Auto nº 175/04 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43710834

Auto nº 175/04 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2004

Ponente:Manuel Jose Cepeda Espinosa
Fecha de Resolución:23 de Noviembre de 2004
Emisor:Corte Constitucional
RESUMEN

Demanda de inconstitucionalidad contra el art. 323 de la ley 906 de 2004, codigo de procedimiento penal. Acepta impedimento manifestado por el señor procurador general de la nación para conceptuar en el proceso y acepta impedimento manifestado por el señor viceprocurador general de la nación para conceptuar en el proceso.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Auto 175/04

IMPEDIMENTO Y RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causales de magistrados son aplicables al P. General de la Nación

IMPEDIMENTO Y RECUSACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causal de intervención en la expedición de la disposición acusada

PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL EN IMPEDIMENTOS DEL PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Aceptación en una misma providencia

Si bien en principio correspondería atender el impedimento planteado por el V. General sólo luego de que se aceptara el del P. General de la Nación y en virtud de ello el V. entrara a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen, considera la corte que en aplicación del principio de economía procesal, que busca que los procesos se tramiten en menos tiempo con menor desgaste de la actividad de administración de justicia y con el fin de dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad e impartir pronta y cumplida justicia, se hace necesario aceptar en esta misma providencia dicho impedimento.

IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Aceptación y designación de funcionario

Referencia: expediente D-5461

Actor: W.A.G.M..

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.

Magistrado Ponente:

Dr. M.J.C. ESPINOSA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro (2004).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver sobre los impedimentos manifestados por el señor P. General de la Nación y el señor V. General de la Nación en el proceso de la referencia.

CONSIDERANDO

  1. Que por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado ponente admitió la demanda de la referencia mediante auto del veintidós (22) de octubre de 2004 y dispuso se diera traslado al P. General de la Nación para que emitiera el concepto de rigor.

  2. Que mediante oficio No. D.P. 1448 del 3 de noviembre del año en curso, el P. General de la Nación, Dr. E.J.M.V., se declaró impedido para rendir concepto dentro del proceso de la referencia. Aduce como causal de impedimento haber intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte, por haber formado parte de la comisión redactora del proyecto que dio lugar al nuevo Código de Procedimiento Penal.

  3. Que los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 ''por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional'', establecen las causales de impedimento y recusación de los Magistrados, las cuales son igualmente aplicables al P. General de la Nación cuando interviene en el tramite de las acciones públicas de inconstitucionalidad.

  4. Que entre las mencionadas causales, se encuentra la de haber intervenido en la expedición de la disposición acusada. Tal causal es manifestada por el P. General de la Nación, por lo cual ha de ser aceptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En consecuencia, es necesario estudiar la situación del V. General de la Nación frente a la norma demandada.

  5. Que mediante oficio No. D.P. 1448 del 3 de noviembre del año en curso, el V. General de la Nación, Dr. C.A.G.P., se declaró impedido para rendir concepto dentro del proceso de la referencia. Aduce como causal de impedimento haber intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte, por haber formado parte de la subcomisión redactora del proyecto de Código de Procedimiento Penal.

  6. Que los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 ''por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional'', establecen las causales de impedimento y recusación de los Magistrados, las cuales son igualmente aplicables al P. General de la Nación cuando interviene en el tramite de las acciones públicas de inconstitucionalidad.

  7. Que entre las mencionadas causales, se encuentra la de haber intervenido en la expedición de la disposición acusada. Tal causal es manifestada por el V. General de la Nación, por lo cual ha de ser aceptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

  8. Respecto al impedimento manifestado por el V. General de la Nación, ha de precisar la Sala que sobre la base de la aceptación del impedimento manifestado por el señor P. General de la Nación y debido a que el V. General de la Nación esboza razones similares -haber participado en la subcomisión redactora de la misma norma- se impone, en su caso, la misma solución jurídica.

    En efecto, si bien en principio correspondería atender el impedimento planteado por el V. General sólo luego de que se aceptara el del P. General de la Nación y en virtud de ello el V. entrara entonces a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen, considera la Corte que en aplicación del principio de economía procesal, que busca que los procesos se tramiten en menos tiempo con menor desgaste de la actividad de administración de justicia y con el fin de dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad e impartir pronta y cumplida justicia, se hace necesario aceptar en esta misma providencia dicho impedimento.

