Auto nº 561/18 de Corte Constitucional, 5 de Septiembre de 2018
| Número de sentencia | 561/18 |
| Fecha | 05 Septiembre 2018 |
| Número de expediente | ICC-3391 |
| Materia | Derecho Fiscal,Derecho Constitucional |
Auto 561/18
Referencia: Expediente ICC-3391
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia
Magistrada sustanciadora:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El 26 de febrero de 2018, H. de D.P.H. presentó acción de tutela contra la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda de C. (Antioquia) al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso. Según afirmó, dichas entidades inaplicaron el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional y se negaron a eximirlo del pago de intereses de una obligación fiscal[1].
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Dicha acción de tutela fue conocida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de C. (Antioquia), el cual mediante fallo del 12 de marzo de 2018 resolvió declarar improcedente el amparo impetrado por considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad[2]. La decisión fue impugnada por el accionante[3].
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El asunto fue repartido en segunda instancia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao (Antioquia) que, mediante auto del 9 de abril de 2018, dispuso “imprímase a la presente actuación, el trámite regulado en el Inciso Segundo del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991”[4]. Posteriormente, en auto del 18 de abril del presente año[5], resolvió remitir el asunto a los Jueces del Circuito de Santa Fe de Antioquia al considerar que carecía de competencia para conocer la acción de tutela por no ser el superior jerárquico correspondiente del a quo, toda vez que el Acuerdo PSAA07-4100 de 2007 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura segregó al municipio de C. del circuito judicial de Urrao y lo adscribió al de Santa Fe de Antioquia.
En ese sentido, argumentó que “pese a que dicho acto administrativo se adoptó con la finalidad de implementar el Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Antioquia, no puede decirse o sostenerse, como erróneamente se venía interpretando, que el municipio de C. se haya escindido y pertenezca a dos circuitos judiciales; en asuntos penales a Santa Fe de Antioquia; y, en los demás asuntos al circuito judicial de Urrao”.
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En consecuencia, el expediente fue repartido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, que mediante auto del 10 de mayo de 2018[6] se apartó de las consideraciones del Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao. En su concepto, pese a que mediante el Acuerdo PSAA07-4100 de 2007 se incluyó al municipio de C. en el circuito judicial de Santa Fe de Antioquia, “el mentado acuerdo es modificatorio del Acuerdo PSAA06-3461 de 2006, que a su vez creó las Unidades Judiciales Municipales para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Antioquia. Es decir, que la modificación del Circuito Judicial, agregando el Municipio de C., únicamente se estableció en relación con los aspectos del Sistema Penal Acusatorio y no así en materia constitucional, civil o laboral”.
Agregó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao asumió el conocimiento de la acción y, pasados siete días, se declaró incompetente contrariando el principio de perpetuatio jurisdictionis. Así, formuló el conflicto de competencia y remitió la actuación a la Corte Constitucional para que lo resuelva.
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas para el efecto en la Ley 270 de 1996[7]. Asimismo, este Tribunal ha explicado que su competencia para conocer y dirimir dicha clase de controversias es residual y, en consecuencia, sólo opera: (i) en los casos en que las normas de la referida Ley Estatutaria de Administración de Justicia no establezcan la autoridad encargada de asumir el trámite[8]; o (ii) en los eventos en los que se requiera aplicar los principios de celeridad y eficacia que rigen el proceso de tutela[9] con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[10].
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En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[11], el presente conflicto de competencia, en principio, debería ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, pues los despachos involucrados tienen igual categoría y pertenecen al mismo distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.
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Ahora bien, la Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[12]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[13] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[14] en los términos establecidos en la jurisprudencia[15].
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En relación con el factor funcional, resulta pertinente recordar lo previsto en los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, y la interpretación que esta Corporación ha fijado en la materia. Así, en la primera disposición se deja claro que aun cuando la sentencia de tutela sea de inmediato cumplimiento, tal decisión podrá impugnarse ante “el juez competente”. A su vez, en la segunda norma que reglamenta el mecanismo de amparo, se establece que presentada la impugnación dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo de primera instancia, se remitirá el expediente de tutela “al superior jerárquico correspondiente”.
