Sentencia de Tutela nº 313/18 de Corte Constitucional, 31 de Julio de 2018

1. A.S.C. formuló acción de tutela contra el magistrado de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P.L.R.C., como consecuencia de las decisiones proferidas por este durante el trámite del expediente de tutela identificado con el radicado 19001220500220170017200.

1. Hechos probados

2. El 03 de noviembre de 2017, A.S.C., quien se identificó como presidenta y representante legal del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia[2], por hechos relacionados con el “derecho a tener un territorio nuestro y la inscripción en el registro de etnias minoritarias en el Ministerio del Interior”. La actora aportó una certificación expedida por el Secretario de Gobierno, Tránsito, Transporte y Participación Comunitaria de Cajibío (Cauca), en la que constaba que tenía la calidad de representante legal de dicha organización. Igualmente, aportó varios documentos sobre los trámites que había adelantado ante el Banco Agrario y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de obtener un crédito hipotecario para la compra de un predio en el cual pretendía desarrollar un proyecto productivo junto con los miembros del Consejo Comunitario. Dicho crédito fue negado.

3. El mismo día, la acción de amparo fue asignada, por reparto, al magistrado L.R.C., de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán[3], bajo el radicado 19001220500220170017200. El mencionado magistrado consideró que la tutela no era suficientemente clara, por lo que ordenó, mediante auto de 7 de noviembre de 2017, que la accionante, en el término perentorio de un (1) día, acreditara las siguientes exigencias:

   “1.1. Informe quiénes son las personas afectadas por la presunta vulneración de sus derechos, indicando nombres, apellidos, número de identificación y su dirección para notificación.

   1.2. Informe cuáles son los derechos constitucionales que sostienen existió vulneración, quién produjo esta afectación y cuándo se produjo.

   1.3. Informe lo que pretende con la acción constitucional, es decir, la petición principal de la acción de tutela, o en otras palabras qué es lo que pretende con el presente proceso constitucional, en vista a la falta de claridad al respecto, y acompañe las pruebas de su pretensión”[4].

4. El 14 de noviembre de 2017, el magistrado L.R.C. rechazó de plano la acción de tutela y ordenó archivar el expediente. Argumentó que tras haber transcurrido un término superior a 3 días, desde la notificación del auto del 7 de noviembre de 2017[5], la accionante no había allegado la información solicitada y, a partir de los elementos propuesto en la acción de tutela, no era posible identificar las personas cuyos derechos fundamentales estaban siendo afectados, la entidad que presuntamente vulneró los mismos, la pretensión principal o los hechos generadores de la posible vulneración[6].

5. El 20 de noviembre de 2017, la accionante radicó, en la Secretaría de la S. Laboral del Tribunal Superior de Popayán, escrito mediante el cual impugnó el “fallo de tutela” del 14 de noviembre de 2017[7]. Manifestó que el 7 de noviembre había recibido un correo electrónico en el que se le pedía que corrigiera la tutela. Según indica, imprimió dicho documento hasta el día 15 de noviembre, fecha en que, además, se enteró del “fallo”[8], al momento de abrir su correo electrónico[9]. Señaló que la tutela no debió rechazarse porque (i) no era necesario aportar los nombres de los comuneros, dado que ella había acreditado su calidad de representante legal del Consejo Comunitario “El Futuro” y además, la vida de aquellos podría correr peligro si revelaba su identidad, (ii) en el escrito de tutela hizo referencia a más de 20 artículos constitucionales que alegó habían sido vulnerados por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia y, finalmente, (iii) la pretensión estaba orientada a que la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Asuntos Étnicos hicieran efectivas las funciones que les fueron encomendadas en el Decreto 2363 de 2015.

6. La S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán declaró improcedente la impugnación y ordenó archivar el expediente en providencia de fecha 21 de noviembre de 2017, con fundamento en que la decisión mediante la cual se rechaza una tutela, por ausencia de corrección, no admite recurso alguno[10].

