Sentencia de Tutela nº 075/19 de Corte Constitucional, 26 de Febrero de 2019

El 10 de mayo de 2018, P.A.R.L., por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por la actuación de la Sala Laboral de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso laboral ejecutivo por él adelantado[2].

1. Hechos

1. El 27 de mayo de 1998, P.A.R.L. interpuso demanda ordinaria laboral contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, con la pretensión de ser restituido en iguales condiciones de trabajo y remuneración. Estas condiciones, alegó, le fueron ilegalmente suspendidas el 23 de septiembre de 1997.

2. El Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 5 de octubre de 1999, accedió a lo pretendido por el demandante[3] y condenó a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. a restablecer la relación laboral con P.A.R.L.. También condenó a la demandada a pagar al demandante los salarios dejados de percibir, con sus respectivos incrementos legales y convencionales, así como de los viáticos, indexados.

3. Esta decisión fue confirmada en sentencia del 14 de noviembre de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá[4]. Finalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en sentencia del 10 de abril de 2002, no casar el fallo proferido por el ad quem[5].

4. Con base en la decisión que a su favor se dictó, el 16 de febrero de 2004 P.A.R.L., por medio de apoderado judicial, radicó demanda ejecutiva, por un valor de $243.131.274[6].

5. El 5 de noviembre de 2010, el Juzgado 9° Laboral del Circuito Adjunto de Bogotá[7] ordenó librar mandamiento de pago a favor del ejecutante por concepto de “salarios por percibir (…), costas liquidadas en primera instancia, e intereses moratorios (…), por un valor de $122.994.864”[8].

6. El 28 de agosto de 2015, al constatar la suscripción de un contrato de fiducia mercantil con la FIDUPREVISORA S.A., en cuya virtud esta actuaba como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá llevó a cabo la sucesión procesal y designó como sucesor de la parte demandada a la FIDUPREVISORA S.A. Además ordenó la práctica de la liquidación del crédito[9].

7. Mediante auto del 21 de noviembre de 2016, el Juzgado 18 Laboral del Circuito modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante. Como consecuencia de ello, fijó la suma a pagar en $92.555.175,18[10].

8. Inconforme con esa determinación, en memorial del 24 de noviembre de 2016, P.A.R.L., mediante apoderado judicial, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra el auto de 21 de noviembre de 2016[11]:

9. Por medio de auto del 14 de febrero de 2017, el Juzgado se abstuvo de resolver el recurso de reposición y concedió, ante el superior jerárquico y funcional, el recurso de apelación[12].

10. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en auto del 14 de marzo de 2018, ejerció un control de legalidad oficioso sobre el proceso ejecutivo de la referencia. Al efecto, invocó el artículo 25 de Ley 1285 de 2009, el artículo 132 del Código General del Proceso y el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Al llevar a cabo este control, resolvió declarar la nulidad de lo actuado, a partir del auto del 5 de noviembre de 2010, por medio del cual se libró el mandamiento de pago[13].

    Según el Tribunal, al momento de librar el mandamiento de pago, el juez de instancia no observó reglas mínimas de razonabilidad jurídica, ya que no se limitó al título ejecutivo base de recaudo, y en su lugar, contempló conceptos que no se encontraban en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso ordinario laboral. Encontró que, pese a que las partes no se manifestaron sobre el particular, se trata de una nulidad insaneable, dado que se pretende ejecutar a una entidad por conceptos no contenidos dentro del título ejecutivo.

11. Contra esta providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el ejecutante, P.A.R.L., no presentó recurso alguno[14].

12. Por medio de auto del 10 de mayo de 2018, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió estarse a lo resuelto por el Tribunal. En consecuencia, reiteró la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 5 de noviembre de 2010, levantó las medidas cautelares y libró un nuevo mandamiento de pago en contra de la FIDUPREVISORA S.A.

13. En memorial del 15 de mayo de 2018, el señor R.L., por medio de su apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra este último auto. Señaló, como fundamento de su disenso, los mismos argumentos que sustentan la presente acción de tutela (infra)[15].

