Sentencia de Tutela nº 278/15 de Corte Constitucional, 12 de Mayo de 2015

1. Demanda y solicitud

   C.H.R.R., actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P., Risaralda, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de la misma ciudad, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y a la obtención de una pronta y efectiva justicia, que considera vulnerados por los despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía, iniciado en su contra por los señores Orlando de J.B. e I.V.G.[1], así como de la ejecución seguida a continuación. Peticionó en su escrito que como consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales, se deje sin efectos la totalidad de las actuaciones judiciales adelantadas por los operadores accionados en desarrollo y con ocasión de los procesos referidos[2].

   De las pruebas aportadas con el escrito de tutela pueden sintetizarse los siguientes hechos:

   1.1. Los señores Orlando de J.B. e I.V.G. eran trabajadores de la sociedad ESP R. Gas desde el veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el cuatro (4) de mayo de dos mil tres (2003), y desde el primero (1°) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) hasta el veintiséis (26) de mayo de dos mil tres (2003), respectivamente. El día veintiuno (21) de septiembre de dos mil (2000), les fue asignada la función de realizar mantenimiento técnico al tanque de almacenamiento de gas propano y cambio de válvula en el Hotel Los Tunjos, y en desarrollo de dicha labor se produjo una explosión que les generó quemaduras de primer y segundo grado. Este hecho fue reportado como accidente de trabajo por el empleador a la ARL Colpatria[3].

   1.2. Como consecuencia de las lesiones sufridas, los señores Orlando de J.B. e I.V.G. demandaron a la sociedad ESP R. Gas SA, en liquidación para la época de presentación de las demandas, las cuales cursaron en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de P.. Dicho despacho profirió sentencia de primera instancia en audiencia de juzgamiento el veinticinco (25) de abril de dos mil siete (2007), en la que se declaró: (i) la existencia de un contrato de trabajo entre R. Gas SA y los señores Orlando de J.B.F. e I.V.G.. Y, como consecuencia de lo anterior, (ii) la condena de la Sociedad al pago de los perjuicios materiales y morales en favor de los demandantes, así: a I.V.G. la cantidad de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a O.B.F. la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, condenó a la sociedad en liquidación a cancelar las costas en un noventa por ciento (90%)[4].

   1.3. Apelada la anterior decisión por parte de los demandantes y de la Empresa demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P., a través de sentencia del cinco (05) de julio de dos mil siete (2007), confirmó el fallo recurrido en lo que hace referencia a las condenas impuestas en favor de los señores I.V.G. y Orlando de J.B.F.. Además, tasó las costas en el setenta por ciento (70%) de la suma de doce millones trescientos seis mil pesos ($12.306.000)[5].

   1.4. El accionante precisó que mientras se tramitaban los procesos laborales, la asamblea de accionistas de R. decretó la disolución anticipada y consecuente liquidación de la Sociedad, debido a la imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social, al igual que aprobó la clausura y cierre de los establecimientos de comercio de la Empresa y su nombramiento como liquidador principal[6].

   1.5. El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil cuatro (2004) fue inscrita ante la Cámara de Comercio de P., el Acta No. 020 del treinta (30) de agosto del mismo año, a través de la cual la Asamblea de Accionistas de la sociedad ESP R. Gas SA en liquidación, “aprobó las cuentas finales de la liquidación, entre las cuales se establecía que con la venta de los activos sociales se habían cancelado todos los pasivos sociales, y se procedió a realizar la repartición de los activos sociales de acuerdo con los aportes de capital. De manera especial en el punto 7° del Acta aludida, se otorgó autorización [a J.A.R.R.], para formalizar el cobro de la cartera pendiente a favor de la sociedad, y con dicho recaudo cancelar el pasivo litigioso de la sociedad”[7].

   1.6. Narró el accionante que con posterioridad a la liquidación definitiva de la Sociedad, los señores Orlando de J.B. e I.V.G. otorgaron poder a un abogado[8] para que convocara a la celebración de una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho con los accionistas de R.[9], de conformidad con el artículo 38 de la Ley 640 de 2001[10], con el objeto de obtener el pago de las sumas de dinero a las que la Sociedad había sido condenada dentro de los procesos laborales.

   1.7. Según se indica en la constancia de no conciliación y suspensión de la audiencia No. 803, realizada en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Universitaria del Área Andina, S.P.[11], los convocados a la audiencia “contravinieron lo establecido en el Código de Comercio respecto de la liquidación de las sociedades, pues distribuyeron el activo de la sociedad sin cancelar el pasivo externo de la misma, al igual, que no provisionaron de manera adecuada el pago de dicho pasivo; tampoco realizaron el depósito de dicha provisión en un establecimiento bancario, luego violentaron los derechos de los acreedores, en este caso, los convocantes [Orlando de J.B.F. e I.V.G., pues al momento de iniciar la liquidación conocían de la demanda y sus eventuales resultados, siendo necesario atender las voces del Código de Comercio en relación con la provisión para el pago eventual de los derechos litigiosos”[12].

   1.8. Explicó el accionante que como tenía fijado su domicilio en Bogotá[13], para asistir a la mencionada audiencia de conciliación le otorgó poder a un abogado para que lo representara en la diligencia, tal como lo autorizaba para la época el artículo 1 de la Ley 640 de 2001[14]. Y que luego de tal suceso, no volvió a saber nada del asunto ni le fue notificada ninguna providencia, hasta el quince (15) de septiembre de dos mil trece (2013) cuando se enteró que la cuenta corriente de Bancolombia de su propiedad había sido embargada por orden del Juzgado Segundo Civil del Circuito de P.[15]. Por esta razón confirió poder a un profesional del derecho para que indagara por el proceso en el Despacho judicial y representara sus intereses.