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Sobre el particular, caber resaltar que, en un primer momento, esta Corporación consideró que tales disposiciones normativas se referían a cualquier autoridad judicial jerárquicamente superior al juez de primera instancia que profirió la sentencia de tutela, sin considerar la jurisdicción a la cual pertenecía (ordinaria, administrativa, disciplinaria, etc.) ni su especialidad (civil, familia, penal, laboral, etc.) o subespecialidad (restitución de tierras, extinción de dominio, adolescentes, etc.), en la medida que todos los jueces, desde un punto de vista funcional, hacen parte de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, la discrepancia surgida entre dos autoridades judiciales de igual jerarquía no constituía un conflicto de competencia, en razón a que ambas, para efectos del trámite de tutela, tenían la calidad de jueces constitucionales[16].
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Sin embargo, recientemente, esta Corte cambió su postura respecto de la aplicación del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de que la expresión “superior jerárquico correspondiente” debe entenderse como la autoridad judicial que funge en calidad de superior del a quo, bajo un criterio orgánico, es decir, atendiendo a la jurisdicción, especialidad y subespecialidad. En particular, se señaló que:
“La intención del constituyente primario y del Legislador extraordinario respecto de la aplicación de las reglas de conocimiento de la impugnación, fue la de la asignación del asunto al ‘superior jerárquico correspondiente’, esto es, aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico. Dicho en otros términos, al referirse al superior ‘correspondiente’, la norma define la jerarquía orgánica y funcional del juez de primera instancia, que es la regulada en las leyes generales de los procesos; contrario sensu, si el Legislador hubiese considerado que todos los jueces de segunda instancia pertenecen a la jurisdicción constitucional, y en esa medida pueden conocer de cualquier asunto impugnado, no hubiera tenido la necesidad de precisar que se refería al juez ‘correspondiente’”[17]. (Subrayado fuera del texto original).
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Conforme con lo expuesto, esta Corporación enfatiza en el hecho de que, en la actualidad, la expresión “superior jerárquico correspondiente”, prevista en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, debe entenderse como la autoridad judicial que tiene la calidad de superior funcional del juez que decidió en primera instancia el recurso de amparo, con observancia de la jurisdicción, especialidad y subespecialidad a la cual pertenece[18].
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Esta Corporación estima que en el caso objeto de estudio, se presentó un conflicto negativo de competencia, puesto que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia se consideran incompetentes y se rehúsan a tramitar la impugnación de la tutela decidida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de C., bajo el argumento de no ser ninguno de ellos el superior jerárquico correspondiente, en virtud de la interpretación que han hecho de los Acuerdos PSAA06-3461 de 2006 y PSAA07-4100 de 2007, por cuya causa ha sido remitido a la Corte Constitucional el expediente con el objeto de resolver el conflicto.
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Sobre el particular, la Corte advierte que, efectivamente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA06-3461 de 2006 “Por el cual se crean Unidades Judiciales Municipales para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Antioquia”, entre las cuales, en el numeral 40 del artículo primero, se incluye la Unidad Judicial de Urrao, con sede en ese municipio, “la cual tendrá la siguiente comprensión territorial:
No. Juzgados
Urrao
1
C.
1”.
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Ahora bien, de igual manera, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PSAA07-4100 de 2007, “por el cual se modifican los numerales 13, 34 y 40 del Artículo Primero del Acuerdo No. PSAA06-3461 de 2006 (…)”, y en el primero de sus artículos se ordenó: “Segregar del Circuito Judicial de Urrao, el municipio de C. y adscribirlo al Circuito Judicial de Santa Fe de Antioquia”.
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En el artículo segundo del Acuerdo mencionado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció que “el Circuito Judicial de Santa Fe de Antioquia, con sede en el municipio de Santa Fe de Antioquia, queda conformado por los municipios de: SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANZÁ, B., CAICEDO, EBÉJICO, G., SAN JERÓNIMO” (Negrillas fuera del texto original).
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A partir de lo anterior, la Sala considera que el Acuerdo PSAA06-3461 de 2006, que creó las Unidades Judiciales Municipales para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Antioquia, entre las cuales incluyó al municipio de C., lo hizo con el propósito especial del manejo del Sistema Penal Acusatorio.
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Sin embargo, el Acuerdo PSAA07-4100 de 2007, modificó el Acuerdo PSAA06-3461 de 2006, pues fue necesario especificar la competencia y, así, fijar el superior jerárquico del Juzgado del Municipio de C., pero al no distinguir ni delimitar la materia, se infiere que dicha reforma se hizo para todos los efectos. Ello se considera acertado porque evita interpretaciones subjetivas, como la que suscita este conflicto de competencia.