14. En auto del 11 de julio de 2018, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió el recurso interpuesto por la parte ejecutante, en el sentido de declararlo improcedente por tratarse de un auto de trámite[16].

15. En firme el mandamiento de pago, se siguió adelante con la ejecución. El 31 de agosto de 2018, el señor P.A.R.L., como parte ejecutante, presentó nuevamente la liquidación del crédito[17].

2. Fundamentos y pretensiones de la acción de tutela

16. El 10 de mayo de 2018, P.A.R.L., por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Auto del 14 de marzo de 2018, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá[18], con la pretensión de dejarlo sin efectos.

17. En su escrito de tutela[19], puso de presente que se encuentra afectado por la falta de pago de unas acreencias laborales insolutas desde hace más de 21 años, lo cual –señaló–, se convierte en una carga que no puede soportar por más tiempo. Adujo que existe una imposibilidad jurídica de modificar un auto de mandamiento de pago ejecutoriado desde hacía tiempo atrás o de decretar su nulidad.

    En su sentir, el auto sobre el que trata la acción de tutela desconoció la primacía del principio in dubio pro operario frente al supuesto control oficioso de legalidad que desarrolló la autoridad accionada. Argumentó que el régimen de nulidades está taxativamente regulado en el artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que dicho control oficioso desconoció esa norma vigente. Señaló que la interpretación del Tribunal, respecto de la obligación a ejecutar, así como de los elementos que la componen, fue ilegal y le implicó una desmejora injustificada de sus intereses.

    Agregó que el auto que se cuestiona quebrantó el debido proceso, pues en ningún momento la nulidad en mención fue debatida, ni controvertida, por las partes. Señaló, en este sentido, que las entidades ejecutadas jamás ejercieron sus derechos de contradicción y de defensa sobre los conceptos incluidos en el mandamiento de pago que inicialmente se había librado en su contra.

    Agregó que es “connatural” a la ejecución de sumas de dinero el pago de intereses y mucho más cuando se trata de salarios y prestaciones adeudadas al trabajador, que gozan de especial protección. En ese orden –adujo–, el auto atacado desconoció los elementos del mandamiento de pago y atentó, por ello mismo, contra el Convenio 95 de 1949 de la OIT. Lo anterior, al excluir de aquel todos los factores y métodos de cálculo de los salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador.

3. Respuestas de los accionados[20]

18. El Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, en comunicación del 17 de mayo de 2018, señaló que la decisión de decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 5 de noviembre de 2010, obedeció a la aplicación del artículo 132 del Código General del Proceso, como quiera que se advirtieron una serie de irregularidades dentro del trámite judicial. Lo anterior, en razón a que se expidió una orden de pago sin sujeción estricta a la sentencia base de recaudo, proferida dentro del proceso ordinario.

    En tal sentido, consideró que el mandamiento de pago que se había librado no se limitó a una obligación clara, expresa y exigible, y que se liquidó el valor del crédito por fuera de la etapa procesal debida; se incurrió, además, en conceptos no incluidos en la sentencia del proceso ordinario[21].

19. El 18 de mayo de 2018, la FIDUPREVISORA S.A. allegó respuesta en la que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y sea desvinculada del proceso, ya que no cuenta con la legitimación en la causa por pasiva[22].

20. El 21 de mayo de 2018, el accionante radicó un escrito en el que, además de reiterar sus argumentos, aportó otros en apoyo de su postura[23]. Así, señaló que la providencia cuestionada desconoció los principios de non reformatio in pejus –violado por la desmejora en la liquidación de su crédito–, de taxatividad de las nulidades, de cosa juzgada, entre otros. Reiteró que los mandamientos de pago no se pueden revocar después de quedar ejecutoriados, esto, al tenor del artículo 430 del Código General del Proceso.

4. Decisiones objeto de revisión

   4.1. Fallo de primera instancia

21. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 28 de mayo de 2018, resolvió negar el amparo solicitado por el accionante[24].