7. Por lo anterior, A.S.C. acudió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la ciudad de Popayán con el fin de radicar una acción de tutela contra el Magistrado L.R.C. de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, la cual solicitó fuera remitida a la Corte Suprema de Justicia, pues ella no contaba con recursos económicos para hacerlo[11]. Dicha tutela fue recibida en la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 2017[12].

2. Pretensiones y fundamentos de la acción

8. Cuestionó la tutelante que el Magistrado L.R.C., mediante auto del 7 de noviembre de 2017, hubiera solicitado las listas de los comuneros del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, ya que ella tenía la calidad de presidenta y representante legal. Señaló que resultaba innecesario y peligroso que se le solicitara esta información, ya que reposaba en la Alcaldía de Cajibío (Cauca) y en el archivo de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, A., R. y Palenqueras del Ministerio del Interior[13]. Agregó que ha recibido amenazas de toda índole, así como ataques contra su integridad física y que teme por los comuneros del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”. Finalmente, solicitó protección para aquellos y rogó se vigilaran las tutelas que le correspondieran al Magistrado L.R.C., con el fin de evitar que estas fueran “usadas contra la vida y la seguridad de los miembros del Consejo Comunitario El Futuro”[14]. La accionante consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 11[15] y 12[16] de la Constitución Política.

3. Respuesta de la parte accionada

9. El Magistrado de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P.L.R.C., mediante oficio 3443 del 4 de diciembre de 2017[17], indicó que al encontrar que la tutela formulada por la señora A.S.C. no cumplía con la claridad requerida frente a los supuestos fácticos, derechos fundamentales alegados y lo pretendido, ordenó, en auto del 7 de noviembre de 2017, corregir el escrito de tutela en el término de 1 día. Señaló que la accionante no acató la solicitud, por lo que procedió a rechazar la tutela mediante auto del 14 de noviembre de 2017[18]. Además, indicó que en providencia del 21 de noviembre de 2017 declaró improcedente la “impugnación” presentada por la actora contra la decisión del 14 de noviembre de 2014, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[19].

10. La Agencia Nacional de Tierras, así como el Ministerio de Agricultura, mediante oficios de fecha 5 y 6 de noviembre de 2017, respectivamente, solicitaron ser desvinculados de la acción de tutela[20].

4. Decisión objeto de revisión

11. La S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia de 13 de diciembre de 2017, negó el amparo con fundamento en las siguientes razones: (i) en principio, no es posible reexaminar vía tutela las decisiones proferidas en desarrollo de otra acción constitucional; (ii) la decisión de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán de rechazar la tutela encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991; (iii) no puede pretender la tutelante subsanar por medio de la acción de amparo, las consecuencias derivadas de no haber corregido la tutela; (iv) la actora puede interponer nuevamente la acción de tutela y exponer, de manera concreta, las razones de la vulneración de sus derechos, así como los otros requisitos para su estudio[21].

5. Actuaciones en sede de revisión

12. Mediante auto del 16 de abril de 2018, el magistrado sustanciador del proceso requirió a la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán para que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación, remitiera el expediente de tutela 19001-22-05-002-2017200 que correspondía a la acción de amparo interpuesta por A.S.C. en contra del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia[22].

13. La Secretaría de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán remitió el expediente, mediante oficio 0588 del 18 de abril de 2018[23], el cual fue recibido en el Despacho del Magistrado sustanciador el 2 de mayo de 2018[24].

1. Competencia

14. Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con lo prescrito por los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problemas jurídicos

15. Pese a que la accionante reclama la protección de los derechos previstos en los artículos 11 y 12 de la Constitución, como consecuencia del peligro que pudieran correr los miembros de la organización que representa si se revelan sus nombres y direcciones, del escrito de tutela se desprende que lo que realmente cuestiona es el contenido de los autos del 7 y 14 de noviembre de 2017, proferidos por la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, dentro del trámite del expediente de tutela identificado con el radicado 19001220500220170017200, promovido por la accionante en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia.

