Auto nº 359/18 de Corte Constitucional, 13 de Junio de 2018
| Ponente | :DIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA |
| Fecha de Resolución | 13 de Junio de 2018 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3322 |
Auto 359/18
Referencia: Expediente ICC-3322
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia-, la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Magistrada sustanciadora:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El 9 de marzo de 2018, la señora A.L.G.P. presentó acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil tras considerar que dicha autoridad pública vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, al trasladar la circunscripción electoral de los corregimientos de Macondo, Blanquiset, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá, de la jurisdicción del Departamento de Antioquia a la del Chocó[1].
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Por reparto, le correspondió su conocimiento al Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia-, quien mediante auto del 9 de marzo de 2018[2] manifestó que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015[3], la acción de tutela debía ser repartida a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos, en tanto fue presentada en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por tanto, ordenó la remisión del proceso al Tribunal Superior de Antioquia.
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No obstante lo anterior, la oficina judicial de Medellín remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia[4]. Dicha autoridad judicial, mediante auto del 12 de marzo de 2018[5], reiteró los argumentos presentados por el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- y dispuso que la solicitud de amparo fuera repartida a los Tribunales Administrativos del Distrito Judicial de Antioquia.
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El 13 de marzo de 2018, la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que las reglas contenidas en el Decreto 1983 de 2017 no definen la competencia de los despachos judiciales y que “a menos que se haya hecho un reparto caprichoso de la solicitud de tutela, corresponde conocer de la misma, a aquel funcionario a quien le fue repartida inicialmente”. Por lo tanto, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó el envío del expediente a esta Corporación[6].
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Ahora bien, la Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[11] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” [12] en los términos establecidos en la jurisprudencia[13].
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De lo anterior se deriva, de acuerdo con el claro criterio jurisprudencial consolidado a partir de la reiteración pacífica de esta Corporación, que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica, en consecuencia, que de lo dispuesto en el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales en oposición a la garantía de, principalmente, el derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del cual se haga depender la resolución del asunto, en sede de instancia[14].
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De otra parte, la Corte ha señalado que el término “a prevención” contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), implica que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con las reglas descritas anteriormente, está autorizado para conocer de la acción de tutela. En consecuencia, está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con el argumento de que la oficina judicial no respeta la especialidad del juez o las reglas de reparto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia usaron indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia, otorgándole un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico y contrariando lo establecido reiteradamente por esta Corporación, según lo cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.
ii. A través del auto del 9 de marzo de 2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- aplicó una disposición que no desplaza su competencia y que, por tanto, desconoce los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en tanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
iii. El Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela instaurada por la señora A.L.G.P., por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el conocimiento de la misma.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto del 9 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia-, dentro de la acción de tutela formulada por la señora A.L.G.P. en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En consecuencia, se remitirá el expediente ICC-3322 a la autoridad judicial referida, para que, de manera inmediata, tramite y adopte, en primera instancia, la decisión de fondo a que haya lugar.
Adicionalmente, la Sala advertirá al Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto contenidas en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, modificados por el Decreto 1983 de 2017, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 9 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia-, dentro de la acción de tutela formulada por la señora A.L.G.P. en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3322 al Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia que contiene la acción de tutela presentada por la señora A.L.G.P., para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Primero Penal del Circuito de T. –Antioquia- y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia que, en lo sucesivo, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Cuarto.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y a la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, la decisión adoptada en esta providencia.
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y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 4 al 6.
[2] Folio 3.
[3] Decreto 1069 de 2015. Artículo 2.2.3.1.2.1. modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017. “Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: […] 3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, del F. General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del A. General de la República, del C. General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos. […]”.
[4] Folio 1.
[5] Folios 8 y 9.
[6] Folios 10 y 11.
[7] Autos 014 de 1994. M.P.J.A.M.; 087 de 2001. M.P.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.P.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.P.Á.T.G.; 031 de 2008. M.P.M.G.C.; 244 de 2011. M.P.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.P.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.P.C.B.P.; 565 de 2017. M.P.C.B.P.; 178 de 2018. M.P.A.R.R.; 325 de 2018. M.P.D.F.R., entre otros.
[8] Autos 170A de 2003. M.P.E.M.L., y 205 de 2014. M.P.M.V.C.C., entre otros.
[9] Autos 159A de 2003. M.P.E.M.L. y 170A de 2003. M.P.E.M.L..
[10] Cfr. Auto 493 de 2017. M.P.L.G.G.P..
[11] El artículo transitorio 8 del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas.” (negrillas fuera del texto original)
[12] Ver, entre otros, lo Auto 486. M.P.D.F.R.; y Auto 496 de 2017. M.P.J.F.R.C..
[13] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico”. (negrillas fuera del texto original)
[14] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P.L.E.V.S.; 157 de 2016. M.P.A.L.C.; 007 de 2017. M.P.J.I.P.P.; 028 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 030 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 052 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059A de 2017. M.P.J.I.P.P.; 061 de 2017. M.P.A.A.G.; 063 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 064 de 2017. M.P.M.V.C.C.; 066 de 2017. M.P.A.L.C.; 067 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 072 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 086 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 087 de 2017 M.P.G.S.O.D.; 106 de 2017. M.P.I.H.E.M.; 152 de 2017. M.P.A.L.C.; 171 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 197 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 332 de 2017. M.P.G.S.O.D.; y 325 de 2018. M.P.D.F.R..
