. La redacción del artículo no deja claro si el legislador quiso distinguir dos momentos diferentes o la letra ''o'' carece de incidencia en cuanto se trata de dos actividades desarrolladas en dos momentos diversos con efectos diferentes. En criterio del interviniente, ''debería bastar la declaración pública por escrito del interés de presentarse como candidato seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta para que adquieran vigencia las prohibiciones al P. o V. durante la campaña presidencial. De otra manera disfrutarán en perjuicio del principio de igualdad de dos meses, donde siendo prácticamente candidatos, podrán realizar los actos de proselitismo y otros de ''clientelismo'' que prohíben el artículo (sic) 30, 31, 32 y 33 del proyecto sub-examine que mas adelante citamos''.

Asimismo la ''o'' que separa que manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos debe ser copulativa es decir, que solo puede inscribirse como candidato el P. o V. quien han manifestado su interés en serlo, seis meses antes de las elecciones en primera vuelta. De otra manera, el P. de la República, podrá ocultar se (sic) interés (...) en detrimento de la igualdad.''

Para que se respete la igualdad consagrada en la Constitución debe exigirse claridad en las aspiraciones del P. o V. y en caso de que no actúen transparentemente deberán perder la oportunidad de inscribirse como candidatos. La desigualdad generada se comprende plenamente con una lectura sistemática de los apartes acusados junto con los preceptos establecidos en los artículos 8, 9, 30, 31, 32 y 33 del Proyecto de Ley en cuestión.

De otra parte, pidió la inexequibilidad de la financiación estatal previa a la que hace referencia el artículo 11 del proyecto. El artículo 109 constitucional que señala que el sistema de financiación es el de reposición prohíbe cualquier otro tipo de financiación. Se repone lo gastado después de la votación; por tanto, la financiación previa es contraria a la Constitución. Además, el inciso 4º del artículo 109 no permite crear más beneficios previos de los allí señalados, a saber, espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión financiados por el Estado.

Asociación de diarios colombianos ANDIARIOS

A través de la Directora Ejecutiva, N.S. de Saffon, la Directora de la Asociación solicita de se declare la inexequibilidad del inciso 2º del artículo 28 que prohíbe la realización o publicación de encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones presidenciales. En criterio de la asociación, la divulgación de encuestas constituye una manifestación de la libertad de expresión y del derecho a informar y ser informado. A esto se añade que la realización de encuestas se deriva el derecho a la participación en el ejercicio y control del poder, relativos al ejercicio de la democracia participativa. Las anteriores objeciones constitucionales se refuerzan con la especial garantía de la cual goza el periodismo en nuestro ordenamiento (art. 73) y la tutela constitucional de la libre iniciativa empresarial (arts. 20 y 333). Por último, indica que en las sentencias C-488/93 y C-089/94 la Corte ha dejado claro que este tipo de restricciones contrarían la Carta.

Asociación Nacional de Medios de Comunicación ASOMEDIOS

En criterio de ASOMEDIOS, quien actúa a través del ciudadano S.A.C. el artículo 22 del proyecto de ley debe ser declarado inexequible en es aparte que se subraya '' (...) el Estado hará uso durante un (1) mes del Espectro Electromagnético destinado a los concesionarios y operadores privados de radio y televisión en un espacio diario de dos (2) minutos en televisión en horario ''tripe A'' y cuatro (4) minutos diarios en radio en el horario de mayor audiencia, para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno (...)''. Tal declaración de inexequibilidad obedece al desconocimiento de la libertad de expresión pues se restringe la autonomía de los medios para determinar libremente su programación pues se imponen contenidos de los cuales el comunicador que hace uso del espectro electromagnético mediante el contrato de concesión no puede hacerse responsable. Si bien el Estado tiene facultades regulatorias en la medida en que se hace uso del espectro electromagnético, tal facultad no puede implicar la afectación de la libertad de expresión e información. ''[L]a imposición de contenidos sobre los cuales el medio no ha tenido la decisión autónoma de divulgarlos, viola el núcleo esencial del derecho a la información por cuanto esos contenidos dictados por fuera del régimen propio de la materia que se regula, es decir fuera de las normas dictadas específicamente para regular el servicio de radiodifusión sonora, desconocen el equilibrio que se debe tener al momento de regular [esas materias]'' Si se abre la posibilidad que señala la ley se podría llegar a permitir que el Congreso atribuyera facultades de intervención radial a infinidad de necesidades de divulgación y comunicación tanto económicas como políticas o sociales.

Por el espacio y el tiempo en el que se impone el contenido, a juicio del interviniente, se desconoce el núcleo esencial de la libertad de expresión, más aún si se tiene en cuenta que los candidatos a la presidencia no representan a la nación, como si lo hace el P., figura cuya intervención televisiva se permitió en la Sentencia C-1172de 2001 por su carácter representativo.