16. Así las cosas, le corresponde a la S. establecer si la acción de tutela es procedente por satisfacer los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales (problema jurídico de procedibilidad). En caso de que proceda, determinar si las providencias que se cuestionan adolecen de un defecto sustantivo, por desconocer disposiciones de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, así como la jurisprudencia de la Corte frente al alcance del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, y de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en detrimento de los derechos fundamentales de la tutelante y de los miembros del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, en especial, del derecho de acceso a la administración de justicia (problemas jurídicos sustanciales[25]).

3. Análisis del problema jurídico de procedibilidad

17. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado por esta Corte que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de (i) legitimación en la causa, (ii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y (iii) un ejercicio subsidiario.

18. En caso de que la acción se interponga contra una autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia suya, en ejercicio de su función jurisdiccional, algunos de estos requisitos se modulan y, además, es necesario satisfacer otras condiciones que la jurisprudencia constitucional ha considerado necesarias[26]: (i) que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que, al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna[27]; (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela[28].

    3.1. Legitimación en la causa

19. En el presente caso se cumplen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva[29]. Por una parte, la tutelante promovió la acción de tutela dentro de la cual se profirieron los autos de fecha 7 de noviembre y 14 de noviembre de 2017 objeto de la solicitud de amparo. De otra parte, la acción se interpuso en contra de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, la cual emitió dichas providencias.

    3.2. Inmediatez

20. En cuanto a la inmediatez, la acción se ejerció de manera oportuna, pues pese a que no se tiene certeza sobre la fecha exacta en la que la actora solicitó que su tutela fuera enviada a la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que se recibió en dicha Corporación el 24 de noviembre de 2017[30], y los autos objeto de la acción de amparo se profirieron el 7 y 14 de noviembre del mismo año, esto es, pocos días antes de que se instaurara la acción de tutela, periodo que se considera razonable, según el precedente de esta Corte[31].

    3.3. Subsidiariedad

21. En el presente asunto se satisface el requisito de subsidiariedad[32] de la acción de tutela, en la medida en que la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante decisión del 21 de noviembre de 2017, declaró improcedente la impugnación presentada por la actora frente al auto de rechazo de la tutela del 14 de noviembre de la misma anualidad y ordenó archivar el expediente. Luego, no existe otro medio de defensa judicial al que pueda acudir la tutelante, quien oportunamente[33] interpuso el mencionado recurso.

    3.4. Relevancia constitucional del caso[34]

22. El asunto objeto de revisión involucra la posible vulneración del derecho fundamental de la accionante y los miembros del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro” a la tutela judicial efectiva, el cual hace parte del debido proceso constitucional (artículo 29 de la Constitución).

23. La presunta vulneración de este derecho tiene origen en los autos proferidos por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante los cuales solicitó corregir la solicitud, rechazó la tutela por ausencia de esta corrección, declaró improcedente la impugnación en contra del auto de rechazo y ordenó archivar el expediente. Estas actuaciones, en los términos a que se hizo referencia en el numeral 1 del acápite de “I. Antecedentes” supra, evidencian una posible afectación del derecho de acceso a la administración de justicia, particularmente frente al derecho a que se resuelva de fondo la solicitud, a que se conceda la impugnación y a que el fallo sea remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales. Lo anterior es así, en la medida en que el caso supone la interpretación y alcance de las disposiciones estatutarias que regulan la acción de tutela y de las que, presuntamente, se deriva la vulneración de las garantías fundamentales cuya protección se solicita.

    3.5. Carácter decisivo de la irregularidad procesal frente a la providencia que se impugna

24. En el asunto que se analiza, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán rechazó de plano la tutela presentada por A.S.C., en calidad de representante legal del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, porque la actora no allegó la información solicitada por el Despacho.

25. De acreditarse que la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán solicitó información que no resultaba indispensable para conocer de fondo la tutela, existiría una irregularidad procesal que, sin duda, habría sido determinante para proferir la providencia que se impugna, que no es otra que el auto de rechazo de fecha 14 de noviembre de 2017, el cual se fundamentó, precisamente, en la ausencia de corrección de la tutela.