   1.9. Planteó el señor R.R. que, finalmente, pudo enterarse que el embargo había sido decretado por el J. Segundo Civil del Circuito de P., dentro del proceso ejecutivo iniciado por los señores Orlando de J.B.F. e I.V.G. en su contra, dada su condición de liquidador de R., y que fue adelantado a continuación del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, en el que se había emitido sentencia que lo condenaba a pagar a los señores V.G. y B.F. las sumas de veintiún millones seiscientos ochenta y cinco mil pesos ($21.685.000) y cuarenta y tres millones trescientos setenta mil pesos ($43.370.000), respectivamente, así como el setenta por ciento (70%) de la suma de doce millones trescientos seis mil pesos ($12.306.000), correspondiente a las costas fijadas en el proceso laboral que promovieron inicialmente contra la Sociedad R.[16].

   1.10. Señaló el accionante que como no fue posible realizar la notificación personal de la demanda de responsabilidad civil extracontractual, toda vez que las citaciones fueron enviadas a la calle 19 No. 8-34, oficina 804 de la ciudad de P., en donde la persona que recibió la comunicación informó que el señor R. no trabajaba en la empresa y que residía en otra ciudad[17]; el apoderado judicial de los demandantes solicitó que fuera emplazado conforme al artículo 318 del Código de Procedimiento Civil[18]. La diligencia de emplazamiento se hizo a continuación y fue nombrando y posesionando un curador ad litem[19] con quien se adelantó todo el trámite procesal[20].

   1.11. Indicó el accionante que el siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), la J. Segunda Civil del Circuito Adjunto de P. dictó sentencia de primera instancia, desestimando las pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte demandante[21]. Dicha decisión fue apelada y, finalmente, revocada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de P., mediante providencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), declarando civil y extracontractualmente responsable al señor C.H.R.R. y condenándolo a pagar a los demandantes los perjuicios ocasionados[22]. Además, en virtud de la ejecución adelantada a continuación del proceso ordinario[23], se hicieron efectivas las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre sus bienes, entre ellos, una cuenta corriente de Bancolombia, unas acciones de la Compañía de Medios de Comunicación SAS –CM& Televisión– y su salario.

   1.12. Afirmó que le extraña que a su lugar de trabajo en Bogotá, o a su residencia, nunca le llegara una citación para que se hiciera parte en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, ni en la ejecución adelantada a continuación, pero si llegaron a su domicilio laboral en octubre de dos mil trece (2013) las órdenes de embargo y secuestro de sus salarios y la participación societaria que tiene en CM& Televisión, “curiosamente después de que la condena proferida en [su] contra había quedado en firme, lo que demuestra palmariamente, por una parte el conocimiento que los ahora demandantes tenían de [su] domicilio y, por otra, las argucias de las que se valieron para vulnerar […] su derecho a la defensa”[24].

   1.13. Resaltó que desde el año mil novecientos ochenta y dos (1982) fijó su domicilio permanente en la ciudad de Bogotá por razones laborales, para asumir el cargo de gerente de comunicaciones de Coca-Cola y, posteriormente, el de gerente general de la Compañía de Medios de Información Limitada, CM& Televisión, cargo que ejerce hasta la fecha[25]. A su vez indicó que en los últimos veinte (20) años solo ha tenido dos direcciones de residencia[26]: (i) la primera que particulariza, en la que afirma que residió desde mil novecientos noventa y tres (1993) hasta enero treinta y uno (31) de dos mil nueve (2009)[27], y (ii) su actual apartamento en el que habita desde dos mil nueve (2009) hasta la fecha[28]. Asimismo, que su única dirección de trabajo desde hace veintidós (22) años ha sido la avenida calle 22 No. 42-65, correspondiente al domicilio de CM& Televisión.

2. Respuesta de los despachos accionados

   Mediante auto del nueve (9) de diciembre de dos mil trece (2013), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas e informar a los demás intervinientes en los procesos que la originaron[29]. Salvo un breve comunicado derivado del Juzgado Segundo Civil del Circuito, en donde precisa que no se tiene conocimiento de cuáles son los motivos del amparo solicitado por el accionante[30], ninguno de los otros demandados o vinculados por tener algún interés, se manifestaron oportunamente frente a la reclamación.

3. Decisión del juez de tutela de primera instancia

   La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013)[31], negó la tutela solicitada por C.H.R.R. dada la condición residual del amparo constitucional, debido a que “en el sub lite, fulge patente el fracaso de la salvaguarda, debido a que su impulsor no puede hacer uso de ella, sin antes haber planteado los argumentos esbozados como presuntamente violadores de sus derechos supralegales, frente al J. cognoscente, a quien le compete, en principio, pronunciarse sobre ellos”[32].

4. Impugnación

   El señor C.H.R.R. impugnó la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), al considerar que “si bien es cierto que la tutela es un instrumento esencialmente subsidiario y, por ende, no puede ser utilizado como una simple alternativa para ‘sustituir al juez natural por el constitucional’, no es menos cierto que, de conformidad con lo dispuesto en el [artículo 6 del Decreto 2591 de 1991], la acción de tutela sí procede cuando ‘aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’”[33].