De otra parte, indica que la participación de los candidatos en los medios de comunicación no se desconoce puesto que aquellos pueden participar en éstos como hecho noticioso. Además, la audiencia, en ejercicio de su derecho a ser informada, también debe tener la posibilidad de acceder a información de naturaleza diferente a la política.

La normatividad existente hasta el momento en materia de imposición de cargas en el uso del especto electromagnético ya es suficiente y esto implica que el legislador no pueda imponer una nueva. No se puede imponer mayores cargas a los concesionarios privados, sino que el Estado debe acudir a los medios de comunicación de su propiedad, porque él corrió con la carga económica de su creación y hace lo propio con el cubrimiento de los costos de mantenimiento.

Por otro lado, indica, al no referirse ninguna compensación por el uso del espacio se estaría ante una expropiación de la concesión.

Por último, indica que el mismo proyecto de ley en otro de sus artículos establece la obligación de que los medios garanticen el pluralismo lo cual hace excesiva la imposición de un espacio al aire para los candidatos.

Intervenciones ciudadanas

- El ciudadano P.A.M.L.

- Señala que el día 24 de mayo de 2005 presentó recusación por conflicto de intereses en contra de 8 senadores y 7 representantes. La radicación de la solicitud, con su debida presentación personal, fue radicada en la oficina del Senador M.P. a las 10:40 a.m.. El mismo texto fue radicado a las 11:10 a.m. ante la Secretaría de la Comisión de Ética del Senado. Con las recusaciones se anexó copias de las actas de las sesiones en las que consta que los congresistas recusados habían manifestado su impedimento para aprobar el Acto Legislativo 02 de 2004.

En criterio del ciudadano, al no tramitarse la recusación se violó el artículo 2º constitucional que señala que se debe facilitar la decisión de todos en las decisiones que los afecten. Por último, indica que la omisión de trámite también implicó la vulneración del inciso 2º del artículo 157 y del artículo 182. Igualmente, la del artículo 294 del Reglamento Interno del Congreso.

Anexa el escrito de recusación y en éste consta que se solicitaba que los siguientes congresistas se apartaran del trámite de la Ley: C.B. de B., R.G.E., M.P.B., H.A.S., C.R.P., C.H.S., J.R.T., M.U.E., G.P., Ó.A., S.C., N.P.G., A.J., R.C. y W.V.. La razón de la recusación es que los mencionados congresistas se declararon impedidos en el debate y la votación en primera vuelta del Acto Legislativo 02 de 2004 que autorizaba la reelección presidencial. Al ser la Ley Estatutaria desarrollo del acto legislativo, persisten las mismas motivaciones que llevaron a los señalados congresistas a declararse impedidos en su momento, el ciudadano los recusa por no haber manifestado de nuevo el impedimento. En cuanto al S.C.H.S. señala el interviniente que la razón para recusarlo fue el reciente nombramiento de su hijo C.J.H.M. como embajador de la República del Ecuador. Por último, en el escrito se indica que el día 23 de mayo de 2005 los congresistas votaron estando impedidos para hacerlo.

- El ciudadano Oswaldo Darío Martínez Betancourt

Solicitó se declarara inexequible el proyecto de ley de la referencia por no haberse tramitado las recusaciones presentadas por el ciudadano P.A.M.L.. Como las votaciones del primer debate se dieron sin cumplir el requisito de trámite de la recusación, se vulneró el artículo 157 constitucional, en su numeral 2º según el cual ningún proyecto será ley sin ''haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara''. Indica que el derecho que toda persona tiene de recusar, en los términos del artículo 294 de la Ley 5ª, es manifestación del control del poder político, desarrollado en el numeral 6º del artículo 40 constitucional.

De otra parte, indica el ciudadano que se dio una indebida acumulación de proyectos, toda vez que se presentaron tres proyectos de ley, a saber, 215, 216 y 301 y a pesar de haber rendido ponencias separadas, las cuales fueron defendidas también en forma diversa, se acumularon los proyectos. Los ponentes al acumularlos no expresaron las razones para esta actuación infringiendo el artículo 154 del Reglamento del Congreso según el cual ''el ponente deberá informar sobre la totalidad de las propuestas que le han sido entregadas, además de las razones para acumularlas o para proponer el rechazo de alguna de ellas.''

Por otro lado, indica que la ley fue expedida extemporáneamente, de acuerdo a los términos del artículo 4º del Acto Legislativo 02 de 2004. Según éste, el proyecto debía ser expedido antes del 20 de junio de 2005; sin embargo, el texto definitivo de la ley conciliado por ambas cámaras se aprobó el 20 de junio de 2005 y no antes, es decir el 19 de junio hasta las 12:00 p.m..