  9. Que dada la situación de impedimento en la que se encuentran el P. y V., éstos han solicitado a la Corte disponer que el P. General de la Nación, en cumplimiento de la función que le asigna el artículo 7-33 del Decreto Ley 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto de constitucionalidad requerido dentro del presente proceso.

RESUELVE

Primero.- ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor P. General de la Nación, Dr. E.M.V., para conceptuar en el proceso de la referencia.

Segundo.- En consecuencia, y dadas las circunstancias referidas en la parte motiva de esta providencia, ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor V. General de la Nación, Dr. C.A.G.P., para conceptuar en el proceso de la referencia.

Tercero.- ORDENASE a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez ejecutoriada esta providencia, se corra traslado al P. General de la Nación a fin de que designe el funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 262 del 2000 y en armonía con el Decreto 2067 de 1991, ORDENASE a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez se levante la suspensión decretada en el proceso de la referencia, con ocasión de los impedimentos propuestos, se corra traslado por el término que falte al funcionario que designe el P. General de la Nación, para que rinda el concepto de su competencia.

N., comuníquese y cúmplase.

JAIME ARAUJO RENTERÍA

Presidente

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

M.J.C. ESPINOSA

Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

HUMBERTO SIERRA PORTO

Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

Magistrada

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 175/04 DE SALA PLENA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2004 DEL MAGISTRADO J.A.R.

IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Falta de competencia de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)

La Corte Constitucional no es competente para resolver impedimentos y recusaciones del P. General de la Nación, mucho menos del V. General de la Nación, debido a que no existe norma constitucional o legal expresa que así lo disponga. Lo anterior es consecuencia del ''Estado de Derecho'' adoptado por nuestra Carta Política como valor fundamental, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley (C.P., art. 121 y 123). Por consiguiente, para que dichas autoridades puedan ejercer una función, la misma debe estar atribuida de manera expresa. La regla general en materia de impedimentos y recusaciones es que deben ser resueltos por el nominador, por ser el funcionario que puede reemplazar al impedido o recusado, salvo que la ley expresamente establezca algo distinto. Una excepción notable a esta regla se presenta en el caso de los jueces de la República, que sin ser nominadores los resuelven por disposición legal expresa y por que no existe prohibición constitucional. La función de resolver los impedimentos y recusaciones de dicho funcionario le corresponde al Senado de la República como nominador del mismo, y sólo por excepción puede ser atribuida de forma expresa por la ley a otro órgano del Estado, que puede ser la Corte Constitucional. Como no existe esa norma, dicha función debe ser cumplida, mientras se expide la ley, por el Senado de la República.

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Funciones delegables (Salvamento de voto)

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-No es posible que V. General de la Nación lo emita (Salvamento de voto)

IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Legislador guardó silencio en materia de competencia (Salvamento de voto)

REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inaplicable para subsanar vacío respecto de impedimentos o recusaciones de P. General de la Nación (Salvamento de voto)

FISCAL GENERAL DE LA NACION-Impedimentos y recusaciones los resuelve la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (Salvamento de voto)

Referencia: expediente D-5461

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 323 de la Ley 906 de 2004 ''Por el cual se expide el Código de procedimiento penal''.

Magistrado Ponente:

Dr. M.J.C. ESPINOSA

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado disiente de la opinión mayoritaria, pues considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el P. y mucho menos para el V. General de la Nación, con fundamento en el hecho de haber participado activamente en el trámite legislativo de la Ley 906 de 2004, objeto de revisión por la Corte, como paso a demostrarlo:

  1. La Corte Constitucional no es competente para resolver impedimentos y recusaciones del P. General de la Nación, mucho menos del V. General de la Nación, debido a que no existe norma constitucional o legal expresa que así lo disponga. Lo anterior es consecuencia del ''Estado de Derecho'' adoptado por nuestra Carta Política como valor fundamental, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley (C.P., art. 121 y 123). Por consiguiente, para que dichas autoridades puedan ejercer una función, la misma debe estar atribuida de manera expresa.

    Por la misma razón, en un Estado de Derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas.

    La exigencia de que en un Estado de Derecho las competencias tengan que ser expresas se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras entre las autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y, en últimas, evitar la arbitrariedad de los gobernantes.