5. Decisión del juez de tutela de segunda instancia

   La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014)[34], confirmó el fallo impugnado[35].

6. Actuaciones en sede de revisión

   La Sala de Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, mediante auto del siete (07) de octubre de dos mil catorce (2014), requirió a la Cámara de Comercio de P. el envío del certificado de constitución y gerencia de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. hoy disuelta y liquidada, y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., Risaralda, el envío de copia completa del proceso de responsabilidad civil extracontractual radicado No. 00145-00, que fue adelantando en contra del señor C.H.R.R., y que en la actualidad se encuentra en el trámite de ejecución de la sentencia, bajo el mismo radicado.

   6.1. En respuesta a lo anterior, la Directora de Registros de la Cámara de Comercio de P. mediante oficio 1524 del veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014)[36], remitió el certificado de existencia y representación legal de E.S.P. RAYCO GAS S.A.[37], en el que consta:

   6.1.1. Que por escritura pública No. 0001575 de la Notaría Sexta de P. del veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), inscrita el ocho (08) de septiembre del mismo año, bajo el número 00002768 del libro IX, se constituyó la persona jurídica E.S.P. RAYCO GAS S.A.

   6.1.2. Que por escritura pública No. 0001716 de la Notaría Sexta de P. del dieciocho (18) de julio de dos mil tres (2003), inscrita el veinticuatro (24) de julio del mismo año, bajo el número 01001164 del libro IX, se disolvió la persona jurídica E.S.P. RAYCO GAS S.A. y fueron nombrados como liquidador principal y representante legal principal el señor C.H.R.R. y como liquidador suplente y representante legal suplente el señor J.J.M.R..

   6.1.3. Que por acta No. 0000020 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del treinta (30) de agosto de dos mil cuatro (2004), inscrita el veinticuatro (24) de septiembre del mismo año, bajo el número 01003468 del libro IX, se liquidó la persona jurídica E.S.P. RAYCO GAS S.A.

   6.1.4. Que por acta No. 0000020 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del treinta (30) de agosto de dos mil cuatro (2004), inscrita el veinticuatro (24) de septiembre del mismo año, bajo el número 00064778 del libro XV, se canceló la matrícula mercantil de la persona jurídica E.S.P. RAYCO GAS S.A.

   6.2. Asimismo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. a través de oficio 2911 del seis (06) de noviembre de dos mil catorce (2014)[38], envió copia auténtica del proceso ordinario instaurado por Orlando de J.B. e I.V.G. contra C.H.R.R., en su condición de liquidador de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. en liquidación, radicado 2009-00145-00, en el cual consta la siguiente información relevante:

   6.2.1. Demanda ordinaria de responsabilidad interpuesta el trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009), en la que se indican las siguientes pretensiones: (i) que se declare solidariamente responsable al señor C.H.R.R., del pago de las obligaciones que tenía la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. al momento de ser liquidada y aprobadas las cuentas, por no haber realizado dicha liquidación conforme a los artículos 234, 241, 242 y 245 del Código de Comercio; (ii) que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al demandado a cancelar a favor de los demandantes las siguientes cantidades: a I.V.G., la suma de 50 SMLMV, y a O.B.G., la suma de 100 SMLMV, además de las costas tasadas en la suma de doce millones trescientos seis mil pesos ($12.306.000) y los intereses legales sobre las condenas determinadas en las sentencias de instancia[39]. Con la demanda se anexan las sentencias de primera y segunda instancia expedidas en el proceso ordinario laboral promovido por J.C.O.M., Orlando de J.B.F. e I.V.F. contra E.S.P. RAYCO GAS S.A.[40].

   6.2.2. Citación realizada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., al señor C.H.R.R., en su condición de liquidador de E.S.P. RAYCO GAS S.A., para surtir la diligencia de notificación personal del auto admisorio de la demanda No. 164 a la calle 19 No. 8-34 oficina 804 de P., Risaralda. En el reverso de la copia de la citación diligenciada por Postal Express S.S. el diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve (2009), aparece el siguiente informe postal: “El día 05 de noviembre del 2009, se hizo notificación personal a C.H.R.R. en su condición de liquidador de E.S.P. RAYCO GAS S.A. ubicado en la calle 19 8 34 of 804 en P., proceso que en su contra corre en el Juzgado 02 Civil del Cto de P., e identificado con número de radicado 2009-145-00 y el cual es promovido por ORLANDO DE J.B. y otro con guía 446831. || La anterior fue entregada y recibida por BEATRIZ ARIAS con número 3210005, en la dirección aportada por el Juzgado. || Encargado J.D.C.”[41].

   6.2.3. Oficio enviado por la señora N.H.L. al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., en donde indica: “Estoy devolviendo la citación de notificación personal enviada a C.H.R.R., por el servicio postal EXPRESS S.S., debido a que el señor R.R. no trabaja en esta empresa, o sea no es su sitio de trabajo pues este es en la Ciudad de Bogotá, donde también tiene su residencia y domicilio”. Obra en dicho documento sello de recibido en la secretaría del Juzgado del dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009)[42].

   6.2.4. Memorial dirigido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. por el apoderado judicial de los demandantes, el catorce (14) de enero de dos mil diez (2010), en donde manifiesta bajo la gravedad del juramento que ignora la habitación y el lugar de trabajo del demandado, razón por la cual solicita se decrete el emplazamiento del mismo[43].