Además, indica el ciudadano que tanto el artículo 152 constitucional como el parágrafo transitorio del artículo 4º del Proyecto de Ley indican que en la ley se regularían las normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República. No obstante, este tema no fue tratado. Frente a tal omisión no se puede oponer como excusa la libertad de configuración del legislador puesto que se derivaba de un mandato constitucional.

A la intervención anexa constancia de la Secretaría General de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, suscrita por la Secretaria General el 28 de junio de 2005, según la cual el 24 de mayo de 2005 a las 11:10 am. P.A.M.L. radicó copia de escrito dirigido a M.P. cuya referencia indicaba ''recusación por conflicto de intereses en contra de varios congresistas, miembros de las comisiones primeras de senado y cámara'' y se señalaban como congresistas recusados C.B. de B., R.G.E., M.P.B., H.A.S., C.R.P., C.H.S., J.R.T., M.U.E., G.P., Ó.A., S.C., N.P.G., A.J., R.C. y W.V..

El ciudadano E.E.M.

Intervino para solicitar la exequibilidad del proyecto de ley de la referencia. Señala que el proyecto sí fue expedido antes del 20 de junio de 2005, en la medida en que fue aprobado por el Congreso el 14 de junio de 2005, puesto que sólo lo aprobado (una de las acepciones del término expedido) puede ser sometido a conciliación, tal como sucedió con posterioridad al 14 de junio en el Congreso. Agrega que, si se aceptara en gracia de discusión que el proyecto fue aprobado por el Congreso el 20 de junio, esto no implicaría la inconstitucionalidad, pues a pesar de la fecha límite introducida en el acto legislativo No 02 de 2004, el procedimiento se dio dentro del periodo legislativo que comprende el lapso entre el 16 y el 20 de junio. Además, el derecho sustancial debe prevalecer sobre las formas, según el artículo 228 constitucional.

El ciudadano G.F.R.G.

intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad del proyecto de ley de la referencia. El ciudadano encuentra, primero, que el trámite de aprobación del proyecto de ley cumplió cabalmente con todas las exigencias constitucionales y legales, tanto en materia de publicidad en relación con la publicación y anuncio oportunos de los proyectos, discusiones y votaciones, como de debate, existencia de quórum deliberatorio y decisorio obtención de votaciones necesarias.

De otro lado, indica el interviniente que el proyecto de ley cumplió con los requisitos señalados en el parágrafo transitorio del artículo 152 constitucional puesto que : a) fue presentado por miembros del Congreso, b) fue presentado antes del 1º de marzo de 2005; en efecto ''el proyecto de ley estatutaria 216/05 Senado fue radicado (...) el día 28 de febrero de 2005 en la Secretaría General del Senado; por su parte, el proyecto de ley 215/05 Senado fue presentados el 24 de febrero de 2005 (...) y el proyecto de ley No 301/05 Cámara fue radicado el 28 de febrero de 2005 en la Secretaría de la Cámara (...)''; c) el proyecto fue aprobado el 20 de junio de 2005, dentro del término señalado en la Constitución; ''al afirmarse que la ley deberá ser expedida antes del 20 de junio, es preciso acudir a la finalidad y voluntad que el constituyente secundario tuvo al incluirla en el artículo 4º del acto legislativo 02 de 2004, y esta fue que a más tardar el último día de sesiones del periodo ordinario de la legislatura que culmina el día 20 de junio, [el proyecto de ley] estuviese debidamente aprobado por el Congreso (...) No puede entenderse de otra manera el mandato del parágrafo transitorio, como procesalmente tampoco es dable acudir a una interpretación diferente, restrictiva y contraria a la finalidad que tuvo el constituyente secundario al aprobar el acto legislativo 02 de 2004: cuando la norma sub examine establece la fecha límite que se precisa en la disposición constitucional transitoria para la aprobación en el Congreso de le República de la ley estatutaria de igualdad electoral, significa que a más tardar el 20 de julio, a las 11:59 p.m. [antes de la finalización de la legislatura ordinaria] debe quedar aprobado el proyecto de ley.'' Para reforzar la validez de su afirmación señala que consta en los antecedentes del acto legislativo (Gaceta del Congreso No 29 del 27 de febrero de 2005 donde se publicó el Acta de la sesión plenaria del 14 de diciembre de 2004) que lo que se quiso dar a entender con la expresión antes del 20 de junio de 2005 fue que debería quedar aprobado hasta el 20 de junio, como último día de sesiones ordinarias. El aparte relevante de la mencionada gaceta es, según el interviniente, el siguiente ''Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable S.M.U.E.:

Quien da lectura al Informe de Mediación que acordaron las Comisiones designadas por los P.s de ambas Corporaciones, para conciliar las discrepancias surgidas en la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo número 12 de 2004 Senado, 267 2004 Cámara, por el cual se reforma algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones.