  2. En este orden de ideas, el Constituyente defirió al Legislador lo relativo a la determinación de la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación (C.P., art. 279); lo que implica que sea el Legislador quien tenga que desarrollar, entre otras materias, la institución de los impedimentos y recusaciones de los funcionarios que cumplen las funciones constitucionalmente atribuidas a dicho órgano de control. Este proceder del Constituyente es acorde con la técnica constitucional, puesto que la Constitución no puede ocuparse de todos los atributos y particularidades de una figura, lo cual la haría larga y engorrosa y daría lugar a continuas reformas.

  3. De acuerdo con el diseño de las funciones que la Carta Política atribuye al P. General de la Nación, encontramos dos clases de funciones: unas que puede delegar y otras que tiene que ejercer de manera directa. Las primeras, contempladas en el artículo 277 Superior, entre las cuales se encuentran las atinentes al poder disciplinario (num. 6). Las segundas, establecidas en el artículo 278, entre las cuales está la de ''rendir concepto en los procesos de constitucionalidad'' (numeral 5°), en armonía con lo dispuesto en el artículo 242, numeral 2°, ibídem, en virtud del cual ''El P. General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos''.

    Como consecuencia de lo anterior puede afirmarse que los procedimientos de control de constitucionalidad y de ejercicio del poder disciplinario son separados, razón por la que cada uno de ellos está sometido a formas propias, a fin de asegurar el debido proceso, de forma que no es procedente aplicar las normas del proceso disciplinario al proceso de constitucionalidad, ni tampoco lo contrario.

    Siendo que el Constituyente ha querido que el concepto lo dé directamente el P., no es posible que lo emita el V., pues esto equivale a una delegación (que el Constituyente quiso prohibir, por la importancia del asunto) de forma que cuando el P. titular no puede actuar por impedimento o recusación debe hacerlo un procurador Ad Hoc y no el V.. Este reemplazo o sustitución del P. titular y el Ad Hoc debe hacerlo el mismo órgano que nombra al titular, esto es el Senado de la República.

    De ello se deduce que concretamente en materia de impedimentos y recusaciones en juicios de constitucionalidad el P. General de la Nación, no pueda estar sometido a las reglas del proceso disciplinario.

  4. La regla general en materia de impedimentos y recusaciones es que deben ser resueltos por el nominador, por ser el funcionario que puede reemplazar al impedido o recusado, salvo que la ley expresamente establezca algo distinto. Una excepción notable a esta regla se presenta en el caso de los jueces de la República, que sin ser nominadores los resuelven por disposición legal expresa y por que no existe prohibición constitucional.

  5. Conforme a los desarrollos legales sobre impedimentos y recusaciones encontramos que el Congreso de la República mediante el artículo 69 de la Ley 200 de 1995 establecía que ''en caso de impedimento del P. General de la Nación se solicitará al Senado de la República la designación de un procurador ad hoc''.

    Es de resaltar que el Congreso en aplicación de la regla anotada dispuso que fuera el nominador, en este evento el Senado, quien resolviera los impedimentos del P. General. Dicha regulación fue sólo en materia disciplinaria, dado que el citado artículo 69 está contenido en el Titulo III del Libro III de la Ley 200 de 1995 que trata sobre el procedimiento disciplinario, y no era aplicable por extensión a los juicios de constitucionalidad.

    La Ley 201 de 1995, por su parte, en materia de impedimentos y recusaciones del V., V., P. Auxiliar y P.es -Delegados dispuso que el P. General de la Nación sería el competente para decidirlos, pero nada estableció respecto de los del P. General.

    Con base en esta atribución del Senado de la República, el P. General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un P. Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado aceptó aquel y correspondió a lo solicitado Cfr. Gaceta del Congreso de la República No. 406 del 4 de noviembre de 1999, págs. 15 y ss..

    Sobre impedimentos y recusaciones del P. General de la Nación en procesos de constitucionalidad el Legislador guardó silencio, presentándose un vacío sobre la materia, el cual no puede subsanarse por analogía ni extensión, por estar prohibido tal proceder en materia de competencia en un Estado de Derecho.

    Posteriormente se expidió el Decreto - Ley 262 del 22 de febrero de 2002, y se incluyó entre las funciones del P. General de la Nación la de resolver los impedimentos manifestados por algunos funcionarios de la entidad, así como las recusaciones que contra ellos se formulen. Dicho Decreto derogó el artículo 69 de la Ley 200 de 1995, atinente a impedimentos del P. General de la Nación, no sustituyéndolo por ninguna otra disposición.