   6.2.5. Auto del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. ordena emplazar al demandado C.H.R.R., conforme a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. En dicha providencia aparece la siguiente constancia secretarial: “Se deja en el sentido de que en el directorio telefónico de P., Dosquebradas, S.R. y la Virginia, de los años 2009-2010, no se encontró registro alguno con el nombre del demandado”[44].

   6.2.6. E. emplazatorio y copia de la página 14 del periódico La República, asuntos legales/judiciales, del veintiuno (21) de febrero de dos mil diez (2010), en donde aparece la publicación del edicto mediante el cual se emplaza al señor C.H.R.R.[45].

   6.2.7. Auto del veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010), mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. designa como curador ad litem para que represente al señor R.R., a los doctores L.D.A.L., M. de J.A.D. y G.A.G., para la aceptación del cargo, y memorial de aceptación del cargo por parte de M. de J.A.D., remitido al despacho el siete (07) de abril de dos mil diez (2010)[46].

   6.2.8. Constancia de notificación personal del auto admisorio de la demanda realizada al curador ad litem del señor C.H.R.R., el siete (07) de abril de dos mil diez (2010)[47].

   6.2.9. Escrito de contestación de la demanda realizada por M. de J.A.D., en su condición de curador ad litem del señor C.H.R.R., el diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010), en la que consta la oposición a las pretensiones hasta tanto se demuestren los supuestos de hecho y de derecho, y la proposición como excepciones de la prescripción de aquellas pretensiones que hubieren fenecido frente a la ley por el simple transcurso del tiempo, sin que implique reconocimiento de derecho alguno reclamado frente al demandado, y la genérica para cualquiera que pueda ser declarada oficiosamente por el juez.

   6.2.10. Acta de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio realizada el veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010)[48]. A dicha diligencia comparecieron I.V.G. y su apoderado judicial F.A.G.R. y M. de J.A.D., curador ad litem del demandado C.H.R.R.. Fue excusado el señor Orlando de J.B., co-demandante, por encontrase fuera del país y haberse presentado la debida excusa con anticipación. En la fase de fijación del litigio, ambas partes se ratificaron en los hechos, las pretensiones y las excepciones que fueron formulados en sus escritos de demanda y contestación[49].

   6.2.11. Auto del dos (02) de diciembre de dos mil diez (2010), a través del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. prescinde del período probatorio en atención a que “las pruebas solicitadas por las partes son únicamente DOCUMENTALES”[50].

   6.2.12. Auto que concede a las partes el término común de ocho (8) días para que presenten alegatos de conclusión, del dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), el cual venció en silencio[51].

   6.2.13. Sentencia del siete (07) de diciembre de dos mil once (2011) del Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto[52]. Luego de hacer un análisis de la responsabilidad del liquidador en el procedimiento de liquidación de sociedades con fundamento en las normas legales y reglamentarias, resolvió desestimar las pretensiones de la demanda, debido a que “siendo una responsabilidad civil extracontractual […], le incumbía a la parte actora demostrar los elementos y hechos de la responsabilidad y específicamente que la conducta del demandado fue gravemente culposa. Como dicha parte no cumplió con esa carga, la pretensión está llamada al fracasar, pues no se puede pretender que la acción de responsabilidad que se acomete en la demanda sea automática por el solo hecho de que en ejercicio de sus funciones de liquidador, debía responder por las obligaciones a cargo de la sociedad, pues adviértase que la misma no es ilimitada, máxime cuando, se reitera, la parte actora ni siquiera cumplió con la carga de demostrar los elementos propios de la responsabilidad, entre los cuales se haya la culpa exigida para la prosperidad de las pretensiones, razón por la cual se desestimarán, sin que haya lugar a entrar en el estudio de la excepción propuesta por el Curador-Ad litem por innecesaria”[53].

   6.2.14. Sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012) de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de P.[54], mediante la cual luego de encontrar acreditado “el incumplimiento de las funciones por parte del liquidador, así como la violación de las normas que rigen la liquidación privada de las sociedades comerciales”, primero, revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de la misma ciudad; segundo, declaró no probadas las excepciones de mérito formuladas por el demandado a través de curador ad litem (prescripción y genérica); tercero, declaró civil y extracontractualmente responsable al señor C.H.R.R., de los perjuicios causados a los señores I.V.G. y Orlando de J.B.F., con ocasión de la liquidación de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A.; cuarto, condenó al señor C.H.R.R. a pagarle a I.V.G. y Orlando de J.B.F., las sumas consignadas en la sentencia[55].

   6.2.15. Demanda ejecutiva singular interpuesta el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013), por Orlando de J.B. e I.V.G. contra C.H.R.R., a través de la cual se pretende que se libre mandamiento de pago a favor de los ejecutantes y en contra del ejecutado con base en la sentencia proferida a su favor[56].

   6.2.16. Auto interlocutorio 364 del dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. libra mandamiento de pago en contra del señor C.H.R.R., a favor de Orlando de J.B. e I.V.G., por las sumas antes indicadas. En el tercer resolutivo se le concedió al ejecutado un término de cinco (05) días para pagar o de diez (10) días para proponer excepciones, los cuales transcurrieron en silencio[57].

   6.2.17. Auto interlocutorio 520 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013), por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. ordena seguir adelante la ejecución a favor de Orlando de J.B. e I.V.G. contra C.H.R.R.; se decreta el secuestro, avalúo y posterior remate de los bienes de propiedad del demandado que eventualmente se llegaren a embargar; se ordena la liquidación del crédito, y se condena en costas a la parte ejecutada[58].

