Sentencia de Tutela nº 639/16 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2016

La señora Y.P.M. de M., promovió acción de tutela en contra de C., por cuanto considera que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso y a la dignidad humana al negarle el reconocimiento de la pensión de vejez al haber cumplido todos los requisitos de ley para tal fin.

1. Hechos:

   1.1. Manifiesta la accionante que desde enero de 1988 es funcionaria de la E. S. E Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha en el cargo de enfermera, en el puesto de salud rural de corregimiento de Matitas, en el Departamento de La G..

   1.2. Expresa la demandante que desde el momento en el que se vinculó al hospital ha cotizado en el sistema general de pensiones en Cajanal, hoy a cargo de la UGPP y posteriormente en el Instituto de Seguros Sociales, ahora C., señala que tiene más de 28 años cotizando al sistema pensiones y que en la actualidad ya cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez (edad y semanas cotizadas).

   1.3. Sostiene que en el mes de agosto del año 2010, recibió una comunicación por parte de Porvenir, donde se le informó que como afiliada al Fondo de Pensiones había cumplido con todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

   1.4. Manifiesta la demandante que días después de haber recibido dicha notificación y confiada en la veracidad de la misma, inició ante Porvenir los trámites para obtener el reconocimiento pensional.

   1.5. Advierte que El Fondo de Pensiones y C. le indicó que hubo cambios en el sentido que los afiliados de Pensiones Porvenir, pasaron al fondo de pensiones del BBVA Horizonte, motivo por el cual el trámite de reconocimiento quedo inconcluso. Posteriormente inició ante el BBVA la gestión para obtener su pensión, pero este nunca finalizó por las constantes trabas a las que fue sometida.

   1.6. Aduce que finalmente recibió comunicación por parte de Porvenir donde se le indicó que no pueden pensionarla debido a que en comité de multiafiliación realizado en el año 2010, entre Porvenir y el entonces Instituto de Seguros Sociales se determinó que su pensión debía ser tramitada y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

   1.7. Por último, indica que una vez conoció la información entregada por Porvenir, se dirigió a C. para iniciar el proceso de reconocimiento de pensión de vejez, el cual inicio en junio de 2014 y que después de casi dos años de trámites y diligencias fue negada mediante Resolución núm. GNR 358924 del 13 noviembre de 2015, según la Administradora porque la accionante a pesar de cumplir con la edad no acredita 20 años de aportes (1.029 semanas) al 31 de julio de 2010, ya quesolo contaba con 831 semanas.

2. Trámite procesal

   El 2 de marzo de 2015 el Juzgado 2.° Penal del Circuito de Riohacha, La G., admitió la acción de tutela y ofició al liquidador y/o representante legal de C. para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

3. Contestación de la Administradora Colombiana de Pensiones, C..

   La entidad accionada guardo silencio[1].

4. Decisión objeto de revisión.

   4.1 Sentencia de única instancia.

   Mediante sentencia del 15 de marzo de 2016, el Juzgado 2.° Penal del Circuito de Riohacha, negó la acción de tutela interpuesta por Y.P.M. de M..

   Lo anterior, al considerar que la accionante no cumple con los requisitos para que de manera excepcional proceda el reconocimiento de la pensión mediante la acción de tutela, en tanto no resultan probados los presupuestos que configuran la existencia de un perjuicio irremediable, ante la existencia de material probatorio que confirme dicha afectación.

   En este mismo sentido, señaló el Juzgado que en lo que a la procedencia de acción de tutela como mecanismo transitorio respecta, se entiende que no acreditó los criterios exigidos por la jurisprudencia constitucional atinentes a la inminencia que exige medidas inmediatas para salir de ese perjuicio irremediable.

5. Pruebas

   Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela esta S. destaca las siguientes:

   - Copia de la respuesta entregada por Porvenir S. A., donde señala que la señora Y.M. de M. ya no está afiliada al Fondo de Pensiones y Obligaciones Porvenir S. A., y que ahora está válidamente afiliada a C..