    3.6. Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados

26. En el asunto sometido a revisión de esta S., pese a que la tutelante expresa de forma confusa los hechos por los que acude a la acción de amparo, es posible inferir que cuestiona las decisiones proferidas por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, durante el trámite de la tutela 19001220500220170017200. En particular, cuestiona el requerimiento del Despacho accionado de aportar el listado de los miembros del Consejo Comunitario “El Futuro”, información que la actora consideró no debía solicitarse porque ella acreditaba su calidad de representante legal de dicha organización, amén del peligro que, consideró, representaba revelar la identidad de quienes reclamaban derechos en el departamento del Cauca. Esta razón sí la expresó con claridad, por lo que, al referirse a los derechos vulnerados, citó los artículos 11 y 12 de la Constitución.

27. Así las cosas, se acredita esta exigencia, pues lo que debe constatarse es que quien acude a la acción de amparo “tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial”[35], más allá de la forma de presentación de los hechos. En el caso sub judice, con independencia de que la tutela se hubiere redactado de manera oscura, es evidente que la actora tenía claridad acerca del origen de la presunta vulneración. Sobre este aspecto, vale la pena señalar que es posible que en algunos casos, como consecuencia de las circunstancias sociales, económicas, personales o familiares del tutelante, no sea exigible un estándar exhaustivo en cuanto a la acreditación de este requisito, pues una redacción confusa no puede constituir un obstáculo para que se estudie de fondo el asunto, cuando de la tutela puedan desprenderse los fundamentos de la presunta vulneración, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional[36].

    3.7. La providencia cuya constitucionalidad se cuestiona no es una sentencia de tutela

28. En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015[37], en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo[38], por lo que este requisito de procedencia se encuentra superado.

4. Análisis de los problemas jurídicos sustanciales del caso

29. Como conclusión del análisis que se realizó en los numerales 3.1 a 3.7 supra, la S. concluye que en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, es procedente el estudio del problema jurídico sustancial de que da cuenta el numeral 2 supra.

30. Las reglas de decisión que utilizará la S. para resolver el problema jurídico sustancial del caso son las siguientes: (i) el rechazo de la acción de tutela es excepcional y facultativo. (ii) El juez solo puede solicitar información adicional sobre los hechos o razones que motivaron la solicitud de amparo, de modo que cualquier otra información debe ser deducida o averiguada por aquel. (iii) El plazo que debe otorgar al accionante para corregir la solicitud de amparo es de 3 días, los cuales deben señalarse en el auto correspondiente. (iv) El derecho a impugnar se predica también del auto mediante el cual se rechaza la tutela. Finalmente, (v) la autoridad judicial tiene el deber ineludible de remitir el expediente a la Corte para su eventual revisión, incluso en los casos en que se hubiere rechazado la acción de tutela.

    4.1. El derecho de acceso a la administración de justicia y su estrecha relación con la solicitud de corrección y la decisión de rechazo de la acción de tutela

31. Esta garantía, integrante del debido proceso constitucional[39], constituye un pilar de la estructura de un modelo de Estado Social de Derecho[40]. Como garantía inherente a la condición humana[41], faculta a las personas para acudir, en condiciones de igualdad, antes los jueces y tribunales de justicia, para reclamar la protección de sus derechos o pretender la integridad del orden jurídico[42].

32. Es un deber correlativo de las autoridades públicas, para la garantía de este derecho, promover las condiciones necesarias para que el acceso a la administración de justicia sea efectivo[43]. En consecuencia, las restricciones al derecho de acceso a la administración de justicia deben obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como consultar el contenido de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución. Finalmente, su realización exige, que la aplicación de las reglas procesales, que se encuentran al servicio del derecho sustancial, no puedan considerarse o ser utilizadas para hacerla nugatoria[44].