   6.2.18. Memorial suscrito por C.H.R.R., del veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013), por medio del cual le otorga poder especial, amplio y suficiente a un abogado[59] para que represente sus intereses en el proceso ejecutivo seguido a continuación del ordinario, identificado con el radicado 200900145, y que es objeto de trámite en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P.[60].

   6.2.19. Memorial suscrito por el apoderado judicial del señor C.H.R.R., a través del cual solicita que por la secretaría del despacho se le expidan copias de todo el expediente[61].

   6.2.20. Auto del ocho (08) de noviembre de dos mil trece (2013) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., mediante el cual se le reconoce personería legal, amplia y suficiente al abogado para que represente los intereses del demandado, y se resuelve favorablemente la solicitud de copias del expediente[62].

   6.2.21. Memorial suscrito por el apoderado judicial de los ejecutantes Orlando de J.B. e I.V.G., mediante el cual solicita que se ordene cancelar a su nombre los títulos depositados a órdenes del proceso y los que se llegaren a depositar[63].

   6.2.22. Auto del veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014) del Juzgado Segundo Civil del Circuito, mediante el cual se requiere a la parte demandante la presentación de la liquidación del crédito en los términos del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, antes de proceder al pago de los títulos judiciales solicitado[64].

   6.2.23. Liquidación del crédito presentada por el apoderado judicial de los ejecutantes por concepto de capital e intereses al cinco (05) de septiembre de dos mil catorce (2014)[65].

   6.2.24. Memorial suscrito por el apoderado judicial del ejecutado, presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito el primero (01) de octubre de dos mil catorce (2014), a través del cual formula objeciones a la liquidación del crédito realizada por el abogado de los ejecutantes y presenta una liquidación alternativa[66].

   6.2.25. Memorial suscrito por el apoderado judicial de los ejecutados, presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. el quince (15) de julio de dos mil trece (2013), a través del cual solicita el decreto del embargo de la cuenta corriente del señor C.H.R.R.[67].

   6.2.26. Auto del veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., decreta el embargo de los dineros depositados en la cuenta corriente del señor C.H.R.R.[68]. Posteriormente, por solicitud que realizara el abogado de los ejecutantes[69], por auto del cinco (05) de agosto de dos mil trece (2013), se complementó la decisión anterior en el sentido de limitar el embargo a la suma de ciento diez millones de pesos ($110.000.000)[70]. Oficios que comunican de dichas medidas al gerente del Banco Nos. 2227 del veinticinco (25) de julio y 2332 del cinco (05) de agosto de dos mil trece (2013)[71].

   6.2.27. Oficio dirigido por funcionarios de la Sección de Embargos y Soluciones Legales del Banco al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., el treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), por medio del cual se informa que la medida de embargo se aplicó para el cliente C.H.R.R., pero precisando que dicha cuenta “no presenta saldos líquidos” y que se procedió a embargarla[72].

   6.2.28. Memorial sin fecha presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. por parte del apoderado judicial de los ejecutantes, mediante el cual solicita el embargo del salario devengado por el señor R.R. como representante legal de la Compañía de Medios de Información SAS[73].

   6.2.29. Auto del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., mediante el cual se decreta el embargo de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que perciba el ejecutado, en razón de su calidad de representante legal de la Compañía de Medios de Información SAS[74], y oficio No. 2515 del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), que informa de dicha medida al pagador de la Sociedad[75]. En respuesta a la petición realizada por la Coordinadora del Departamento de Recursos humanos de tal compañía, en el sentido de informar el valor límite de la medida cautelar[76], a través de auto del ocho (08) de noviembre de dos mil trece (2013), se informa la suma correspondiente[77].

   6.2.30. Memorial presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. el quince (15) de octubre de dos mil trece (2013), por el apoderado judicial de los ejecutantes, a través del cual solicita que se oficie al representante legal de la sociedad Compañía de Medios de Información SAS, la inscripción en el libro de registro de accionistas de la empresa del embargo sobre las acciones que el ejecutado R.R. posee en dicha Sociedad[78].

   6.2.31. Auto del ocho (08) de noviembre de dos mil trece (2013) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., mediante el cual se decreta el embargo sobre las acciones que posee el demandado en la Compañía antes mencionada, el cual se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan[79], y oficio No. 3130 del ocho (08) de noviembre de dos mil trece (2013), que informa de dicha medida al representante legal de la sociedad para efectos de su inscripción en el libro de accionistas[80].

   6.2.32. Oficio del once (11) de abril de dos mil catorce (2014) suscrito por la Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos de la Compañía de Medios de Información SAS, mediante el cual informa al juzgado que se ha dado cumplimiento a la medida cautelar de embargo de salarios ordenada desde el mes de noviembre de dos mil trece (2013), y que el valor retenido hasta la fecha es de dieciocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos un pesos ($18.494.601)[81]. Se anexan copias de las consignaciones realizadas al Banco Agrario[82].

   6.2.33. Oficio del once (11) de abril de dos mil catorce (2014) suscrito por el representante legal de la Compañía de Medios de Información SAS, a través del cual informa al juzgado que se ha dado cumplimiento a la medida cautelar relacionada con el registro en el libro de accionistas, además, que como hasta la fecha no se ha realizado distribución de dividendos, no se le ha descontado ningún valor por dicho concepto al señor R.R.[83].