   - Copia de la Resolución GNR 358924 de fecha 13 de noviembre de 2015 otorgada por C., donde se niega la pensión de vejez a la señora Y.P.M. de M..[2]

   - Copia de la certificación de salario base, expedida por el Hospital Nuestra Señora de los Remedios[3].

   - Copia del formulario de afiliación al sistema general de pensiones, expedido por C. con fecha del 13 de febrero de 2015[4].

   - Copia del formulario de peticiones, reclamos y sugerencias, expedido por C..[5]

   - Copia de la respuesta expedida por C. a la solicitud de la señora Y.P.M. de M., con fecha de 17 de abril de 2015, donde expone los motivos del rechazo de la pensión.

   - Copia de la historia clínica de la señora Y.M. de M. emitida por la Unidad Médica Radiológica del Carmen, de Riohacha (La G.).[6]

   - Copia de la Resolución GNR 140396 expedida por C., en la que se reconoce pensión de vejez a la señora Y.P. de M.. Allegada en sede revisión el día 16 de noviembre de la presente anualidad.

1. Competencia.

   Esta S. es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.

2. Planteamiento del problema jurídico.

   2.1. Conforme a lo expuesto, corresponde a esta S. de Revisión determinar si C. vulneró los derechos fundamentales de la señora Y.P.M. de M. al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso, al negarle la pensión de vejez por supuestamente no haber acreditado el número de semanas al 31 de julio de 2010 requeridas para tal fin

   2.2. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) Las condiciones constitucionales generales para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de una pensión. Reiteración de Jurisprudencia; (ii) Derecho a la Seguridad Social en Pensiones. Alcance de la pensión de vejez y su reconocimiento a través de la acción de tutela; (iii) Régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 100 de 1993; (iv) Reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen contemplado en el acuerdo 049 de 1990. Posibilidad de acumular tiempos de servicios en entidades públicas cotizados en Cajas o fondos de Previsión Social con los aportes realizados al ISS y; (v) con base en ello resolverá el caso concreto.

3. Las condiciones constitucionales generales para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de una pensión.

   3.1. El artículo 86 de la, Constitución Política, es claro en señalar que cualquier ciudadano podrá recurrir a la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos se vean vulnerados por la acción u omisión de las autoridades.

   En complemento de la norma constitucional mencionada anteriormente y en relación con lo descrito, en el artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de 1991[7], en lo que a la improcedencia del mecanismo constitucional se refiere, se advierte que aun cuando existan otros mecanismos de defensa judiciales, la acción procederá “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Tal estimación quedará en cabeza del juez constitucional que atendiendo los presupuestos de eficacia determinará si los mecanismos ordinarios son efectivos para garantizar la protección del derecho. El tenor de la norma dispone lo siguiente:

   “La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.[8]

   Lo anterior sugiere que, si bien es cierto que la Corte ha condicionado el uso del amparo a la disposición por parte del accionante de otro mecanismo de defensa judicial, la norma establece que esta “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)”[9].

   Así las cosas, en razón del carácter subsidiario de la acción de tutela, la Corte ha señalado de manera reiterada que generalmente esta no procede para ordenar el reconocimiento de pensiones cuando existan medios ordinarios idóneos para tratar dichos asuntos, salvo cuando esta se presente con el fin de evitar un perjuicio irremediable.[10]

   Para tales efectos, la Corte también ha señalado que la estimación de tiempo se hará con base en la particularidad de cada caso, en atención a la sustentación de la tardanza, como quedó consignado en la sentencia T-158 de 2006 que estableció:

   “De hecho, de la jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros. ”

   En este orden de ideas, el mecanismo es procedente inclusive cuando ha transcurrido un tiempo considerable entre el hecho vulnerado y su interposición, en los casos en el que el accionante demuestra que existe una vulneración continua y actual y/o cuando es un sujeto de especial protección constitucional.

   3.2. En síntesis, para efectos de garantizar el acceso a la Seguridad Social, la Corte ha establecido las siguientes condiciones para determinar si el amparo es procedente: (i) que no exista otro mecanismo judicial lo suficientemente eficaz para garantizar los derechos presuntamente transgredidos; (ii) cuando sea estrictamente necesaria la protección constitucional como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable; (iii) que el titular de los derechos fundamentales amenazados sea sujeto de especial protección constitucional[11].