33. En consonancia con estas disposiciones, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el rechazo de la tutela, que regula el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[45], es una consecuencia excepcional, que procede cuando el juez (i) no pueda determinar los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de protección; (ii) haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o corregirla en un término de tres (3) días; (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento del demandante al respecto y (iv) llegue al convencimiento que ni siquiera haciendo uso de sus amplios poderes y facultades podrá determinar los hechos o razones que motivan la solicitud de amparo[46]. Por tanto, cualquier elemento necesario para resolver la solicitud (diferente a “el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela”), debe ser deducido por el J. Constitucional, pues, en virtud del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel activo en la conducción del proceso[47], no solo para interpretar la solicitud de amparo, sino para indagar por los elementos que requiera para adoptar una decisión de fondo[48].

34. Lo anterior es consecuente con el carácter informal del proceso de tutela, pues su interposición, así como su trámite, están desprovistos de requisitos especiales, ya que fue concebido como un medio judicial al alcance de todas las personas, con prescindencia de su edad, origen, raza, condición económica, social o profesional[49]. Por ello es posible que en algunos casos el juez se enfrente a un escrito de tutela ambiguo, incompleto o confuso, que no le permita establecer prima facie los hechos o fundamentos en los que se sustenta la solicitud, lo cual no es óbice para que se garanticen los derechos constitucionales fundamentales cuya protección se solicita, pues, en tales eventos, y en consonancia con el carácter protector de la acción de tutela[50], el juez tiene el deber de hacer uso de las amplias atribuciones con las que cuenta para dilucidar la situación de hecho que llevó al actor a solicitar el amparo constitucional. Lo contrario equivaldría a convertir en ilusorio e inalcanzable[51] un mecanismo concebido, precisamente, para la garantía de tales derechos, en especial, cuando se trata de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

35. Finalmente, esta Corte ha señalado que el derecho a impugnar los fallos de tutela se predica “incluso si el fallo asume la modalidad de rechazo” y que en caso de rechazarse la acción de amparo, los jueces deben enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión [52].

    4.2. El presunto defecto material o sustantivo de las decisiones judiciales atacadas y lo probado en el proceso

36. La Corte Constitucional ha indicado que se configura un defecto material o sustantivo, entre otros eventos, cuando se desconocen sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de una disposición, o cuando una norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada[53].

37. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el plazo que debe otorgarse al demandante para que corrija la tutela es de 3 días, término que además debe señalarse en la providencia correspondiente. En el caso, se encuentra demostrado que la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, en el auto del 7 de noviembre de 2017, indicó que la tutelante debía corregir la tutela en el término de un (1) día. Luego, es evidente que la autoridad judicial desconoció el contenido normativo de la disposición en cita[54].

38. El artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 regula la información adicional que puede solicitar el J. de tutela. Esta, como se indicó en el numeral que antecede (4.1 supra), se circunscribe al hecho o razón que motiva la solicitud. A diferencia de este contenido, en el auto del 7 de noviembre de 2017, la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán solicitó una serie de datos distintos a los hechos y razones que motivaron la petición de tutela. Estos, de haberse considerado necesarios para decidir, debieron haber sido deducidos o averiguador por el juez, en ejercicio de los poderes y facultades que le otorga el ordenamiento.

39. En todo caso, resalta la S. que la mayor parte de la información que se solicitó ya reposaba en el expediente de tutela, tal como la actora lo puso de presente en el escrito mediante el cual impugnó la providencia del 14 de noviembre de 2017 (que rechazó la tutela). Así, por ejemplo, el juez solicitó que la tutelante indicara los derechos constitucionales que consideraba vulnerados y señalara la autoridad o persona que produjo dicha vulneración. Lo anterior, pese a que los derechos presuntamente vulnerados aparecían en el encabezado de la tutela bajo el título “derechos vulnerados” y también se mencionaban en el contenido de la solicitud de amparo: “derecho a tener un territorio nuestro y la inscripción en el registro de etnias minoritarias en el Ministerio del Interior”. Además, la tutelante especificó en la acción, que las autoridades accionadas eran el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia. Finalmente, aportó una serie de documentos de los cuales se deducía que aquellas eran las entidades que presuntamente habían ocasionado la vulneración de los derechos reclamados.