    En su criterio, no se observa actuación negligente por parte de la autoridad judicial, pues su decisión derivó de una valoración de los elementos probatorios obrantes en el expediente. Señaló que si bien el incidente de nulidad debió ser promovido por la parte interesada, se trataba de una nulidad insaneable, toda vez que se estaba ejecutando una suma que no se encontraba incluida en el título valor. Ello constituiría un enriquecimiento sin justa causa.

    Consideró que al juez constitucional le está vedado interferir en asuntos que son del exclusivo resorte de los jueces naturales.

    4.2. Impugnación

22. El 13 de junio de 2018, el accionante impugnó la decisión de tutela de instancia[25]. Además de reiterar sus argumentos, el actor recalcó que el artículo 137 del Código General del Proceso impone el deber, para la autoridad judicial, de correr traslado a las partes de las nulidades que no hayan sido saneadas. Esta oportunidad no fue otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá. Añadió que no se tuvo tampoco la posibilidad de apelar la nulidad declarada por esa Sala Laboral.

    Reiteró que, en su criterio, el Tribunal adoptó una errada concepción de salario, concretado en las condenas que conforman el título ejecutivo.

    4.3. Fallo de segunda instancia

23. En Sentencia del 31 de julio de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de tutela de primera instancia[26].

    Para el ad quem, el accionante simplemente propuso un criterio interpretativo diferente al que utilizó la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, lo que desborda la naturaleza de la acción de tutela.

    Argumentó que la decisión adoptada por el Tribunal no fue incongruente, ni arbitraria, ni ilegal. Se trató de la resolución de un recurso de apelación concedido contra la decisión que libró el mandamiento de pago. En desarrollo de esta instancia, se encontró un vicio de nulidad y se devolvieron las diligencias al juzgado para tramitar un nuevo mandamiento. En este sentido, se trató de una actuación encaminada a subsanar el proceso ejecutivo laboral. El juez constitucional –agregó– no puede verificar los supuestos desaciertos en la interpretación de las normas jurídicas y de los elementos materiales probatorios que llevaron a ello, sin desconocer los principios de la actividad judicial y las formas propias del procedimiento laboral.

    Agregó que el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable.

5. Actuaciones adelantadas en sede de revisión

24. Con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela los elementos probatorios necesarios para adoptar una decisión, el Magistrado Ponente, por medio de Auto del 14 de noviembre de 2018, decretó las siguientes pruebas:

    “PRIMERO. O., por medio de la Secretaría General, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, entidad accionada en este proceso, para que en el término de tres (3) días hábiles a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita a este Despacho lo siguiente:

    1. Constancia de la ejecutoria del Auto de marzo catorce (14) de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso con radicación Nº 18-2004-00193-02.

    2. Información acerca de la interposición de recursos frente al Auto de marzo catorce (14) de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso con radicación Nº 18-2004-00193-02.

    3. En caso de que se hayan interpuesto recursos, copia del memorial presentado y copia de la decisión que resuelve la interposición del recurso.

    SEGUNDO. O., por medio de la Secretaría General, al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., entidad vinculada en este proceso, para que en el término de tres (3) días hábiles a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita a este Despacho lo siguiente:

    Copia auténtica del proceso ejecutivo laboral entablado por P.A.R.L. contra la Sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, con número de radicado 11001310501820040019300.

    TERCERO. O., por medio de la Secretaría General, al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., entidad vinculada en este proceso, para que en el término de tres (3) días hábiles a partir del recibo de la respectiva comunicación, remita a este Despacho lo siguiente:

    Copia auténtica del proceso ordinario laboral entablado por P.A.R.L. contra la Sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, con número de radicado 11001310502320090021200”.

25. Mediante oficio recibido el 20 de noviembre de 2018, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá remitió en calidad de préstamo el proceso ejecutivo laboral promovido por P.A.R.L..

26. En comunicación del 30 de noviembre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá señaló que no se interpuso recurso alguno contra el auto de 14 de marzo de 2018[27].