   En relación con el carácter subsidiario y acorde con los tiempos para hacer efectivo el mecanismo constitucional, a pesar del carácter prestacional de la Seguridad Social, en el momento en que las circunstancias especiales de quienes reclaman el derecho justifiquen la intervención del juez constitucional será este el mecanismo idóneo para mantener las situaciones de los actores.

   3.3. En lo relacionado con el reconocimiento de prestaciones sociales mediante la acción de tutela, la sentencia T-037 de 2013 señaló:

   “La Corte ha reiterado el carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela para lograr el reconocimiento de derechos prestacionales. Por ello, es labor del juez determinar, a partir de un análisis detallado de las circunstancias específicas del accionante, si ésta debe ser utilizada como mecanismo definitivo o transitorio. Además, deberá verificar si el medio ordinario de defensa resulta eficaz e idóneo o si se requiere una decisión para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”

   Con ese criterio, la Corte producto del estudio de las circunstancias concretas de quienes reclaman prestaciones económicas pensionales, deberá determinar la procedencia del amparo iusfundamental como único mecanismo efectivo para evitar la vulneración de los mismos. De ahí que esta Corporación haya definido los alcances de los distintos modelos pensionales, tal y como quedo consagrado en la sentencia C-107 de 2002 donde indicó específicamente que la pensión de vejez:

   “ En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que tiene por objeto garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”.[12]

   Producto de lo anterior, atendiendo las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia de esta Corporación, el trato diferenciado al que deben ser sometidas las personas que llegan a una edad en la que ya no pueden desarrollar sus actividades profesionales con normalidad. Las situaciones propias de quienes reclaman prestaciones sociales, serán determinantes al momento de justificar la procedencia del mecanismo constitucional, para así evitar la continua vulneración de los derechos de los reclamantes principalmente cuando estos sean objeto de especial protección constitucional.

4. Derecho a la Seguridad Social en pensiones. Alcance de la pensión de vejez y su reconocimiento a través de la acción de tutela.

   4.1. La Carta en su artículo 48 reconoce el carácter constitucional de la Seguridad Social, al considerarla como un servicio público que se prestará por parte del Estado y de los particulares para todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. Su carácter universal se ve reforzado cuando quien pretende acceder a la prestación es propiamente sujeto de especial protección constitucional.

   Conforme a la Seguridad Social como servicio público obligatorio, bajo la estricta supervisión del Estado, el artículo 48 de la Constitución Política señala que en atención con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, se debe garantizar el acceso a los beneficios sociales sin importar el carácter de quien preste el servicio.

   4.2. En ese orden de ideas, la ley ha sido clara en señalar cuándo y quiénes podrán obtener la pensión de vejez, en atención a las características especiales de quien reclame la misma, la ley 100 de 1993 en su artículo 33, señala que en lo que a la pensión de vejez respecta, esta se obtendrá siempre y cuando:

   ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

   A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

   A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

   PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

   1. El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;

   2. El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;

   3. El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

   4. El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.

   5. El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.

   En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.

   Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.

   4.3. Ahora bien, con base en la jurisprudencia de esta Corte, la pensión de vejez es una prestación económica producto del ahorro forzoso que tiene como objeto mantener las condiciones de vida de quienes han cotizado al sistema pensional durante toda su vida laboral.

   No comprometer la estabilidad de los trabajadores es responsabilidad de las entidades encargadas de la prestación del servicio, cuya funcionalidad debe, entre otras cosas, facilitar el acceso de los usuarios a la asistencia sin desconocer los requisitos legales previstos, tal y como está consignado en la sentencia C-107 de 2002, que señala:

   “En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que tiene por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”

   4.4. Llegado a este punto, no se debe desconocer la finalidad de la pensión de vejez, que es mantener los ingresos que le permitan al trabajador y a su familia subsistir de manera digna cuando llegue el momento de dar por terminada su actividad profesional.

   4.5. Al ser los derechos pensionales parte de la Seguridad Social, estos resultan fundamentales al momento de garantizar los preceptos constitucionales de dignidad humana, mínimo vital y al debido proceso.

