Auto nº 114/18 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2018
| Ponente | :DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA |
| Fecha de Resolución | 22 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3223 |
Auto 114/18
Referencia: Expediente ICC-3223
Conflicto de competencia suscitado entre las S.s de Casación Penal y de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada sustanciadora:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El 28 de noviembre de 2017, el señor J.E.M.V. promovió acción de tutela en contra de la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle, por la presunta vulneración de su derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad individual y a la dignidad humana[1], derivada del fallo de segunda instancia proferido por dicha S. el 22 de octubre de 2015[2], en el que la autoridad judicial decidió revocar la sentencia proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento que absolvía al accionante de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones[3] y, en su lugar, lo condenó por la coautoría de estos delitos.
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El conocimiento de la acción le correspondió por reparto a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante auto del 6 de diciembre de 2017[4], manifestó que debía ser vinculada al trámite de la acción por haber conocido de la demanda de revisión formulada por el apoderado del señor M.V. contra la sentencia del 22 de octubre de 2015, proferida por la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En consecuencia, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia[5], ordenó remitir el expediente a la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
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La S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 22 de enero de 2018[6], consideró que “entre las actuaciones objeto de reproche, no hay ninguna de la S. de Casación Penal, que determine su vinculación como accionada en este resguardo. La precedente conclusión no varía, aun cuando en esa Corporación, más exactamente, en el Despacho del Honorable Magistrado L.G.S.O., se haya inadmitido la demanda de revisión propuesta por el promotor del ruego frente al citado fallo”[7]. Sostuvo, entonces, que la autoridad competente para tramitar en primera instancia la acción de tutela interpuesta por el señor M.V. era la S. de Casación Penal. Por lo tanto, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional.
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Esta Corporación, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, es competente para resolver los presuntos conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela, cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de superior jerárquico común, o en aquellos casos en que, a pesar de existir dicho superior común, sea necesario que la Corte se pronuncie para evitar dilaciones en la solución jurídica de un recurso de amparo[8].
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En principio, el conflicto debería ser resuelto por la S. Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[9]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se obstaculice aún más la decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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Dicho lo anterior, resulta importante considerar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, según el cual dicha acción puede interponerse ante cualquier juez; y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991 que establece las reglas de competencia (i) territorial y (ii) de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, que se asignan a los jueces del circuito.
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Asimismo, esta Corporación ha reiterado que carece de aceptación cualquier juicio a priori que realicen los jueces de tutela, con el propósito de establecer el responsable de la violación o amenaza de un derecho fundamental, pues esas consideraciones atañen al objeto de estudio de la sentencia e implicarían una valoración de fondo del asunto en la etapa de admisión[10].
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En ese orden de ideas, no resulta de recibo que un juez constitucional se declare incompetente para conocer una acción de tutela bajo el argumento de que, eventualmente, su objetividad se puede ver comprometida, toda vez que dicha manifestación debe resolverse en otra etapa procesal, con la presentación del correspondiente impedimento, el cual de ser aceptado implicará su separación del conocimiento del asunto[11]. En consecuencia, la Corte Constitucional ha manifestado que si los jueces “se consideran inmersos en una causal de impedimento para decidir el debate constitucional, deberían seguir el trámite dispuesto para el efecto por el Código de Procedimiento Civil, y no plantear un […] conflicto negativo de competencia”[12].
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Por último, respecto de los reglamentos internos de los cuerpos colegiados judiciales (Tribunales y Altas Cortes), esta Corte ha sostenido, de manera reiterada, que los miembros de esas corporaciones no están autorizados para basar su falta de competencia en los mismos, dado que aluden a reglas de reparto dentro de cada corporación judicial[13].
De conformidad con lo expuesto, la S. Plena constata que en el presente caso:
i. No se configuró un conflicto de competencia, toda vez que las razones por las cuales la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de conocer de la acción de tutela de la referencia no se relacionan con los factores funcional y territorial, que definen la competencia en materia de tutela, sino con la posibilidad de que los magistrados que la integran estén incursos en una causal de impedimento.
ii. Conforme con lo anterior, la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la autoridad judicial competente para tramitar la acción de tutela interpuesta por el señor J.E.M.V..
iii. En caso de que los magistrados de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideren que se encuentran inmersos en una causal de impedimento para conocer de este asunto, deberán seguir el trámite dispuesto para el efecto en el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto del 6 de diciembre de 2017 proferido por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual declaró su incompetencia para conocer la tutela bajo referencia. En consecuencia, se remitirá el expediente ICC-3223 a dicha autoridad judicial, para que, de manera inmediata, asuma el conocimiento y resuelva en primera instancia la acción de tutela.
Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 6 de diciembre de 2017 proferido por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela formulada por el señor J.E.M.V. contra la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3223 a la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que de manera inmediata, asuma el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y a la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la decisión adoptada en esta providencia.
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y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno principal. Folios 1 al 9. Acción de tutela presentada por el señor J.E.M.V. contra la S. Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle.
[2] Cuaderno principal. Folios 26 al 40. Sentencia de segunda instancia proferida el 22 de octubre de 2015 por el Tribunal Superior de Cali, S. de Decisión Penal.
[3] Cuaderno principal. Folios 11 al 21. Sentencia de primera instancia dictada el 14 de enero de 2015 por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento.
[4] Cuaderno principal. Folios 129 y 130.
[5] Acuerdo 06 del 12 de diciembre de 2002. Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia. Art. 44. “La acción de tutela dirigida contra uno o varios Magistrados de la misma S. de Casación Especializada, o contra la respectiva S., se repartirá a la S. de Casación que siga en orden alfabético. (…)”.
[6] Cuaderno principal. Folio 138.
[7] Cuaderno principal. Folio 138.
[8] Esto no plantea una excepción a la regla general contenida en el numeral 2 del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confiere a la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, por cuanto los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales con ocasión de una acción de tutela son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional (artículo 43 de la Ley 270 de 1996).
[9] Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. “Artículo 18. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva S. de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la S. Plena de la Corporación. // Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las S.s Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”.
[10] Ver Autos 112 de 2006. M.P.J.C.T.; 278 de 2006. M.P.R.E.G.; 070 de 2007. M.P.M.J.C.E.; 287 de 2007. M.P.H.A.S.P.; 056 de 2008. M.P.M.J.C.E.; 022 de 2009. M.P.M.G.C.; 003 de 2014. M.P.J.I.P.C.; 248 de 2014. M.P.L.G.G.P.; 166 de 2015. M.P.M.V.C.C.; 482 de 2016. M.P.G.S.O.D.; 006 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 272 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 652 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 713 de 2017. M.P.A.L.C.; 720 de 2017. M.P.A.J.L.O..
[11] Al respecto, revisar los Autos 052 de 2015. M.P.L.G.G.P.; 006 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 198 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 272 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 652 de 2017. M.P.L.G.G.P., entre otros.
[12] Auto 052 de 2015. M.P.L.G.G.P.. Reiterado, entre otros, en los Autos 006 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 713 de 2017. M.P.A.L.C.; y 720 de 2017. M.P.A.J.L.O..
[13] Ver Autos 013 de 2012, M.P.J.C.H.P.; 240 de 2012. M.P.M.V.C.C.; 052 de 2015, M.P.L.G.G.P.; 006 de 2017. M.P.L.G.G.P.; 198 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 567 de 2017, M.P.A.L.C.; 720 de 2017. M.P.A.J.L.O..