27. En memorial radicado en la Secretaría de la Corte el 6 de diciembre de 2018, el apoderado judicial de P.A.R.L. reiteró los fundamentos de su solicitud de amparo constitucional.

28. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86.3 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

1. Problema jurídico

29. Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta actuación, la solución del presente caso exige a la Sala de Revisión responder dos problemas jurídicos: i) Determinar si la acción de tutela promovida por el señor R.L., en contra de la providencia que declaró la nulidad de lo actuado dentro del proceso ejecutivo que promovió, a partir del auto por medio del cual se libró el mandamiento de pago, cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior conlleva establecer si el tutelante agotó los medios de impugnación previstos en el proceso ejecutivo laboral.

    Solo en la medida en que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, ii) deberá determinar la Sala si la providencia que se cuestiona vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia del actor.

2. Examen de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

30. Cuando la acción de tutela se interpone contra una autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia proferida en ejercicio de su función de administrar justicia, la jurisprudencia constitucional ha considerado necesario acreditar ciertos requisitos genéricos y específicos de procedibilidad[28]. En este acápite se analizará la acreditación de los primeros.

31. Comienza la Sala por constatar que, en el presente caso, se cumplen los requisitos de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. Por una parte, el tutelante, por medio de su apoderado, fue sujeto demandante en el proceso ejecutivo promovido contra la Flota Mercante Grancolombiana –luego, Fiduprevisora S.A–, en el marco del cual se profirió el auto que cuestiona mediante la acción de tutela. De otra parte, la acción de tutela se interpuso en contra del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, autoridad judicial que profirió la providencia objeto de conocimiento en esta sede constitucional.

    En cuanto a la inmediatez, la acción constitucional se ejerció de manera oportuna, si se tiene en cuenta que la decisión cuestionada se expidió el 14 de marzo de 2018, y la presente acción de tutela se instauró menos de dos meses después, esto es, el 10 de mayo siguiente, periodo que, en términos generales, se considera razonable, según el precedente de esta Corporación.

    A lo anterior hay que agregar que la acción de tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, sino contra un auto dictado dentro de un proceso ejecutivo laboral.

32. De otro lado, el requisito de relevancia constitucional se soporta, en esencia, en las siguientes tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[29] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad[30]; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[31] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[32]. Por tanto, solo la evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales[33].

    Para la Sala, el asunto sub judice presenta, cuando menos prima facie, relevancia constitucional. En efecto, el tutelante argumenta la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por la actuación de la Sala Laboral de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso laboral ejecutivo por él adelantado.

    También plantea un debate que podría ser trascendente acerca del principio in dubio pro operario frente al control oficioso de legalidad que desarrolló la autoridad judicial accionada, y como dicha prerrogativa podría verse afectada por una aplicación indebida del régimen de nulidades procesales.

    2.1. Verificación del requisito de subsidiariedad

33. En el asunto sub examine, el actor aduce que el Auto de 14 de marzo de 2018, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, es contrario a la Constitución y a la ley. Pese a dicha afirmación, el accionante no interpuso recurso alguno frente el proveído cuestionado, ni acudió a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertirlo.

    En efecto, por disposición expresa del artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, contra los autos interlocutorios procede el recurso de reposición[34]. La providencia por la cual el Tribunal accionado decretó la nulidad es un auto interlocutorio[35]. Debe recordarse que el auto objeto de acción de tutela, en realidad, no resolvió el recurso de apelación presentado contra el auto del 21 de noviembre de 2016, que modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, sino que, en vez de ello, optó por invalidar la actuación. La misma providencia apunta que “sería del caso determinar” la procedencia de la apelación y “su posterior resolución”, si no fuera por la irregularidad advertida, que a juicio del Tribunal configuraba nulidad.

    En este orden de ideas, el actor contaba con un medio preciso de defensa judicial en el trámite del proceso ejecutivo laboral, del cual no hizo uso.