   4.6. Esta Corte se ha ocupado de establecer el vínculo entre las prestaciones sociales y los derechos fundamentales mencionados anteriormente. En sentencia T-882 de 2002 reseñó los tres ámbitos generales de procedencia del principio de dignidad humana y explicó su alcance en los siguientes términos:

   “La S. concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”. Considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana, segundo, porque lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero, porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente”[13]

   4.7. En concordancia con este principio, la intención constitucional debe estudiarse con base a situaciones concretas propias de las eventualidades a las que está sometido el ser humano a diario.

   4.8. En lo que al mínimo vital se refiere, la Corporación ha advertido que si la falta de pago de acreencias laborales imposibilita satisfacer las necesidades esenciales de quien reclama el derecho, será la acción de tutela el mecanismo más efectivo para reclamar la obtención del mismo. En relación con el anterior punto la sentencia T-963 de 2007, concluyó:

   “(…) excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias laborales, vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y/o a la subsistencia, la tutela procede para la reclamación efectiva de aquellas acreencias que constituyan la única fuente de recursos económicos que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada”.[14]

   En ese mismo sentido, la Corte estableció los criterios de evaluación del derecho al mínimo vital tal y como está consignado en la sentencia SU-995 de 1999, donde recalcó que:

   “Y es que, como igualmente lo ha definido la jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se evalúa a partir de una dimensión cualitativa y no cuantitativa, de manera que su posible violación se mide conforme con las condiciones personales de cada trabajador y el nivel de vida adquirido por éste. El concepto de un mínimo de condiciones de vida –verbi gratia: alimentación, educación, salud, vestido y recreación -, entonces, “no va ligado sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”[15] .

   4.9. En lo que al debido proceso respecta, se configura una violación del mencionado precepto constitucional, en atención al principio de legalidad, cuando no se valoran correctamente las certificaciones expedidas en su momento por las entidades administrativas encargadas de la expedición de los mencionados documentos. Tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia T -433 de 2002.

   “(…) el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y las leyes. “La Corte ha sostenido que este principio puede concretarse en dos aspectos, a saber: que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate, y que tal tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de dicha situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas”]… En consecuencia, la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en la ley, so pretexto de aplicar una interpretación jurisprudencial de la norma, es violatoria del derecho al debido proceso de la demandante, por desconocimiento del principio de legalidad” (negrita fuera del texto original).”

   Producto de lo anterior, la interpretación de las normas por parte de las autoridades administrativas, debe atender estrictamente lo establecido por la Constitución y la ley, para de esta manera evitar la imposición de formalidades que coarten la obtención del derecho.

   4.10. En conclusión, el carácter prestacional de la Seguridad Social debe estar acompañado de la aplicación de los preceptos constitucionales de dignidad humana, mínimo vital y al debido proceso dado que en razón del pago de esta, podrán ampararse los principios mencionados.

5. Régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 100 de 1993.

   5.1. Como se decía el derecho a la pensión de vejez ha sido definido por esta Corte como una prestación económica, fruto del ahorro forzoso, con el objeto de proteger a las personas que cotizaron durante toda su vida al momento de dar por terminada su etapa de producción laboral. Señalando lo siguiente:

   “La pensión de vejez se constituye como una prestación económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna.” (…) El desgaste físico, psíquico y/o emocional al que se encuentran sometidas las personas que a lo largo de su vida han laborado, encuentra su recompensa en la obtención de la pensión de la vejez, la cual garantiza unas condiciones mínimas de subsistencia. Por lo que, con dicha prestación económica se persigue que aquellas no queden expuesta a un nivel de vida deplorable, ante la disminución indudable de la producción laboral”.[16]

   Así las cosas, el momento en el que el trabajador cumple con los requisitos establecidos para la pensión de vejez (edad y tiempo), este podrá acceder a un descanso remunerado, el cual le permitirá contar con un ingreso que garantice la subsistencia digna tanto del titular como de su núcleo familiar.