40. Por otro lado, en relación con la solicitud del listado de personas presuntamente afectadas y la dirección en la que podían ser notificados los integrantes del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro” (a que ya se ha hecho referencia), cabe señalar que esta información no se enmarca en los supuestos del artículo 17 del Decreto 2591 de 2017 y tampoco era necesaria para resolver de fondo la solicitud. Lo anterior, tomando en cuenta que la accionante obraba en calidad de representante de dicho Consejo Comunitario, calidad que probó mediante certificación expedida por el Secretario de Gobierno, Tránsito, Transporte y Participación Comunitaria de Cajibío (Cauca).

41. Finalmente, aun cuando la tutela fue redactada de manera oscura, del relato allí vertido y de las pruebas aportadas, podía deducirse que el hecho que suscitaba la solicitud de amparo había sido la negativa del Banco Agrario a otorgar un crédito hipotecario, con el que la accionante pretendía que los miembros del Consejo Comunitario adquirieran un predio para desarrollar un proyecto productivo. Luego, tampoco resultaba indispensable que la autoridad judicial accionada solicitara a la actora información acerca de cuál era la pretensión en sede de tutela, así como pruebas adicionales para sustentar la solicitud.

42. Por otro lado, el auto de 14 de noviembre de 2017, mediante el cual se rechazó la acción de tutela y se ordenó archivar el expediente, desconoció el derecho de la demandante a impugnar el fallo de tutela y, por ende, lo dispuesto en los artículos 31 inciso 1º y 86 inciso 2º de la Constitución y los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Tal como se indicó con antelación, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el derecho a impugnar se predica también frente a las providencias mediante las cuales se rechaza la acción de tutela[55], luego no le era dado a la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ordenar el archivo del expediente, pues debió haber otorgado el término legal para que la actora impugnara la decisión.

43. Ahora bien, en gracia de discusión, incluso si la S. del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán consideraba que contra el auto de rechazo no procedía recurso alguno, debió haber enviado el expediente a la Corte Constitucional para su revisión y, como en su lugar ordenó archivar el expediente, no cabe duda que también desconoció lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

44. Finalmente, en el auto del 21 de noviembre de 2017 la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán declaró improcedente la impugnación presentada por la tutelante, tras considerar que contra el auto de rechazo no cabía recurso alguno y nuevamente ordenó archivar el expediente. Frente a esta providencia son procedentes iguales consideraciones a las expuestas frente al auto del 14 de noviembre de 2017, en relación con el desconocimiento del derecho a impugnar y el deber ineludible de enviar el expediente a esta Corte para su eventual revisión.

45. En conclusión, para esta S. de Revisión, las providencias del 7 de noviembre, 14 de noviembre y 21 de noviembre de 2017, proferidas por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, adolecen de un defecto material o sustantivo, pues se apartaron de lo consagrado en varias disposiciones del Decreto 2591 de 1991 y de la Constitución, así como del alcance que la Corte otorgó al artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, en la sentencia C-483 de 2008. En consecuencia, no le asiste razón a la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en primera instancia, resolvió negar el amparo, al considerar que las decisiones de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán se ajustaban a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Por el contrario, se advierte que este era, precisamente, uno de aquellos eventos en los que procedía la acción de tutela contra decisiones proferidas antes del fallo de tutela, por acreditarse un supuesto de vulneración al debido proceso.

    4.3. El presunto defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

46. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el funcionario judicial, so pretexto de aplicar rigurosamente las normas de un procedimiento, renuncia a decidir el caso de fondo, y desconoce que el derecho procesal ha sido concebido para facilitar la materialización de los derechos sustanciales[56].

47. Tal como se ha señalado, la tutela presentada por A.S.C. contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia fue redactada de forma confusa, por lo que, en principio, podría parecer ajustada a derecho la decisión de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán de rechazar la tutela tras no haber sido corregida por la accionante.