34. A lo anterior se suman dos consideraciones adicionales: la primera es que el actor no acreditó, ni adujo, circunstancia alguna de vulnerabilidad que permita concluir razonablemente la ineficacia o falta de idoneidad del medio judicial ordinario. Desde luego, el hecho de que el crédito cuyo monto de liquidación se discute en el proceso ejecutivo tenga su origen en una sentencia de carácter laboral no basta para llegar a esa conclusión. Tampoco, la alegación abstracta –no sustentada ni probatoriamente acreditada–, de una supuesta violación al derecho al mínimo vital.

    La segunda es que al verificar el trámite del proceso ejecutivo, el señor R.L. ha podido defender sus derechos e intereses, al punto que ha presentado una nueva liquidación de su crédito, teniendo como base, valga la reiteración, la vigencia de la obligación a su favor y el correspondiente mandamiento de pago.

35. Tan claro es, en este punto, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, que el actor, aún después de haberse interpuesto la acción de tutela (el 10 de mayo de 2018), siguió promoviendo actuaciones ante el Juzgado18 Laboral del Circuito de Bogotá –como se aprecia en la reseña de los antecedentes–, en donde el proceso siguió su curso. Ello corrobora que el tutelante encuentra, en el trámite del proceso ejecutivo laboral, un escenario de defensa idóneo y eficaz.

36. Para finalizar, es de capital importancia resaltar, como se desprende de la reseña de la actuación, que el derecho crediticio del actor en el marco del proceso ejecutivo no ha sufrido afectación sustantiva alguna. Su acreencia, de hecho, se mantiene intacta, así como la vigencia del mandamiento de pago. Lo único que se debate, y está pendiente de resolverse, es su liquidación. Esta se controvierte por la parte demandante con argumentos de índole legal y procesal acerca de los alcances del control oficioso de legalidad ejercido por el Tribunal accionado, así como de los rubros que harían parte de la prestación económica que está llamada a serle satisfecha.

    Tales argumentos, aunque respetables, en principio desbordan la órbita competencial del juez de tutela, cuando existe una autoridad ante la que se adelanta un proceso judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos.

37. Fruto de las reflexiones anteriores, concluye entonces la Sala que, pese a que el tutelante se refiere de forma clara, detallada y comprensible a los hechos constitutivos de presunta violación de sus derechos fundamentales, no cumple con la exigencia de subsidiariedad, que hace parte de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En esa medida, la acción de tutela interpuesta por P.A.R.L. contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá es improcedente y así lo declarará esta Sala de Revisión en la parte resolutiva de la presente providencia.

    Esta conclusión releva a la Sala del estudio del problema jurídico-sustancial planteado por el actor, acerca de la existencia y entidad de las presuntas irregularidades que alega y el eventual desconocimiento de los derechos fundamentales invocados.

3. Síntesis de la decisión

38. Ha revisado esta Sala la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por P.A.R.L., con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, entre otros, presuntamente vulnerados por la actuación de la Sala Laboral de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el marco del proceso ejecutivo por él adelantado.

39. En esta oportunidad, la Sala encontró que la acción de tutela no cumple con el requisito genérico de procedibilidad cuando se trata de cuestionar providencias judiciales. Concluyó, en particular, que la controversia propuesta por el tutelante, cual es la nulidad de la actuación ejecutiva a partir del mandamiento de pago por errores en la liquidación de su crédito, si bien tiene, prima facie, alguna relevancia constitucional, no puede ser resuelta por el juez de tutela. Ello por cuanto no fueron agotados los medios de defensa judicial ofrecidos dentro del proceso ejecutivo, para solucionar este conflicto legal y de contenido económico, sin que se haya puesto de presente ninguna circunstancia concreta de vulnerabilidad, de modo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.

    40 Al encontrar improcedente la acción, la Corte se abstuvo de analizar, de fondo, la presunta afectación iusfundamental alegada por el tutelante.

41. Todo lo anterior conlleva, como es evidente, la revocatoria de los fallos de instancia, que negaron la acción de tutela presentada por el señor R.L., para, en su lugar, declarar su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,