   5.2. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fueron suprimidos e incorporados en el nuevo Sistema General de Seguridad Social los diversos regímenes de pensiones posteriores a su expedición. Sin embargo, con el fin de proteger las expectativas de quienes con base en el régimen anterior cumplían los requisitos para la obtención de su pensión de vejez, se estableció un régimen de transición como medida de protección para estas personas. Respecto de lo anterior esta Corte en sentencia C-789 de 2002 señaló:

   Este Tribunal dispuso el mencionado régimen como “un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo”.[17]

   En la sentencia C-177 de 1998 fue pormenorizado el cambio legislativo y la finalidad de este, entre otras cosas precisó:

   Para comprender lo anterior, es necesario tener en cuenta que antes de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, Colombia no contaba realmente con un sistema integral de pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes, administrados por distintas entidades de seguridad social. Así, en el sector oficial, el reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores públicos correspondía en general a la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y a las cajas de las entidades territoriales, aun cuando también existían otras entidades oficiales encargadas de ese manejo para determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza Pública.

   Es preciso resaltar que con Constitución Política de 1991 y de la Ley 100 de 1993, se cambió sustancialmente en modelo pensional y la administración de las prestaciones integrando el sistema y eliminando la coexistencia de múltiples regímenes.

6. Reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen contemplado en el acuerdo 049 de 1990. Posibilidad de acumular tiempos de servicios en entidades públicas cotizados en Cajas o fondos de Previsión Social con los aportes realizados al ISS. Reiteración de jurisprudencia.

   6.1. Entre los regímenes existentes posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 era el contemplado en el Acuerdo 049 del 1.° de febrero de 1990, “por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte” emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el Decreto Reglamentario 758 del mismo año, cuyo artículo 12 dispuso:

   “ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

   1. Sesenta (60) o más años de edad si es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si es mujer y,

   2. Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o haber acreditado un número de (1000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.”(negrita fuera del texto)

   Así las cosas, las personas que estén afiliadas en la actualidad al régimen de prima media con prestación definida, beneficiarios del régimen de transición y de las cuales sus cotizaciones fueron efectuadas únicamente al ISS, tienen la oportunidad de que, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, esta se estudie en consideración a la edad, tiempo de servicio y cantidad, con base en los requisitos precisados en el Acuerdo 049 de 1990.[18]

   Sin embargo, en razón a que ciertos cotizantes no detentaban con el número de semanas cotizadas el ISS, reclamaron que les fuera sumado el tiempo trabajado en entidades públicas cotizados en cajas o fondos de previsión para efectos de cumplir con los presupuestos legales para hacerse al reconocimiento pensional.

   Por tanto, en aras de dirimir la controversia, este Tribunal abordo la discusión concluyendo que existen dos interpretaciones producto del estudio de la norma.

   En primer lugar, encontramos la posición del Instituto de Seguros Sociales (ISS), que establece puntualmente que los beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo únicamente a dicha entidad, impidiendo la acumulación de semanas entre los distintos regímenes. Según la sentencia SU – 769 de 2014 sustentada en las siguientes consideraciones:

   (i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese Instituto”;

   (ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de 1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y

   (iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida una pensión de jubilación.

   En ese orden de ideas, quien pretenda acumular los tiempos de servicio, perdería los beneficios del régimen de transición, limitándose exclusivamente a lo dispuesto en la ley 100 de 1993 en la que si se admite la sumatoria.

   6.2. En segundo lugar, otra perspectiva del artículo 12 sugiere:

   (i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;

   (ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.[19]

   Conforme con tal línea de orientación, resulta posible acumular los tiempos de servicio del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del privado cotizados al ISS. En atención a que el precitado artículo no requiere que las cotizaciones hayan sido consumadas únicamente al seguro social y además porque para la precisa aplicación del régimen de transición tiene estar acorde con los tres presupuestos mencionados anteriormente, donde no se percibe lo referente al cómputo de las semanas, ya que este deber ser apreciado con relación a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

   Si bien es cierto que las apreciaciones mencionadas anteriormente gozan de razonabilidad, esta Corte adoptó la referida en segundo lugar, fundada principalmente en el principio de favorabilidad en materia laboral, en razón del cual y en atención a las disposiciones constitucionales y legales, establecen que en caso de duda, se aplicará el criterio de favorabilidad para el trabajador y con base ella determinar si hay lugar al derecho pensional.