A ver, apreciados colegas, este informe de conciliación de reelección ya aprobado por la Cámara de Representantes en su Plenaria del día de hoy, básicamente no contiene ninguna modificación al texto que fue aprobado en la Plenaria del Senado en la segunda vuelta, salvo unos asuntos que yo considero incidentales, formales simplemente. Con la Cámara se discutieron dos temas, uno que tiene que ver con la participación del Consejo de Estado como legislador extraordinario, con una competencia residual limitada al hecho de que entre marzo y junio el Congreso de la República no expida la ley estatutaria e introduzca equidad en la competencia electoral.

Finalmente, la Cámara había negado ese artículo; sin embargo, en conciliación aceptó que se incluyera y lo incluimos. El otro tema, digamos, de fondo, era el que se habilitaba a Ministros, a G. y A. en ejercicio, para que sin renunciar a sus cargos participaran en la contienda política. Se concilió que no participarían.

Lo demás, repito, son asuntos de índole formal, tal vez uno importante adicional que es el que tiene que ver con la iniciativa legislativa para el proyecto de ley estatutaria, acá habíamos aprobado que la iniciativa correspondía exclusivamente al Gobierno, allá la Cámara dijo y nosotros lo aceptamos que además el Gobierno el proyecto de ley lo pueden presentar los Congresistas, hay iniciativa para el Gobierno y para los Congresistas, el Consejo de Estado podrá participar como legislador extraordinario en caso de que el Congreso de la República no expida la ley antes del 20 de junio, es lo mismo que había aprobado este Senado en la Plenaria de segunda vuelta, cómo Senador, sí señor lo haría el Consejo de Estado dentro de los dos meses siguientes.

Con la venia de la Presidencia y del orador interpela el honorable Senador V.R.B.L.:

¿Qué término le dan al Congreso para aprobar el texto?

Recobra el uso de la palabra el honorable S.M.U.E.:

Hasta el 20 de junio y el proyecto de ley tendrá que estar presentado antes del 1º de marzo por el Gobierno, pero también podrán presentar el proyecto los Congresistas. Ese es básicamente el contenido de la conciliación, el texto es casi idéntico con las salvedades dichas a lo aprobado por esta Plenaria del Senado en la segunda vuelta.'' (subrayas del interviniente) d) el proyecto de ley desarrolla todos los temas establecidos por el parágrafo transitorio del artículo 152.

(i) En primer lugar, las garantías a la oposición se manifiestan en las normas sobre selección de candidatos, acceso a la financiación previa estatal, topes de campaña, máximo monto de contribuciones o donaciones, libros de contabilidad, sistema de auditoría, responsables de la rendición de cuentas, acceso al canal institucional, y a la radiodifusora nacional, propaganda electora, equilibrio informativo entre las campañas, encuestas electorales, réplica, entregándose garantías tanto al candidato presidente como a los demás candidatos; a las garantías se unen las prohibiciones al P. durante la campaña, las cuales se constituyen condiciones igualmente condiciones favorables para los demás candidatos. (ii) De otra parte las normas que abordan el tema de participación en política de servidores públicos se plasman en prohibiciones al presidente durante la campaña presidencial, intervención en política de los servidores públicos y prohibiciones para los servidores públicos. (iii) Por otro lado, se regula el acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético (art. 22). (iv) Por su parte, la financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales se regulan de los artículos 11 a 21, particularmente en el artículo 11. (v) El derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el P. de la República sea candidato se desarrolla en el artículo 29. (vi) Por último, las inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República se pueden evidenciar en los artículos 4º, 30, 38 y 39 del proyecto de ley.

Por otra parte, el ciudadano G.R. realizó el análisis material del proyecto de ley. Del análisis es preciso resaltar lo siguiente: el artículo 1º desarrolla el literal f. del artículo 152 constitucional y se adecua al 197 C.P.; el artículo 4º ''corresponde a un desarrollo del artículo 197 de la Carta Política, modificado por el acto legislativo 02 de 2004, que consagra la reelección presidencial, que habilita por consiguiente a quien ejerce el cargo de P. o V. de la República a expresar su interés, mediante el correspondiente acto de inscripción de su candidatura, de participar en la campaña electoral'' y a un desarrollo de la facultad otorgada al legislador en el artículo 152, literal f. para expedir una ley que regulara los aspectos del proceso de inscripción, entre otros temas relacionados con la campaña presidencial.