   6.2.34. Auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., por medio del cual accede a la solicitud de los demandantes en el sentido de entregar a su apoderado judicial los títulos judiciales que reposan en el expediente. En consecuencia, ordena la cancelación de los títulos judiciales 419971, 424574, 426773, 430055, 434119, 437130, 440789, 443713, 413984 y 446499 por un monto total de treinta y cuatro millones ochocientos dieciocho mil ochenta y ocho pesos ($34.818.088)[84].

1. Competencia

   La Sala Primera es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico

   C.H.R.R. interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P. y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P., Risaralda, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de la misma ciudad, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y a la obtención de una pronta y efectiva justicia. El reclamo constitucional se fundamentó en que en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía, iniciado en su contra por los señores Orlando de J.B. e I.V.G., y que dio lugar a la ejecución de la sentencia y a la práctica de medidas cautelares sobre su patrimonio, presuntamente, no se realizó en legal forma la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Peticionó, entonces, que como consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales, se deje sin efectos la totalidad de las actuaciones judiciales adelantadas por los operadores accionados en desarrollo y con ocasión de los procesos referidos.

   De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P., Risaralda, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de la misma ciudad, los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y a la obtención de una pronta y efectiva justicia del ciudadano C.H.R.R., supuestamente, por no haber realizado en legal forma durante el trámite del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, la notificación personal del auto admisorio de la demanda, teniendo en cuenta que el accionante no acudió a los mecanismos de defensa judicial que el legislador en materia procesal civil ha dispuesto para subsanar los defectos de forma generados por una indebida notificación?

   Para desarrollar el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) reiterar la jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) resolver el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

   3.1. La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior, ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[85].

   3.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores judiciales. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.

   3.3. A continuación, la Sala reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[86]:

   3.3.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[87], como desde una interpretación sistemática, teniendo como referencia el bloque de constitucionalidad[88] e, incluso, a partir de la ratio decidendi[89] de la sentencia C-543 de 1992[90], siempre que se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

   3.3.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales[91]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional[92]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[93]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[94].

   3.3.3. Además de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional[95], a saber: defecto orgánico[96], sustantivo[97], procedimental[98] o fáctico[99]; error inducido[100]; decisión sin motivación[101]; desconocimiento del precedente constitucional[102], y violación directa de la Constitución[103].

   3.4. Acerca de la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico[104].

   3.5. Los eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales[105].

   Asimismo, vista la excepcionalidad de la tutela como mecanismo judicial apropiado para rectificar las actuaciones judiciales equivocadas, es necesario que las alegadas causales de procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente o protuberante, y que las mismas sean de tal magnitud, que puedan desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[106]. Por esta razón, esta Corporación ha sido muy clara al señalar que no toda irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho[107].

   3.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad; (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la Corporación para hacer admisible el amparo material, y (iii) el requisito sine qua non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[108].

   3.7. Acerca del principio de subsidiaridad. Como se ha mencionado, la Corte es especialmente exigente cuando la controversia se deriva de un pronunciamiento judicial, especialmente en relación con los principios de subsidiariedad e inmediatez[109].

   El primero, exige el agotamiento de todos los recursos judiciales como condición previa para la interposición de la acción, salvo que se busque un amparo transitorio, en razón a que el proceso judicial es el escenario en el cual debe buscarse la protección de los derechos constitucionales y legales en primer término, y en consideración a que la competencia del juez de tutela frente a una sentencia judicial se contrae a los aspectos con relevancia constitucional que fueron discutidos al interior del proceso, sin obtener una respuesta constitucionalmente adecuada por parte de los jueces especializados[110]. El segundo, comporta la obligación de interponer la acción dentro de un plazo razonable, como garantía esencial para la seguridad jurídica y los derechos de terceros[111].

   En lo concerniente al principio de subsidiariedad, en la sentencia T-1049 de 2008[112] la Sala Tercera de Revisión realizó una precisión conceptual en relación con los conceptos de subsidiariaridad y residualidad de la acción de tutela. Precisó que aunque en ocasiones ambos términos se usan indistintamente, en realidad son conceptos relacionados pero no idénticos. El primero, hace referencia a la inexistencia de recursos como presupuesto para la procedibilidad de la tutela[113]; el segundo, condiciona el estudio de fondo del amparo a que se hayan agotado los recursos existentes. Expuso: “Para explicar la relación entre ambos conceptos, de forma sencilla, basta con señalar que existen diversas razones por las cuales una persona carece de medios judiciales de defensa diferentes a la acción de tutela, y una de ellas es que haya agotado los recursos existentes. Esta situación se hace evidente en el caso de los fallos judiciales: debido a que por regla general los diferentes procesos prevén recursos, sólo cuando el peticionario los ha agotado, puede considerarse que no posee otro medio de defensa judicial[114].

   En este orden de ideas, debe reiterarse que el incumplimiento del requisito de subsidiariedad solo puede ser excusado por circunstancias de fuerza mayor, que de ninguna forma puedan imputarse al peticionario, y que se encuentren probadas en el proceso, o se prueben durante el trámite de la tutela[115].