Presentación del caso.

La accionante Y.M. de M., solicitó a C. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por considerar que ya contaba con los requisitos establecidos para tal fin (edad y tiempo), según lo manifestado en su momento por Porvenir, motivo por el cual la demandante adelantó los trámites para el reconocimiento de la prestación sin éxito.

Como se anotó, el Fondo de Pensiones Porvenir, le manifestó que su proceso se trasladó al fondo del BBVA y este a su turno le expresó que producto de un comité de multiafiliación entre las partes su caso paso a manos de la Administradora Colombiana de Pensiones.

Con todo, y a pesar de haber trabajado por más de 28 años en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, del corregimiento de Matitas en Riohacha, departamento de La G. y de atender C. negó la petición alegando el no cumplimiento de estos.

7.2. Procedencia de la acción de tutela.

7.2.2. En cuanto al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judiciales, para el caso es preciso señalar que la debida diligencia de la accionante por agotar la vía gubernativa atendiendo los llamados de las entidades encargadas de tramitar la pensión, las cuales imposibilitaron el acceso a la prestación[20] al poner trabas complejas de superar por la demandante[21].

En relación con lo anterior, la Administradora de pensiones al no considerar de manera precisa los tiempos cotizados, desatendió el criterio jurisprudencial de esta Corporación en cuanto a la posibilidad de acumular los tiempos cotizados en los regímenes existentes. Sustentado principalmente con base en el principio de favorabilidad para el trabajador, se justifica la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo de protección.

Además de la relevancia constitucional del presente asunto, en atención al desconocimiento de la línea adoptada por este Tribunal frente a la acumulación de semanas para obtener la pensión de vejez, debe anotarse que la parte recurrente atendió los requerimientos de Porvenir, BBVA Horizonte y C., siguiendo los pasos que las entidades le indicaron para obtener el reconocimiento de su pensión vejez.

7.2.3. No sobra advertir que la accionante al tener 62 años requiere de especial protección constitucional, en atención a las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra según sus circunstancias particulares económicas y de salud de la peticionaria.

Sumado a ello es debido tener en cuenta el degaste que ha sufrido la accionante durante el trámite administrativo frente a las distintos fondos de pensiones para lograr su pensión, la cual no ha sido reconocida a pesar de la manifestación expresa de una de estas donde señalaba que la accionante ya podía acceder a la prestación y demás negaciones, generaron en la demandante una falta expectativa.

Asimismo, la fatiga natural producto de más de 28 años de trabajo, al servicio del hospital, reflejado en los complicaciones de salud de la demandante[22], sustentan la procedencia del mecanismo constitucional.

8. Análisis de la vulneración de los derechos a la Seguridad Social y al mínimo vital y a la dignidad humana.

   8.1. C. señaló en la resolución objeto de análisis que a pesar de que la actora tiene la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, no evidencia los 20 años de aportes (1.029 semanas) al 31 de julio de 2010, ya que solo cuenta con 831 semanas, fecha en la que termina el régimen de transición según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que indica:

   P. transitorio 4°. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

   A su vez la Administradora citó la sentencia T – 798 de 2012 en la que esta Corporación señaló:

   “(…) la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que las modificaciones a los requisitos para obtener derechos sociales, económicos y culturales, deben estar acordes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Respecto de las modificaciones al régimen de transición del sistema general de pensiones, la S. de Revisión encuentra que en el Acto Legislativo 01 de 2005 se establecieron medidas con el fin de mitigar el impacto de esas modificaciones sobre las personas próximas a pensionarse con base en requisitos de regímenes anteriores al sistema general de pensiones.

   En efecto, en el parágrafo transitorio 4° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, se estableció que el régimen de transición no podría extenderse más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, para los beneficiarios del régimen de transición que estaban próximas a pensionarse con base en los requisitos de los regímenes a los que se encontraban afiliados antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, la norma estableció como excepción que a estas personas se les mantendrán esos beneficios hasta el año 2014. Esta decisión hace diáfano el interés del Constituyente derivado de proteger las expectativas legítimas de los beneficiarios del régimen de transición.

