Auto nº 616/17 de Corte Constitucional, 15 de Noviembre de 2017
| Ponente | :GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2017 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3074 |
Auto 616/17
Referencia: Expediente ICC-3074
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.
Magistrada Ponente:
GLORIA S.O. DELGADO
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere el siguiente
AUTO
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El 27 de junio de 2017, M.C.V.L., actuando a nombre propio, instauró acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante “UARIV”), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la justicia, verdad y reparación integral, debido a que la entidad demandada no reconoció como hecho victimizante el homicidio de su hermano H.Ó.V.L. ocurrido el 4 de diciembre de 2011, y por ello no fue incluida en el Registro Único de Víctimas.
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El conocimiento de la acción le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, quien mediante sentencia del 14 de julio de 2017, declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que la acción de tutela no cumplió con el requisito de inmediatez.
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Admitida la impugnación por el juez de primera instancia, el expediente fue remitido a la oficina de apoyo judicial con destino al Tribunal Superior de Pasto para que resolviera la acción de tutela en segunda instancia; sin embargo, a pesar de que el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Pasto, éste fue repartido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.
Mediante auto del 2 de agosto de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño resolvió remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial para que éste fuera repartido al superior jerárquico correspondiente del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto. Justificó su actuación en el siguiente argumento: “teniendo en cuenta que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no tiene inferior jerárquico y, por lo tanto, no es superior jerárquico del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto, se advierte que pudo haber existido un error en el reparto al momento de asignar la impugnación de la referencia a este Despacho (…)”.
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Efectuado nuevamente el reparto, el conocimiento de la segunda instancia le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. Por medio de auto del 9 de agosto de 2017, este despacho judicial decidió (i) no asumir el conocimiento de la impugnación concedida al accionante; (ii) proponer conflicto negativo de competencias, y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera.
El Tribunal sustentó su falta de competencia en que la Circular No. CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño establece que los Tribunales Superiores, Administrativos y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño son competentes para conocer en segunda instancia de los fallos de tutela proferidos por los juzgados del circuito, sin distinción alguna relacionada con su especialidad.
Con base en lo anterior, concluyó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño no podía rehusar el conocimiento de la impugnación presentada por M.C.V.L..
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Esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de los procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común[1]. Incluso, en caso de que exista un superior jerárquico común, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela y del derecho de acceso oportuno a la administración de justicia, “(…) la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales”[2].
En este caso la Corte Constitucional es competente para resolver este conflicto negativo de competencias, en razón a que las autoridades judiciales involucradas carecen de un superior jerárquico común, pues funcionalmente pertenecen a jurisdicciones diferentes, pero orgánicamente hacen parte de la jurisdicción constitucional. Si bien por disposición constitucional y legal[3], la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver los conflictos entre las distintas jurisdicciones hasta la entrada en funcionamiento del Comisión Nacional de Disciplina Judicial[4], esta Corporación ha dicho que esa competencia no abarca los conflictos que se susciten dentro de la jurisdicción constitucional[5].
Por lo tanto, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio y entrará a resolver el conflicto de competencias originado entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto.
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En vista de que el presente conflicto de competencias se trabó como consecuencia de una disparidad de criterios relacionados con la interpretación de las disposiciones que regulan la competencia para el trámite de la impugnación de un fallo de tutela, la Corte considera necesario precisar su alcance.
De una parte, el inciso primero del artículo 86 de la Constitución establece que el fallo de la acción de tutela puede “(…) impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”. De otro lado, para definir la competencia de la segunda instancia en tutela, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, dispuso:
“Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.”
La Sala Plena observa que de una lectura sistemática del artículo 86 Superior y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, se puede concluir que la intención del constituyente primario y del Legislador extraordinario respecto de la aplicación de las reglas de conocimiento de la impugnación, fue la de la asignación del asunto al “superior jerárquico correspondiente”, esto es, aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico. Dicho en otros términos, al referirse al superior “correspondiente”, la norma define la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez “correspondiente”.
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La Sala recalca que el Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es de contenido estatutario y fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo del literal b) del artículo 5º transitorio de la Constitución, a través del cual se revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, tales como reglamentar el mencionado mecanismo constitucional.
En este orden de ideas, para la Corte la Circular No. CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, que establece reglas de reparto para la asignación de las acciones de tutela en segunda instancia, desconocen el alcance dado por el Legislador extraordinario al Decreto Estatutario de 1991.