48. En el escrito de tutela, sin embargo, se percibe que el afán de la actora era el de relatar con la mayor amplitud y detalle los hechos que daban origen a la solicitud de amparo. Si bien es cierto que tal pretensión dio lugar a un efecto contrario, pues la tutela resultaba difícil de interpretar, no puede olvidarse que esta acción constitucional fue concebida para que cualquier persona pudiera interponerla. De esta manera, en casos como el presente, en los que el J. de Tutela se enfrenta ante una redacción ambigua, debe analizar si la solicitud de corrección impone una carga excesiva al accionante en atención a sus circunstancias económicas, intelectuales, físicas o sociales, que no sea posible subsanar en ejercicio de los poderes que el ordenamiento jurídico le otorga. En el presente asunto, tal como se indicó en el numeral anterior (4.2 supra), era posible deducir “el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela” (de que trata el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991), del material probatorio obrante. Y, en gracia de discusión que no lo fuera, era posible que el J., en ejercicio de las facultades que el ordenamiento le otorga, determinara aquellos, sin acudir al rechazo de la acción.

49. Adicionalmente, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán omitió valorar las circunstancias en las que se encontraba la actora, las cuales podía deducir a partir del escrito de tutela y por las cuales debió haber asumido un papel activo en la interpretación de la solicitud de amparo. Se resalta que dicha petición, así como la impugnación, fueron redactadas en máquina de escribir y, si bien es cierto que la accionante aportó un correo electrónico para ser notificada, era posible inferir que no tenía acceso inmediato a recursos tecnológicos como un computador o Internet, lo cual fue resaltado por la tutelante, quien en el escrito de impugnación manifestó que el correo electrónico del 7 de noviembre de 2017, en el que se le solicitó corregir la solicitud, lo había impreso solo hasta el día 15 de noviembre del mismo año. De ello se sigue que, en el presente asunto, la solicitud de corrección de la acción, fue desproporcionada, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y las condiciones de la tutelante. De haberse considerado, en especial, esta última circunstancia, con independencia de la decisión que se hubiere adoptado, se habría resuelto de fondo la tutela y, por ende, se habría salvaguardado el derecho al debido proceso de la accionante.

50. En suma, se advierte que la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán aplicó el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 de manera irreflexiva y excesivamente formalista, que dio lugar a la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

5. Conclusión del análisis del caso

51. Esta S. de Revisión revocará la sentencia del 30 de noviembre de 2017, proferida por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, ordenará que la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán resuelva de fondo la tutela instaurada por A.S.C., como representante legal del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrario de Colombia. De considerarlo necesario, deberá hacer uso de las atribuciones que tiene como juez constitucional para establecer los hechos que motivaron el amparo. Se advierte, en todo caso, que debe resolver de fondo la acción, sin requerir que la parte actora aporte los nombres y direcciones de notificación de los miembros de la referida organización, pues se demostró que obra como representante legal de la misma.

6. Síntesis de la decisión

52. En el caso sub judice, se acreditó la configuración de un defecto material o sustantivo y de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. La S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán obstaculizó el acceso a la administración de justicia de la tutelante y de los miembros del Consejo Comunitario Afrocolombiano “El Futuro”, en representación de quienes elevó la solicitud de amparo. Dicha vulneración se presentó en varios momentos: (i) cuando procedió a solicitar la corrección de la tutela en un plazo inferior al previsto por el Decreto 2591 de 1991 y requirió información que ya había sido facilitada o que no se necesitaba para resolver de fondo, (ii) cuando rechazó la tutela sin haber hecho uso de los poderes que le otorgaba el ordenamiento jurídico como juez constitucional, para determinar los hechos objeto de debate, (iii) cuando imposibilitó que se desatara el recurso de impugnación y, finalmente, (iv) cuando omitió enviar el expediente a la Corte Constitucional, para su revisión eventual.

53. Pese a que existen restricciones legítimas al derecho de acceso a la administración de justicia, estas deben aplicarse de manera estricta y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en especial cuando se trata de acciones constitucionales, como la tutela. En este caso, las providencias de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, proferidas en el curso de la tutela identificada con el radicado 19001220500220170017200, se apartaron de la normativa vigente y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al alcance del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela no operó de manera excepcional ni con respeto y primacía de la sustancia sobre las formas, ni en acatamiento de los principios de informalidad y oficiosidad que rigen la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la S. Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,