   Los argumentos expuestos evidencian que además de que el límite a la aplicación del régimen de transición del sistema general de pensiones fue implementado por medio de una reforma constitucional, esa decisión se muestra, en principio, justificada y acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. (…)”

   8.2. Si bien C. desestimó la solicitud de la señora M. de M., esta Corporación observa que las certificaciones laborales de las cuales disponía[23] y los documentos oficiales de C. obrantes en el expediente[24], permitían advertir que no era aplicable dicha exigencia teniendo en cuenta la evolución jurisprudencial adoptada por esta Corporación en cuanto a la posibilidad de acumular tiempos de cotización. Para tal propósito la sentencia T – 466 de 2015, relacionó algunos casos que permiten corroborar la permitida atribución del derecho pensional a la accionante.

   Al efecto, la sentencia T-334 de 2011, la Corte examinó el caso de una señora que cotizó un total de 1000 semanas en el sector público y en el privado, y a pesar de ello el ISS negó el reconocimiento de la pensión de vejez aduciendo que no acreditaba las 1100 semanas que para la fecha exigía la Ley 797 de 2003. La entidad señaló que si bien la peticionaria era beneficiaria del régimen de transición y le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, sus cotizaciones no se hicieron exclusivamente al Seguro Social, por lo que tampoco cumplía con los requisitos allí establecidos. Para esta corporación

   “Teniendo en cuenta que el cómputo de semanas cotizadas quedó consagrado en la Ley 100, precisamente para evitar las injusticias que durante mucho tiempo se cometieron cuando era imposible acumular semanas laboradas con diferentes empleadores, con lo cual las posibilidades de muchos trabajadores de acceder a la pensión eran mínimas; surge la duda seria y objetiva de si es preciso interpretar favorablemente o no dicho artículo para que los beneficiarios de la transición puedan computar semanas, sin perder por ello dicha prerrogativa.”

   Al existir la posibilidad de interpretar de manera simultánea lo mencionados aspectos la sentencia T – 466 de 2015 precisó: “el principio rector pro operario hace obligatorio asumir la opción favorable al trabajador, es decir, el ISS debe computar el período referido y, a su vez, permitir a la señora M.E. pensionarse bajo el régimen de transición”.

   Con ese criterio, se ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión solicitada.

   A su turno en la sentencia T-559 de 2011 la Corte reconoció la prestación solicitada por dos personas; una con un total de 1008 semanas cotizadas en toda su vida laboral y la otra con un total de 1010 semanas, a las que el ISS había negado el reconocimiento de la pensión de vejez por tratarse de cotizaciones que no fueron realizadas exclusivamente a esa entidad. En su momento la Corte determinó:

   “El ISS asumió que para las 1000 semanas consagradas en el artículo 12 del Decreto citado, se han de tomar ‘exclusivamente’ las cotizadas a ese Instituto, posición que carece de fundamento normativo pues, como se está analizando, esa norma no permite tal conclusión, evidenciándose como arbitrario tal razonamiento”.

   Producto de lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales se vio obligado a reconocer la pensión solicitada y además exhorto a la entidad para que en adelante aplicara de manera apropiada el principio de favorabilidad en materia laboral.

   Conforme con tal línea de orientación, esta Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia que anula de manera sistemática interpretaciones contrarias que imposibiliten reconocimientos pensionales frente a la acumulación de tiempos en los distintos regímenes contributivos del sistema pensional colombiano.[25]

   8.3. En el caso que nos ocupa, según los certificados del tiempo de servicios relacionados por el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la accionante laboró entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de marzo de 2015. Con un total del tiempo de servicios de 26 años, 2 meses y 30 días. Ese tiempo, convertido en días da un resultado de 8410, y convertidos a semanas es de 1364.87.

   Desde esa óptica, la demandante cumple con lo previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 al tener más de 35 años al momento de la entrada en vigencia del sistema para ser considerada como beneficiaria del régimen de transición previsto en la precitada ley.