4. El tutelante no agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance

   4.1. Como ya lo señaló la Sala, para que la solicitud de amparo sea procedente en sede constitucional, debe darse cumplimiento al mandato según el cual esta solo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, lo que es conocido como el requisito de subsidiaridad. En las sentencias T-639 y T-996 de 2003[116], la Sala Novena de Revisión precisó este condicionamiento de la acción de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de una de las siguientes hipótesis[117]:

   “a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario[118], que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador[119], y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos[120], pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[121].

   “b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción[122].

   “c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional”[123].

   4.2. Así las cosas, cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela una decisión judicial, los requisitos generales de procedencia se hacen más exigentes pues (i) la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al interior del proceso, diferentes vías para defender sus derechos, y (ii) no es el propósito de la acción de tutela el que se produzca una invasión de competencias por parte del juez constitucional, frente a las demás autoridades judiciales.

   Para la Corte es claro que al juez natural le corresponde el estudio detallado de todos los elementos normativos y fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un amplio debate probatorio y de la interpretación y aplicación de las cláusulas legales involucradas en el conflicto. Al juez constitucional, en cambio, solo le corresponde conocer de violaciones o amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, solo en caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.

   Esta restricción en la actuación del juez de tutela es una consecuencia de la obligación del peticionario de actuar diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes al interior del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la interposición de la acción de tutela, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor que le corresponde alegar y demostrar al peticionario.

   4.3. En el caso objeto de estudio, el señor C.H.R.R. acude a la acción de tutela para que le sean restablecidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y a la obtención de una pronta y efectiva justicia, que considera vulnerados por los despachos judiciales que tramitaron en primera y segunda instancia el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de mayor cuantía, iniciado en su contra por los señores Orlando de J.B. e I.V.G., que dio paso a la ejecución de la sentencia, en donde se ordenaron medidas cautelares sobre sus bienes. El argumento planteado para cimentar la vulneración de los derechos es la presunta indebida notificación del auto admisorio de la demanda ordinaria, razón por la cual no le fue posible ejercer el derecho de defensa.

   Sin embargo, observa la Sala que una vez enterado del resultado del proceso ordinario y del trámite de la ejecución de la sentencia[124], por cuenta de la práctica de las medidas cautelares decretadas sobre su patrimonio, suceso que tuvo ocurrencia en el mes de septiembre de dos mil trece (2013) según afirmación realizada por el accionante[125], no acudió a los mecanismos de defensa judicial que el legislador en materia procesal civil ha dispuesto para subsanar los defectos de forma generados por una indebida notificación.

   4.4. Está demostrado en el proceso de tutela que el señor C.H.R.R. le otorgó poder a un abogado para que representara sus intereses en la ejecución adelantada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P.[126], y que, pese a ello, “[s]egún comunicación enviada a [la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia] por el juzgador a quo, el aquí promotor no ha elevado ningún reclamo tendiente a debatir dentro del precitado ejecutivo, las circunstancias puntual[es] de la queja, y menos ha deprecado su invalidación por las presuntas irregularidades que rodearon su notificación”[127].

   En la exhaustiva revisión que hizo la Sala del expediente contentivo de las actuaciones adelantadas en el proceso de responsabilidad civil extracontractual y de la ejecución seguida a continuación, ambos bajo el radicado No. 2009-0145-00, encontró un memorial suscrito por el apoderado judicial del ejecutado, presentado al Juzgado Segundo Civil del Circuito el primero (01) de octubre de dos mil catorce (2014), a través del cual formuló objeciones a la liquidación del crédito realizada por el abogado de los ejecutantes y presentó una liquidación alternativa, sin hacer pronunciamiento alguno acerca de la nulidad ahora alegada, que se fundamenta en la presunta indebida notificación de la demanda de responsabilidad civil extracontractual[128].

   Como puede observarse, el apoderado del señor R.R. intervino en el proceso para controvertir la liquidación del crédito presentada por el apoderado judicial de los ejecutantes, y propuso como nulidad la contemplada en el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la que se genera cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, mas nada planteó en relación con el defecto de forma generado por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda, que alega.

   4.5. Si el accionante consideraba que los despachos demandados vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y a la obtención de una pronta y efectiva justicia, debió acudir a los medios de defensa judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, esto es, en el caso concreto, la alegación de la nulidad procesal por errónea o indebida notificación en el trámite de la ejecución de la sentencia de responsabilidad civil extracontractual y la interposición del recurso extraordinario de revisión contra la sentencia emitida en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual[129]. Veamos:

   Nulidad procesal por errónea o indebida notificación: el numeral 8° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, consagra como causal de nulidad del proceso: “Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición”. Esta nulidad, conforme al artículo 142 ibíd., puede alegarse: (i) en cualquiera de las instancias del proceso, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a esta si ocurrieron en ella; (ii) durante las diligencias de entrega de bienes y personas, oposición a la entrega o ejercicio del derecho de retención, según los artículos 337, 338 y 339 ibíd., respectivamente; (iii) como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia; (iv) en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal, o (v) mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades.