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Debido a que recientemente esta Corporación ha resuelto casos similares en los que se cuestiona el contenido de la Circular No. CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, la Sala Plena reiterará las reglas aplicadas en estos casos[6].
La Corte considera que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño respetó y acató lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, toda vez que remitió el expediente a la oficina de reparto para que éste fuera asignado al superior jerárquico funcional del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto. Aclarado lo anterior, esta Corporación estima que en el caso objeto de estudio se presentó un conflicto de competencias, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto se rehusó a tramitar la impugnación presentada por el actor y remitió el expediente a esta Corporación con el objetivo de que resolviera el conflicto de competencias.
A pesar de la existencia de un mandato legal que obliga a los jueces de tutela a tramitar la impugnación de que trata el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto se abstuvo de cumplir su obligación de conocer de la impugnación presentada por M.C.V.L., con fundamento en la Circular No. CSJNAC17-14 del 31 de marzo de 2017 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, que la Corte Constitucional, en reciente y reiterada jurisprudencia, ha sostenido que desconoce las disposiciones del Decreto 2591 de 1991.
Ello permite a la Sala Plena concluir que en este caso la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto desconoció las disposiciones del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 al no emitir un pronunciamiento de fondo.
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Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 9 de agosto de 2017, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, dentro de la acción de tutela formulada por M.C.V.L. contra la UARIV.
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Así mismo, la Sala remitirá el expediente ICC-3074, que contiene la acción de tutela presentada por M.C.V.L., a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar respecto de la impugnación presentada por la accionante.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 9 de agosto de 2017, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, dentro de la acción de tutela formulada por M.C.V.L. contra la UARIV.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3074, que contiene la acción de tutela presentada por M.C.V.L., a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar respecto de la impugnación presentada por la accionante.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a las partes y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA S.O. DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO LOAÍZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
[1] Ver entre otras, las siguientes providencias: Autos 23 de 2000, M.P.J.G.H.G.; 51 de 2000, M.P.V.N.M.; 52 de 2000, M.P.V.N.M., 60 de 2000, M.P.V.N.M.; 68 de 2000, M.P.J.G.H.G.; 87A de 2000, M.P.A.B.C.; 18 de 2001, M.P.J.G.H.G.; 32 de 2001, M.P.C.P.S.; 100 de 2001, M.P.J.C.T.; 103 de 2001, M.P.J.C.T.; 106 de 2001, M.P.J.C.T.; 137A de 2001, M.P.E.M.L.; 164A de 2001, J.C.T.; 164B de 2001, M.P.R.E.G.; 165 de 2001, M.P.E.M.L.; 31 de 2002, M.P.E.M.L.; 37A de 2002, M.P.Á.T.G.; 40 de 2002, M.P.C.I.V.H.; 47 de 2002, M.P.R.E.G.; 48 de 2002, E.M.L.; 49 de 2002, M.P.C.I.V.H.; 50 de 2002, M.P.C.I.V.H.; 69A de 2002, M.P.M.J.C.E.; 15 de 2003, M.P.M.G.M.C.; 128 de 2003, M.P.J.C.T.; 135 de 2003, M.P.Á.T.G.; 159A de 2003, M.P.E.M.L..
[2] Auto 223 de 2003, M.P.M.G.M.C.. También se pueden consultar las siguientes providencias en las que la Corte ha desarrollado y reiterado esta regla: Autos 124 de 2009, M.P.H.A.S.P.; 243 de 2012, M.P.L.G.G.P.; 4 de 2013 M.P.N.P.P.; 15 de 2013 M.P.M.V.C.C.; 3 de 2015, M.P.L.G.G.P.; 9 de 2017, M.P.J.I.P.P.; 11 de 2017, A.R.R.; 171 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[3] Numeral 6 del artículo 256 Superior (modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015) y el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.
[4] Auto 278 de 2015, M.P.L.G.G.P..
[5] Autos 16 de 1994, M.P.J.A.M.; 087 de 2001, M.P.M.J.C.E.; 75 de 2007, M.P.H.A.S.P.; 79 de 2009, M.P.M.G.C.; 55 de 2013, M.P.J.I.P.P.; 002 de 2015, M.P.M.V.S.M.; 62 de 2017, M.P.A.R.R.; 377 de 2017, M.P.A.L.C., entre otros.
[6] Ver autos número 496, 521, 526, 527, 532, 533, 536 y 589 de 2017.