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En consecuencia, la Sala Plena concluye que el municipio de C. quedó adscrito al Circuito Judicial de Santa Fe de Antioquia, para conocimiento de todas las causas judiciales, y en los mismos términos se segregó del Circuito Judicial de Urrao.
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A pesar de la existencia de un mandato legal que obliga a los jueces de tutela a tramitar las impugnaciones presentadas por los accionantes, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia se abstuvo de cumplir su obligación de conocer la impugnación presentada y desconoció las disposiciones contenidas en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 al no emitir un pronunciamiento de fondo.
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Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 10 de mayo de 2018 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, dentro de la acción de tutela formulada por H. de D.P.H. contra la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Hacienda de C..
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Adicionalmente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia mencionó que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao contrarió el principio de perpetuatio jurisdictionis, porque ya había asumido el conocimiento de la impugnación y pasados varios días desde la recepción del expediente, decidió declararse incompetente. Al respecto, la Sala considera que en este caso el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao no contravino dicho principio, toda vez que antes de entrar a hacer cualquier pronunciamiento o análisis del asunto, se sustrajo del conocimiento de la misma, declarando su falta de competencia.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia el 10 de mayo de 2018, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por H. de D.P.H. contra la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Hacienda de C..
Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3391 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia para que, de manera inmediata, asuma el conocimiento y resuelva la impugnación en el marco de la acción de tutela de la referencia.
Tercero.- Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente decisión a las partes y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao.
N., comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 1 a 24. Cuaderno de primera instancia.
[2] Folios 75 a 71. Cuaderno de primera instancia.
[3] Folios 81 a 84. Cuaderno de primera instancia.
[4] Folio 1. Cuaderno de segunda instancia.
[5] Folios 2 a 4. Cuaderno de segunda instancia.
[6] Folios 8 y 9. Cuaderno de segunda instancia.
[7] Al respecto, cabe resaltar que, de manera reiterada, este Tribunal ha utilizado las normas contenidas en los artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, para determinar la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela, al considerar que, además de su rango estatutario, son las que en mayor medida se armonizan con la estructura de la Jurisdicción Constitucional en materia de tutela, la cual está conformada por todos los jueces del país sin importar su especialidad. Con todo, debe tenerse en cuenta que la regla contenida en el artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que confiere a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia para dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones no es aplicable en los procesos de tutela, pues en estos cuando se presenta un conflicto de competencia el mismo se suscita dentro de la Jurisdicción Constitucional y, por lo tanto, no es relevante que las autoridades judiciales involucradas pertenezcan orgánicamente a jurisdicciones diferentes, pues a todas ellas es común su pertenencia funcional a la Jurisdicción Constitucional cuando conocen de recursos de amparo.
[8] Cfr. Autos 003 de 2018. M.P.C.B.P.; 050 de 2018. M.P.A.R.R.; 158 de 2018. M.P.L.G.G.P.; y 262 de 2018. M.P.L.G.G.P..
[9] Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.
[10] Cfr. Autos 170 de 2003. M.P.E.M.L.; 243 de 2012; M.P.L.G.G.P.; y 495 de 2017. M.P.G.S.O.D..
[11] El artículo 18 de la Ley 270 de 1996 establece que: “(…) los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. // Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”. (Subrayado fuera del texto original).
[12] Cfr. Auto 493 de 2017. M.P.L.G.G.P..
[13] El artículo transitorio 8 del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas.” (negrillas fuera del texto original)
[14] Ver, entre otros, los Autos 486 de 2017. M.P.D.F.R. y 496 de 2017. M.P.J.F.R.C..
[15] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico”. (negrillas fuera del texto original).
[16] Auto 016 de 1994. M.P.J.A.M.. Reiterado en los Autos 087 de 2001. M.P.M.J.C.E. y 529 de 2016. M.P.J.I.P.P., entre otros.
[17] Auto 496 de 2017. M.P.J.F.R.C.. Reiterado en los Autos 521. M.P.G.S.O.D.; 532. M.P.A.J.L.O.; 533. M.P.J.F.R.C.; 543. M.P.A.L.C. y 602. M.P.J.F.R.C., de 2017, entre otros.
[18] Cfr. Auto 107 de 2018. M.P.L.G.G.P..