  6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del P. General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió, en jurisprudencia que en esta oportunidad se revisa y corrige, al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992 Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y de nuevo codificado por el Acuerdo 05 de 1992. Posteriormente, adicionado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999, 01 de 2000 y 01 de 2001, que fueron insertados por la Relatoría en los artículos correspondientes del Acuerdo 05 de 1992, para su lectura y comprensión conjunta., según el cual los ''asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente''.

    Sin embargo, el mencionado Reglamento no resulta aplicable, en primer lugar, porque es anterior a las normas legales mencionadas, sobre organización y funciones de la Procuraduría General de la Nación; en segundo lugar, porque se trata de una norma de inferior jerarquía, que no puede crear competencias sin un sustento legal. Adicionalmente, dicha disposición no se refiere a la competencia, sino a las causales y al trámite.

    Por otro lado, el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991 (artículos 25 a 31) trata en forma exclusiva de impedimentos y recusaciones de los magistrados de la Corte Constitucional y no de los del P. General de la Nación y el V. General de la Nación; por tanto, ese capítulo no es aplicable a este funcionario, ni siquiera por analogía o por extensión.

    Tampoco puede derivarse la aplicación del Capítulo V del Decreto 2067 al P. General de la Nación y el V. General de la Nación de lo dispuesto por el artículo 48 del mismo, porque, por un lado, dicha norma no atribuye competencia y sólo regula lo relacionado con la suspensión de términos para la tramitación de los asuntos de constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, y, por otro lado, cuando el segundo inciso de la norma en comento contempla que los términos para rendir concepto no correrán durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación, no está haciendo alusión exclusivamente al concepto que rinden el P. General de la Nación y el Viceprocurado General de la Nación, sino también a los demás que pueden rendirse en un proceso de constitucionalidad, por parte del Presidente de la República, el Presidente del Congreso, otros organismos del Estado que hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma y entidades o personas expertas en la materia respectiva, conforme lo señalan los artículos 244 de la Carta Política y 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.

  7. En el caso del F. General de la Nación su nominador, esto es, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (art. 249 de la Constitución) resuelve los impedimentos y en consecuencia, conforme lo señala el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal. O. cómo el Legislador aplicó la regla general y no consagró una excepción, por ejemplo en el sentido de que resolviera la Sala Penal de dicha Corporación.

    Finalmente, es importante señalar que en este caso se trata de un problema de interpretación, pero si la Corte ha interpretado mal las normas aplicables, no quiere decir que pueda seguir haciendo lo mismo. Esta situación permite recordar el episodio de la rehabilitación de G.G. que colocó al P.J.P.I. en el siguiente dilema: si lo rehabilitaba quebrantaba las Sagradas Escrituras, y si no quebrantaba las Sagradas Escrituras no lo podía rehabilitar. El P. resolvió el asunto afirmando que se trataba de un problema de interpretación, ya que G. tenía razón y las Sagradas Escrituras seguían siendo verdaderas, entonces la culpa y el error eran de quienes habían interpretado las Sagradas Escrituras.

  8. Las consideraciones anteriores permiten concluir que la Corte Constitucional requiere de normas legales que le atribuyan expresamente la función de conocer de los impedimentos y recusaciones del P. General de la Nación, puesto que es un órgano constituido y está sometido a la Constitución y a las leyes como los demás órganos del Estado.

    La función de resolver los impedimentos y recusaciones de dicho funcionario le corresponde al Senado de la República como nominador del mismo, y sólo por excepción puede ser atribuida de forma expresa por la ley a otro órgano del Estado, que puede ser la Corte Constitucional. Como no existe esa norma, dicha función debe ser cumplida, mientras se expide la ley, por el Senado de la República.

  9. Respecto de la competencia para decidir los impedimentos y recusación del V. General de la Nación, la Corte Constitucional es incompetente por una doble razón. La una, que no existe norma expresa que se la atribuya; la otra, que conforme quedó expuesto, dicho funcionario no está facultado para emitir concepto en los procesos de constitucionalidad, debido a que la Constitución atribuye esa competencia directamente al P. General de la Nación de modo que no es factible que éste delegue esa función al V. General de la Nación.

    Fecha ut supra.

    J.A.R.

    Magistrado