   Así las cosas, el único modo que tiene la demandante de mantener unas condiciones de subsistencia digna tanto para ella como para su familia, es el reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez, el cual se ha ganado producto del cumplimiento de los requisitos reseñados por la ley para mantener una prestación, que le permita conservar las circunstancias de vida dignas acostumbradas, al finalizar su etapa de producción laboral.

   8.4. Sumado a ello, al ser esta la única fuente de ingreso de la señora y de su núcleo familiar, no puede esta S. desconocer que la estabilidad en condiciones dignas de esta familia depende exclusivamente del reconocimiento de la pensión a la demandante, ya que la mencionada no tiene otro tipo de ingreso que garantice su mínimo vital o algún tipo de bien mueble o inmueble que le genere entradas adicionales a lo percibido producto de la relación laboral que ha sostenido por más de 28 años con el Hospital Nuestra señora de los Remedios, en calidad de enfermera.

   8.5. En conclusión, la señora Y.M. de M., ha satisfecho la exigencia establecida por el acuerdo 049 de 1990 al haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, aplicable a la accionante en atención al principio de condición más beneficiosa para el trabajador, desarrollado rigurosamente por esta Corporación.

9. Carencia actual de objeto por hecho superado y daño consumado. Reiteración de jurisprudencia.

   9.1 De acuerdo con los pasos a seguir propuestos para solucionar el caso concreto, a continuación se planteara el estudio de las reglas primordiales que ha fijado esta Corte sobre carencia actual de objeto. Puntualmente, sobre hecho superado. Tema que resulta inevitable para esta S. en atención a las respuestas allegadas a esta Corporación por la entidad vinculada en el trámite de revisión.

   9.2 En ese orden de ideas, en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, el objeto de la acción de tutela consiste en la protección oportuna de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. Resultará este un mecanismo ineficaz en el momento en el que la vulneración sea superada, haya cesado o se haya consumado.

   En relación con lo anterior, la sentencia T - 011 de 2016 señaló que la acción de tutela, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. Bajo estas disposiciones, la tutela no es un mecanismo judicial efectivo, puesto que ante la falta de supuestos fácticos, la decisión a la que hubiere lugar no tendría ningún efecto.

   Además, la sentencia T - 970 de 2014 señaló:

   “En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.”

   9.3 En ese orden de ideas, este Tribunal ha desarrollado la carencia actual de objeto como una posibilidad para que los pronunciamientos de la Corte no se tornen estériles, todo esto con la firme intención de garantizar que las decisiones del juez constitucional tenga una vigencia en relación con la protección de derechos vulnerados directa o indirectamente.

   9.4 Producto de lo anterior, esta Corte ha dejado muy en claro que la carencia actual del objeto se hará efectiva cuando se presenten dos situaciones; (i) el hecho superado que según la sentencia T – 011 de 2016 se presenta “cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela” y (ii) el daño consumado que se dará en situaciones en las que “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba.”

   Importa destacar, que el hecho superado, en lo que a las decisiones judiciales respecta, no obliga al juez de tutela a pronunciarse de fondo siempre y cuando esté debidamente probado el supuesto, en ese sentido la sentencia T-970 de 2016 dispuso:

   “hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado.”

   En cuanto a la teoría del daño consumado existe una variación, si este se presenta durante el trámite de la acción de tutela, si será deber del juez constitucional pronunciarse de fondo, con el único objeto de evitar que situaciones de similares características se presenten en el futuro.

   9.5 En conclusión, el juez constitucional al momento de aplicar cualquiera de los preceptos mencionados, deberá tener en cuenta cómo y en qué momento terminó la vulneración del derecho y como resultado de dicho análisis determinar si es necesario un pronunciamiento de fondo. En caso de considerar pertinente la intervención esta se hará en atención al postulado de pedagogía constitucional.

   9.6 En ese orden de ideas, C. al expedir la resolución GNR 204626 del 12 de julio de 2016, allegada a esta corporación a último momento, se puede evidenciar que la Administradora superó la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso, al reconocer la pensión de vejez de la señora M. de M., desde el momento en el que el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, G., aceptó la renuncia presentada por la accionante a partir del 31 de mayo de 2016.

En mérito de lo expuesto, la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,