   En relación con el recurso de revisión, en la sentencia T-275 de 2013[130] la Sala Segunda de Revisión se pronunció acerca de su idoneidad y eficacia para la protección del debido proceso en general. En esa oportunidad resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por una ciudadana contra una providencia judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por incumplir el requisito de subsidiariedad, específicamente por no agotar el recurso extraordinario de defensa que tenía a su disposición. Al respecto, sostuvo:

   “[…] cuando la acción de tutela versa sobre la protección del derecho fundamental al debido proceso, la idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, depende de la naturaleza de los derechos que se vean involucrados con la afectación del derecho al debido proceso. En otras palabras, pueden existir procesos en los cuales la vulneración del derecho al debido proceso implica la afectación directa de derechos igualmente fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la libertad o a la libertad de expresión. Este sería el caso de un proceso penal, en el cual la indebida notificación, además de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso, puede incidir en la afectación del derecho fundamental a la libertad. En estos casos, la Corte Constitucional ha reconocido que el recurso extraordinario de revisión en materia penal, no es un medio idóneo de defensa judicial y, en consecuencia, procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. || […] Sin embargo, pueden existir otra clase de casos, en los cuales la afectación del derecho fundamental al debido proceso, no implica per se el desconocimiento de otros derechos de rango fundamental, sino que afecta derechos de rango legal y contenido económico o prestacional. Es el caso de los procesos ejecutivos en materia civil, donde la presunta afectación del derecho al debido proceso, conlleva a la amenaza o afectación de otro tipo de derechos no fundamentales, como el derecho a la propiedad, entre otros. En esos casos, los mecanismos ordinarios [y extraordinarios de defensa, como el recurso de revisión], se constituyen en el medio idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental al debido proceso. […]. De todos modos es importante resaltar que la falta de diligencia del recurrente para utilizar las herramientas de defensa que el ordenamiento jurídico pone a su alcance, no sirve de excusa ni es relevante para la procedencia de la acción de tutela” (negrillas fuera de texto)[131].

   Observa la Sala que en el caso bajo examen pretende controvertirse a través del mecanismo constitucional de la tutela, un asunto que debió debatirse ante el juez natural, haciendo uso de los mecanismos procesales que consagra el Código de Procedimiento Civil para ventilar el defecto de forma derivado de la práctica errónea o indebida de la notificación al demandado del auto que admitió la demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual. En consecuencia, deberá reiterar la regla según la cual la acción de tutela es improcedente por subsidiariedad, cuando la parte accionante no agota los mecanismos de defensa judicial que tiene a su disposición.

   4.6. La jurisprudencia constitucional ha precisado que en caso de cualquier deficiencia en la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, la parte afectada por ese defecto tiene a su disposición los mecanismos mencionados con antelación, para corregir ese defecto procesal que puede llegar a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. Al respecto, se pronunció la Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-489 de 2006[132]:

   “[…] en relación con la errónea o indebida notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el Código de Procedimiento Civil prevé dos medios procesales para corregir esa deficiencia y dispone la consecuencia correspondiente. En efecto, en relación con los recursos procedentes para proteger el derecho de defensa del demandado, en primer lugar, el artículo 140, numeral 8º, del estatuto procesal civil dispone que el proceso es nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o de su corrección o adición”. Así, el demandado podrá alegar la nulidad por falta de notificación como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia o en el proceso ejecutivo mientras no haya terminado por causa legal o por el pago total a los acreedores (artículo 142 del Código de Procedimiento Civil). Y, en segundo lugar, el artículo 380, numeral 7º, del Código de Procedimiento Civil señala como causal de procedencia del recurso de revisión, “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no se haya saneado la nulidad”.

   4.7. R., la acción de tutela solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. No sobra advertir que el perjuicio que se pretende evitar debe recaer sobre un derecho fundamental, y este aspecto no aparece en el caso estudiado por la Sala, toda vez que el accionante ha precisado en su escrito que el perjuicio irremediable, por el cual acude al amparo constitucional, consiste en la afectación de su patrimonio en razón de la práctica de las medidas cautelares adelantadas en el curso de la ejecución de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de P., el veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012). En este evento, la violación al debido proceso, que eventualmente puede tener como efecto la consumación de un perjuicio patrimonial, no es razón suficiente para la procedencia de la acción de tutela dado que, en principio, los derechos patrimoniales no son derechos fundamentales. En otras palabras el perjuicio que se pretende evitar mediante este mecanismo de amparo es aquel que tiene la condición de iusfundamental y que, de ninguna manera, puede ser remediado posteriormente, circunstancia esta que no se cumple en la solicitud estudiada.

   En aquellos casos en los cuales la acción de tutela se concede para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental de carácter irremediable, los efectos del fallo de tutela son meramente transitorios y quedan supeditados a la decisión final adoptada por el juez de la causa. En criterio de la Corte Constitucional,

   “[…] siempre debe haber una necesidad de acudir a la tutela, y no una mera opción. Si se interpone la acción de tutela es porque hay un principio de razón suficiente que lo justifica. No se instituyó este mecanismo como un medio de sustitución, sino como un medio subsidiario –regla general–, o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, evento excepcional. Pero aún en este caso no se sustituye la vía ordinaria, porque la tutela es transitoria, es decir, se acudiría a la vía ordinaria de todas maneras”[133] (negrillas originales).

5. Conclusión

   La acción de tutela presentada por el señor C.H.R.R. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de P., la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P., Risaralda, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de la misma ciudad, es improcedente debido al incumplimiento del principio de subsidiariedad, por cuanto el accionante no agotó ante el juez natural los mecanismos de defensa judicial que el legislador en materia procesal civil ha dispuesto para subsanar los defectos de forma generados por una indebida notificación.

   En consecuencia, la Sala Primera de Revisión revocará la sentencia del trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor C.H.R.R., y la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014), emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la anterior, y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por no superar el examen formal de procedibilidad en lo que respecta al requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,